REPORTE MUNICIPALIDADES: Jurisprudencia destacada

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JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 10

ACCION DE NO DISCRIMINACION – URBANISMO 

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García Jalaf, Claudio c/ Ilustre Municipalidad de La Serena y otra

Voces: CIVIL – ACCIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN – DISCAPACITADOS – MUNICIPALIDADES – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Los requisitos de accesibilidad universal en materia urbanística tratada en el artículo 28 de la Ley N° 20.422 se exigen sólo a partir de la vigencia del reglamento contemplado en el inciso tercero, sin que previo a aquello pudiera exigírsele a las construcciones como las de la especie ?pasarela peatonal adyacente a centro comercial- ajustarse a exigencias que, a la fecha del proyecto, ni siquiera había sido asentadas por la autoridad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la Municipalidad demandada y la sociedad propietaria del centro comercial, contra la sentencia que acogió la acción de no discriminación interpuesta por la construcción de pasarela peatonal la que no contempló la inclusión de personas con discapacidad física, proyectando su uso sólo para las personas capaces físicamente. En la especie, la idea que sostiene la vulneración de ley de ambos recursos de casación es que al no haberse dictado a la fecha de la recepción de obras el reglamento que determina y particulariza las condiciones que deben cumplir las exigencias de accesibilidad universal prevista en el inciso primero del artículo 28 de la Ley N° 20.422, encontrándose aprobado un EISTU que contemplaba sólo el uso de escaleras, no podía la autoridad exigir un ascensor, como tampoco la sociedad estaba obligada a anexarlo. Al respecto, efectivamente los sentenciadores incurren en el error de derecho acusado en el arbitrio de nulidad sustancial deducido por el ente edilicio, al infringir el artículo 28 de la Ley Nº 20.422 en relación con el artículo primero transitorio de la misma ley, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo toda vez que ha determinado el acogimiento de la denuncia y sanción del ente edilicio, la que era improcedente.

2.- El ente técnico encargado de entregar la recepción de obras, se encontraba obligado a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley vigente, esto es la ley de urbanismo y construcciones y ordenanza, como asimismo la observancia de las condiciones que se previeron en el EISTU aprobado previamente por las autoridades respectivas, sin que se encontrara facultada a imponer más condiciones que las previstas, pues a la fecha no se había dictado el reglamento previsto en el inciso tercero del artículo 28 de la ley 20.422, razón por la que se desconocían los aspectos técnicos específicos que se debían incluir para cumplir la exigencia de accesibilidad universal, sin que a la referida fecha se haya modificado la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuestión que sólo se realizó por el Decreto N° 50, publicado el 4 de marzo de 2016.

3.- La autoridad, debe enmarcar su actuar dentro del marco normativo que la rige, debiendo respetar el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y el artículo 2° de la Ley N° 18.575, en virtud del cual la autoridad administrativa debe someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, sin que le esté permitido, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido. En particular, el Director de Obras Municipales, debe enmarcar su acción ateniéndose a lo prescrito en la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que estos son los cuerpos normativos que establecen las distintas condiciones técnicas cuya verificación queda bajo la supervigilancia de la referida autoridad y que permiten configurar el principio de legalidad en materia urbanística.

4.- Si bien la ley contempla la existencia de una serie de medidas para lograr que los edificios públicos o entregados al uso público, las obras que se ejecuten en el espacio, los accesos a los medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso público, tengan una accesibilidad universal, lo cierto es que aquello queda, por mandato legal, sujeto a la publicación de un reglamento que debía ser elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pues tal organismo especificaría las normas a las que deben sujetarse las nuevas obras y edificaciones, como asimismo debía establecer las condiciones para que las obras existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad, toda vez que el inciso tercero del artículo primero transitorio de la misma ley, contempla un plazo de adecuación de tres años contado desde la publicación en el Diario Oficial del referido reglamento para llevar a cabo la adecuación de accesibilidad.

