Corte Suprema remite informe a la Cámara de Diputados sobre proyectos de ley que modifica libertad condicional

Pleno Corte SupremaReunido en tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 23 de septiembre recién pasado– analizó el contenido del proyecto que sustituye el decreto ley 321, de 1925, que establece la libertad condicional para penados.

El oficio fue remitido ayer, miércoles 28 de septiembre, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados con la opinión del pleno del máximo tribunal sobre uno de los cuatro proyectos que se encuentran en tramitación legislativa sobre la materia.

En el caso específico, el proyecto propone, entre otros, modificar las atribuciones del Consejo Técnico de los establecimientos penitenciarios del país. Tema sobre el cual la Corte Suprema establece que: “Lo primero que cabe tener en cuenta es que en la regulación actual –que no tiene fuente legal, sino únicamente reglamentaria– el Consejo Técnico corresponde a un órgano asesor del Alcaide o Jefe del Establecimiento Penitenciario, encontrándose en una manera radicalmente explícita bajo su exclusiva dependencia y órdenes. No es un órgano independiente del Jefe del Penal que tenga un carácter únicamente técnico, o que sea idóneo para servir de contrapeso a las decisiones tomadas desde la perspectiva uniformada. Esta es la razón por la que el artículo 118 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios regula su existencia y composición de una manera laxa, sin especificar mecanismos de toma de decisión (mayoría simple, unanimidad, etc.), o siquiera reglas mínimas que den cuenta de la formalidad de sus sesiones”, sostiene el informe.

Oficio que agrega: (…) si bien resulta evidente que la intención del legislador apunta en el sentido correcto, al intentar dotar de mayor base técnica a los informes que anteceden a la tramitación de la Libertad Condicional, una reforma como la propuesta arriesga a perderse en la irrelevancia o en la insignificancia, al verse confrontado por una realidad penitenciaria en que los recursos humanos y materiales escasean. Por otra parte, aparece anómalo determinar en sede legislativa tantas potestades específicas a un órgano que ni siquiera tiene existencia en la ley y que, por ende, podría dejar de existir o mutar completamente por simple decisión del Ejecutivo. De allí que para que un cambio como el propuesto impacte verdaderamente en el sistema, y pueda contarse con estándares profesionales y técnicos adecuados, no basta con cambiar la competencia de quien desarrolla el informe, sino que es necesario previamente: (a) definir con cuidado una composición estricta para dicho órgano (con miembros, cargos, modo de sesionar y decidir específicos) con rango legal, de modo que se le otorgue un adecuado grado de autonomía e independencia técnica; (b) poner a disposición de Gendarmería o la institución que se haga cargo de la rehabilitación de los internos una mayor dotación de recursos materiales y humanos, de modo que sean profesionales calificados en el trabajo social quienes definan las políticas internas de rehabilitación de los penales con tiempo suficiente, de un modo individualizado y en forma coherente. Sin una reforma que impacte en estos dos ámbitos, la modificación propuesta podría resultar meramente cosmética, ya que los pre-informes de Libertad Condicional que realiza Gendarmería seguirían adoleciendo de los mismos problemas que históricamente han padecido”.

Jueces
Sobre las modificaciones en el número de jueces que integran las comisiones encargadas de revisar las postulaciones de internos a la libertad condicional de cada Corte de Apelaciones, el pleno sostiene que: “Si bien la reforma disminuye o mantiene el número de jueces que conocerá de la Libertad Condicional, al disociar la composición de la Comisión de Libertad Condicional de la Comisión de Visita de Cárcel, lo cierto es que podrían producirse algunas cargas de trabajo relevantes adicionales y una falta de optimización de recursos por la pérdida de la experiencia adquirida por una de estas comisiones (…) al contrario de lo que podría parecer, centralizar por lo menos las visitas de Libertad Condicional y de Cárcel en una sola comisión, que permanece estable durante un año, sí cumple una función importante: la de facilitar que sus miembros adquieran una opinión de la realidad penitenciaria más acabada, lo que impacta positivamente en el aprendizaje que lleva aparejado su trabajo, posibilitando una fiscalización más idónea y un cometido más eficiente de su parte”.

