REPORTE MUNICIPALIDADES: Jurisprudencia destacada

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JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº5 

 

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA – NULIDAD DESPIDO

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González Rojo, Alejandro c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE COMERCIAL – PATENTE MUNICIPAL – MUNICIPALIDADES – ACTO ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – CLAUSURA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Partes: González Rojo, Alejandro c/ Ilustre Municipalidad de Santiago s/ Microempresa familiar – Local comercial
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Producto: Municipalidades – Microjuris

Para obtener una patente municipal para microempresa familiar, es un requisito que el local comercial se encuentre dentro del inmueble que sirve de domicilio a la familia. Por lo tanto, la autoridad puede determinar la clausura del local por no cumplirse esta exigencia, en virtud del artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de proteccion dirigido en contral decreto alcaldicio que orden clausurar el local comercial de los recurrentes, por no contar con patente ni autorización municipal. La recurrente considera vulnerados los derechos del artículo 19 N° 16, 21, 22 y 24 de la Constitución. No hay ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación del decreto alcaldicio recurrido. No es ilegal por cuanto se dictó en el ejercicio de la potestad establecida en el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, que permite la clausura de los establecimientos que no cuenten con patente, dado que el local no es habitación familiar y no cuenta con patente comercial ordinaria. Siendo el primero un requisito para poder obtener una patente comercial fundada en el fomento de las microempresas familiares. Y no es arbitrario, pues ello supondría falta de racionabilidad, proporcionalidad o fundamentación, lo que no acontece, ya que está debidamente justificado. Cabe tener presente que el recurrente -encontrándose cuestionada la calidad de inmueble familiar del domicilio señalado- no ha aportado ninguna prueba para establecer que aquel es su domicilio familiar, o que la construcción de material ligero está dentro del domicilio familiar.

2.- El Decreto Ley 3063 sobre rentas municipales -modificado por la Ley 19.749 , que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares- permite otorgar patentes comerciales a la microempresa familiar, entendiendo por tal aquella que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar. Por su parte, el artículo 23 del mismo decreto ley exige la tenencia de una patente comercial. Por último, el artículo 58 del decreto ley permite que el alcalde decrete la clausura de los negocios sin patente. El artículo 19 N° 16 y 21 de la Constitución garantizan a todas las personas la posibilidad de realizar cualquier actividad económica o trabajo, siempre que respeten las normas legales que regulan dicha actividad; y en este caso se ha acreditado que la recurrente ha pretendido realizar un actividad económica o trabajo, pero sin observar las normas aplicables. No se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 22 de la Constitución, dado que la decisión administrativa cuestionada no discrimina al actor en relación a otros casos, pues sólo se limita a exigir la patente adecuada para la actividad que se pretende desarrollar. En cuanto al derecho de propiedad, tampoco ha resultado afectado, desde que no existe un derecho adquirido a realizar una actividad económica con una patente distinta a la exigida, conforme a la naturaleza de la respectiva actividad. Cabe agregar que el derecho reclamado por el recurrente es totalmente controvertido, por lo que no procede utilizar el recurso de protección como vía sustitutiva de las acciones correspondientes.

3.- Conforme a la Ley 18.695 , el alcalde no tiene la facultad de revocar una patente concedida, sino sólo de establecer multas. Además, no hay constancia -en el expediente- del término de la autorización de funcionamiento otorgada por la Seremi de Salud. Conforme al principio de legalidad que enmarca el accionar de la Administración y de todos los órganos del Estado, la autoridad municipal sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido por la ley. En este caso, no tenía la facultad de decretar la clausura del local dado que el recurrido no se encontraba en ninguna de la situaciones que la ley prevé para esa medida, a saber: estar en mora en el pago de la patente, no tener patente de funcionamiento, no haber pagado multas o haber incumplido con las exigencias legales para obtener una patente definitiva; razón por la cual el decreto de clausura fue una actuación ilegal y arbitraria, por haber sido ejercida en contra de la ley y sin contar con fundamentos suficientes (Del voto de disidencia del abogado integrante Sr. Hamel).

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA – NULIDAD DESPIDO

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Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quinta Normal y otro c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal y otro

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – COMISIONES ESPECIALES – JUNTA DE VECINOS – MUNICIPALIDADES – ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quinta Normal y otro c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal y otro s/ Junta de vecinos – Corporación municipal
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Quinta
Producto: Municipalidades – Microjuris

El asunto del recurso ya fue rechazado por la misma Corte de Apelaciones, por exceder los márgenes de la acción cautelar, por tanto, corresponde desestimarlo, para mantener la coherencia en las decisiones judiciales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la resolución administrativa de la Municipalidad recurrida que desvinculó a una funcionaria de la Corporación Comunal del mismo municipio. Al haberse revisado por una de las salas de la Corte de Apelaciones la admisibilidad del recurso, emitiendo opinión al no admitirlo a tramitación por exceder los hechos y la petición los márgenes de la acción cautelar, no puede sino concluirse que el tribunal está impedido de volver sobre una pretensión que ya ha sido declarada inadmisible con anterioridad por sentencia ejecutoriada. En la especie carece de relevancia jurídica la identidad personal de todos los recurridos o los hechos nuevos no trascendentes de este arbitrio, desde que la vinculación está dada por el acto que se impugna de ilegal y arbitrario. La conclusión anterior permite mantener la coherencia en las decisiones judiciales principio que no debe desatenderse, sobre todo si se considera que es la materia esencial del conflicto y la sentencia que al efecto emita el tribunal lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento acerca del asunto resuelto, sin que esta conclusión se altere por la naturaleza jurídica de la sentencia de 17 de enero de 2017, desde que la inadmisibilidad declarada lo es por los hechos planteados y la petición sometida al tribunal, los que son idénticos a los propuestos nuevamente en esta acción.

2.- De los antecedentes expuestos, resulta evidente que esta Corte de Apelaciones a través de una da sus salas, se pronunció sobre hechos idénticos a los propuestos en la presente causa, el fallo que se dictó en la primera causa es una sentencia interlocutoria y por tratarse de una acción cautelar de urgencia produce únicamente cosa juzgada formal. En los procedimientos constitucionales, existen matices muy específicos y distintos de aquellos denominados efectos jurídico-procesales de las sentencias. En este arbitrio, de naturaleza cautelar, cobra especial importancia la situación jurídica alegada y la protección que se reclama. El objeto del recurso de protección es determinar si ha existido un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas. El conflicto planteado debe ser de orden constitucional que amerite un pronunciamiento urgente a fin de tutelar un derecho o garantía amagada.

 

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA – NULIDAD DESPIDO

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Willat c/ Ilustre Municipalidad de Doñihue

Voces: LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Partes: Willat c/ Ilustre Municipalidad de Doñihue s/ Carácter declarativo de la sentencia – Nulidad del despido
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral

Procede aplicar la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, cuando la sentencia declara la existencia de relación laboral, toda vez que su naturaleza es declarativa y no constitutiva de derechos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia que determinó que no era aplicable la sanción de nulidad del despido cuando se declaraba la existencia de relación laboral. El empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicar la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la fecha de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas. A lo anterior no obsta que haya sido el fallo recurrido de nulidad el que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por cuanto, se trata de una sentencia declarativa.

2.- La sentencia definitiva dictada en estos autos no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación prexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo denuncia con el objeto que se declarara, además de lo indebido del despido, que fue nulo e ineficaz porque las cotizaciones de seguridad social no habían sido pagadas, a lo que no se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero en ningún caso se constituyó, puesto que no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica se desprenden, las que el tribunal especificara en su sentencia, condenando al demandado a su pago; sanción que tiene por antecedente el reconocimiento del derecho que le asiste al actor, el cual también ha sido declarado.

3.- Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional y no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde imponerle la sanción que el mismo contempla en el inciso 7°, y al no decidirse así en la sentencia impugnada no se ha hecho una acertada interpretación y aplicación de la normativa en estudio, de manera que ello constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía de la unificación, invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido sobre el fondo del debate.

 

 

INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS 

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Loayza c/ Ilustre Municipalidad de Iquique

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS PUBLICOS – INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO AL HONOR – DEMANDA ACOGIDA
Partes: Loayza c/ Ilustre Municipalidad de Iquique s/ Inhabilidad para ejercer cargo
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique

Producto: Municipalidades – Laboral

No corresponde la interposición de un sumario administrativo por inhabilidad en el cargo en contra de un funcionario, en virtud de un dictamen de Contraloría emitido hace casi quince años, no siendo oportuna y prontamente fiscalizado su cumplimiento por este órgano o por la Municipalidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la acción por tutela de derechos fundamentales, comprobándose la vulneración al derecho de integridad psíquica, a la honra y a la no discriminación arbitraria, en contra de la trabajadora recurrente, al iniciarse sumario en su contra, por un supuesto incumplimiento de un dictamen emitido por la Contraloría General de la Republica, configurándose una inhabilidad sobreviniente de la demandante para ejercer su cargo en el municipio de Iquique, por parentesco con el Alcalde. La actora cumplió con su obligación legal, prevenida en el artículo 64 de la ley 18.575, de dar a conocer a Contraloría la inhabilidad que le afectaba, debiendo haber emitido este órgano la resolución correspondiente. Siendo un hecho probado que desde hace quince años que se dictó el dictamen y que la actora es pariente del Alcalde, se concluye que la Contraloría no ejerció actividad alguna en contra de la denunciante posteriormente al pronunciamiento del dictamen en cuestión, por lo que el sumario en contra de la denunciante por esta causa se constituye como un acto arbitrario.

2.- Habiéndose probado por la actora la sospecha razonable de vulneración de derechos, correspondía al empleador demostrar el carácter proporcional y razonable de su decisión de iniciar sumario, cuestión que no acredita. Por lo demás, la actora realizó actos posteriores al dictamen que la validaron en el cargo público que ostenta hasta la fecha, hecho respaldado por la inactividad fiscalizadora de la Controlaría General de la República por más de quince años, sumado a que la causal de inhabilidad desapareció posteriormente. Siendo el Alcalde el directivo superior de todo el municipio, los funcionarios afectados respecto de él se encontraría en una posición altamente desmejorada en relación con sus pares, lo cual atenta derechamente contra el principio de igualdad ante la ley, siendo así errada interpretación de la Contraloría y configurándose vulneración a la garantía de igualdad ante la ley.

3.- La Ley 10.336, en su artículo 38 establece que corresponderá al Subdepartamento de Registro de Empleados Públicos el vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo y proponer las resoluciones tendientes a este fin, registrar los decretos y resoluciones de nombramiento de funcionarios públicos, ya sean de planta o a contrata o en el carácter de propietarios, suplentes o interinos, y los demás decretos o resoluciones que afecten a los mismos funcionarios. También les corresponde llevar una nómina al día de los funcionarios separados o destituidos, administrativamente de cualquier empleo o cargo público. Por su parte, el artículo 41 de la ley 18.880 previene que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados, debiendo ser fundadas. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

 

ORDEN DE DEMOLICIÓN 

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Romero Mardones, Robinson c/ Municipalidad de Lota

Voces: ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – ORDEN DE DEMOLICIÓN – RECURSO DE RECLAMACIÓN – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO
Partes: Romero Mardones, Robinson c/ Municipalidad de Lota s/ Orden de demolición
Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Quinta
Producto: Municipalidades – Microjuris

En el presente caso se efectuó una construcción en terreno ajeno, esto es, en un bien municipal, sin las autorizaciones municipales correspondientes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de ilegalidad en contra del decreto alcaldicio en donde se resolvió aprobar la orden de demolición. El actuar del Alcalde reclamado, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 148 de la LGUC, que dispone que éste a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los siguientes casos que enumera, y en el presente caso se efectuó una construcción en terreno ajeno, esto es, en un bien municipal, sin las autorizaciones municipales correspondientes, hechos reconocidos por el reclamante, de la prueba documental que agregó a la causa.

