Corte Suprema rechaza recurso de nulidad por “descubrimiento inevitable”

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a Rodrigo Astorga Sánchez a la pena de 5 años y un día de presidio, como autor del delito de robo con intimidación, y a 100 días de presidio por hurtos. Ilícitos perpetrados en febrero de 2014.

En fallo unánime (causa rol 3.029-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz y Carlos Cerda– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, que validó la revisión de teléfonos celulares de víctimas realizada por la policía tras la detención en flagrancia de Astorga Sánchez.

“En el presente caso se está ante lo que la doctrina ha llamado como “descubrimiento inevitable” que diluye el vínculo entre la supuesta infracción y el hallazgo de la evidencia incriminatoria. Conforme a esta doctrina, puede afirmarse que existiendo medios probatorios que indiquen que la prueba cuya ilicitud se discute también pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, se puede también sostener la pérdida del vínculo causal entre la ilicitud original y el hallazgo posterior, que deviene, por tanto en inevitable y lícito. En términos de nuestro ordenamiento procesal, ello significa que existiendo prueba de que la evidencia incriminatoria pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, anteriores o independientes del medio ilícito que llevó a su descubrimiento material, tal descubrimiento o hallazgo no puede considerarse consecutivo o dependiente de éste (SCS Rol N° 14.781-15 de 3 de noviembre de 2015)”, establece el fallo.

Resolución que agrega: “Pues bien, en el caso sub judice, dado que el acusado fue detenido de manera flagrante por la comisión del delito de robo con intimidación que denunció Sebastián Catalán, y que los policías incautaron los demás teléfonos que el imputado portaba -junto al de Catalán- y respecto de los cuales no reclamaba derecho alguno, resulta de claridad meridiana que, incluso de no haber procedido los policías a revisar los otros teléfonos y ubicar a sus titulares, de todas formas la Fiscalía habría realizado o instruido realizar dicha diligencia, sea inmediatamente después de que se le comunicara la referida detención y las circunstancias de la misma, o sea durante el curso de la investigación, por lo que los policías no hacen sino adelantarse -con facultades para ello como ya se ha explicado- a una diligencia que necesariamente debía ejecutarse más adelante y que, por ende, conduciría de todas formas a la ubicación de los otros afectados y a la obtención de sus declaraciones y reconocimiento del acusado”.

“(…) cabe estimar –continúa– que al proceder del modo que lo hicieron, los funcionarios policiales no transgredieron en el caso concreto las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos constitucionales invocados en el arbitrio, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al fundamentar su decisión condenatoria en la prueba cuestionada, de manera que la causal principal del recurso en estudio será rechazada”.

(Fuente: Poder Judicial)

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