Corte Suprema remite al senado informe sobre proyecto de ley que suspende sentencias para embarazadas y madres de menores de 3 años

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 3 de febrero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley que establece la suspensión de la ejecución de sentencias y de la prisión preventiva de embarazadas y mujeres con hijos menores de 3 años. Informe que fue remitido al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, el lunes 13.

La Corte Suprema, tras la revisión de la iniciativa legal afirma que: “(…) es posible concluir que el proyecto en cuestión propone ajustes normativos de importancia no menor, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales antes mencionados, los que intentan equilibrar las desigualdades que afectan a las mujeres privadas de libertad embarazadas o que dan a luz en esa condición y proteger el interés superior de niños y niñas, a través de modificaciones legales que pretenden hacerse cargo del rol de cuidado de los hijos que socialmente se atribuye a la mujer, y del impacto que sobre la base de este rol socialmente definido, tiene la privación de su libertad para ella y para la sociedad en general”.

Oficio que agrega: “Ahora bien, la opción tomada por el proyecto obliga también a preguntarse si una modificación como la propuesta no contribuiría, acaso, a perpetuar el rol socialmente asignado a la mujer como única o exclusiva cuidadora de sus hijos, excluyendo la participación de los hombres en el ejercicio de su rol parental y la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, que han potenciado las últimas reformas introducidas al Código Civil por la ley 20.680”.

Respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia, el máximo tribunal sostiene que “(…) si bien la medida de suspensión parece orientarse a proteger a la familia y al interés superior del niño, su carácter doblemente incondicionado –no constituye una facultad para el juez, sino una obligación, y al finalizarse el periodo de suspensión esta siempre implicará la privación de libertad de la mujer y la separación de su hijo, aunque se haya rehabilitado y ya no exista necesidad de pena– puede perjudicar el interés superior del niño o niña y contradecir el sentido general que de acuerdo a la ley y los tratados internacionales debe perseguir el sistema penitenciario: promover la reinserción social y la ulterior prevención del delito”.

“En efecto –continúa–, sin perjuicio de su enorme relevancia en la generalidad de los casos, no es difícil pensar en situaciones en que la medida de suspensión de la condena podría resultar irrelevante o incluso inútil en relación al interés del menor. Y esto es así, porque tal como demuestra la experiencia de la situación regulatoria actual, pueden existir casos en que justamente aquello que más convenga al menor sea quedar bajo el cuidado personal de su padre, algún otro miembro de su familia o, en casos especialmente graves, su internación en un centro de lactantes e infantes del SENAME. En estas situaciones, la medida de suspensión de la condena de la madre no serviría a los fines que busca el proyecto y, al contrario, podría contribuir a perpetuar estereotipos de género, pudiendo su aplicación particular dificultar las acciones encaminadas a lograr una mejor distribución de roles y tareas en materia de cuidado de los hijos”.

Potestad discrecional
Ahondado en el punto, el pleno de ministro propone, “en lo que a este asunto respecta, pareciera pertinente considerar la medida de suspensión de la condena como una potestad discrecional de los tribunales de justicia y no un deber incondicionado, tal como aparece en la propuesta. Esto haría posible conciliar, en el caso concreto, todos los fines que enuncia la moción, haciéndose cargo del hecho que en la generalidad de los casos es la mujer la que ejerce el cuidado del niño o niña, sin contradecir un enfoque respetuoso de las consideraciones de género y el interés superior de las niñas y niños implicados. Asimismo, la denunciada rigidez del sistema, que tampoco distingue, al expirar el plazo de suspensión de la condena, e impone, necesariamente, la privación de libertad en la mujer que ha utilizado esta herramienta, puede provocar importantes distorsiones respecto de los fines de reinserción que debiese perseguir un modelo de ejecución penitenciaria respetuoso de los Derechos Humanos”.

“En este sentido –prosigue–, tal como en el caso anterior, resulta contra intuitivo o incluso violento privar de libertad a una mujer que, tras haber visto suspendida su condena, demuestra haberse reinsertado adecuadamente en sociedad y haberse hecho cargo del cuidado del niño o niña y su desarrollo integral. Lo cierto es que, tal como en el caso anterior, parece aconsejable entregar la evaluación de la situación de la mujer y su hijo a la judicatura especializada, la que en conocimiento de las circunstancias del caso y el interés superior del niño, debería ser capaz de ampliar el plazo de suspensión o, inclusive, sustituir o conmutar su condena. Esta sola posibilidad, podría constituir un importante incentivo para la reinserción de la mujer, la prevención de su reincidencia, y el resguardo de la familia y el interés superior del niño.
De hecho una solución regulativa similar se ha propuesto por varios expertos chilenos en la materia”.