2.- El Decreto Alcaldicio cuestionado, fue dictaminado en uso de las atribuciones que cuenta el edil, fundado de forma correcta en el Ordinario Nº47 de 3 de marzo de 2016, emanado de la Directora de Obras de la misma Municipalidad, por medio del cual se le pidió aplicar el antes referido artículo 148, y, a mayor abundamiento, fue motivado por lo resuelto en el Informe de la Contraloría General de la República, donde se le ordena a recuperar el aludido bien municipal y conforme a lo prescrito en el artículo 148 Nº1 de la LGUC, ordenar la demolición total, a costa de su propietario. Por Decreto 232 de 12 de junio de 2014, del Ministerio de Educación, se declaró Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, al sector en donde se construyó dicho edificio, en propiedad municipal. Bajo dicho contexto, el artículo 30 de la Ley 17.288, para hacer nuevas construcciones en el sector, obras de reconstrucción o de mera conservación es necesaria la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

 

FALTA DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN – LUCRO CESANTE

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Odontólogos Asociados Limitada c/ Municipalidad de Chillán

Voces: CIVIL – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LUCRO CESANTE – PRESUNCIONES JUDICIALES – SANA CRÍTICA – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Odontólogos Asociados Limitada c/ Municipalidad de Chillán s/ Falta de servicio de la Administración – Lucro cesante
Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Segunda
Producto: Municipalidades – Microjuris

El informe pericial, junto con las restantes pruebas rendidas en el proceso, han permitido al sentenciador construir una presunción judicial en orden a establecer que los perjuicios y daños sufridos por la demandante, han sido consecuencia de la falta de servicio de la Municipalidad recurrida.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación en contra de la sentencia que dio lugar la demanda de falta de servicio e indemnización de perjuicios, en contexto de responsabilidad extracontractual, dirigido contra la Municipalidad recurrida, al decretarse de parte de la Dirección de Obras Municipales respectivas la paralización de las obras de construcción por estimar que éstas se estarían ejecutando fuera de la línea de edificación, circunstancia ésta que origina la apertura de un expediente de invalidación del Certificado de Informaciones Previas y del Permiso de Edificación correspondiente, para posteriormente notificársele que se invalidan de forma total y absoluta tales permisos. La asociación de odontólogos recurrente sostiene que el informe pericial en el cual el juzgador basó la estimación del daño emergente y del lucro cesante, sólo se trata de un cometido que contiene una mera estimación especulativa de cifras contables, referidas fundamentalmente a rentas de arrendamiento no percibidas, y que en ningún caso reviste características de certeza que requiere el daño para ser indemnizado, argumentando a este respecto que el perito se limita a realizar una valoración del lucro cesante generado por la imposibilidad de haber explotado comercialmente la inversión durante el lapso de 22 meses que duró la paralización de las obras.

2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, los Tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de perito de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo cual importa tener en consideración las razones jurídicas, asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigne o se le reste valor, teniendo presente la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las demás pruebas o antecedentes del proceso, de manera que conduzcan a la conclusión que convence al sentenciador. Se advierte que los perjuicios alegados por el actor no han sido establecidos únicamente en base al informe pericial, sino que éste junto con las restantes pruebas rendidas en el proceso, han permitido al sentenciador construir una presunción judicial en orden a establecer que los perjuicios y daños sufridos por la demandante, han sido consecuencia de la falta de servicio asentada, presunción a la que de conformidad con lo prevenido en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, se le da el valor de plena prueba.

3.- Sobre el lucro cesante, se ha dicho que éste corresponde a la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación, o dicho de otro modo, es la ganancia frustrada sobre la base de lo que probablemente habría ganado el acreedor. El Tribunal de la República ha sostenido que el lucro cesante suele ser difícil de acreditar, pues debe tenerse siempre presente que uno de los requisitos para que el daño resulte indemnizable es que éste sea cierto y en la alegación del lucro cesante siempre se impetra una hipótesis de ganancia. Sin embargo, aun cuando lo dicho puede satisfacer las exigencias de seguridad o certeza, ante la lógica y necesaria distinción entre un interés fundado con rigor y las ganancias dudosas e inseguras, cabe señalar que las expectativas de justicia impiden negar, siempre y en todo caso, la indemnización por lucro cesante. Es por ello que la regulación de este tipo de indemnización supone siempre un juicio de probabilidad a fin de arribar a la conclusión de ser presumible una cierta utilidad no obtenida, o como se dijo, frustrada, con una reparación calculada de manera estimativa sobre la base de presunciones.

 

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA

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Bon Fuenzalida, Carla c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – DESPIDO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Partes: Bon Fuenzalida, Carla c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua s/ Funcionario a contrata – Despido discriminatorio
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

La desvinculación de un funcionario público a contrata exige una fundamentación superior al invocar el fin a la necesidad de sus servicios, de otro modo, deviene en un acto ilegal y arbitrario que afecta la garantía fundamental de la igualdad ante la ley.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de la Municipalidad, al no renovar a un funcionario su contrata bajo el justificativo de no ser necesarios sus servicios. Es posible constatar que la real fundamentación que tuvo la Administración para poner fin al vínculo laboral de la recurrente, no fue precisamente la aludida, al ser realmente una sanción con motivo de la denostación que habría dirigido a la autoridad, no argumentando debidamente la causal de fin a la necesidad de los servicios. Los elementos del acto administrativo son cinco, a saber, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, y que puede existir ilegalidad del mismo en relación a cualquiera de ellos; la que en este caso y tal como ya se razonó, se configura respecto de su finalidad, este hecho constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, por ser además arbitrario. Se debe entender entonces que ésta ha sido carente de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, por lo que la recurrente ha sido discriminada arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

2.- De acuerdo con la Ley 19.880 , debe colegirse que es requisito sustancial en la decisión que la autoridad aporte la expresión de su motivo o fundamento concreto, que ha sido exigida como condición de mínima racionalidad, puesto que, a través de tal resolución, se afectan derechos de las personas, de modo que si carece de ellos, se debe colegir que la resolución impugnada es ilegal por contravención a lo dispuesto en el artículo 11 de la normativa antes referida, al carecer de razonabilidad y de fundamentos suficientes. Al ser examinado el acto administrativo que se objeta, debe estudiarse tanto la legalidad como la existencia de los motivos y si bien no es discutible que la Administración cuenta con la habilitación legal para poner término a la contrata, si en el acto no se expresan sus motivos o si éstos son extraños a la razón de fondo que la sustenta o bien, si no guardan coherencia interna sus fundamentos y lo que se dictamina, debe reconocerse la arbitrariedad que lo aqueja, por estar desprovisto de una justificación de hecho o de respaldo normativo, coligiéndose que su único sustento se encuentra en el mero capricho de la autoridad que la adopta.

 

NO RENOVACIÓN DE PATENTE DE ALCOHOLES 

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Lastra Contreras, Nelson c/ Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villarrica

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE DE ALCOHOLES – MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO
Partes: Lastra Contreras, Nelson c/ Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villarrica s/ No renovación de patente de alcoholes
Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco
Sala: Primera
Producto: Municipalidades – Microjuris

La resolución que dispone la orden de no renovar una patente de alcoholes constituye un acto administrativo reglado que debe fundamentarse y ajustarse a las normas de juricidad que rigen a los organismos públicos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de una resolución administrativa dictada por la Municipalidad, por no renovar una patente de alcoholes sin fundamento alguno. El Decreto en el cual se funda dicha decisión es ilegal y arbitraria, al no haberse renovado sin fundamentación la patente al recurrido, en circunstancias que todas las otras patentes fueron aprobadas. Se establece por la autoridad municipal recurrida una diferencia de trato que se presenta carente de justificación razonable y que lesiona claramente la garantía de igualdad ante la ley, que se encuentra expresamente protegida, configurándose todos los presupuestos necesarios para acoger la acción deducida y otorgar la cautela requerida.

2.- El haber omitido esta consulta previa a la Junta de Vecinos y pretendido reemplazarla por un simple escrito al que se califica como denuncia anónima, implica que la facultad que la autoridad recurrida se atribuye para dictar la resolución que se ataca, se ha ejercido al margen de lo que la ley dispone. La ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en su artículo 68 letra ñ) , como una facultad exclusiva del Alcalde otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes, indicando que debe efectuar una consulta a la junta de vecinos. Al mismo tiempo deviene en una falta de fundamentación de lo resuelto, por lo que la resolución que se ataca, debe ser tenida además como arbitraria, por cuanto más que fundada en la ley o la razón, se aprecia como una actuación voluntariosa, que no se sustenta en antecedentes objetivos, que hayan sido debidamente comprobados y sean lo suficientemente serios para fundar adecuadamente dicha decisión.

 

JUEZ DE POLICÍA LOCAL – ASIGNACIONES LEY 20.922

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Podlech Delarze, Alfonso c/ Alcalde de la Municipalidad de Pucón y otros

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – JUEZ DE POLICÍA LOCAL – ASIGNACIÓN POR INCENTIVO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Podlech Delarze, Alfonso c/ Alcalde de la Municipalidad de Pucón y otros s/ Juez de policía local – Asignaciones Ley 20.922
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Los jueces de policía local no pueden acceder a la asignación del artículo 1 de la Ley 20.922, por lo que tampoco les corresponden los beneficios de los artículos 8 y 11 transitorios de la misma ley, dado que estas normas tienen como base que al funcionario le corresponda la asignación del artículo 1.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el juez de policía local, frente a la sentencia de Corte de Apelaciones que negó su recurso de protección contra la municipalidad, la directora de administración y finanzas del municipio y la Contraloría General de la República. Señala que se vulneran sus derechos al no reconocérsele los beneficios de los artículos 8 a) transitorio  y 11 transitorio  de la Ley 20.922, indicando que el dictamen de Contraloría no se ajusta a la ley. Al respecto, los jueces de policía local están excluidos de los beneficios de los artículos 8 a) y 11 transitorios, dado que éstos se establecen en relación al beneficio del artículo 1  de la Ley 20.922, el cual los excluye expresamente de esa asignación.

2.- El dictamen de Contraloría tiene fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la conclusión que los jueces de policía local están excluidos de la asignación del artículo 11 transitorio y por ende del bono del artículo 8 transitorio de la Ley 20.922. En este sentido, el artículo 1 de la Ley 20.922 otorga una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del Decreto Ley 3.551  y por la Ley 18.883, así como a quienes se desempeñan a contrata asimilados a esos grados, cumpliendo los requisitos que dispone el Decreto Ley 479. Indica además que esta asignación profesional no se aplica a los alcaldes ni a los jueces de policía local, es decir, en ningún caso podrán acceder a este beneficio.

3.- El artículo 11 transitorio de la Ley 20.922 otorga a determinados funcionarios una asignación especial de carácter temporal, entre tanto cumplan con los presupuestos para acceder a la asignación profesional establecida en el artículo 1 de la misma ley. Por lo tanto, esta norma temporal no puede ser aplicada a quienes no tienen derecho, en ningún caso, a la asignación que concede, por lo que no están en condiciones que en el futuro se les pueda reconocer. La intención del legislador con la asignación de carácter temporal no fue beneficiar al personal excluido de la aplicación de la norma sobre asignación profesional – mencionando expresamente a los jueces de policía local – sino a incluir a quienes ocupaban cargos de jefatura y directivos, no teniendo título profesional.

 

EMPRESA SANITARIA – DERECHOS MUNICIPALES 

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Ilustre Municipalidad de Concepción c/ Empresa de Servicios Sanitarios S.A.

Voces: CIVIL – JUICIO DE COBRO DE PESOS – MUNICIPALIDADES – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – SERVICIOS SANITARIOS – LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS – PAVIMENTACIÓN – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Partes: Ilustre Municipalidad de Concepción c/ Empresa de Servicios Sanitarios S.A. s/ Empresa sanitaria – Derechos municipales
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Los trabajos realizados por la empresa recurrida corresponden a reparaciones de la infraestructura sanitaria, actividad que no se encuentra exenta del pago de derechos municipales, conforme al artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo respecto a la sentencia que deniega la demanda de cobro de pesos contra la empresa recurrida, por concepto de derechos municipales derivados de la rotura y reposición de pavimentos y ocupación de la vía pública. La Municipalidad recurrida fundamenta su recurso en la infracción a los artículos 40 y 41 de la Ley de Rentas Municipales, en relación al artículo 118 de la Constitución; artículos 1 , 4 y 5 letras c) y e) de la Ley 18.695; artículos 9 y 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios; y al artículo 358 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil. Los trabajos realizados por la empresa recurrida corresponden a reparaciones de la infraestructura sanitaria, actividad que no se encuentra exenta del pago de derechos municipales, conforme al artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios.

2.- El uso racional de los bienes nacionales de uso público, como también la administración de los mismos, impone a las municipalidades la obligación de preocuparse por las condiciones en que se encuentran, llegando a responder civilmente de la adecuada señalización de aquellas que puedan configurar riesgos para la población. Al municipio no le es indiferente -y le ocasiona costos directos- la supervigilancia tanto de la instalación de faenas, como de la calidad y condiciones en que se entregaron los bienes de uso público al concluir las obras. La gratuidad establecida en los artículos 9 y 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios constituye una excepción a la regla general contemplada en los artículos 40 y 41 de la Ley de Rentas Municipales, las cuales establecen la obligación de pagar los correspondientes derechos municipales a quienes hayan obtenido una concesión de la municipalidad. De no existir los artículos 9 y 9 bis no habría gratuidad por la utilización de bienes nacionales de uso público, respecto a la instalación de infraestructura por parte de las empresas que explotan servicios públicos relacionados con el agua potable y alcantarillado, como ocurre con la empresa demandada.