5.- Se verifican los errores de derecho invocados por la sociedad en relación al artículo 28 de la Ley N° 20.422 y al artículo 2 de la Ley N° 20.609, toda vez que no se puede atribuir a la recurrente haber incurrido en una conducta que implica una discriminación arbitraria al no contemplar un elevador o ascensor en la medida de mitigación asociada a su proyecto, esto es, la pasarela peatonal, puesto que a la fecha de aprobación del proyecto y de la recepción de obras, no habían sido dictadas las normas técnicas que determinan las soluciones específicas que deben cumplir las edificaciones nuevas, más aún si, como ocurre en la especie, el particular no sólo obtuvo los permisos y aprobaciones del organismo técnico encargado de la fiscalización, sino que además dio cumplimiento a un EISTU aprobado por una serie de organismos que integran la Administración, autorización que fue entregada de conformidad con la normativa vigente, razón por la que no se puede sostener que la no inclusión de un ascensor anexado a la pasarela cuestionada, constituya una acto de discriminación arbitraria, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 20.609.

6.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por las demandadas, por cuanto los jueces de la instancia han realizado una correcta interpretación y aplicación de la normativa que rige la materia, toda vez que no se puede soslayar que la Ley N° 20.422 fue publicada el 10 de febrero del año 2010, fecha a partir de la cual son exigibles todas las medidas contempladas en el referido cuerpo normativo para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. (Del voto en contra de los ministros señores Muñoz y Valderrama)

7.- No sólo el particular incumplió su deber de ajustar su proyecto y la medida de mitigación contemplada en el EISTU a las exigencias previstas en el artículo 28 de la ley 20.422, sino que además la Dirección de Obras faltó gravemente a su deber de fiscalización al otorgar la recepción de obras sin exigir el cumplimiento de una disposición que se encontraba vigente desde al menos cinco años antes, pues la recepción final de la pasarela se entregó en mayo del año 2015. (Del voto en contra de los ministros señores Muñoz y Valderrama)

8.- La autoridad denunciada, esto es la Municipalidad, no estaba en condiciones de exigir que la sociedad construyera en la pasarela, específicamente, para permitir el acceso a personas con discapacidad, un ascensor, pues no tenía instrumento normativo que le entregara tal facultad. Lo anterior permite descartar cualquier arbitrariedad en su conducta, toda vez que, atendido su carácter de órgano público, debe ajustarse estrictamente a las potestades que le son conferidas por el ordenamiento jurídico, según lo mandatan los artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental. En este escenario, su conducta está plenamente justificada, pues incluso se encontraba avalado por la existencia de un EISTU que proyectó la pasarela en las condiciones que se construyó. Las mismas ideas permiten descartar una actuación arbitraria de la sociedad que implique la afectación de un derecho fundamental, toda vez que aquella se ciñó a las exigencias que imponía la legislación vigente en materia urbanística y construyó la pasarela en las condiciones que se imponen en el EISTU aprobado por las autoridades sectoriales respectivas. (Sentencia de reemplazo)

 

RECURSO DE PROTECCION – RUIDOS MOLESTOS

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Peña Fuentes, Rosa c/ Constructora Mayor Limitada y otra

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – MUNICIPALIDADES – ORDENANZA MUNICIPAL – RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La empresa constructora ha llevado a cabo una función ruidosa sin las estructuras adecuadas de reducción del ruido, provocando una contaminación sonora que vulnera el derecho a la integridad psíquica y a vivir en un ambiente libre de contaminación de la recurrente.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido contra la empresa constructora y la municipalidad por contaminación sonora próxima a la propiedad de la recurrente. Esto, dado que, respecto del derecho a la integridad psíquica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que las malas condiciones de vida que padecen los miembros de una comunidad y el estado general de abandono en el que se encuentran, generan una afectación en su integridad psíquica y moral, lo que vinculado con los hechos que se dan en la especie, conduce necesariamente a estimarla violentada, por cuanto la compañía recurrida lleva a cabo una función ruidosa, sin vigilancia que ha repercutido en su salud, según dan cuenta los certificados médicos adjuntos.

2.- En lo que concierne derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, si bien es cierto no se proporcionó ninguna medición de los decibeles ocasionados por las tareas desplegadas por la empresa, no lo es menos que las acciones de cortar fierros y maderas, cargarlos en los camiones, estacionar y mover los rodados y maquinarias en un espacio que no cuenta con las estructuras adecuadas de reducción del ruido, necesariamente provocan contaminación sonora en la residencia de la compareciente.

