La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto por un querellante, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco por decretar el sobreseimiento definitivo de funcionarios policiales por apremios ilegítimos, en el contexto de la investigación del caso Lucksinger Mackay. Consulte el fallo analizado en Microjuris.
El pasado 8 de febrero, la sala segunda del máximo tribunal revocó la sentencia de nulidad que decretó el sobreseimiento definitivo por considerar que los hechos denunciados no constituían delito, confirmando la sentencia del tribunal de garantía.
La corte estimó que no resultaba procedente decretar el sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, ya que el avance de la pesquisa es insuficiente para justificar esta clase de resolución, más aún frente a una investigación del Ministerio Público que no estaba agotada. Incluso más, ente persecutor había dispuesto la práctica de un Informe del Servicio Médico Legal a la víctima para determinar la credibilidad del relato, el que a la fecha de la decisión se encontraba pendiente y debía pronunciarse sobre la solicitud de la querellante relativa a la toma de declaración de un testigo.
Aclara el tribunal que, si bien no es posible negar que los jueces recurridos actúan dentro de sus atribuciones al señalar que una hipótesis fáctica no es subsumible en la tipificación contenida en una determinada norma jurídica, tratándose de hechos ocurridos en por lo menos tres oportunidades perfectamente singularizadas, en una de las cuales el querellante se encontraba privado de libertad, en la especie no se explica el fundamento de no concurrir la coacción a propósito de una detención, exigencia que los recurridos entienden es un elemento del tipo legal, situación que podría explicar la atipicidad de algunos de los hechos descritos, pero no la totalidad de los mismos.
El fallo cuenta también con la prevención del abogado integrante Sr. Matus.
La prevención considera que el fondo de la cuestión debatida consiste en haberse decretado por los recurridos el sobreseimiento definitivo de la causa a pesar que existían al menos una diligencia decretada por el propio Ministerio Público (un examen médico legal) y otra solicitada por la querellante (una declaración testimonial) que podrían servir para dilucidar la realidad de los hechos investigados, sin que la resolución reclamada se haga cargo de las mismas; circunstancias que permiten determinar la existencia de una controversia sobre la realidad de los hechos materia de la querella, controversia ante la cual no era posible que los recurridos decretaran su sobreseimiento definitivo sin privar al órgano encargado de la investigación y a los tribunales designados de sus facultades de conocer y juzgar el conflicto planteado, lo que constituye una falta o abuso grave que, en este estadio procesal, no puede ser remediada sino por esta vía.
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