Corte de Santiago absuelve por prescripción de la acción penal a condenado por obtención fraudulenta de pensiones

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia que condenó a Juan Carlos San Cristóbal Narbona, en calidad de autor delito de obtención fraudulenta de pensiones, en el marco del denominado caso “falsos exonerados”.

En fallo unánime (causa rol 1.224-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Pedro Advis– revocó la sentencia dictada por la ministra en visita Mireya López, el 7 de septiembre pasado, que condenó al San Cristóbal Narbona a 61 días de presidio, tras el establecer la prescripción de la acción penal.

“Como se ha visto, la conducta típica fue completamente realizada por el sujeto activo al obtener del Estado una Resolución que le otorgaba una pensión mensual y vitalicia a contar del 1 de noviembre de 1998, resolución que data del 8 de abril de 2003: desde ese momento empezó a percibir el dinero y se consumó el ilícito penal (…) En la especie, si el acusado el 8 de abril de 2003 obtuvo fraudulentamente del Estado una pensión mensual y vitalicia y empezó a recibir el dinero, pues fue en ese momento en que se consumó el delito y las posteriores pensiones son precisamente el resultado de su conducta consumada, de suerte que no puede entenderse que el delito se fue renovando mes a mes, en la medida que se le pagaba la pensión que por medios espurios obtuvo del Estado. Cierto es que el tipo penal emplea una forma del verbo “obtener”, o sea, exige un desplazamiento patrimonial del Estado al agente en virtud del fraude de éste, mas ello ocurrió en el año 2003, como se dijo, siendo las demás mensualidades las persistentes consecuencias de su ilícito obrar”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “El propio fallo que se revisa señala que en autos se encuentra demostrado “el delito de obtención fraudulenta de prestación estatal”, esto es, entiende que se trata de un solo delito, no de varios que podrían formar lo que la doctrina entiende como uno continuado ni de la situación del concurso real de ilícitos, esto es, que el agente cometía cada mes un nuevo ilícito de estas características. Es un solo ilícito, que se consuma -como se ha dicho- desde que el sujeto activo despliega toda la conducta exigida por el tipo y obtiene la Resolución de la Administración que le permitió percibir pensiones, de suerte que no es posible que cada mes el delito se “renovara” o que dichas pensiones mensuales operaran como una suerte de interrupción de la prescripción, impropia ciertamente del sistema penal: la prescripción penal se interrumpe sólo desde que el autor comete nuevo delito, como lo señala el artículo 96 del Código Penal”.

Por lo tanto, continúa, “si el delito se consumó el 8 de abril de 2003, pues desde esa data debe computarse el plazo de prescripción del delito de acuerdo a lo que regula el artículo 95 del Código Penal y, como dicho lapso es de cinco años, tanto al año 2011 -época en que se inició esta causa- como al 15 de octubre de 2015, data del procesamiento de San Cristóbal Narbona, tal ilícito está prescrito o, en los términos del Código Punitivo, la acción penal se encuentra extinguida por este medio”.

En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia y ordena a San Cristóbal Narbona pagar al Estado de Chile $29.626.657, más reajustes e intereses.

“En materia civil la prescripción debe ser alegada, según lo dispone el artículo 2493 del Código Civil y los jueces tienen vedado decretarla de oficio. En el caso sub judice, se demostró que el autor cometió un delito civil que generó daño al Estado por la suma que se indica en lo dispositivo del fallo de primer grado y, contestada la demanda por el demandado San Cristóbal Narbona, en el segundo otrosí de fojas 180, éste no alegó dicho medio de extinción de las obligaciones, de manera que dicha sentencia, en esta parte, debe ser confirmada”, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

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