Contraloría y «Policía Comunal». Salvo excepciones legales, el término “policía” solo es aplicable a Carabineros y PDI.

“No corresponde que una municipalidad cree un cuerpo uniformado con la denominación de policía comunal, ni que se le asignen funciones que excedan aquellas que legalmente competen a las entidades edilicias.”

La Contraloría General de la República, a requerimiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, emitió un pronunciamiento (Dictamen 15919/2017) sobre la legalidad del Decreto Alcaldicio N° 286 de 2017, de la Municipalidad Calera de Tango, que ordenó la creación de un cuerpo uniformado denominado “Policía Municipal de Calera de Tango”,  cuya misión sería la de “velar por el cumplimiento de las Leyes y las Ordenanzas comunales respectivas”.

En primer término, el órgano contralor puntualiza que “la función constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública interior ha sido encomendada a las Fuerzas de Orden y Seguridad, las que están constituidas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Asimismo, es manifiesto que el ordenamiento jurídico se refiere a esas instituciones como entidades policiales y le atribuye el ejercicio de las funciones de carácter policial en el país, sin perjuicio de las excepciones calificadas que el legislador ha establecido, como sucede con la policía marítima asignada a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”. Por ende, salvo las aludidas excepciones legales, debe concluirse que nuestra preceptiva ha reservado el nombre “policía” para referirse a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, de lo que se sigue que no corresponde que la Municipalidad de Calera de Tango cree un cuerpo uniformado con la denominación de “policía”.

En segundo término, expresa que el artículo 4°, letra j), de la ley N° 18.695, dispone que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Teniendo en especial consideración que los organismos públicos se encuentran sometidos al anotado principio de juridicidad, por lo que no pueden atribuirse el ejercicio de funciones que la preceptiva ha reservado a otras entidades del Estado. Por lo que no resulta conciliable con la referida labor de apoyo, la utilización de armas de fuego por el personal municipal que forme parte del cuerpo uniformado que se crea, excediendo el ámbito de sus atribuciones. Ello, por cuanto el permiso para portar un arma de fuego que pueda haber obtenido a título personal un funcionario municipal, de ningún modo lo habilita para que aquélla sea utilizada en el cumplimiento de la función municipal relativa a la seguridad comunal, puesto que, como se ha expresado, los cuerpos armados establecidos por el ordenamiento jurídico para tal efecto son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, y no las municipalidades.

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