Corte Suprema rechaza recursos de casación y confirma sentencia que ordenó a universidad pagar impuestos territoriales

Pleno Corte SupremaLa Corte Suprema rechazó dos recursos de casación y confirmó que la Universidad de los Andes debe pagar impuestos territoriales adeudados por predios que no está utilizando con fines educacionales.

En ambos fallos (causas roles 6.725-2015 y 6.741-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y los abogados (i) Jean Pierre Matus y Leonor Etchberry– rechazó los recursos presentados por la casa de estudios en contra del director regional metropolitano Santiago Oriente del SII, quien desestimó sendos recursos de reclamación presentados contra decisión que rechazó declarar exentos de pago dos terrenos del plantel.

Los fallos descartan infracción de ley en la decisión que consideró que la Universidad de los Andes debía pagar impuestos por los sitios que permanecen como “eriazos”, lo que no los deja exentos de tributación.

“Que la conclusión que se anticipa es consecuencia que el recurrente realiza su análisis desatendiendo la circunstancia que el derecho tributario constituye una disciplina autónoma del derecho público que por su especialidad goza de criterios particulares de interpretación atenta a sus características, uno de ellas dice relación con que, tratándose de exenciones de impuestos, donde a pesar de nacer la obligación tributaria el legislador libera del pago de la misma al sujeto favorecido con ella en razón de otorgarle un determinado incentivo en desmedro de la recaudación fiscal, resulta necesario darle a las disposiciones que contemplan dichas exenciones un carácter restringido toda vez que implican una excepción al principio de igual repartición de los tributos consagrado en el artículo 19 Nº 20 de la Constitución Política de la República, al constituir una figura de excepción dentro de la normativa general tributaria”, sostiene uno de los fallos.

Resolución que agrega: “En ese orden de ideas, el fallo recurrido por vía de casación descarta que se configure la exención en que pretende asilarse el recurrente al concluir que el inmueble en cuestión no está destinado a educación, otorgándole a la expresión “destinar” un significado que fluye del sentido de expresiones sinónimas tales como “emplear” o “utilizar”, al entenderlo más apropiado al tenor del conjunto o frase en que se utiliza el vocablo al definir la exención, teniendo en consideración prevenir y evitar abusos que permitan evadir el pago del tributo en cuestión, esto es, el impuesto territorial, sin que se verifique en la práctica la razón que justifica la exención y que resulta ser la efectiva prestación del servicio educacional que el legislador está dispuesto a incentivar a través de la renuncia al pago del impuesto respectivo, razones que el propio impugnante dice entender aunque las califique de erradas. En consecuencia, encontrándose tal aserto en el margen de decisión que le corresponde privativamente a los jueces de la instancia, y sin que se observe que en virtud de tal decisión se vulneren las normas que reclama el impugnante, toda vez que su reproche se construye sobre la base de pretender que las reglas de interpretación que corresponde utilizar para resolver la controversia llevan en forma unívoca a la decisión por él reclamada, lo que como se ha dicho no es efectivo, por cuanto lo resuelto por los jueces de instancia se ajustó en todo a la normativa que se denuncia vulnerada, por cuanto para los referidos sentenciadores el inmueble no está destinado a la educación por carecer de utilización o empleo efectivo en tareas educacionales y, más aún, se encuentra desprovisto de toda habilitación que lo haga apto para tal cometido, sin que -a juicio de la sentencia- baste la sola y mera intención del propietario de proporcionar a futuro tales tareas en el predio, evento que de ocurrir llevará a analizar la procedencia ulterior de la exención en su oportunidad”.

“Por último, cabe descartar también una infracción a lo establecido en el artículo 69 incisos 6º y 7º de la Ley 18.681, disposiciones que señalan que las donaciones recibidas por Instituciones de Educación Superior deberán ser destinadas a financiar la adquisición de bienes inmuebles y de equipamiento que tendrán por objeto apoyar el perfeccionamiento académico, quedando los bienes adquiridos con tales donaciones afectados a los fines de la docencia, investigación y extensión de la institución, bajo sanción que de no cumplirse la afectación la infractora deberá devolver al fisco los impuestos descontados con motivo de la donación recibida. Las aludidas normas carecen de relevancia en lo dispositivo del fallo en atención a que la decisión no se adoptó en función del origen de los fondos con los cuales la reclamante adquirió el terreno materia de autos ni sobre su intensión de destinarlos a fines de docencia, respecto de lo cual no existe controversia, sino que lo relevante al efecto fue el hecho del efectivo y actual empleo del respectivo terreno en educación, lo que para los jueces del fondo no ocurre respecto del lote del reclamante lo que -como se dijo- los llevó a rechazar la reclamación, materia sobre la cual no guardan vínculo alguno los incisos que se dicen vulnerados relativos a las obligaciones o cargas que asumen entidades universitarias receptoras de las donaciones y las consecuencias tributarias en el incumplimiento de tales gravámenes, materia que por lo mismo no es de relevancia sustancial en la decisión del conflicto”, concluye.

(Fuente: poder judicial)

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