Llaman a resguardar datos personales en nuevos registros de pasajeros del sistema público de transportes

Un llamado a efectuar un efectivo resguardo de los datos personales en los registros que establecerá el sistema público de transportes, contemplado en un proyecto destinado a evitar la evasión en el pago de los pasajes por parte de los usuarios, realizó ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados el Consejo para la Transparencia.

El consejero Marcelo Drago explicó que, en forma unánime, el Consejo estimó necesario destinar a uso exclusivo para fines estadísticos o para el desarrollo de políticas públicas asociadas al transporte público remunerado de pasajeros los datos contemplados en el registro de usuarios del sistema, prohibiéndose la comunicación de los antecedentes de carácter personal.

Además, se sugiere que la información que provenga de instrumentos como el pase escolar, o cualquier otro instrumento o mecanismo que pertenezca a un niño, niña o adolescente, estos datos deberán ser especialmente protegidos por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, extremando las medidas de seguridad adecuadas y velando que sus tratamientos solo se efectúen atendiendo al interés superior de estos y respetando su autonomía progresiva.

Respecto del registro de infractores, se propuso que su operación y administración permanente corresponda al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Transportes, en la forma que determine un reglamento, y que el tratamiento de los datos personales respete el principio de finalidad (que de cuenta exclusivamente que la persona es infractor respecto del cobro de la tarifa y pago de multas).

Asimismo, se plantea que se garantice que el procedimiento de transferencia de los datos contemple los mecanismos de seguridad y de protección necesarios y que la eliminación de estos, una vez cumplidas las obligaciones, sea de carácter gratuito.

Derecho Penal y Procesal Penal

La Comisión también contó en la sesión con la visión de los profesores de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile, Jaime Winter y Lorena Donoso, respectivamente, quienes entregaron propuestas de perfeccionamiento de la iniciativa legal.

El profesor Winter, en primer lugar, llamó a evitar futuros problemas de interpretación al determinar el concepto de falsificación (atingente, por ejemplo, al caso de los pases escolares o de la tarjeta BIP), realizando mayores precisiones; al tiempo que sugirió atender la forma en que se aborda el procedimiento para verificar el domicilio del infractor (por evasión o falsificación de documento).

Respecto del registro de infractores, estimó que su finalidad sería la de exponer “la infamia del deudor”, lo que evaluó un despropósito. “Igualmente sorprende la selectividad. De todo el sinnúmero de faltas que existen en nuestro sistema, elegir esta no tiene justificación alguna. No se seleccionan todas las sanciones incumplidas -no incluye las penales-, ni siquiera todas las faltas infraccionales, ni siquiera todas las faltas infraccionales de la Ley del Tránsito. Tal cosa se yergue como una fuente de desigualdad en la Ley y que puede tener efectos contraproducentes para quien tal vez no ha pagado por problemas económicos”, planteó.

La profesora Lorena Donoso se focalizó en el tema de los registros y el tratamiento de los datos personales. Evaluó que la propuesta legal ha ido mejorando considerablemente desde que ingresó a trámite al Senado, en junio de 2015, y pidió explicitar en la normativa que existirán dos registros: uno destinado a recopilar información estadística, por lo tanto, donde se entiende no estarán disponibles datos personales; y otro para infractores.

Pidió mantener los resguardos técnicos necesarios para el tratamiento de la información de ambos registros y, particularmente en el caso del atingente a los infractores, evitar que se produzca una doble penalización (multa y registro), procediendo a eliminar del registro a quienes hayan cumplido con sus obligaciones (pago de multa); y a considerar que en el caso de menores de edad los que debieran ingresar al listado son los padres.

(Fuente:Diputados)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 10125

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