Corte suprema remite al senado informe sobre proyecto que modifica ley general de telecomunicaciones

TELECOMUNICACIONESReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 23 de septiembre recién pasado– analizó el contenido del proyecto que modifica la Ley N° 18.168, general de telecomunicaciones, con relación al procedimiento de oposición al otorgamiento o modificación de una concesión de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones. Informe que fue remitido al vicepresidente del Senado, Jaime Quintana, el lunes 26 de septiembre, con la opinión del máximo tribunal sobre la materia.

“(…) el alcance de las modificaciones propuestas se limita a modificar los procedimientos aplicables a las solicitudes de concesión y modificación de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones, dejando intactos los demás servicios regulados por la Ley N° 18.168, situación que llama la atención, puesto que éstos, aun siendo disímiles en sus formas de asignación, resultan parecidos en sus formas de reclamación en sede jurisdiccional. Sin perjuicio de lo anterior, la iniciativa tiene un evidente sentido descentralizador, permitiendo que las personas accedan a la Secretaría Regional Ministerial más cercana, y a los tribunales superiores propios de su jurisdicción para efectos de reclamar los derechos que estimen afectados”, sostiene el documento.

Oficio que agrega: “Llama la atención la forma en que el legislador planteó el modelo recursivo jurisdiccional frente a las decisiones de la autoridad en materia de telecomunicaciones. En efecto, y distanciándose del vocabulario empleado en la gran mayoría de las normas legales que prevén mecanismos de impugnación de las decisiones administrativas a través de “reclamaciones”, la Ley N° 18.168 dispone que para los casos en que la autoridad administrativa otorgue, deniegue o modifique concesiones de servicios públicos e intermedios a través de una resolución que resuelva las oposiciones, dichas actuaciones podrán ser “apeladas” ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sobre el particular, la Corte Suprema ha señalado que no solo el legislador ha utilizado de forma equivoca el término “apelación” para referirse a la forma en que los justiciables pueden cuestionar judicialmente las decisiones de la autoridad administrativa, sino que también -y a pesar del lenguaje erróneamente utilizado por la normativa de telecomunicaciones de un tenor evidentemente jurisdiccional-, no podría concebirse a partir de ello que los órganos administrativos que aplican sanciones o medidas cuyas decisiones puedan ser apeladas ostenten el carácter de tribunal, ya que del análisis de los preceptos constitucionales que rigen la materia, así como los elementos que alimentan el criterio sustancial para diferenciar la potestad jurisdiccional de la potestad administrativa acogidas por la doctrina, llevan a tal conclusión”.

“Es necesario –continúa– referirse a otra arista de la garantía constitucional del debido proceso, que radica en el procedimiento utilizable para efectos de conocer las reclamaciones de carácter administrativo. A este respecto, la modificación que se propone señala que la tramitación de la apelación ante la Corte de Apelaciones, se regirá por las reglas del recurso de protección. Siendo la acción de protección una vía idónea para cautelar la privación, perturbación o amenaza que a un particular pueda sufrir en el goce de un derecho fundamental, la aplicación de los procedimientos propios de este recurso al control de la actividad de la Administración parecen no coincidir con la finalidad perseguida por dicho mecanismo. En efecto, requiriendo el control de los actos administrativos de un nivel de análisis técnico del asunto, que pareciera ser más profundo que la cautela inmediata de las garantías constitucionales, resulta recomendable suprimir las menciones realizadas en la legislación respecto a la tramitación de conformidad a las reglas del recurso de protección, resultando procedente al respecto tener en consideración lo señalado por la Corte Suprema, en cuanto ha manifestado que la mejor forma de unificar los procedimientos contenciosos administrativos especiales es de acuerdo al procedimiento de ilegalidad municipal, contemplado en el artículo 151 letras d) a i) del D.F.L. N’ 1/2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

Sobre la propuesta –contenida en la parte final del inciso quinto– que establece que las resoluciones que pronuncie la respectiva Corte de Apelaciones no serán susceptibles de recurso alguno, el máximo tribunal sostiene que “(…) el procedimiento de reclamación en examen no señala la procedencia de un recurso ante el superior jerárquico respectivo, ni tampoco el procedimiento al cual éste debería someterse. Es del caso señalar que la regla general en nuestro derecho procesal es el principio de la doble instancia, razón que ha llevado a la Corte Suprema a manifestar en reiteradas ocasiones -a propósito de la competencia que en diversos proyectos se le ha conferido como tribunal de única instancia- que el hecho de no contemplarse una revisión jurisdiccional en los procedimientos de carácter administrativo afectaría directamente el derecho al debido proceso garantizado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, lo que a su vez implica dejar al alero de las partes el uso de la vía extraordinaria del recurso de queja, resorte excepcional dirigido solamente a corregir las faltas o abusos graves de los magistrados”.

“Llama la atención la reducción del plazo que el proyecto sugiere para oponerse al otorgamiento de la concesión o modificación de la concesión ante la propia autoridad administrativa, reduciéndolo de 30 a 10 días, no sólo porque restringe las posibilidades de defensa de quienes, habiéndose enterado de la concesión o modificación a través de la publicación del extracto, tienen derecho a reclamar, sino también por la carencia de argumentos que sustenten la limitación del plazo original a un tercio del mismo. La relevancia de este aspecto radica en que el derecho al debido proceso implica no sólo acceder a un proceso o procedimiento determinado aplicable a la situación particular del afectado, sino que éste tenga un contenido justo, de modo que la tutela que se brinde sea efectiva, suprimiendo las barreras y formalidades irrazonables que tiendan a obstaculizar el acceso a ese proceso o procedimiento (Bustamante Alarcón, Reynaldo. Instituto Solidaridad y Derechos Humanos. “El Derecho Fundamental a un Proceso Justo –llamado también debido proceso–”, concluye.

Ver informe aquí.

(Fuente: poder judicial)

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