3.- En este caso no se configura una exención al pago de los derechos municipales, por lo cual la municipalidad puede cobrar a la empresa los derechos por ocupación de la vía pública, en conformidad a los artículos 40 y 41 de la Ley de Rentas Municipales. En efecto, estas normas deben relacionarse con el artículo 118 de la Constitución, el cual establece que la administración local de cada comuna reside en una municipalidad, determinando la ley sus funciones y atribuciones. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega la administración de los bienes nacionales de uso público a cada municipio, dotando a éstas con la facultad de cobrar por los permisos que otorguen. Cabe agregar que el artículo 42 de la Ley de Rentas Municipales establece que las municipalidades podrán determinar -mediante ordenanzas- las tasas de servicios, concesiones o permisos que no estén fijadas por ley.

4.- La excepción al pago de derechos municipales que establece el artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios debe interpretarse restrictivamente. Esta excepción tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, como también a recolectar y disponer de las aguas servidas. La interpretación restrictiva permite concluir que ésta sólo comprende la instalación de infraestructura sanitaria, la cual se desarrolla en los inicios o en el establecimiento de las redes de agua potable y aguas servidas, sin que pueda extenderse a las labores de mantenimiento y reparación, puesto que dichas faenas se pueden efectuar sin limitar las oportunidades en que se instalan obras con tal propósito, como además su desarrollo puede extenderse por tiempos prolongados, afectando la naturaleza y finalidad de los bienes nacionales de uso público.

 

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 4

 CORPORACION MUNICIPAL –  TRIBUNAL DE CUENTAS

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Dictamen N° 16073, año 2017
Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO
Partes: Dictamen N° 16073, año 2017 s/ Ley Nº 18695 – Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Tribunal: Contraloría General de la República

Producto: Municipalidades – Dictamenes

Doctrina:
1.- El órgano contralor reconsidera los pronunciamientos N°s. 28.250, de 2009 y 88.840 bis, de 2016, concluyendo que resulta procedente la interposición de reparos ante el Tribunal de Cuentas en contra de las personas que administran o tengan a cargo recursos públicos en las corporaciones municipales señaladas, por aplicación de lo prescrito por el artículo 136 de la ley N° 18.695.

 

INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS 

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Cea Espinoza, Alvaro y otros c/ Ilustre Municipalidad de Lumaco

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS A CONTRATA – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO

Partes: Cea Espinoza, Alvaro y otros c/ Ilustre Municipalidad de Lumaco s/ Renovación funcionario a contrata – Invalidación del acto administrativo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

El decreto alcaldicio recurrido fue un acto invalidatorio de una decisión administrativa anterior, por lo que debe cumplir las exigencias específicas de la invalidación administrativa, como también los requisitos generales de fundamentación del acto administrativo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de la resolución del alcalde de invalidar una resolución previa que había renovado la contrata solicitada por los recurrentes. El decreto alcaldicio fue un acto administrativo invalidatorio de una decisión anterior, el cual debe cumplir las exigencias específicas de la institución, además los requisitos generales de fundamentación del acto administrativo. Consideran vulnerados a su derecho de no ser juzgados por comisiones especiales y el derecho de propiedad, previstos respectivamente en el artículo 19 N° 3 inciso tercero y N° 24 de la Constitución. Al incumplirse estas condiciones, el decreto alcaldicio recurrido atenta contra la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución, ya que les privó de forma arbitraria del derecho a permanecer en su cargo.

2.- Independientemente de la terminología utilizada en el decreto que se impugna en esta acción constitucional, lo que se ha hecho materialmente es invalidar la resolución del alcalde que renovaba las contratas de los recurrentes. De esta manera, cabe analizar si el acto administrativo cumplió con los requisitos del artículo 53 de la Ley 18.880, el cual exige: a) Que el acto de que se trate de invalidar sea contrario a derecho; b) Que exista audiencia del interesado de manera previa a la invalidación; y c) Que el ejercicio de esta facultad sea dentro de 2 años contados desde la notificación o publicación del acto. Es claro que en este caso no concurren las dos primeras exigencias que contempla la norma.

3.- Tampoco el decreto que se impugna tiene fundamentación. El actuar del alcalde se encuentra sujeto a la Ley 19.880, debiendo considerar para este caso lo señalado en el artículo 16 de esta ley, el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. Asimismo, el artículo 11 de la Ley 19.880 indica que la motivación debe constar en el mismo acto administrativo. Por último, cabe señalar que el artículo 41 de la misma ley determina que las resoluciones de la administración contendrán una decisión fundada. En definitiva, es un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento, pues su omisión significa quebrantar una condición mínima de racionalidad frente a decisiones que pueden afectar derechos de las personas.

ADJUDICACION DE LICITACION – TERMINO ANTICIPADO

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Solución y Mantención M.R. Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Talagante

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – COMISIONES ESPECIALES – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – RESOLUCIÓN ANTICIPADA – INSOLVENCIA – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Solución y Mantención M.R. Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Talagante s/ Término anticipado del contrato – Carácter indubitado del derecho

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad estaba facultada para poner término anticipado al contrato de mantención de aseo con la empresa, por tanto, no existe un derecho de carácter indubitado que merezca cautela mediante la vía de protección.
Tribunal Materia Relacionados

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra una Municipalidad por poner término anticipado al contrato de mantención de aseo con la recurrente. Esto, dado que la facultad de poner término anticipado a los contratos de mantención de aseo en el área municipal y de salud, estaba expresamente contemplada (bajo ciertas causales) y además, el pago de los servicios quedaba supeditado a una serie de exigencias previas, incumpidas.

2.- Tanto el contrato como las Bases de Licitación son temporales, tienen fecha de término, de cual tuvo conocimiento y fue aceptado por el oferente y recurrente tanto al postular a la licitación como al momento de firmar el contrato de prestación de servicios de aseo, por cuya razón no es posible afirmar que la empresa recurrente tenga un derecho indubitado sobre lo que denomina la propiedad de los derechos que emanan del contrato, tanto la continuidad del contrato como el pago de los servicios estaban sometidos a condiciones que no permiten confirmar las aseveraciones vertidas en el recurso.

3.- Del mérito de los antecedentes agregados, no aparece que el municipio haya actuado como una comisión especial al sancionar el término anticipado de los contratos celebrados con la Empresa antes individualizada ni que haya afectado en la forma descrita en el artículo 20 de la Constitución Política el derecho de propiedad respecto de los derechos que emanan de un contrato vigente. En definitiva, no concurriendo en la especie las condiciones para que el recurso deducido a fojas 25 prospere, por no aparecer que la recurrente haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías y derechos por ella invocados, como tampoco la efectiva existencia de un acto ilegal o arbitrario, teniendo para ello presente las razones expuestas en los considerandos anteriores, será desestimado el deducido.

ACCION DE REPETICION – PRESCRIPCION

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Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial c/ Honoré Fuentealba Huircan
Voces: CIVIL – ACCIÓN DE REPETICIÓN – MUNICIPALIDADES – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – ACOSO SEXUAL – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial c/ Honoré Fuentealba Huircan s/ Acción de repetición – Prescripción
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Microjuris
La acción de repetición sí fue incoada dentro de plazo, cuestión que determina el rechazo del arbitrio.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el demandado, contra la sentencia que acogió la acción de repetición. Esto, debido a que, la prescripción tiene como objetivo principal el otorgar certeza y seguridad a las relaciones jurídicas que ligan a los sujetos de derecho y la debida tutela o protección de los mismos. En específico, la prescripción extintiva o liberatoria, permite dar estabilidad a los derechos, otorgando seguridad jurídica, constituyéndose en un castigo para el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley. Se trata de una institución universal, puesto que cuando la ley estima que determinada relación jurídica amerita no extinguirse a través de la prescripción liberatoria, lo señala expresamente, como en la acción de reclamación de estado civil, la acción de partición, etc. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 2514 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido, agregando el inciso segundo del mismo artículo que dicho tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible. Por otro lado el artículo 2515 del texto legal citado, dispone que ese tiempo es de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. En la especie, la acción de repetición consagrada en el inciso segundo del artículo 152 de la Ley N° 18.695, similar a la establecida en el artículo 42 de la Ley N° 18.575, es una acción específica y autónoma consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, sin que se contemple un plazo especial de prescripción, razón por la que es aplicable el término previsto en el artículo 2515 de Código Civil, que constituye la regla general dispuesta a propósito de la prescripción de acciones, norma que dispone como plazo el de cinco años contados desde que la obligación se hizo exigible.

2.- Cabe desechar el arbitrio en estudio, en cuanto se cimenta sobre la base de aplicar el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 2332 del Código Civil para las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual, puesto que los jueces del grado han realizado una correcta aplicación de la ley al aplicar el artículo 2515 del texto legal antes citado. Asimismo, acertadamente han computado el plazo de prescripción, a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, esto es desde que la Municipalidad pagó efectivamente las sumas cuya repetición se pretende.

3.- La sentencia censurada no ha incurrido en los yerros que se le imputan, pues acertadamente ha desestimado la excepción de prescripción en atención a que entre la fecha del pago efectuado por la Municipalidad de Nueva Imperial, ordenado en la causa Rol N° 15.321 del Primer Juzgado de Letras de Nueva Imperial, a título de indemnización de perjuicios, el 15 de junio de 2009 y la fecha de notificación de la demanda el 12 de agosto de 2013, no transcurrió el plazo de 5 años previsto en el artículo 2515 del Código Civil, razón por la que la acción de repetición sí fue incoada dentro de plazo, cuestión que determina el rechazo del arbitrio en estudio.

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA

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Selman c/ Municipalidad de Cerro Navia

Voces: LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Selman c/ Municipalidad de Cerro Navia s/ Carácter declarativo de la sentencia – Nulidad del despido

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Laboral

Procede aplicar la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, cuando la sentencia declara la existencia de relación laboral, toda vez que su naturaleza es declarativa y no constitutiva de derechos.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia que determinó que no era aplicable la sanción de nulidad del despido cuando se declaraba la existencia de relación laboral. Esto, dado que por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que se reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante un lapso determinado, y que por tanto, provocó los efectos que el legislador prevé, siéndole exigibles y aplicables todas las obligaciones que el derecho laboral contempla y consecuencialmente, todas y cada una de las sanciones estipuladas por su incumplimiento, entre ellas, la del artículo 162 del Código del Trabajo, aspecto en que el fallo de base, es también de naturaleza condenatoria.

2.- Yerran los sentenciadores al concluir que no es aplicable la sanción de la nulidad del despido porque la relación laboral fue discutida, reconocida y declarada en la sentencia de base, pues, como ya se dijo, acreditado el presupuesto fáctico de la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde su aplicación, desde que fluye de los hechos establecidos en el fallo de instancia, que la empleadora no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° de dicha norma, puesto que se acreditó, conforme consigna su motivo cuadragésimo segundo, que no enteró las cotizaciones pertinentes del trabajador, no eximiéndola de dicha carga, el hecho de no haber tampoco retenido.

ESTATUTO DOCENTE – COMPUTO DE JORNADA

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Corporación Municipal de Punta Arenas c/ Inspección del Trabajo

Voces: LABORAL – MULTA LABORAL – RECLAMACIÓN JUDICIAL – ESTATUTO DOCENTE – SANA CRÍTICA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Corporación Municipal de Punta Arenas c/ Inspección del Trabajo s/ Titularidad docente

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Laboral
Se rechaza el recurso de nulidad por vulneración a las reglas de la sana crítica.

Doctrina:
1.- Se debe rechazar el recurso de nulidad interpuesto por una Corporación Municipal en contra de la sentencia que no dio lugar a la reclamación judicial por aplicación de multa, fundada en infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme y a las reglas de la sana crítica; toda vez que el juez acertadamente valoró como procedente la imposición de multa por no otorgar la recurrente la titularidad docente a una profesora que tenía en total una jornada laboral de 32 horas semanales de las cuales 2 solamente tendrían relación con actividades ajenas a la docencia en aula.

2.- La recurrente pretende que se haga una nueva calificación de la prueba aportada, para que se concluya que 6 horas de la jornada de la profesora, destinadas al uso de softwares y reparación de computadores, no deben considerarse como docencia de aula ni actividades curriculares lectivas y no lectivas, cosa que no corresponde analizar a la Corte conociendo de este recurso.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES – NO RENOVACION CONTRATA

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Huenchuñir Cariñe, Miguel c/ Ilustre Municipalidad de Galvarino

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Huenchuñir Cariñe, Miguel c/ Ilustre Municipalidad de Galvarino s/ Carácter formal del acto administrativo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Una carta de la autoridad municipal no constituye un acto administrativo apto para renovar la contrata del recurrente, por tanto, su no renovación se encuentra ajustada a los requisitos de fundamentación y juricidad que impone la Ley 19.880.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la resolución municipal que pone término a la contrata del funcionario público recurrente. La designación a contrata que beneficiaba al recurrente durante el año 2016 ha terminado el 31 de diciembre, por el solo ministerio de la ley. Es decir, ha operado la circunstancia prevista por el legislador para que esa designación expire, no correspondiendo en esta sede hacer declaraciones que alteren o interpreten el contenido de ese decreto, teniendo presente para ello que la carta no surtió los efectos que pretende el recurrente. Del tenor del Decreto Alcaldicio impugnado, se desprende que el mismo se encuentra suficientemente fundado y motivado en cuanto a las razones para no renovar la contrata, las que además han resultado ser efectivas de conformidad a lo informado por el Municipio recurrido pues se ha reestructurado el trabajo interno del municipio, tal como se expresó en el acto administrativo cuya invalidación se pide.