 

DISTRIBUICION DE GAS

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Sociedad Leyton y Compañía Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – MUNICIPALIDADES – FACULTADES FISCALIZADORAS – PATENTE MUNICIPAL – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La autorización que da la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la venta de cilindros de gas depende de la zonificación y de los usos permitidos en cada comuna.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la municipalidad contra la sentencia que acogió el recurso de protección deducido en su contra en virtud de las fiscalizaciones realizadas a la empresa recurrente de protección. Lo anterior, dado que las fiscalizaciones se realizaron dentro de sus facultades de verificación del cumplimiento de las normas aplicables, por lo que no se vulneraron los derechos de igualdad ante la ley, a desarrollar cualquier actividad económica lícita y propiedad, establecidos en el artículo 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución.

2.- El otorgamiento de patentes municipales debe ser concordante con el uso de suelo determinado en cada comuna, como lo establecen los artículos 58 , 116 y 119 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo que corresponde a cada municipalidad velar por el cumplimiento de dichas normas. Además, el artículo 142 de la misma ley establece la facultad de fiscalización la Dirección de Obras Municipales, durante y posterior a la construcción, con los objetivos que la misma establece. Por lo anterior, la fiscalización realizada -que dio cuenta de diferencias sustantivas entre las obras aprobadas y las edificaciones ejecutadas en terreno- justifica que la municipalidad haya considerado que las recepciones de las obras del recurrente no se encuentren vigentes.

3.- La fiscalización municipal relativa a la cantidad de cilindros de gas contenidos en el establecimiento de la empresa cuenta con el sustento normativo para descartar su ilegalidad, a través del artículo 57 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales, por cuanto descubrió en su fiscalización que la empresa mantenía más cilindros de gas que los permitidos. En relación a lo anterior, la autorización que da la Superintendencia de Electricidad y Combustibles depende de la zonificación y de los usos permitidos en cada comuna, por lo que si la autoridad municipal limitó los kilos de gas para un vendedor minorista emplazado en un determinado sector, el incumplimiento de dicha restricción acarrea las sanciones impuestas a la empresa.

 

FALTA DE SERVICIO – -ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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Arias Freire, Ana I. y otros c/ Ilustre Municipalidad de Tirúa

Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – MUNICIPALIDADES – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS DE SALUD – DERECHO A LA SALUD – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY
– RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Los establecimientos dependientes de la Municipalidad de prestaron un servicio deficiente, consistente en no derivar al paciente a un recinto de mayor complejidad donde pudiera acceder a un diagnóstico oportuno.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo, interpuesto por los demandantes, contra la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios, por negligencia médica en la muerte de un paciente. Esto, debido a que, el fallo impugnado ha infringido el artículo 38 de la Ley Nº19.966 desde el momento que los establecimientos dependientes de la Municipalidad prestaron un servicio deficiente, consistente en no derivar al paciente a un recinto de mayor complejidad donde pudiera acceder a un diagnóstico oportuno. Como consecuencia de esta omisión, al momento de ser atendido por un profesional médico, su condición se había agravado de manera irreversible, al punto de fallecer al día siguiente. Se configura así el factor de imputación y la relación de causalidad que exige la disposición para hacer nacer la obligación indemnizatoria del Estado en materia sanitaria. Tal yerro jurídico ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto de no haberse incurrido en él, los jueces del grado habrían tenido por establecida la responsabilidad de la demandada.

2.- En la especie, de los antecedentes aportados se desprende que la Municipalidad a cargo del Consultorio y del Cesfam, no dio debido cumplimiento a sus obligaciones de atención primaria de salud en las oportunidades que el paciente la requirió a los establecimientos de su dependencia, sin que pueda afirmarse con los elementos de convicción allegados a la causa que su deceso de todos modos se habría producido de no mediar la deficiente prestación de salud que se le brindó por parte de los mencionados establecimientos asistenciales.

