Corte de Santiago confirma sentencia y ordena a laboratorio pagar indemnización por error en resultado de examen de paternidad

PaternidadLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó al Centro de Biología Molecular y Genética Limitada a pagar $10.000.000 (diez millones de pesos) por entregar resultados erróneos de un examen de ADN en proceso de paternidad.

En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González– confirmó la sentencia recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al laboratorio a indemnizar a la madre de menor, por entregar resultados que fueron corregidos por pruebas realizadas por el Servicio Médico Legal.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia dictado por la jueza Sylvia Pappa Belleti, que estableció la responsabilidad extracontractual del Centro de Biología Molecular y Genética.

“(…) en cuanto a los dos primeros requisitos de procedencia de la acción por responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un hecho imputable a dolo o culpa del deudor, en la especie, tratándose de la práctica de un examen específico, sujeto, por tanto, a estándares razonablemente exactos en su desarrollo, un error en el mismo, que es un hecho probado en la causa, en virtud de los exámenes posteriores a los que se sometieron los padres y el menor y que en definitiva llevó a acreditar la paternidad biológica tiene la gravedad suficiente para permitir presumir, y por esta va tener por establecido, que ha mediado de parte de la demandada una inobservancia de cuidados propios de la disciplina”, sostiene el fallo confirmado.

Resolución que agrega: “Por otro lado, la demandada ha omitido toda defensa y prueba en torno a haberse respetado o seguido los cánones usuales y exigibles para la práctica de este tipo de exámenes, o la idoneidad del laboratorio para practicarlo, o incluso invocar la posibilidad de que el efectuado, conforme a algún parámetro estadístico propio de las características de los mismos, resultan inimputablemente errados. No habiéndose esgrimido, tampoco, un caso fortuito, la demandada falla en cumplir su carga procesal de probar que ha actuado con diligencia”.

“En este orden de ideas –continúa–, es decir en relación al segundo de los requisitos, la imputabilidad de los daños por dolo o culpa, es necesario, advertir que el artículo 1437 establece que las obligaciones también pueden provenir de un hecho ilícito, que puede revestir la forma de un delito o cuasidelito. La obligación consistirá en la indemnización del daño ocasionado, así lo dispone el artículo 2314 del Código Civil que señala “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Lo que caracteriza a los delitos y cuasidelitos es que se trata de hechos ilícitos que además causan daño. El artículo 2284 del Código Civil, que junto a los dos mencionados conforma la trilogía de la fuente de las obligaciones establece qué se entiende por delito y cuasidelito. “Será delito el hecho ilícito cometido con la intención de dañar; será cuasidelito el hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar. En el delito, por ende, hay dolo, en su acepción definida en el artículo 44 del Código Civil, que en ocasiones también se llama malicia; mientras que en el cuasidelito “hay culpa, es decir, negligencia, descuido, imprudencia, falta de la debida diligencia”.

“(…) a mayor abundamiento, en relación a la culpa de la demandada, cabe señalar que a fojas 163, absolvieron posiciones los representantes legales de la demandada, don Hugo Rodrigo Jorquera González y don Carlos Víctor Durán Menchaca, siendo además el primero el que firma el informe de paternidad objeto de marras; señalando en su confesión que no pueden pronunciarse acerca de la identidad de quienes concurrieron a realizarse el examen; y que carecen de facultades para acreditar la identidad de los concurrentes, la que se consigna solamente en base a la buena fe de los solicitantes. Que tal argumento resulta para esta sentenciadora absolutamente improcedente, toda vez que es un hecho público y notorio que en cualquier centro médico, laboratorio y para cualquier examen de rutina solicitan la cédula de identidad para realizarlos, entonces, con mayor razón le es exigible a la demandada el debido cuidado en cuanto a la acreditación de identidad para la toma de muestras, atendidas las consecuencias jurídicas que devienen del resultado del mismo”, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

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