2.- El recurrente prestó servicios para la recurrida como empleado a contrata conforme lo autoriza la letra f) del artículo 7° de la Ley 18.883 que corresponde al Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales y, por disposición expresa contenida en el inciso 3° del artículo 2° del mismo cuerpo legal, los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. El instrumento como la Carta emitida por el alcalde representa a lo más, un acto trámite o intermedio que tiene por finalidad preparar el camino para una posterior, formal y sólo eventual expresión de voluntad, y esta conclusión no se ve alterada por el mandato contenido en el inciso sexto del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, en cuanto previene que también constituyen actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias, pues resulta indesmentible que la motivación o fundamento que extraña el recurrente en el Decreto impugnado, tampoco concurre en esta carta en la que basa su alegación de fondo.

URBANISMO – INHABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

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Oyaneder Sotelo, Marcos y otros c/ Ilustre Municipalidad de Paine

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – DESALOJO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Oyaneder Sotelo, Marcos y otros c/ Ilustre Municipalidad de Paine s/ Loteo irregular – Permiso de edificación

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad ha actuado dentro de las competencias que le otorga la ley, dado que los recurrentes no tienen los permisos de edificación correspondientes. De este modo, procede el desalojo decretado por el alcalde.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por los recurrentes, contra el decreto alcaldicio N° 4088 de noviembre de 2016, el cual declaró la inhabilidad de las construcciones ubicadas en la parcela de los recurridos, disponiendo la orden de desalojo respectiva. Estiman vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 3 incisos cuarto y quinto, y 24 la Constitución. Al respecto, los recurrentes reconocen ser dueños sólo de derechos respecto a un inmueble de mayor cabida, admitiendo haber realizado construcciones con fines habitacionales, omitiendo toda referencia a la obtención previa de los permisos de edificación y a los de recepción final que deben ser otorgados por la Dirección de Obras Municipales respectiva. Indican que adquirieron el predio el 5 de diciembre del año 2016, fecha que en la mayoría de los casos es distinta a la que señalan las escrituras acompañadas; además, todos afirman que llegaron a vivir ahí en enero de 2017, pese a que las fechas de entrega del inmueble corresponden a otras.

2.- El artículo 116 de la Ley General de Urbanismo establece que «la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario»; agregándose en el artículo 145 que «ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total». La infracción a estas normas se sanciona -sin perjuicio de las respectivas multas- con la inhabilidad de la obra hasta que se obtenga su recepción, como además con el desalojo de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública, el cual será decretado por el Alcalde a petición del Director de obras Municipales. En virtud de lo anterior, la Municipalidad ha actuado dentro de las competencias que le otorga la ley, por lo que su conducta no puede ser calificada como ilegal o arbitraria.

3.- Ha sido comprobado por la información dada por la Municipalidad que los permisos de edificación y recepción de obra no existen. Más aún, éstos no podrían haber sido obtenidos en ningún caso, dado que la parcela de los recurrentes se encuentra emplazada en una zona que tiene asignada calidad silvoagropecuaria de acuerdo al plan regulador, estando prohibida la subdivisión predial por una superficie inferior a los 40.000 metros cuadrados, como es el terreno en el cual edificaron los recurrentes.

4.- El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción dispone que «fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado». Dado que no se cumplen estas condiciones, aparentemente se habría realizado un loteo irregular, lo que ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, según informó la Municipalidad.

URBANISMO – DEMOLICION ZONA DE CONSERVACION HISTORICA

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Dictamen N° 17766, año 2017

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO

Partes: Dictamen N° 17766, año 2017. s/

Tribunal: Contraloría General de la República

Producto: Municipalidades – Dictamenes

Doctrina:
1.- La Contraloría General de la República (CGR), observa que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago al emitir su opinión favorable acerca de la demolición de una galería ubicada en la Zona de Conservación Histórica, toda vez que al formular su parecer tuvo como sustento el informe elaborado por el arquitecto responsable del proyecto, el que no contenía referencia alguna a razones de seguridad o de fuerza mayor para proceder a esa demolición.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 3

SUMARIO ADMINISTRATIVO

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Ilustre Municipalidad de Antofagasta c/ Contraloría Regional de Antofagasta

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DEBIDO PROCESO – MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS – INVESTIGACIÓN SUMARIA – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Ilustre Municipalidad de Antofagasta c/ Contraloría Regional de Antofagasta s/ Investigación administrativa – Órganos de control administrativo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta

Sala: Primera

Producto: Microjuris

El pre informe de la Contraloría Regional constituye una investigación en que no hay un procedimiento viciado que pueda afectar a la validez del acto administrativo cuestionado, en cuanto se ha cumplido con las propias instrucciones del servicio.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra del pre informe emanado de Contraloría Regional, que da cuenta del mal uso de fondos públicos para la satisfacción de los fines particulares, en donde se detectó una irregularidad en la contratación de asesorías comunicacionales en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, donde el contratado es cónyuge de la hermana de la edil de dicha ciudad. Tratándose de actos administrativos, las decisiones escritas adoptadas por la administración, se enmarcan dentro de lo ordenado por el legislador y especialmente de las instrucciones entregadas por la propia Contraloría, por lo que desde ese punto de vista no es posible advertir que se trata de un acto arbitrario y menos ilegal. No debe olvidarse que se trata de un trámite previo a la resolución final, en donde los interesados pueden alegar defectos de tramitación que a la vez han podido subsanarse ante la resolución. Lo esencial es que los interesados han tenido conocimiento de los elementos esenciales respecto de los cuales deben pronunciarse para hacer las alegaciones correspondientes, sin perjuicio de las impugnaciones que procedan respecto de la resolución final.

2.- Conforme al artículo 13   de la Ley 19.880, los procedimientos deben desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables, para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios particulares. En esta investigación no hay un procedimiento viciado que pueda afectar a la validez del acto administrativo cuestionado, en cuanto se ha cumplido con las propias instrucciones del servicio. El inciso 1° del artículo 24   de la ley 10.336 establece la facultad del Contralor General para constituir dependencias de en las zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar y hacer más eficaz el control que la ley le encomienda, fijando por resolución la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus atribuciones y el personal de este organismo que las atenderá dentro de la competencia general de la Contraloría. Dentro de tales atribuciones se incluyen la realización de control externo respecto de los servicios, entidades y personas sometidos a la fiscalización de la Contraloría General dentro de la región, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y el resguardo del patrimonio público, y efectuar las inspecciones y auditorías dispuestas por el Contralor Regional, ya sea de oficio o a petición de autoridades, jefes de servicios funcionarios o particulares.

FERROCARRILES – DAÑO AMBIENTAL 

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Ilustre Municipalidad de Freire c/ Empresa de Ferrocarriles del Estado

Voces: CIVIL – AMBIENTAL – RECURSO DE APELACIÓN – DAÑO AMBIENTAL – RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE – PRECLUSIÓN – MUNICIPALIDADES – FERROCARRILES – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Ilustre Municipalidad de Freire c/ Empresa de Ferrocarriles del Estado s/ Preclusión de acción por daño ambiental – Tercerías
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala: Segunda
Producto: Municipalidades – Microjuris

En caso de demandar por daños medioambientales, únicamente actúa como legitimario activo el primer demandante, o la persona quien presenta en primer lugar la demanda, pudiendo actuar los restantes como terceros coadyuvantes.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación en contra de la sentencia del tribunal medioambiental, en donde no dio lugar a la demanda de daño ambiental intentada por la Municipalidad recurrente, contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado, con ocasión del desplome del puente ferroviario sobre el río Toltén y la caída a su lecho de vagones de carga, que contenían materiales químicos, altamente dañinos para el medioambiente. Su posibilidad de demandar se encontraba efectivamente impedida debido a la presentación de demanda sobre los mismos daños ambientales realizada previamente por otra Municipalidad afectada, aun cuando existiera deber del tribunal de ordenar complementar dicha demanda de acuerdo a lo establecido en la ley de Tribunales Ambientales. Debido a que la interposición de una demanda por daño ambiental hace precluir el derecho de interponer demanda por otro sujeto afectado, debiendo este último limitarse a intervenir como tercero en la causa ya iniciada, procede no dar lugar a la interposición de la demanda intentada.

2.- El artículo 33 inciso primero de la Ley de Tribunales Ambientales regula el inicio del procedimiento ambiental, pudiendo iniciarse a través de una demanda o por medida prejudicial. En la demanda sólo se podrá pedir la declaración de haberse producido daño ambiental por culpa o dolo del demandado y la condena de éste a repararlo materialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N.º 19.300. En conjunto con dicha norma, el artículo 54 de la ley N.º 19.300 establece que son titulares de la acción ambiental, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para los efectos del artículo 23 (REF.LEG2529.23) del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio. La orden de complementar la demanda por ausencia de requisitos para su admisibilidad de acuerdo a la ley de Tribunales Ambientales debe entenderse como una de convalidación o subsanación del acto jurídico procesal de interposición de la demanda, por lo cual una vez subsanados los errores el acto se valida retroactivamente, entendiéndose por interpuesta desde el primer momento.

 

ESTATUTO DOCENTE – BONIFICACIÓN 

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Manzo Vergara y otros c/ Ilustre Municipalidad de Panquehue

Voces: LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Manzo Vergara y otros c/ Ilustre Municipalidad de Panquehue s/ Pago de bono proporcional – Normas de prescripción común

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Laboral

Al haber resuelto el tribunal a quo que el plazo de prescripción se rige por el Código Civil y no por las normas del Código del Trabajo, incurrió un error de derecho que tiene influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a que se condenara a la demandada a pagar prestaciones prescritas.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad en contra de la sentencia que obligó al establecimiento educacional al pago de prestaciones prescritas, en virtud de las normas de prescripción del Código Civil  . Como el Estatuto Docente   no contempla normas de prescripción resulta aplicable el artículo 510   del Código del Trabajo, que, para el caso y tratándose de personas que prestan en la actualidad labores para la recurrente, en su inciso primero, contempla un plazo de prescripción de dos años para los derechos de los trabajadores. Al haber resuelto el tribunal a quo que el plazo de prescripción se rige por el Código Civil y no por las normas del Código del Trabajo, incurrió un error de derecho que tiene influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a que se condenara a la demandada a pagar prestaciones prescritas.

2.- El tribunal del grado, al acoger la demanda ordenando a la Ilustre Municipalidad de Panquehue a pagar a los actores las diferencias adeudadas por concepto de aumento de bonificación proporcional dispuesta por la Ley N°19.933  , infringió los artículos 1°   y 9°   de la Ley citada; 8°   a 10°  de la Ley N°19.410; y 63   a 65   de la Ley 19.070. Explica que la modificación que hizo la Ley N°19.933 al artículo 8° de la Ley N°19.410, sustituyendo el cálculo de la bonificación proporcional, sólo es aplicable a los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado y no a los actores. La bonificación aquí comentada, beneficia a los docentes del sector municipal, como son los demandantes.

 

EDUCACION – SANCION ADMINISTRATIVA 

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Ilustre Municipalidad de Chépica c/ Superintendencia de Educación Escolar

Voces: ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – MUNICIPALIDADES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Partes: Ilustre Municipalidad de Chépica c/ Superintendencia de Educación Escolar s/ Procedimiento sancionatorio – Superintendencia de Educación
Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Primera
Producto: Municipalidades – Microjuris

La resolución cuestionada no se ajustó al procedimiento correspondiente, desde que junto con instruir un procedimiento sancionador y designar fiscal instructor, formuló directamente el cargo materia de la investigación, en circunstancias que es función del fiscal la formulación de los cargos administrativos en los procesos sancionadores por infracciones a la normativa educacional.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de reclamación en contra de la resolución dictada por la Superintendencia de Educación, que decretó la multa contra la Municipalidad reclamante. El Encargado Regional de Fiscalización de la Superintendencia de Educación Escolar, al emitir Resolución Exenta, no se ajustó al procedimiento reglado en la Ley N° 20.529 , desde que junto con instruir un procedimiento sancionador y designar fiscal instructor, formuló directamente el cargo materia de la investigación. Tal atribución infringió el artículo 66   de la citada Ley N° 20.529 que preceptúa en cuanto a este procedimiento administrativo, es el fiscal es el encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento. El artículo 67   de la misma norma, sólo permite la instrucción de sumario y a la vez la formulación de cargos al Director Regional, cuando la investigación administrativa se incoe por denuncia del Ministerio de Educación o de la Agencia, lo que no ocurrió en la especie.
2.- Corresponde al Director Regional sobreseer o aplicar las sanciones pertinentes, por lo que no ha podido ser esa misma autoridad la que haya formulado las imputaciones a las personas o entidades requeridas. Al obrar de esa manera, se genera un vicio que recae en un trámite o diligencia esencial del proceso. Lo recién expuesto no se contrapone al principio de no formalización que rige los procedimientos administrativos y que está consagrado en el artículo 13   de la Ley N° 19.880, sino que, por el contrario, guarda concordancia con lo prescrito en esa norma. En efecto, los vicios de procedimiento excepcionalmente afectarán la validez del acto administrativo cuando recaigan en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y generen perjuicio al interesado.

