Corte Suprema: no es posible «suplir, por la vía de un decreto de demolición, una invalidación administrativa que no se llevó a cabo en el plazo previsto por la ley»

En días recientes, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de Recoleta contra la sentencia que ordenó dejar sin efecto un decreto de demolición sobre dos edificios ubicados en la comuna de Recoleta. Los sentenciadores de casación consideraron que: “Escapa a los supuestos que es posible entender comprendidos en el numeral primero del artículo 148 de la ley ya citada, la pretensión de suplir, por la vía de un decreto de demolición, una invalidación administrativa que no se llevó a cabo en el plazo previsto por la ley, teniendo en consideración además la existencia de dos dictámenes de la Contraloría General de la República en los que se desestimó la posibilidad de procedencia de tal invalidación”…

 

A continuación fallo analizado por Microjuris

Consulte texto íntegro de la sentencia, aquí
VOCES: CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO SUMARIO – ORDEN DE DEMOLICIÓN – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO RECHAZADO – DISIDENCIA
Carátula: Corte Suprema, Tercera Sala – 09/05/17 – Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. c/ Municipalidad de Recoleta s/ Orden de demolición.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por una municipalidad  contra la sentencia de segundo grado, que confirmando la de primera instancia dio lugar a la reclamación establecida en artículo 154 de la Ley General de Urbanismo y que ordenó que dejó sin efecto un decreto alcaldicio de demolición sobre una edificación ubicada en el barrio de Bellavista, toda vez que no es procedente, ni concurre dentro de la legalidad vigente, la acción del municipio recurrente en torno a Decretar dicha demolición con el objeto de realizar de manera fáctica, la invalidación administrativa de permisos de edificación, que no se llevó a cabo en el plazo previsto por la ley, teniendo en consideración además la existencia de dos dictámenes de la Contraloría General de la República en los que se desestimó la posibilidad de procedencia de tal invalidación; por lo que los jueces del fondo concluyeron acertadamente  al determinar que se incurrió en ilegalidad y arbitrariedad por parte del ente edilicio.

2.- Escapa a los supuestos que es posible entender comprendidos en el numeral primero del artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la pretensión de suplir, por la vía de un decreto de demolición, una invalidación administrativa que no se llevó a cabo en el plazo previsto por la ley, teniendo en consideración además la existencia de dos dictámenes de la Contraloría General de la República en los que se desestimó la posibilidad de procedencia de tal invalidación. En tales condiciones, razonaron y concluyeron acertadamente los jueces al determinar que se incurrió en ilegalidad y arbitrariedad, por parte del ente edilicio, al dictar el Decreto que ha sido objeto de la presente reclamación.
3.- La determinación censurada no puede ser tildada de ilegal, toda vez que la demolición dispuesta por el Alcalde de la comuna de Recoleta se refiere a obras ejecutadas en disconformidad con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza General, como, además, contrariando el interés general de los habitantes de la comuna. En efecto, aun cuando el Instrumento de Planificación Territorial aplicable en la especie contempla la construcción de edificaciones con una altura que no puede sobrepasar de 25 metros, en la mayor parte de la superficie del predio de que se trata, es lo cierto que la Dirección de Obras Municipales no sólo autorizó el levantamiento de distintas edificaciones en él sin atender a la anotada restricción sino que, por el contrario, consintió en que las mismas alcancen alturas que exceden las “máximas permitidas” para una de las zonas en que se divide el inmueble. Es posible concluir que al emitir los Permisos de Edificación y los Certificados de Informaciones Previas, la autoridad municipal no sólo actuó sin contar con respaldo normativo sino que, por la inversa, quebrantó de manera flagrante las disposiciones que rigen la situación en examen, de lo que se sigue que el Decreto Exento N° 2.388 ha sido expedido en uno de los casos previstos expresamente por el legislador, particularmente en el N° 1 del artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (del voto de disidencia del Ministro Sr. Muñoz).

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