Ley N° 20.957, permite que personas en situación de discapacidad puedan ser nombradas en cargos de juez o notario

discapacitadoEl pasado sábado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 20.957 que “permite que personas en situación de discapacidad puedan ser nombradas en cargos de juez o notario”. En suma, la ley modifica los artículos 256 y 465 del Código Orgánico de Tribunales para eliminar de las inhabilidades para ser juez y notario, la circunstancia de ser ciego, sordo o mudo. Así, el artículo único de la Ley N° 20.957 prescribe:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales :

1) Deróganse los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 256 .

2) Suprímese el numeral 2° del artículo 465 .”.

Previo a la entrada en vigencia de la ley en comento el artículo 256 tenia el siguiente tenor

“Art. 256. No pueden ser jueces:

1.º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad;

2.º Los sordos;

3.º Los mudos;

4.º Los ciegos;

5.º Los que de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento;

6.º Los que hubieren sido condenados por crimen o simple delito.

Esta incapacidad no comprende a los condenados por delito contra la seguridad interior del Estado;

7.º Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley, y

8.º Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores”.

En tanto, el texto anterior del artículo 465 expresaba:

“Art. 465. No pueden ser notarios:

1º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad;

2º Los sordos, los ciegos y los mudos

3º Los que se hallaren procesados por crimen o simple delito, y

4º Los que estuvieren sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos.

2) Suprímese el numeral 2° del artículo 465 .”.

Esta ley se originó en la Moción, Boletín N° 9372-07, cuyo objetivo de acuerdo al proyecto de ley está orientado a “eliminar preceptos legales que pugnen con normas y principios que consagren la igualdad ante la Ley y la no discriminación arbitraria, permitiendo la plena inclusión de todas y todos los habitantes de la República al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente lo que dice relación con el ingreso a los cargos y empleos públicos, obligando al Estado a adoptar sistemas que permitan plenamente la inclusión, y el desarrollo laboral y personal de todos y todas sin distinción”.

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