 

TUTELA DE DERECHOS – ACOSO LABORAL

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Polania c/ Corporación Municipal de San Fernando
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – LEY – TRATADOS INTERNACIONALES – CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE MUTUO RECONOCIMIENTO DE EXÁMENES Y TÍTULOS PROFESIONALES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Polania c/ Corporación Municipal de San Fernando s/ EUNACOM – Conflicto entre normas de distinto rango

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris
La acción de protección, por su carácter cautelar, no es el recurso idóneo para resolver un conflicto entre normas de distinto rango, a saber, entre una ley y un tratado internacional, el cual corresponde ser resuelto en un juicio de lato conocimiento.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la decisión de la Corporación Municipal recurrida, en donde se establece como término de su contrato a plazo fijo una fecha relacionada con la exigencia de rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) establecido en la Ley 20.261 . Señala que su título de médico se encuentra amparado por un tratado internacional entre Colombia y Chile, el cual reconoce la validez de los certificados de estudios obtenidos en cualquiera de ambos países; considerando vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Al respecto, en este caso nos encontraríamos ante una aparente colisión de normas entre una ley y un tratado internacional. Dilucidar cuál de ellas tendría preeminencia escapa a la naturaleza y fines del recurso de protección deducido. No resulta la vía idónea para declarar un derecho, cuestión propia de un juicio de lato conocimiento que no puede ser suplido por la presente acción, lo que lleva al necesario rechazo de la misma.
2.- La Convención sobre el ejercicio de profesiones liberales -suscrita entre Chile y Colombia en el año 1921- establece que los certificados de estudios secundarios, preparatorios o superiores expedidos a los nacionales por establecimientos oficiales de enseñanza, en cualquiera de los dos países, producirán en el otro los mismos efectos que le reconocen las leyes de donde provienen. La Ley 20.261 estableció como requisito -para los médicos extranjeros que quieran ejercer en la atención de salud pública- la rendición y aprobación del EUNACOM, requisito que no ha sido cumplido por el recurrente al no haber rendido la prueba. Aun en caso de estimarse que la acción de protección fuera procedente, hay que recalcar que no nos encontramos ante un actuar ilegal o arbitrario de los recurridos -únicas hipótesis que habilitan la cautela impetrada por el recurrente- pues ambos se han limitado a aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 20.261, por lo que en las decisiones adoptadas no se aprecian los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que sirven de presupuesto a la acción de protección.

LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO

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Muñoz c/ Ilustre Municipalidad de Angol

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DAÑO MORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Muñoz c/ Ilustre Municipalidad de Angol s/ Fundamentos de la sentencia – Trabajadores municipales
Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco
Sala: Sexta
Producto: Laboral
La sentencia impugnada no emitió pronunciamiento alguno sobre las prestaciones demandadas, por tanto, dicha omisión influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad en contra de la sentencia que no dio lugar a la demanda de despido injustificado, interpuesta por el trabajador recurrente, en donde no se emite pronunciamiento alguno sobre las prestaciones demandadas. En ninguno de los considerandos de la sentencia recurrida se efectúa razonamiento alguno en relación a las prestaciones demandadas, de modo que resulta manifiesto que el sentenciador omitió pronunciamiento sobre aquellas, omisión que influye sustancialmente en lo dispositivo el fallo, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 459 Nº 6 , del Código del Trabajo configurándose consecuencialmente la causal de la letra e) del artículo 478 del mencionado cuerpo legal, por lo que el recurso de nulidad interpuesto por esta causal subsidiaria necesariamente deberá ser acogido.
2.- Sobre la causal invocada en el presente recurso en forma subsidiaria, esto es, la prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, el recurrente ha señalado que la sentencia no ha cumplido con el requisito previsto en el Nº 6 del artículo 459 de dicho cuerpo legal por no haber emitido pronunciamiento sobre la procedencia y monto de las indemnizaciones aunque hubiese desestimado las demandas de autos, por ser un derecho expresamente reconocido por el artículo 73 del Código del Trabajo cuando el contrato de trabajo termina por cualquier causa, por lo que ha dejado de resolver una de las cuestiones sometidas a su decisión, incurriendo de ese modo en la referida causal de nulidad. Tal disposición exige al tribunal en lo pertinente que la sentencia deba contener la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, disposición que exige que el tribunal emita pronunciamiento respecto de todas las cuestiones que fueron sometidas a su consideración. En ninguno de sus considerandos efectúa razonamiento alguno en relación a las prestaciones demandadas ya referidas.

 

LABORAL – ESTATUTO DOCENTE

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Roco c/ Corporación Municipal de Desarrollo de Til Til

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – NULIDAD DE OFICIO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Décima

Producto: Municipalidades – Laboral

Corresponde anular de oficio la sentencia impugnada, pues pese a declararse incompetente para conocer de la acción de la trabajadora, se pronunció sobre la indemnización solicitada por despido injustificado, declarándola improcedente.

Doctrina:
1.- Corresponde anular de oficio la sentencia que acogió una excepción de incompetencia contra la trabajadora, pronunciándose indebidamente sobre la indemnización que solicitó por despido injustificado. Esto, dado que, en cuanto por una parte el tribunal razona y declara su incompetencia para conocer la acción de despido injustificado y las prestaciones que son su consecuencia y, por la otra, se pronuncia sobre el fondo del asunto, significa que se vierten reflexiones que resultan del todo inconciliables y contradictorias, en términos que al sostenerse ambas hipótesis al mismo tiempo, se anulan dejando al fallo desprovisto de fundamentación, configurándose -entonces- el motivo de nulidad que prevé el literal e) del artículo 478 del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 N° 4 del mismo cuerpo legal. Configurado el vicio de nulidad antes referido, corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, en orden a acoger el recurso por un motivo distinto del invocado, por corresponder a uno de los previstos en el artículo 478 del Cuerpo legal citado.

2.- No obstante que el tribunal se declaró incompetente para conocer de la acción de despido injustificado, que de manera subsidiaria a la tutela laboral la demandante ejerció, se pronunció igualmente sobre la indemnización demandada, estimándola improcedente ya que el término de la relación laboral no derivó de alguna de las causales del artículo 161 .

3.- El tenor del recurso presentado es confuso, porque dice asilarse en la causal de infracción de ley, pero no sindica debidamente el error de derecho que denuncia -que pareciera tener relación con la competencia del tribunal-, pero enseguida menciona como norma infringida una supuesta vulneración a la garantía del artículo 19 N° 16 del Código del Trabajo, acusando discriminación por parte del tribunal al negarse a resolver. Lo expuesto evidencia una defectuosa proposición de la causal que se esgrime, que supone precisar cuál o cuáles de entre normas que sirven de sustento a la decisión aparece infringida en el fallo y la forma en que ello acontece, exigencia incumplida en autos, y que basta para desestimar la configuración de la causal invocada.

TUTELA DE DERECHOS – ACOSO LABORAL

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Ceballos c/ Ilustre Municipalidad de Concepción

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – IGUALDAD ANTE LA LEY – ACOSO LABORAL – DISCRIMINACIÓN LABORAL – DAÑO MORAL – INDICIOS – RECHAZO DE LA DEMANDA

Partes: Ceballos c/ Ilustre Municipalidad de Concepción s/ Prueba indiciaria – Acoso laboral

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción

Producto: Municipalidades – Laboral

La discriminación y el acoso laboral alegado por la trabajadora no fueron acreditados mediante indicios suficientes que permitieran crear una sospecha de su procedencia, rechazando su demanda de tutela de derechos fundamentales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales por no haber presentado la trabajadora denunciante indicios suficientes que den cuenta de la discriminación y acoso laboral que alega, dentro de sus labores como funcionaria en distintas dependencias educacionales dependientes de la municipalidad recurrida. Si bien es correcto que las relaciones con el Director de la institución educativa son hostiles, no se logra configurar los elementos que conforman la hipótesis de acoso laboral. Los testigos presentados por la reclamante no fueron contestes con las denuncias aseveradas por ella en la demanda. Las licencias médicas presentadas por la actora – relacionadas a enfermedad psiquiátrica – no tienen relación directa con los tratos con su jefe, por lo que no puede configurarse el estándar mínimo requerido para probar la vulneración a sus derechos fundamentales.

2.- Los actos de acoso laboral, requieren para ser considerados como tales, que las conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo de dichos afectados. La vulneración al derecho fundamental de la integridad psíquica de la persona, aparece en aquellos casos en que la actuación del empleador es de tal envergadura que llega a generar en el afectado una alteración emocional. Sin embargo, cabe considerar que la vida somete a las personas a diversas vicisitudes que generan un impacto de diversa entidad en cada persona pero la Constitución Política de la República no protege contra toda situación que pueda provocar preocupación, tristeza, frustración u otro tipo de alteración emocional. Lo que se resguarda es la integridad síquica, y ello se concreta en la prohibición de pretender ejercer el control de la psiquis del individuo, la presión que altera el equilibrio espiritual y la prohibición de generar una perturbación grave de la estabilidad emocional del individuo.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 2

 

URBANISMO – PERMISO DE EDIFICACION

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Yolanda Haydee Gonzalez c/ Ilustre Municipalidad de Caldera s/ Permiso de edificación – Restobar

Voces: AMPARO ECONÓMICO – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – PERMISO DE EDIFICACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La exigencia de permiso de edificación planteada por la autoridad no puede ser calificada de ilegal ni de arbitraria, puesto que se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que no da lugar al recurso de amparo económico dirigido en contra de la Municipalidad recurrida, por exigirle un permiso de edificación a la empresaria recurrente, para su restaurante. Según el artículo 2.1.17  de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones surge que es aplicable a la actora la exigencia de obtener un permiso de edificación, ésta debe acompañar a la presentación en que solicite dicho permiso, un estudio fundado elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán ejecutarse para la utilización del proyecto en cuestión. Resulta evidente entonces que la exigencia planteada por la autoridad no puede ser calificada de ilegal ni de arbitraria, puesto que se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa aplicable.

2.- El artículo 116   de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone tanto la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General. No requerirán permiso las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 55 , ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General. Este último compilado establece en su artículo 5.1.2 que el permiso no será necesario cuando se trate de: 2. Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos. Es así, que el proyecto aquí impugnado no recae en la categoría de excepción para solicitud de permisos de edificación, por ser la superficie donde se construirá el restobar en aquella que si tiene fundaciones, sumado al hecho de que en el plano regulador está situado en un área de riesgo.

PATENTE MUNICIPAL – JUEGOS DE AZAR

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Mario Sierra Castillo Importadora y Exportadora EIRL c/ Ilustre Municipalidad de Arica s/ Patente municipal – Máquinas de azar

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – CASINOS DE JUEGO – JUEGOS DE AZAR – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Conforme al Dictamen N°92.308/2016 de la Contraloría General de la República, el recurrente debía acompañar previamente un informe de la Superintendencia de Casinos y Juegos para dar curso a su solicitud de explotación de máquinas de azar, no siendo ilegal ni arbitrario el actuar de la Municipalidad recurrida.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la Municipalidad recurrida, a raíz de no dar respuesta a la solicitud de patente municipal solicitada por la empresa de juegos de azar recurrente. El recurrente presentó antecedentes complementarios a su solicitud de patente, con lo que pretende explotar también máquinas de habilidad o destreza, para lo cual entregó información relativa a características de las mismas. Sin embargo, el contribuyente desde ese momento no se presentó más a gestionar la visita de las máquinas por parte de los inspectores de la Dirección de Rentas Municipales, a fin de poder revisarlas en terreno y documentarlas de forma debida, a fin de comprobar todos los requisitos necesario para su explotación, trámite necesarios para obtener su aprobación, conforme al procedimiento dispuesto en la Ordenanza Municipal 1/2014 que regula la materia, de acuerdo su artículo 9°, por lo que no se vulnera el derecho establecido en el Nº 21 del artículo 21   de la Carta Fundamental, a desarrollar una actividad económica lícita.