3.- Aun teniendo en consideración que algunos de los síntomas que presentó el menor son comunes a otras enfermedades, lo cierto es que se realizó una primera atención en el Consultorio, luego de la cual el niño debió regresar al establecimiento al cabo de aproximadamente doce horas, reingresando en peores condiciones y demostrando un progresivo deterioro en su salud, circunstancias que aconsejaban que se hubiera dispuesto su traslado a un centro médico de mayor complejidad a fin de realizar un diagnóstico certero y determinar su tratamiento. Por lo demás, tal actuación es la ordenada por los artículos 3º del Decreto Supremo Nº140 del año 2004 del Ministerio de Salud y 6º letra f) del Decreto Nº38 del año 2005, del mismo Ministerio, de acuerdo a los cuales todo establecimiento de atención primaria debe disponer de un sistema de derivación a otros de mayor complejidad, puesto que el sistema de salud está estructurado sobre la base de una red, conforme a la cual los servicios deben complementarse entre sí a fin de resolver adecuadamente las necesidades de salud de la población. Por el contrario, desde el Consultorio fue derivado al Centro de Atención Familiar, establecimiento que, al igual que el anterior, presta atención primaria y donde, sin un examen presencial, fue nuevamente enviado a su hogar, privándosele de la oportunidad de poder ser atendido por un profesional médico y, de esta forma, acceder al tratamiento oportuno y adecuado a sus padecimientos. En este escenario, cuando el paciente ingresa al Hospital -llevado por sus padres, de propia iniciativa, atendido su agravamiento sostenido -la neumonía que padecía se encontraba ya avanzada, evolucionando a una insuficiencia respiratoria grave una vez que llega al Hospital Regional.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS

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Farias Salazar, Marta C. y otros c/ Ilustre Municipalidad de Cerrillos y otro

Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – RESPONSABILIDAD CIVIL – ACUERDO REPARATORIO – MUERTE DEL TRABAJADOR – ACCIDENTE DE TRABAJO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Si bien la existencia de un acuerdo reparatorio, en el marco del cual las víctimas del daño hayan recibido una compensación, no puede ser soslayada en cuanto a sus efectos civiles indemnizatorios, si la cuantía recibida no cumple con el principio de satisfacción integral consagrado en el artículo 2329 del Código Civil, puede complementarse a través de la correspondiente demanda dirigida, con tal objeto, en contra de terceros que, sin responder criminalmente, se vean alcanzados por la responsabilidad civil derivada de los mismos hechos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primera instancia, rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por estimar que con ella se persigue una reparación que ya se obtuvo por otra vía a través de un acuerdo reparatorio por los mismos hechos que motivaron su acción civil. Al respecto, el perjuicio sufrido por los cuatro demandantes resulta ser de una magnitud que hace imperativa su avaluación prudencial en una cantidad superior a lo obtenido por la familia en el marco del acuerdo reparatorio referido anteriormente, de manera que no resulta posible estimar que se encuentra resarcido en su totalidad. En consecuencia, al resolver que el daño sufrido por los actores se hallaba indemnizado en su totalidad, los sentenciadores de segundo grado han incurrido en infracción de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, yerro jurídico que tuvo una influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en tanto impidió que se concediera a los demandantes un resarcimiento que les permitiera ser reparados de manera integral por los perjuicios sufridos a consecuencia del actuar negligente de las demandadas.

2.- Como resultó asentado en el fallo de primer grado, la víctima falleció a los 21 años de edad, realizando para la empresa -contratista de la Municipalidad- labores para las cuales no había sido contratado, en tanto su trabajo era de barredor y se hallaba recolectando residuos domiciliarios. En ese momento, un bus choca al camión recolector donde viajaba, quedando atrapado entre ambos. Se tuvo por acreditado, además, que el transporte de los barredores no debía realizarse en el camión de basura sino en otro móvil especial y que los trabajadores de la empresa demandada no contaban con ropa de seguridad que les hiciera visibles, de modo de protegerlos de accidentes de tránsito. El daño moral se acreditó a través de pericias psicológicas realizadas a los demandantes. Lo anterior, permitió concluir que el perjuicio sufrido resultó ser de una magnitud superior a la del acuerdo reparatorio.

3.- El artículo 2329 del Código Civil consagra el principio de la reparación integral del daño, esto es, que todo perjuicio debe ser reparado en toda su extensión, máxima íntimamente relacionada con la finalidad reparatoria de nuestro sistema de responsabilidad civil. Esta postura tiene matices al momento de abordar el daño moral, puesto que resulta más difícil afirmar que éste, por su especial naturaleza, pueda ser reparado de manera íntegra. En este caso, la indemnización tiene más bien un fin compensatorio.

