Comisión de Familia inició acciones para impulsar mejoras legislativas y administrativas en favor de los adultos mayores

adultos mayoresUn conjunto de acciones acordó la semana pasada la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, grupo que dirige Denise Pascal, con el objeto de promover mejoras legislativas y administrativas en favor de los adultos mayores, entre ellas, la realización de una sesión con el Ejecutivo para solicitar su patrocinio a propuestas legales nacidas en el Parlamento que no han contado con la adecuada movilidad en su trámite.

En concreto, la Comisión acordó invitar, a una próxima sesión, al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzuela, con el objeto de que se considere impulsar desde el Ejecutivo el proyecto de ley iniciado en moción que establece un sistema integral de promoción y protección de los derechos y garantías de los adultos mayores.

Además, se concordó solicitar al Senado que adopte las medidas necesarias para la pronta tramitación de aquellos proyectos aprobados por la Cámara de Diputados que traten sobre materias vinculadas al adulto mayor y pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) la elaboración de un informe que de cuenta de los proyectos de acuerdo y resolución adoptados por la Cámara de Diputados y las mociones parlamentarias relacionadas con temáticas del adulto mayor.

Adicionalmente, la Comisión ofició al Servicio Nacional de Menores (Sename) con el objeto de que informe sobre la situación de un niño de 6 años y su familia guardadora de Santa María, detallando qué medidas se adoptarán en torno al caso comentado públicamente; y para que informe sobre el número de familias de acogida que actualmente existen en el país, el número de niños que actualmente viven en esta situación transitoria y los tiempos que tales familias tienen a niños a su cargo.

Asimismo, se les solita que comuniquen sobre la posibilidad de que familias de acogida puedan adoptar a los niños que están a su cuidado y, en su caso, cuántas familias de acogida han iniciado dicho trámite.

Audiencias

La semana pasada, la Comisión también recibió en audiencia a la Fundación Integral de la Familia (Fidef), institución sin fines de lucro que facilita el acceso a la justicia de las familias más vulnerables y de la clase media.

Explicaron que su trabajo apoya directamente a las políticas gubernamentales de acceso social, jurídico y psicológico, de manera de evitar en esos procesos, la exclusión de sectores sociales, tanto de las familias en situación de riesgo social y de mayor vulnerabilidad, como de aquellos que sin ser vulnerables, no disponen de los recursos necesarios para solventar gastos de procesos judiciales y quedan al margen de las políticas de protección social.

“La Fundación otorga a los infantes, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad, en conjunto con sus familias en situación de riesgo social, de mayor vulnerabilidad y los que están marginados de las políticas de protección social, un real acceso a la justicia cuando no cuenten con los recursos necesarios para acceder a una asesoría social, sicológica y jurídica que salvaguarden y representen sus derechos e intereses ante los Tribunales de Justicia del país”, especificaron.

Los representantes de la institución sostuvieron que, en la actualidad, para continuar con su labor, se hace urgente contar con una asignación presupuestaria que asegure, al menos, una continuidad basal.

En la oportunidad también participó la ONG “Vigentes por Siempre”, la que presentó observaciones y propuestas en torno al citado proyecto que define un sistema integral de garantías para los adultos mayores.

La organización, en primer lugar, planteó cambiar de 60 a 65 la edad en que se comienza a entender que una persona se encuentra en la categoría de adulto mayor, dado que a los 60 las personas suelen estar aún vigentes y muy activos socialmente.

Además, se propone un enfoque imperativo (deberá) a la hora de definir los principios, derechos y garantías, de modo que no sean normas facultativas que traduzcan en una mera declaración de buenas intenciones. Así, por ejemplo, se establecería en el marco legal que el Estado “deberá” desarrollar enfoques específicos en sus políticas y normas sobre vejez.

Asimismo, se insta a considerar a la tortura a un adulto mayor como una agravante en la legislación penal y se plantea la creación de la figura del defensor del adulto mayor, como organismo autónomo con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10853.

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