Cámara de Diputados y Contraloría firman convenio para cumplimiento de obligación de declaraciones de intereses y patrimonio

congreso nacional smallEste lunes 21 de noviembre, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República suscribieron un convenio de colaboración para efectos de dar cumplimiento a la normativa sobre Declaración de Intereses y Patrimonio a la que están sujetos autoridades y parlamentarios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

La Cámara estuvo representada por su Presidente, Osvaldo Andrade, y por el Secretario General de la Corporación, Miguel Landeros, mientras que por el organismo fiscalizador estuvieron presentes el Contralor Jorge Bermúdez, y la Subcontralora Dorothy Pérez.

Cabe recordar que de acuerdo a la citada ley, a la Contraloría General de la República le corresponde fiscalizar “la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio respecto de los sujetos” obligados a efectuar tal declaración y que pertenezcan a la Administración del Estado. Para dicho fin, administrará un sistema de acceso permanente de los declarantes al formulario, a las declaraciones efectuadas y con interoperabilidad con las bases de datos del Estado que contengan la información requerida en la declaración.

Por su parte, en el caso de los diputados y de determinadas autoridades del Poder Legislativo, la Cámara debe determinar un sistema de información que contenga las declaraciones efectuadas.

En atención a esto, el presente convenio contempla el desarrollo de las acciones necesarias para que la Cámara de Diputados implemente y utilice el sistema de información que es administrado y ofrecido por la Contraloría General. De este modo, el ente fiscalizador pondrá a disposición, de manera gratuita, el sistema y la mantención operativa de la plataforma tecnológica. Asimismo, apoyará en asesoría, capacitación, documentación y soporte.

Por su parte, la Cámara de Diputados se compromete a adoptar este sistema como medio para contener las declaraciones de intereses y patrimonio y su publicación. Cabe hacer presente que el convenio estipula que respecto de la información que la Cámara publique en el Sistema, como de aquella publicada en cumplimiento a las normas de transparencia activa, la Contraloría no será responsable del carácter inexacto, desactualizado, incompleto o caduco de la misma, debiendo la Cámara informar a la Contraloría acerca de los cambios y actualizaciones que deban realizarse.

Mayores exigencias

El Presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade, destacó la permanente relación de colaboración que existe con la CGR y en particular -ahora- este convenio dadas las nuevas exigencias para la declaración de intereses y patrimonio que deben cumplir las altas autoridades del Estado.

“La Contraloría ha construido una plataforma que facilita la gestión y declaración, incluso con mecanismos de rectificación si fuese necesario, así es que para nosotros, que estamos obligados a cumplir con esta norma legal, este convenio y este acceso es extraordinariamente relevante y muy pertinente”.

El legislador relevó que durante el período de su presidencia también se ha ido construyendo y profundizando una relación con la Contraloría que ayuda al desarrollo de los procesos internos de control.

“Nosotros tenemos órganos de fiscalización interna, tenemos auditoría interna, tenemos un Consejo de asignaciones, tenemos auditores externos que entregan sus informes rigurosamente, que además se tienen que publicar en conformidad a la ley, pero contar con el respaldo y colaboración de un órgano que tiene un prestigio institucional inequívoco y un reconocimiento ciudadano muy importante es para nosotros un valor”, puntualizó.

Por su parte, el Contralor Jorge Bermúdez, valoró el convenio y que la Cámara haga uso de forma eficiente de recursos, a través de esta herramienta que está a disposición de todo el Estado.

Las declaraciones de intereses de los actuales parlamentarios y autoridades, que son de carácter público, deben estar actualizadas al 31 de marzo de 2017.

(Fuente: Diputados)

 

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