2.- El Dictamen N°92.308/2016 de la Contraloría General de la República establece tres formas para determinar si los dispositivos electrónicos que se pretenden explotar son máquinas de azar, recurriendo en primer término al listado que determinada la Superintendencia de Casinos y Juegos. En segundo lugar, en caso de tener duda la Municipalidad debe coordinarse con la Superintendencia a fin que esta última emita un informe definiendo tal aspecto. Si se pretende explotar maquinas no contempladas en dicho listado, el municipio debe solicitar al interesado que acompañe un informe de la Superintendencia del ramo, en el que conste que esa máquina no es susceptible de ser registrada en dicho catálogo – lo que ocurrió en este caso por falta de antecedentes – el interesado es el que debe obtener la certificación respectiva de este organismo público, a fin de que el Municipio se pueda formar convencimiento de que las máquinas cuya explotación autorizara no son de aquellas prohibidas por la ley.

 

EDUCACIÓN – PERSONAL NO DOCENTE 

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Dictamen N° 19427, año 2017 – Contraloría General de la República

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO

Partes: Dictamen N° 19427, año 2017 s/ Ley N° 19.464.- Establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no docente de establecimientos educacionales que indica
Tribunal: Contraloría General de la República
Fecha: 29-may-2017
Producto: Municipalidades – Dictámenes

Doctrina:

1.- El Director Administrativo de un colegio de la comuna de La Florida requiere a la Contraloría General de la República (CGR), con el objeto de exponer que una de sus asistentes de la educación no aprobó el examen de idoneidad sicológica que dispone la ley, por lo que se vio obligado a desvincularla, luego de lo cual fue demandado y condenado en un juicio laboral impetrado por su ex trabajadora.

2.- La CGR en concordancia con dictámenes anteriores, respecto de la misma materia, concluye que se ha ajustado a derecho al poner término a la relación laboral del recurrente, por no haber logrado acreditar la idoneidad sicológica exigida por el artículo 3° de la ley N° 19.464. Sin embargo lo anterior es sin perjuicio de lo que pueda resolver cada uno de los tribunales de justicia respecto de las causas que conocen, la CGR no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

 

AMBIENTAL – CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

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Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y otros c/ Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A LA VIDA – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris
La Ley 20.600 establece una estructura jurisdiccional especializada en materia ambiental, por lo que la impugnación de actos administrativos de carácter ambiental debe hacerse a través de los procedimientos administrativos que la ley establece.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar los recursos de protección interpuestos por las municipalidades y comunidades civiles, respecto al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) que sirvió de base a la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto en donde se localizaría un centro de distribución de productos de una conocida cadena de supermercados, próxima al área de gestión de gestión turística y patrimonial del Proyecto Metropolitano Sur Cerro Chena. Argumentan que el ICE no cumpliría con todos los requisitos formales para su validez como acto administrativo -al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 19.300- al no contener los pronunciamientos ambientales fundados de los órganos competentes, no señalando la evaluación técnica de las observaciones formuladas por la comunidad, como tampoco indicar la recomendación de aprobar o rechazar el proyecto. Señalan además objeciones respecto al emplazamiento del proyecto, y el incumplimiento de las exigencias destinadas a garantizar la participación de la ciudadanía relacionada con las aclaraciones, rectificaciones y enmiendas que realizó el titular del proyecto.
2.- Desde la dictación de la Ley 20.600 existe una estructura jurisdiccional especializada, destinada a resolver los conflictos que se produzcan frente actos administrativos de carácter ambiental, de manera de garantizar -a través de procedimientos judiciales técnicamente calificados- su adecuada resolución. El ICE recurrido también ha sido impugnado por dos de los recurrentes de esta causa a través del procedimiento de reclamación administrativa previsto en la Ley 19.300 ; por lo que es en la instancia administrativa es donde debe pronunciarse sobre las reclamaciones interpuestas. Por resolución exenta de febrero de 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental dictaminó que la tramitación de dichas reclamaciones fuera suspendida hasta que no se resolvieran los presentes recursos de protección, lo que reafirma que lo que pudiera fallarse en esta instancia incidirá en lo que posteriormente puedan llegar a resolver los tribunales competentes.
3.- Una vez resuelta la instancia administrativa nace para los reclamantes el derecho a deducir recursos jurisdiccionales ante los Tribunales Ambientales. En el caso que se quisiera impugnar la validez de los procedimientos administrativos en curso, la Ley 20.600 contempla en su artículo 17 acciones especiales de impugnación, las que revestidas del carácter de impugnaciones ambientales, conceden a cualquier persona -hayan sido o no observantes en el proceso previo- una acción general, denominada de invalidación impropia, que les permite obtener tutela judicial a sus derechos. Al ser una controversia de carácter técnico y especializado que requiere de un estudio profundo y acabado, no puede ser resuelto sin un procedimiento de lato conocimiento, como el que se tramita actualmente ante la autoridad respectiva.

URBANISMO – UBICACION PANTALLA LED

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Ortiz Mella, Wara y otros c/ Municipalidad de Santa Cruz s/ Permiso para edificar – Facultades del Director de Obras Municipales.

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ORDENANZA MUNICIPAL – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

El Director de Obras Municipales tiene la facultad privativa de otorgar los permisos de edificación que se soliciten, no procediendo los mismos si los solicitantes incumplen las leyes y ordenanzas respectivas.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación, respecto a la sentencia de Corte de Apelaciones que negó su recurso de protección contra la municipalidad. Fundamentan el recurso en que la municipalidad les está privando arbitrariamente de su derecho a desarrollar actividad económica lícita -consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución- al decidir negar el permiso para colocar una pantalla led en la azotea de un edificio. Al respecto, los hechos que se denuncian en este recurso se relacionan con un pronunciamiento anterior de esta Corte, la cual refrendó la decisión de la Municipalidad denunciada de ordenar la demolición de la pantalla led puesta por los recurrentes, por carecer de los permisos de instalación correspondientes. El proceder de los recurrentes es ilícito, pues no obstante carecer del permiso, colocaron igualmente la pantalla, despreciando no sólo la normativa atingente, sino que además la autorización que previamente debía otorgar el Director de Obras.

2.- La negativa -por parte del Director de Obras Municipales- a que los recurrentes instalaran la pantalla led supone el incumplimiento por parte de los interesados de los requisitos de constructibilidad contenidos en las normas correspondientes, los cuales deben ser cumplidos por el administrado de manera estricta; de modo que, al haberse apartado de ellas, el Director de Obras resolvió conforme al marco normativo respectivo. La facultad que el artículo 124   de la Ley General de Urbanismo y Construcciones le entrega a los Directores de Obras Municipales se considera privativa de éstos, restringiendo la intervención del Secretario Regional Ministerial sólo a resolver asuntos de carácter calificados. De esta manera, la autoridad ministerial no tiene una competencia como superior jerárquico sobre los Directores de Obras Municipales.

3.- El permiso de edificación es un acto municipal por el que se autoriza administrativamente, de manera previa y obligatoria, a quien pretenda construir una obra, debiendo examinarse -por quien lo expide- que el proyecto cumpla con las normas del Plano Regulador, con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y con la Ordenanza General respectiva, examen necesario en razón de los requisitos y regulaciones que aquellos estatutos tienen. A través de estas normas se resguarda también el interés público, buscando precaver la ocurrencia de perjuicios.

BIENESTAR – PERSONAL SALA CUNA

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Dictamen N° 19.283 – Contraloría General de la República

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO

Tribunal: Contraloría General de la República
Producto: Municipalidades – Dictámenes

Doctrina:

1.- Una Municipalidad requiere a la Contraloría General de la República (CGR), con el objeto des olicitar un pronunciamiento respecto a si procede otorgar prestaciones de bienestar -en los términos previstos en la ley N° 19.754 , al personal cuya relación laboral se encuentra regulada por el Código del Trabajo y que presta sus servicios en salas cunas y jardines infantiles de esa entidad edilicia.

2.- La CGR, concluye que resulta improcedente otorgar prestaciones de bienestar en los términos previstos en la ley N° 19.754 al personal que se desempeña en salas cuna y jardines infantiles municipales, la citada ley N° 19.754, excluyen expresamente al personal que se desempeña en los recintos municipales de los servicios traspasados de educación.

URBANISMO – RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO PRIMER VENDEDOR

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Poch Barros, Matías c/ Inmobiliaria e Inversiones Ecoparque Ltda. – Corte de Apelaciones de Concepción

Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN – DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN – DAÑO EMERGENTE – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Partes: Poch Barros, Matías c/ Inmobiliaria e Inversiones Ecoparque Ltda. s/ Indemnización de perjuicios – Defectos de construcción

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Quinta

Producto: Microjuris
El propietario primer vendedor está vinculado pasivamente a todos los daños y perjuicios, cualquiera sea su causa u origen, que deriven de la edificación de la cual fue su dueño y primer vendedor.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, interpuesto por el demandante, contra la sentencia que acogió la excepción de prescripción, en juicio de indemnización de perjuicios contra una empresa inmobiliaria. El propietario primer vendedor está vinculado pasivamente a todos los daños y perjuicios, cualquiera sea su causa u origen, que deriven de la edificación de la cual fue su dueño y primer vendedor. Esta obligación a la deuda, de la cual no puede desprenderse, hace que la obligación adquiera el carácter de solidaria con el proyectista y con el constructor, lo que se ve reforzado con el hecho de otorgar acción de reembolso al constructor primer vendedor, y con lo que dispone el inciso cuarto del artículo 18  de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por tanto, se condena al demandado al pago de una indemnización por concepto de daño material.
2.- El artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere este artículo prescribirán en los plazos de; diez años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble, cinco años, cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones, y tres años, si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras. Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define en su artículo 1.1.2. , como elemento constructivo al conjunto de materiales que debidamente dimensionados cumplen una función definida, tales como muros, tabiques, ventanas, puertas, techumbres, en tanto que elemento de estructura es todo elemento resistente u orgánico de una construcción, como cimientos, muros soportantes, suelos, pilares, techumbres, torres y otros análogos.
3.- La Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que el propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios. Esta norma impone responsabilidad al propietario primer vendedor de un inmueble, en términos tales que habiendo el perjudicado optado por el ejercicio de dicha acción y habiéndose acreditado por éste el daño sufrido y la relación de causa a efecto entre el perjuicio sufrido y la falla o defecto de la construcción, es procedente disponer su pago, estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva, frente al perjudicado principal responsable es el propietario primer vendedor de una construcción, que responde por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada.

LABORAL – UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Placencia Villa, Soledad y otra c/ Ilustre Municipalidad de Talcahuano s/ Existencia de relación laboral dentro del ámbito municipal

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Al cumplir las demandantes con funciones que son típicas y obligatorias para la Municipalidad con la comunidad, queda patente que se encuentran en una relación de subordinación y dependencia regida por el Código del Trabajo, no aplicándoseles por tanto las reglas establecidas para los contratos a honorarios.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, y por lo tanto acoger la demanda subsidiaria de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales en contra del municipio recurrido, debiendo dictarse sentencia de reemplazo. El cumplimiento de funciones de un programa de apoyo social y la provisión de un estipendio mensual a favor de las recurrentes corresponden típicamente a una relación de subordinación y dependencia, por lo que en los hechos se constituye una relación laboral regida por el Código del Trabajo, y no a la ejecución de una labor accidental en el municipio, al amparo del artículo 4  de la ley 18.883.

2.- El artículo 4 de la Ley 18.883 establece la posibilidad de contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad. Las funciones realizadas por las demandantes corresponden a aquellas típicas a las que están obligadas las municipalidades, se concluye que existe entre las partes un contrato de trabajo según el artículo 7   del Código Laboral, pues se trata de servicios personales intelectuales o materiales, prestados bajo un régimen de dependencia o subordinación por los que se obtiene remuneración, debiendo normarse esta por el Código del Trabajo debido a su aplicación supletoria frente a los estatutos especiales de los órganos del Estado en los que estos no regulan.

3.- Se debe aplicar la máxima de experiencia, avalada por el criterio protector de la primacía de la realidad en virtud de la cual toda prestación de servicios en los términos descritos en el código del ramo hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Existiendo relación laboral, al no haberse notificado la causal ni las razones del despido, ni haberse enterado el pago íntegro de sus derechos de seguridad social ni el pago de los feriados legales y proporcionales, corresponde hacer lugar a las indemnizaciones sancionatorias de los artículos 162   y 163 inciso segundo   del Código del Trabajo.