Cautelares
Sobre los mecanismos de control de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, la Corte Suprema estima que “(…) la suspensión de la condena sujeta a la mujer a un régimen de control innominado, que no especifica detalladamente sus implicancias ni refiere a algún estatuto legal o reglamentario que defina claramente sus consecuencias, no precisándose si la sujeción al control de la mujer corresponde a una pena, o a alguna otra medida. De esta manera, la estrategia regulativa del proyecto no responde cuestiones tan elementales como las que siguen:
– Determinar si el mecanismo de suspensión interrumpe o suspende el plazo de prescripción de la pena que se estipula. Esto es importante, especialmente, en atención a las reglas de media prescripción que estipula el artículo 103 del Código Penal, y la posibilidad de extender hasta por tres años más el periodo de suspensión, como sugiere el nuevo artículo 468 bis de la propuesta;
– Determinar si el mecanismo de revocación de la suspensión será incondicionado; si se producirá sólo tras la comisión de un nuevo delito o también con el incumplimiento del régimen de control impuesto; si se discriminará según la entidad del incumplimiento, o la reiteración de los mismos; qué rol jugará en su evaluación el cuidado del niño, su interés superior o el proceso de reinserción de la condenada;
– Determinar cómo se ejercerá el control de la autoridad; si será de cargo del SENAME. De las policías o de Gendarmería de Chile; si se someterá a la mujer a una o más condiciones determinadas, como las de realizar acciones en favor de su hijo o el hogar común;
– Determinar qué sucederá si al cumplirse dos años de suspensión nace un nuevo hijo; ¿Se suspenderá nuevamente la pena respecto de este nuevo recién nacido? ¿Cómo se calificará la existencia de una enfermedad grave?
– Determinar cómo se aplicarán las reglas de abono, si se someterá a las reglas generales explicitadas en el artículo 26 de la ley 18.216, independientemente del hecho que el control al que se somete a la mujer no tiene necesariamente el carácter de pena (o modo de cumplimiento de la misma)”.

A modo de compendio, el pleno sostiene que “(…) no obstante la positiva inspiración del proyecto, éste no considera algunas cuestiones relacionadas, que han sido observadas por diversos expertos como de necesaria reforma:
– La inexistencia de una regla o principio según el cual la lactancia o el cuidado personal de un niño puedan servir de fundamentación o argumento para la concesión de alguno de los beneficios o derechos penitenciarios que prevé la ley, como son la libertad condicional, la rebaja de condena, el sistema de salidas, o la pena mixta.
– La inexistencia de una reglamentación que permita facilitar la relación directa y regular de madres y padres privados de libertad, con sus hijos menores, durante toda su niñez.
– La inexistencia de regímenes y principios que plasmen la importancia de la maternidad o paternidad para efectos de acceder prioritariamente a las plazas de trabajo, educación y capacitación en contextos de encierro.
– La inexistencia de un sistema de ejecución penitenciario moderno, que cuente con jueces de ejecución con competencias claras, con cobertura jurisdiccional adecuada, y criterios interseccionales que permitan compatibilizar el resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la legalidad y juridicidad en el cumplimiento de las penas, y la reinserción social de los condenados”.

Prisión preventiva indispensable
Sobre la prisión preventiva, el informe del máximo tribunal afirma que “es menester tener presente que, en su calidad de medida cautelar, ella se impone sobre la base de un juicio de ponderación complejo que, de un lado, considera la existencia de determinados riesgos que pueden producirse mientras dura la investigación o el juzgamiento de la acción (como podrían ser la fuga del imputado o la perpetración de un nuevo ilícito), y por otro, considera los daños, costos y riesgos que una medida tan intensa como ésta produce (v.gr. los costos económicos que conlleva la privación de libertad para el Estado, el riesgo jurídico de privar de libertad a alguien que en definitiva será declarado inocente, etc.). De allí que ella sólo pueda imponerse cuando, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, ella sea ‘indispensable'”.

“Pues bien –continúa–, atendida la naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida cautelar, la existencia de una mujer embarazada, o que tenga a su cargo el cuidado de su hijo, implica riesgos y consecuencias dañinas adicionales -a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior del presente informe- que no se encuentran presentes respecto de otros imputados. Estos riesgos intensificados, contrastados con el principio de la primacía del interés superior del niño, de la personalidad de las penas y la protección de la vida del que está por nacer, plausiblemente pueden llevar a considerar al legislador la prohibición de aplicar esta medida a mujeres embarazadas. Esto equivaldría, desde luego, a una decisión de política criminal, en la que el legislador ordena de modo incondicionado que, ante los conflictos de intereses que pudieran existir entre los principios de éxito de una investigación y prevención del delito por un lado, y el interés superior del niño y la protección de la vida de aquél que está por nacer, por otro, el juez siempre deba privilegiar estos últimos, debiendo el ordenamiento prever otros mecanismos orientados a resguardar el éxito de la investigación. Con todo, valen aquí las reflexiones hechas anteriormente, en relación a los eventuales problemas que podría generar una opción legislativa rígida o incondicionada, que eventualmente podría conspirar contra los propósitos del mismo proyecto”.

“Sin perjuicio de lo anterior, es menester tener presente que la prisión preventiva es una medida que, aún hoy, sin norma expresa al respecto, podría decidir no aplicarse para las mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, tanto en razón del criterio de ponderación antes indicado, como en directa aplicación del control de convencionalidad relativo al interés superior del niño, priorizando otras medidas de control contempladas por la ley. Así, “no se sacrifica aquí ningún interés público estatal de coerción personal sino que se lo adapta para conjugarlos con los derechos de protección especial que involucran a la infancia y la adolescencia“, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

 

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