“Por ello –continúa–, si bien reducir el número de integrantes de la Comisión de Libertad Condicional resulta positivo, no lo es disociar su composición de la de la Comisión de Visita de Cárcel, porque antes que aliviar la carga de trabajo de este grupo de jueces, podría contribuir a disminuir la eficiencia tanto de la Comisiones de Visita de Cárceles como de la Comisión de Libertad Condicional, duplicando esfuerzos de manera innecesaria y aumentando el costo hundido que implica aprender cada vez, desde cero, a lidiar con la crudeza de la realidad penitenciaria. Además, el mecanismo de selección de los jueces para la Comisión de Libertad Condicional genera cargas adicionales a las Cortes de Apelaciones. Esta es otra razón que avala la necesidad de una completa restructuración de los mecanismos de ejecución penal y la eventual generación de nuevos recursos para el establecimiento de una justicia penitenciaria especializada que, a largo plazo, resulte más eficiente y por ello menos costosa. Por lo mismo, antes que la proliferación de más y más numerosas comisiones ad-hoc, con altos costos para los magistrados y el Poder Judicial, el camino a seguir debiera propender a la instauración de organismos sólidos, independientes, técnicamente cualificados y con atribuciones armónicas y bien planificadas, que puedan mejorar tanto la calidad de la justicia penitenciaria, como las posibilidades reales de reinserción de los condenados”.

En cuanto al establecimiento de un recurso especial para impugnar las decisiones de las comisiones de libertada condicional, la Corte Suprema hace notar que: “Este recurso exhibe dos problemas de base que lo hacen prácticamente irrelevante, y fundamentan la consideración de que el mismo debería informarse desfavorablemente. En primer lugar, el citado recurso se especifica de una manera exhaustivamente formal, al punto de que para plantearse es necesario señalar “en su escrito, con precisión, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica“. Esta estructura completamente formal resulta por completo ajena a un recurso que, como este, debe orientarse a cuestionar el ejercicio de una potestad que, ante todo, es discrecional, y será ejercida con toda probabilidad por un sector de la población iletrado que dificultosamente tendrá la oportunidad de hacer las gestiones para obtener una defensa gratuita adecuada en un periodo de tiempo tan corto. En segundo lugar, bajo la estructura propuesta, el citado recurso podría caer en desuso, ya que para todo condenado no favorecido resultará más razonable intentar ejercer el mecanismo de la acción Constitucional de amparo, expresamente regulado para casos como este en el artículo 21 de nuestra Carta Fundamental, la que explícitamente permite subvertir acciones cuasi-administrativas como esta y que, al encontrarse establecido con rango constitucional, no puede ser limitado por una reforma meramente legal como la que se comenta”.

Reforma integral
En el oficio respuesta, la Corte Suprema “considera pertinente insistir una vez más en la necesidad de realizar una reforma orgánica completa al sistema de ejecución de las penas –base de la solución de la temática abordada en el proyecto de ley en estudio– que contempla la figura de un juez penitenciario, reiterando lo ya expresado mediante el oficio respuesta remitido a propósito de la Ley Nº 20.587 (pág. 5) y reiterado en Oficio Nº 83-2016 al informar al Senado la propuesta comprendida en el Boletín Nº 10671-07”.

“Esta Corte –continúa el informe– no puede dejar de expresar que en el tenor de la moción que ahora se revisa se advierte la ausencia de la vista al fiscal judicial de la Corte respectiva contenida en el proyecto contenido en el Boletín Nº 10.671-07, informado por este tribunal al Senado mediante Oficio Nº 83-2016 de 23 de junio del presente año, para el caso en que hubiera informe desfavorable a la concesión de la Libertad Condicional por parte del Jefe del Establecimiento, como también, del derecho concedido al fiscal judicial de apelar de la concesión de la misma, a pesar de su oposición”.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

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