COMERCIO AMBULANTE

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Ojeda Przygodda, Iván c/ Ilustre Municipalidad de Punta Arenas s/ Comercio ambulante – Facultades del alcalde

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – COMERCIANTE – VENTA AMBULANTE – DECRETO ALCALDICIO – ORDENANZA MUNICIPAL – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

No existe un derecho de propiedad respecto de un permiso municipal temporal para vendedores ambulantes, en razón de sus sucesivas renovaciones, toda vez que jamás podrá constituirse un derecho adquirido sobre bienes nacionales de uso público.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección respecto a la futura decisión del alcalde de la Municipalidad recurrida, consistente en sacar el comercio ambulante de la esquina en donde el recurrente ubica su vehículo para vender sus productos. De la Ordenanza N° 2799 de septiembre del 2007 fluye nítidamente que toda solicitud para el ejercicio del comercio ambulante será estudiada y resuelta por el alcalde, previo informe del Departamento respectivo. El artículo 8 de la misma Ordenanza expresa que los permisos tendrán una duración mensual. Se desprende entonces, que la única autoridad competente para autorizar, renovar, caducar o cesar los permisos de comercio ambulante es el respectivo alcalde, previo informe y cumplimiento de los requisitos señalados. La efímera duración del permiso da cuenta de la precariedad del mismo, ya que se dan respecto a actividades que se estiman transitorias, no viéndose por tanto vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, previstos en el artículo 19 N°2 y 24   de la Constitución Política.

2.- No puede aceptarse el argumento de que, en razón de las variadas y sucesivas renovaciones de este permiso temporal y transitorio, se haya adquirido una especie de derecho de propiedad sobre el mismo, toda vez que su precariedad resulta evidente -atendida su escasa vigencia- sino que jamás podrá constituirse un derecho adquirido sobre bienes nacionales de uso público, ya que la autoridad edilicia puede regular su uso, más no su dominio. No se advierte la presencia de un futuro acto ilegal en el anuncio por prensa escrita dado por el alcalde en 2016, ya que este no puede entenderse como una amenaza al legítimo ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución, dado que al recurrente no le asiste, en modo alguno, un derecho de propiedad sobre el mismo. Esto se encuentra refrendado por las facultades alcaldicias que disponen los artículos 46  y 63 letras f) y g)   de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tampoco se advierte como arbitraria dicha decisión, toda vez que ya existían Ordenanzas anteriores que indicaban otras fechas de término del permiso, señalando la última de éstas que las actividades artesanales durarían hasta que el municipio dispusiera del Centro Artesanal que se esperaba finalizado a mediados de 2011.

PATENTE DE ALCOHOLES

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Partes: López Pérez, María c/ Ilustre Municipalidad de Coquimbo s/ No renovación de patente de alcoholes

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE DE ALCOHOLES – MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de La Serena

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

La resolución que dispone la orden de no renovar una patente de alcoholes constituye un acto administrativo reglado que debe fundamentarse y ajustarse a las normas de juricidad que rigen a los organismos públicos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de resolución administrativa dictada por la Municipalidad recurrida, al no renovar una patente de alcoholes sin contener fundamento que así lo justifique, mediante decreto exento. Dicho acto administrativo tenido a la vista, efectivamente carece de fundamentación, pues no contiene una exposición de los motivos que llevaron al Municipio recurrido a la decisión impugnada mediante esta acción constitucional, es por tanto un acto arbitrario. Si bien la recurrida goza de las facultades que la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades   le entrega, para renovar o no renovar las patentes de alcoholes, tal como señala la recurrida en su informe, ello no la exime de motivar los actos administrativos que con ocasión de dicha Ley dicte, viéndose conculcadas las garantías constitucionales de los artículos 21 y 24 del artículo 19   de la Constitución Política de la República.

2.- Un acto administrativo es por su esencia, un acto formal y que, en dicha formalidad, para el caso del decreto exento que aquí convoca, la autoridad recurrida no sólo no ha motivado su decisión, sino que además se ha asilado en una disposición legal que no es la pertinente. El acto recurrido cita el artículo 65 letra ‘ñ’   de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma que no regula la materia objeto de este recurso. Es por tanto una exigencia del acto administrativo que sea fundado y para ello se debe exponer los motivos en el acto mismo, que han llevado a la decisión de la autoridad, la que no puede abusar del mandato que le han entregado los gobernados a través del ejercicio de la soberanía. El artículo 65 letra o)   de la misma norma expresa que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes y que el otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las Juntas de Vecinos respectivas; desprendiéndose que dicha resolución constituye un acto legal y fundado.

 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO – LABORAL – RENUNCIA NO VOLUNTARIA

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Calderón c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo s/ Principio pro operario – Aplicación supletoria de la ley

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – SALUD INCOMPATIBLE – PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Municipalidades – Laboral

Conforme al principio pro operario, no corresponde aplicar causales de terminación contractual del Estatuto Administrativo a una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de despido injustificado en contra de la Municipalidad recurrida, por aplicarle causales de terminación del contrato no previstas en el Código del Trabajo al recurrente, que ejercía labores dentro de la Municipalidad, terminando su relación laboral a raíz de haber hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años sin mediar declaración de salud irrecuperable, causal invocada por el empleador, no siendo aplicable, al ser dichas condiciones laborales regidas por el Código del Trabajo, siendo aplicable la ley 19.464  , dictamen N° 59 de enero de 2012 de la Contraloría y en especial la ordenanza N° 1266/ 69 de la Dirección del Trabajo.

2.- El empleador pretende aplicar al trabajador cuya relación laboral se encuentra sometida al Código del Trabajo una norma contenida en el mencionado DFL 338 de 1960, que corresponde al artículo 151   de la ley 18.834, actual Estatuto Administrativo, siendo una aplicación del derecho que no puede considerarse admisible, por cuanto corresponde aplicar a favor del actor las normas del Código del Trabajo, las cuales no contemplan la causal de caducidad invocada por el empleador demandado, y se basan en normas que se encuentran prescritas y/o modificadas por la versión actual del Estatuto Administrativo, y así se pretende agregar a las normas de caducidad contempladas en la normativa del Código del Trabajo otras causales de término de los servicios a los trabajadores del sector público. Haciendo aplicación del principio pro operario no resulta posible, por ser abiertamente contrarias a dicho principio, que prefiere la norma más favorable al trabajador en caso de duda o de conflicto entre normas de igual jerarquía como en el caso de autos.

3.- Habiéndose invocado por el empleador como causal de caducidad de los servicios del actor el uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, en base a la norma del artículo 15 la ley 18.020 en donde los trabajadores de la Administración Civil del Estado que se rigen por las normas del decreto ley 2.200, de 1978, y sus disposiciones complementarias, que se encuentren en la situación prevista en la letra c) del artículo 233° del Decreto con Fuerza de Ley 338, de 1960, incurrirán en causal de caducidad del contrato sin derecho a indemnización. El artículo 233 del mentado decreto, establece que la renuncia a un empleo puede ser voluntaria o no voluntaria. Es voluntaria cuando proviene de la propia determinación del empleado y no requiere justificación. Es no voluntaria la que el empleado presenta en caso de que su salud haya sido declarada irrecuperable, el empleado deba retirarse de la Administración.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

 

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 1

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LABORAL – BIENES EMBARGABLES

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Vargas c/ Corporación Municipal de Educación y Atención al Menor
Voces: LABORAL – PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – EJECUCIÓN DE SENTENCIAS – INFRACCIÓN DE LA LEY – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – LIQUIDACIÓN JUDICIAL – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – BIENES INEMBARGABLES – BIENES EMBARGADOS – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala: Primera

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En el caso de las Corporaciones Municipales, Personas Jurídicas de derecho privado, la regla general está constituida por el derecho común y por ello, por la embargabilidad de sus bienes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación en contra de la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de los embargos decretados, interpuesto por la Corporación Municipal recurrente. Si bien el numeral 18 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil se indica que son inembargables los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar, no es posible sostener que el artículo 32 de la Ley N° 18.695, resulte aplicable para dicho efecto, al ser la inembargabilidad excepcional, por ende deben ser interpretadas restrictivamente. Esta última disposición legal sólo recae sobre bienes de las Municipalidades a que alude de un modo expreso y no sobre bienes de las Corporaciones Municipales de derecho privado, creadas para no ser reguladas por las normas de derecho público, aplicables a las municipalidades. Siendo entidades distintas, no es posible estimar como bienes inembargables los dineros pertenecientes a estas últimas, afectando con dicha interpretación a los derechos de los trabajadores a que se les paguen las prestaciones laborales que se les adeudan.

2.- Cualquier restricción legal que impida la ejecución de bienes del deudor debe fundarse en razones objetivas legitimadas constitucionalmente, que persigan el bien común o el resguardo de intereses superiores con pleno respeto a los derechos fundamentales, por lo que no puede concluirse que la mencionada norma legal establezca una especie de inembargabilidad absoluta de bienes a favor de una entidad que no menciona, so pena de inconstitucionalidad. Al amparo del artículo 19 N° 2°, 3° y 26° de la Constitución Política. El primero de ellos, al asegurar a todas las personas la igualdad ante la ley, impide que se establezcan diferencias arbitrarias y privilegios. El numeral 3°, al prescribir la igual protección de la ley en el ejercicio sus derechos, consagra la denominada igualdad ante la justicia, contemplando dentro de sus garantías el deber del legislador de establecer siempre un debido proceso que en definitiva aseguren una tutela judicial efectiva. El numeral 26° como garantía general asegura que la ley no podrá afectar la esencia de los derechos fundamentales, ni imponer condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio.

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CAPACITACIÓN CONCEJO – VIAJES AL EXTRANJERO

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Dictamen N° 15001 – Contraloría General de la República
Voces: DICTAMEN ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – CONCEJO MUNICIPAL – VIÁTICOS – FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL EXTRANJERO – REEMBOLSOS
Tribunal: Contraloría General de la República
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Doctrina:
1.- Concejales y ex autoridades municipales requieren a la Contraloría General de la República (CGR)solicitando la reconsideración del Informe de Investigación Especial N° 453, de 2016, “Sobre eventuales irregularidades ocurridas en viaje al extranjero efectuado por concejales de la Municipalidad de Empedrado”, en lo que respecta a la instrucción a ese órgano comunal para que requiera a determinados ciudadanos el reintegro de los montos desembolsados por esa entidad edilicia con motivo de la salida del país.
2.- La CGR concluye que no se pudo acreditar por parte del recurrente, que el contenido de las actividades se encuentran directamente relacionadas con el quehacer municipal. Dicha situación no se ajusta a derecho que la Municipalidad de Empedrado solventara con recursos propios el viaje de que se trata. Finalmente, se han reintegrado a arcas municipales los fondos percibidos equivocadamente por el error en el cálculo del viático, por lo tanto, dicha situación, en particular se encontraría solucionada.

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ACCIDENTE DE TRABAJO

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Videla Olivares, Susana c/ Ilustre Municipalidad de La Serena
Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – MUNICIPALIDADES – RELACIÓN DE CAUSALIDAD – INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Partes: Videla Olivares, Susana c/ Ilustre Municipalidad de La Serena s/ Indemnización por muerte del trabajador
Tribunal: Corte de Apelaciones de La Serena
Sala: Segunda
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La municipalidad demandada no incorporó elementos de convicción útiles tendientes a demostrar el debido cumplimiento de las medidas de protección que la ley impone a los empleadores.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación en contra de la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por la muerte del trabajador. La causa basal del accidente que ocasionó la muerte fue el resultado de las condiciones físicas deficientes en que el trabajador desempeñaba la conducción, lo que generó un inadecuado control del vehículo a través de un camino rural de tierra, por cuanto luego de salir de una curva hacia una pendiente que descendía, continuó la trayectoria en forma rectilínea, e involuntariamente ingresa al terreno adyacente en desnivel, cayendo al talud del cerro, para terminar volcándose, circunstancias que se infieren fehacientemente de los informes de las instituciones técnicas correspondientes.

2.- El municipio no acreditó haber cumplido con la obligación prevista en el artículo 153 del Código del Trabajo, en orden a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores en relación a sus labores. Tampoco probó haber atendido a las exigencias establecidas en los artículos 67 y 68 inciso 3° de la ley 16.744, en orden a mantener al día el referido reglamento interno y a proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección que sean necesarios, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 53 del DS. N° 594 del año 1999, del Ministerio de Salud. No cumplió con la obligación de informar al trabajador fallecido, en forma oportuna y conveniente, respecto de los riesgos que implicaba su desempeño en la conducción del camión aljibe y de las medidas preventivas y precauciones que aquel debía adoptar en el desarrollo de sus labores, exigencia dispuesta en el artículo 21 del DS N° 40, del año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que solo cabe concluir que el ente municipal incurrió en culpa en el accidente que provocó el fallecimiento del trabajador, puesto que la falta de diligencia u omisión negligente en el cumplimiento del deber de protección exigido en el artículo 184 del Estatuto Laboral.

