Pedir la eliminación de información desfasada y eventualmente perjudicial en una red o páginas específicas de información, es lo que busca regular el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido, que fue analizado este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Renato Jijena, profesor en derecho informático de la Universidad Católica de Valparaíso, señaló que debatir en torno a esta iniciativa es de gran importancia, debido a que esto abre un debate donde son varios los bienes jurídicos que requieren ser amparados.
“Se tiene que ver cómo conjugar la necesidad de que exista transparencia de acceso a la información, con ciertos antecedentes que, eventualmente, fueron verdaderos en el pasado, y analizar qué pasa con esa información años después (…). Creo que el mejor ejemplo que se ha usado es el de los antecedentes penales”, afirmó.
Al mismo tiempo, Jijena añadió que el proyecto, como toda idea a debatir, es genérica y la mejor regulación requiere precisión y detalle. “Hay que trabajar las excepciones, porque son distintas las situaciones que se pueden presentar, entonces como un marco genérico conceptual de debate, me parece una muy buena iniciativa”, resaltó.
Una legislación completa
En tanto, Francisco Arellano, representante de la Fundación Datos Protegidos, aseguró que es sumamente importante que haya una discusión y legislación sobre el tema del derecho al olvido, pero el proyecto que se presenta es incompleto e impreciso, puesto que se corre el riesgo de vulnerar otros derechos fundamentales que colisionan con la legislación sobre el olvido.
“El derecho al olvido podría vulnerar la libertad de expresión, la memoria histórica, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, entonces se requiere una legislación robusta y completa que se haga cargo de casos específicos, por ejemplo cuando una persona que fue imputada busca ser reinsertada en la sociedad”, planteó.
Asimismo, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, argumentó que las causales que establece este proyecto, para la aplicación del derecho al olvido, son excesivamente amplias y, por tanto, no permiten la correcta ponderación de los distintos intereses en juego, situación que según aclaró, podría significar una lesión a otros derechos constitucionales como lo son la libertad de prensa, el derecho al acceso a la información, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo de investigación.
“Chile no cuenta con la legislación como la que tiene Europa y, al mismo tiempo, tampoco es efectivo que el camino europeo sea el más deseable, porque al establecer que se tiene que reclamar entre los motores de búsqueda, como lo ha hecho la Unión Europea, es hacer que sea un empresa privada la que, en primera instancia, tenga que decidir qué contenidos pueden estar o no disponibles en internet. Creemos que eso es complicado en términos de libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, insistió.
Luis Pardo, presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, en tanto, manifestó que el proyecto presenta muchos elementos difusos que son necesarios de precisar. “Es una iniciativa que está anclada a una ley que tiene que ver con la protección de datos personales, pero que incursiona en materias que dicen relación con la libertad de expresión y de prensa”, afirmó.
Materia controversial
Según expresó el presidente de la Comisión y autor de la moción, diputado Guillermo Ceroni (PPD), las exposiciones han permitido clarificar un tema que es complejo y donde se tendrá que legislar en forma especial. “El sentido que tiene el proyecto es que se elimine y quede caduco, después de un cierto tiempo, algún hecho de la vida privada, pero eso hay que hacerlo de tal manera que no signifique afectar el derecho a la información y borrar la historia de un país”, comentó.
En esa línea, el legislador recalcó que es un tema complejo e interesante de analizar, sobre todo porque, además, tendrían que existir tribunales especializados en la materia y no como existen hoy día en conjunto con otras entidades públicas.
Sobre lo anterior, precisó que se espera poder resolver el tema en una legislación compacta y escuchando a más expertos con el fin de compatibilizar otros derechos. “Vamos a escuchar al Consejo para la Transparencia; a la Defensoría Penal; y representantes de empresas como Google, para trabajar en un proyecto de ley mucho más completo”, expresó.
Por su parte, el diputado Daniel Farcas (PPD), también autor de la iniciativa, aclaró que esto es, sin duda, una materia controversial en donde lo que se quiere es que las personas tengan una oportunidad de defenderse frente a imputaciones que han sido injustas o que han sido desacreditadas a lo largo del tiempo.
“Lo que hemos escuchado, de parte de los expertos, es siempre esta contraposición de dos valores, es decir, cómo hacemos que en una sociedad democrática no exista ningún tipo de restricción a la libertad de prensa, pero, por otro lado que las personas sí tengan alguna posibilidad de defenderse, y lo que hemos visto en la experiencia europea es que hay una rigurosidad muy importante y significativa para terminar con este tipo de prácticas que tienen una defensa bastante más sistemática y rápida frente a este tipo de situaciones”, enfatizó.
Finalmente, el parlamentario añadió que, si bien el tema es muy complejo de analizar, se busca llegar a un equilibrio entre ambos valores, pero además entre metodologías de buscadores que hacen una labor tecnológica. “Esperamos llegar a aunar criterios y votar un proyecto de ley que permita a las personas algún tipo de procedimiento para poder salir de este atolladero”, concluyó.
(Fuente: Diputados)
Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10.608.
