Corte Suprema acoge prescripción tributaria por derecho a ser juzgado en un plazo razonable

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, acogiendo la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia por la reclamante por cometerse infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El martes 10 de enero, la segunda sala del máximo tribunal revocó la sentencia que rechazó la excepción de prescripción, y en cambio aceptó la reclamación, cobrando las diferencias de impuesto de primera categoría e impuesto global complementario de los años tributarios 1995, 1996 y 1997, por no justificar los orígenes de los fondos empleados en distintas inversiones.

Según la resolución, el poder coercitivo del Estado encuentra su límite en las garantías individuales que son reconocidas a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la legislación nacional, a consecuencia de lo establecido en el artículo 5 de la Carta Fundamental. En el caso, el lapso de tiempo de 19 años por el cual se extendió el proceso constituye una infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, circunstancia que impone a la judicatura ejercer el control a que se encuentra llamada. En el caso, esto se manifiesta en verificar si la acción de cobro de tributos ha sido ejercida y mantenida dentro un plazo de tal naturaleza. Siguiendo esta línea, se consideró que el plazo en que se resuelve el asunto –19 años– resulta irrazonable.

Teniendo esto en consideración, la corte estima que

la forma en que las disposiciones del derecho interno se relacionan con las normas constitucionales y de derecho internacional citadas, pues el respeto de estas últimas, exige que la acción de la justicia sea rápida y oportuna, tanto en escuchar a los justiciables, como en zanjar los problemas puestos en su conocimiento, sean ellos del ámbito civil o penal, debiendo resolverse el conflicto en un plazo razonable, esto es, ajustado a la razón. En tal perspectiva, si bien la conjunción de los artículos 201 incisos 2° y 3° dejan en claro que la presentación del reclamo basta para suspender el curso de la prescripción que consagra el Código Tributario y que ese estado se mantiene, de acuerdo con su inciso final, mientras los impuestos no pueden girarse, ya sea en primera instancia por disposición de la ley o en alzada a petición del reclamante (artículo 24 inciso 2° y 147), no es posible aceptar, en razón de la antedicha normativa –preferentemente integrada, en lo internacional, por el pacto de San José de Costa Rica y el artículo 5° de la Carta Política, en lo nacional–, que tal suspensión opere, en la práctica, de manera indefinida, deviniendo la acción de cobro del Fisco, en los hechos, en imprescriptible, sin fundamento legal.

En tal perspectiva, no corresponde que el pleito declarativo se extienda por más de dos décadas, lapso considerado desde la data de exigibilidad de los impuestos en cobro hasta la fecha de expedición de este fallo (…). El deber de respetar y promover el aludido derecho impone optar por aquella interpretación que, de manera mejor y más completa, resguarde y concrete tal garantía, cuestión que no se logra dando aplicación, únicamente, a la ley positiva del ordenamiento interno, pues ello importaría someter al contribuyente a una carga que perpetúa la indefinición de su situación fiscal y patrimonial, continuando indeterminadamente expuesto a la realización de sus bienes ante la inactividad del ente encargado de llevar adelante el cobro de lo adeudado. En ese sentido, resulta contradictorio que la máxima prescripción que contempla nuestro Código Civil opere al vencimiento del término de diez años y, en cambio, la extinción de la pretensión fiscal pueda requerir un mayor plazo y encontrarse en suspenso indefinidamente.

Por lo mismo, no aplicar preferentemente las disposiciones de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 inciso 2° y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, constituye un error de derecho en que incurrieron los sentenciadores de alzada, al privilegiar las disposiciones del derecho interno en materia de prescripción.

El fallo tiene un voto de disidencia de los Ministros señores Juica y Dahm.

Los disidentes consideran que se debe rechazar el recurso de casación, pues si bien la garantía de ser juzgado en un plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es directamente aplicable por estar incorporada al ordenamiento jurídico nacional, se trata de un concepto jurídico indeterminado, que carece de precisión legislativa dentro de los cuales se encuadre su aplicación, esto es, no contiene la determinación de lo que debe entenderse como un tiempo razonable para justificar un juzgamiento. En ese contexto, para determinar que dicho término ha sido excedido, se requiere ponderar, caso a caso, una serie de condiciones establecidas que permita a una corte de casación suponerlas fuera de un contexto legal.

Lo que se reprime constitucionalmente es la tardanza que se produce en la tramitación del proceso mismo y no en lo que se demora por el Estado en cobrar un tributo, para lo cual, en éste último caso, opera la prescripción extintiva prevista por la ley tributaria entre la fecha en que debió pagarse el tributo y la data de la notificación de la liquidación pertinente, cuestión que en este evento no se ha producido, porque precisamente la liquidación legalmente notificada introdujo dicho término extintivo. De modo, que en el presente caso, el juicio real, en su duración sólo debe contarte a partir del seis de febrero de dos mil siete, data establecida como hecho de la causa, dictándose la sentencia definitiva de primer grado el veinte de mayo de dos mil quince, lo que dista considerablemente de los 19 años expresados como de demora del «juicio».

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