3.- La municipalidad demandada no otorgó elementos de convicción útiles tendientes a demostrar el debido cumplimiento de las medidas de protección que la ley le impone a su empleadores, a fin de ilustrar u orientar al trabajador respecto a la conducta que deben adecuar dentro del desempeño en las faenas o labores, o bien instruir acerca de la forma en que deben afrontar los riesgos propios o inherentes a sus funciones, de manera que se encuentren en condiciones de prevenir la ocurrencia de hechos que importen una exposición peligrosa de su vida o integridad física. Esta omisión constituye una causa jurídicamente idónea para imputar responsabilidad al empleador, en la medida que es razonable deducir que el cumplimiento de las mismas habría evitado la producción del resultado dañoso. El trabajador no fue instruido ni advertido de las medidas que resultaban pertinentes en el evento de encontrarse sometido a condiciones de agotamiento o fatiga durante la conducción, circunstancias que le impidieron adoptar una adecuada decisión destinada a prevenir o evitar el riesgo y determinaron, en definitiva, el desempeño de dicha función en deficiente estado físico, encontrándose aquí la relación de causalidad entre el actuar ilícito de la demandada y la muerte del trabajador derivada de las lesiones sufridas a raíz el accidente, y el consiguiente daño provocado a los actores.

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REVOCACIÓN DE CONCESIÓN MUNICIPAL

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Indisloa c/ Ilustre Municipalidad de Calama
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DEBIDO PROCESO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – TAXIS – MUNICIPALIDADES – RECURSO ACOGIDO
Partes: Indisloa c/ Ilustre Municipalidad de Calama s/ Taxis – Concesión municipal
Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala: Primera
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Los decretos alcaldicios que revoquen concesiones municipales son un acto administrativo, por lo tanto deben cumplir con la exigencia de motivación del acto que exige la Ley 19.880.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra la decisión de la municipalidad de revocar la concesión de paradero para taxis ejecutivos, concedida a la empresa recurrente. El decreto revocatorio no se ajusta a las exigencias de motivación del acto administrativo, por cuanto sólo señala denuncias respecto al incumplimiento de la empresa recurrente, sin incluir antecedente alguno que justifique la pérdida de autorización de la empresa para operar taxis ejecutivos. Pese a la presunción de legalidad del decreto impugnado, la municipalidad no precedió a realizar procedimiento alguno a efectos de investigar los hechos denunciados, ya que sólo le bastó la existencia de reclamos y la solicitud del Director del Tránsito para formar la convicción respecto al mal uso de la concesión, denegando la posibilidad a la recurrente de poder rendir prueba para desacreditar tales denuncias, o formular descargos, pedir información a la SEREMI de Transportes sobre la infracción denunciada, entre otras medidas. Se infringen así los principios de contradictoriedad e imparcialidad consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley 19.880.

2.- El decreto que revocó la concesión a la empresa de taxis ejecutivos, al ser un acto administrativo, queda sometido no sólo a las normas orgánicas municipales, sino además a la Ley de Procedimientos Administrativos, al ser un acto terminal, discutido dentro del procedimiento en donde se investigó el mal uso de la concesión por parte de la recurrente. Conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley 19.880, dicho acto goza de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios. El fundamento basal del decreto revocatorio radica en un dictamen de Contraloría que resuelve un reclamo en contra de la empresa recurrente, y por el cual se ordena a la municipalidad investigar los hechos, estableciendo que en el caso de ser efectiva la denuncia, la municipalidad debe proceder a revocar la concesión. Este razonamiento no alcanza a explicitar las circunstancias y motivos de la revocación, vulnerando lo dispuesto en los artículos 3 y 41 de la Ley 19.880, respecto a la motivación de las decisiones administrativas, careciendo dicho acto de sustentos fácticos y razonamientos jurídicos, derivado de la inexistencia de un procedimiento investigativo.

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ACOSO LABORAL

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Riquelme c/ Ilustre Municipalidad de Valdivia
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – ACOSO LABORAL – DAÑO MORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJADOR – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala: Primera
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Existiendo un claro caso de acoso laboral, las medidas de seguridad e higiene que aplicó la Municipalidad fueron extemporáneas e insuficientes, por tanto, no corresponde acoger su recurso de nulidad por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que la condenó a indemnizar parcialmente el daño moral resultante de la enfermedad profesional de una dependiente. Esto, dado que lo que se persigue con el presente recurso es la invalidación del fallo cuando éste se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido en lo dispositivo del fallo, lo que no ha acontecido, pues se ha efectuado una correcta interpretación del artículo 184 del Código del Trabajo, que prescribe que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. En este sentido, la Municipalidad no cumplió con su deber, pues existió un período de tiempo en el cual la demandante debió soportar un trato vejatorio hacia su persona sin que se le resguardara en forma alguna por parte de su empleador, lo que derivó en que su padecimiento se transformara en una enfermedad profesional, siendo tratada por un médico psiquiatra. En consecuencia, las medidas de seguridad que tomó la parte demandada fueron extemporáneas, siendo improcedente el recurso de nulidad por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo.

2.- Respecto a la causa de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, la recurrente en forma alguna explica cómo se han infringido las normas de la sana critica, solo insiste en el argumento que la demandada cumplió con su obligación de dar protección y resguardo a la salud de la actora. Sin embargo, es un hecho cierto que la demandante estuvo sometida a un constante acoso laboral que le produjo una enfermedad profesional y aunque fue extemporánea la decisión de la demandada, los hechos denunciados originaron el traslado del Director a otro establecimiento educacional, lo que da cuenta de la veracidad de la denuncia formulada en su contra. Por lo anterior, esta causal de nulidad deducida en forma subsidiaria, no será acogida.

3.- Respecto de la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, y en relación al artículo 4 de la Ley N°18.883, los cinco contratos de prestación de servicios a honorarios que fueron acompañados se prestaban por un periodo determinado, existiendo meses en los que cesaba la relación contractual entre las partes en el período estival, de manera tal que no podían ser considerados como pactos sujetos al código laboral. Tampoco podría estimarse que ha existido una errónea interpretación de ley, dado que se ponderaron todos los elementos de juicio a fin de adecuar los estatutos jurídicos aplicables a cada situación de hecho planteada por las partes. Por otro lado, debe tenerse especialmente en cuenta que la demandante fue contratada por la demandada para un servicio específico durante los años 2011 a 2014, bajo el amparo de la denominada «Ley SEP», ello es una subvención escolar preferencial para mejorar la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados. De manera tal que la demandante por este servicio no se le otorgaba más derecho que el pago de unos honorarios, diferente a las normas del derecho laboral común que requieren, además de una remuneración, un vínculo de subordinación y dependencia de una manera continua en el tiempo. Por lo reseñado, al no haber existido infracción de ley en la sentencia que haya influido en lo dispositivo del fallo, este recurso será desestimado.

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Moreira c/ Ilustre Municipalidad de Chiguayante
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – PRUEBA INSUFICIENTE – ACOSO LABORAL – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – FACULTADES DEL EMPLEADOR – DEMANDA LABORAL – RECHAZO DE LA DEMANDA
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción
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No se lograron aportar indicios suficientes de vulneración de derechos, acerca de acusaciones de hostigamiento de parte de una funcionaria pública, siendo labor de entidad pública, como empleadora, el mantener un clima laboral adecuado.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la acción de tutela laboral, fundado en el supuesto hostigamiento que ha sufrido la demandante, que significó en último término la destinación a un consultorio diferente, por decreto municipal. No se presentan indicios de un hostigamiento, como aludía la demandante. El sumario se funda en una denuncia de una persona por hechos concretos que sucedieron, en donde participó tanto la demandante como otras personas. El bloqueo del perfil para intervenir en la agenda se restableció cuando lo solicitó la demandante y, según se le informó, se realizó luego de que se evidenciara un mal uso de su parte. Lejos de tener un buen desempeño laboral, en el último tiempo no ha sido completamente satisfactorio, a raíz de problemas de relaciones laborales con sus compañeros y, negándose a cumplir instrucciones sobre configurar la agenda de pacientes, como otras tareas relacionadas. Por último, no existió mal trato ni amenazas al comunicársele la nueva destinación. La trabajadora registró en su celular en las dos ocasiones lo sucedido y fue ella la que reaccionó de mala manera.

2.- El empleador debe resguardar a todos los trabajadores en su integridad psíquica y frente a los conflictos que afectan el clima laboral y relaciones entre ellos. La necesidad de hacer cambios para mantener un buen clima laboral justifica también la reorganización de las unidades y grupos de trabajo, con la alteración de los lugares en que cumplen sus funciones. El límite reside en no generar un detrimento que se pudiese ocasionar para los trabajadores. En el caso, ningún perjuicio particular fue especificado, derivado de la destinación a un centro de atención distinto perteneciente a la misma Administración Municipal de Salud.

3.- La legitimidad de la Municipalidad para ser objeto de la acción de tutela deriva de la aplicación supletoria del Código del Trabajo a los funcionarios de la administración del Estado, conforme al artículo 1° inciso 3° de dicho cuerpo legal, al concurrir los requisitos allí indicados, esto es, que se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y que sus normas no sean contrarias a éstos últimos. La ley 19.378 no contienen normas que regulen un procedimiento judicial especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a sus funcionarios, ni tampoco el Estatuto Municipal se refiere hacia alguna normativa como de aplicación supletoria para la resolución de este tipo de casos. El Estado, en cuanto a empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en la administración del Estado.

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ESTATUTO DOCENTE

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García c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa
Voces: LABORAL – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO INDIRECTO – NULIDAD DEL DESPIDO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
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El Estatuto Docente no contempla la institución del auto despido, aplicándose supletoriamente el Código del Trabajo. Al no haberse enterado las cotizaciones previsionales corresponderá aplicar la sanción de nulidad del despido.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido indirecto y nulidad del despido, haciendo procedente la figura del autodespido por omisión de pago de cotizaciones previsionales. Las disposiciones del Código del Trabajo constituye el derecho común regulatorio de las prestaciones de servicios, pues se aplica en los aspectos no regulados del Estatuto Docente , a excepción de la negociación colectiva. Los artículos 72 y siguientes del Estatuto no se consultan normas que regulen el despido indirecto, por lo que debe ser complementada con las normas del Código Laboral. La aplicación supletoria de un cuerpo normativo no debe tener por objeto complementar aspectos secundarios o de mera reglamentación, pero sí corresponde darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, una verdadera institución jurídico-laboral. La figura del despido indirecto obedece al sano propósito, e indiscutible interés jurídico, en orden a que las entidades empleadoras cumplan con las obligaciones que, conforme a la legalidad, las ligan con sus dependientes.

2.- La sanción por despido indirecto es básicamente el pago de indemnizaciones por años de servicios, prestación que debe pagar el empleador, Municipalidad o Corporación, cuando proceda. El artículo 72 del Estatuto Docente no consagra la causal genérica de las necesidades de la empresa que hagan necesaria la separación del dependiente, pero la letra j) se refiere a la supresión de las horas que sirvan, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley, causal homologable con las necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de un trabajador, prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.

3.- Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto , del Código del Trabajo, independiente de quien haya deducido la acción pertinente para ponerle término, pues, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo, en donde el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma debida. La figura que contempla el artículo 162 del estatuto laboral debe ser aplicada, pues la institución del artículo 171 del Código del Trabajo produce el efecto sancionatorio establecido en la referida norma legal, cuando es el trabajador quien pone término a la relación laboral por causas imputables a la parte empleadora, toda vez que se cumple cabalmente con la situación de hecho que la hace surgir, a saber, que se adeuden cotizaciones previsionales al término del contrato de trabajo.

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS SOCIALES

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Dictamen N° 16067 – Contraloría General de la República
Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO –
Tribunal: Contraloría General de la República
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Doctrina:
1.- El prosecretario de la Cámara de Diputados, en representación de algunos diputados, requiere a la Contraloría General de la República (CGR) con el objeto de solicitar los antecedentes del “Convenio de Cooperación Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales”, suscrito -en el marco del decreto N° 255, de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar- por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI), el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), ambos de la región Metropolitana y la Municipalidad de Providencia, con el objeto de desarrollar obras de reparación y mejoramiento a unos bienes comunes edificados, del Conjunto Habitacional Unidad Vecinal Providencia y, además, que se investigue si aquel responde a una “utilización política del aparato público”.
2.- La CGR concluye que el convenio de colaboración por el que se consulta tiene por objeto desarrollar obras de reparación y mejoramiento de los bienes comunes edificados en la Unidad Vecinal Providencia, que ha evidenciado “el deterioro de sus bienes comunes edificados, como el de su equipamiento sanitario” y cuya reparación “sobrepasa la capacidad financiera de los hogares residentes, entre los que mayoritariamente se encuentra población adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad social”. No se observa que el contenido del pacto infrinja el reseñado reglamento, toda vez que su vigencia no altera la obligación fijada en ese decreto respecto al plazo en que deben ejecutarse las obras pertinentes; que por aquel no se autoriza otorgar subsidios a una unidad vecinal irregular, sino que especifica que debe estar regularizada y cumplir con lo previsto en la ley N° 19.537 , sobre Copropiedad Inmobiliaria, por lo que establece que será la municipalidad la que apoyará ese proceso.

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