4.-Desde el punto de vista de la víctima, el daño sufrido es uno solo, de manera que indiferente resulta que éste sea reparado en sede civil o penal, mientras tal resarcimiento cumpla con ser íntegro.

5.- La noción de que la sola indemnización otorgada por el imputado en sede penal puede no ser suficiente para cubrir el daño patrimonial y extrapatrimonial causado por el hecho delictual fluye de la reglamentación que el mismo cuerpo legal realiza de la acción civil deducida en sede criminal. En efecto de lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal se desprende que desde el punto de vista de la víctima la acción civil en sede penal puede solamente dirigirse contra el imputado, mientras que el tercero civilmente responsable sólo puede ser demandado ante el juzgado civil competente; es así como la doctrina ha señalado que el actor que dedujo su demanda civil sólo contra el imputado, se ve obligado a replantearla contra los demás responsables civiles en la sede naturalmente competente, puesto que resultaría un absurdo privar a la víctima de un derecho que le confiere la legislación civil en contra de los demás responsables de un hecho, sólo por el ejercicio de una opción por la sede penal, en contra de aquel que debe responder criminalmente.

6.- Si bien la existencia de un acuerdo reparatorio, en el marco del cual las víctimas del daño hayan recibido una compensación, no puede ser soslayada en cuanto a sus efectos civiles indemnizatorios, si la cuantía recibida no cumple con el principio de satisfacción integral consagrado en el artículo 2329 del Código Civil, puede complementarse a través de la correspondiente demanda dirigida, con tal objeto, en contra de terceros que, sin responder criminalmente, se vean alcanzados por la responsabilidad civil derivada de los mismos hechos.

7.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo únicamente en lo que concierne a la responsabilidad de la empresa contratista y rechazarlo respecto de la Municipalidad demandada, toda vez que el arbitrio que tiene por objeto cuestionar que la sentencia recurrida haya declarado al municipio exento de responsabilidad por la muerte de la víctima a pesar de que, en su concepto, le asiste la obligación resarcitoria fundada en la falta de fiscalización practicada sobre su empresa contratista, no invoca como basamento de la casación la infracción del artículo 152 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que precisamente es aquella que establece el régimen especial por el cual responden los órganos del Estado, esto es, la falta de servicio, de esta forma aun en la hipótesis de que fuera cierto el yerro que se denuncia, la Corte tendría que declarar que éste no influye en lo dispositivo de la sentencia, en lo que dice relación con la Municipalidad, pues la equivocada aplicación de las normas legales que están destinadas a resolver la cuestión controvertida a su respecto, no ha sido denunciada como error de derecho.
(De la prevención de la Ministra señora Sandoval)

8.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandantes, toda vez que ninguna duda cabe que la norma fundamental en la decisión del asunto era el artículo 69 letra b) de la ley 16.744, de tal forma que, si se desestimó por los jueces del fondo la demanda incoada correspondía denunciar la vulneración del texto en referencia, sea, por falta de aplicación, o falsa o errónea aplicación del mismo. Como en la especie no se acusó vulneración de la norma en comento no cabe sino concluir que la misma ha recibido correcta aplicación, razón por la que el arbitrio no puede prosperar puesto que, aun si se concordara con el recurrente en el resto de los yerros a que alude, ello carecería de influencia en lo dispositivo de la sentencia.
(Del voto en contra de la Ministra señora Egnem)

 

RETENCION DE DINEROS

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Ilustre Municipalidad de Lolol c/ Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – COMISIONES ESPECIALES – MUNICIPALIDADES – COTIZACIONES PREVISIONALES – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO
ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Las retenciones de recursos ordenada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y efectuada por la Tesorería y el Ministerio de Educación, no constituyen un castigo ni tampoco una sanción de carácter pecuniario, sino que son una medida de cautela que tiene el objetivo de provocar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por los organismos del Estado, contra la sentencia que acogió el recurso de protección deducido en su contra por haber efectuado retención de fondos por no pago de cotizaciones previsionales del personal docente municipal. Al respecto, la actuación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y de la Tesorería de ordenar y efectuar la retención de dineros que debían ser entregados a la municipalidad no es ilegal ni arbitraria, ya que se encuentra contemplada como un mecanismo legal para cautelar el cumplimiento de las obligaciones previsionales que tiene la municipalidad como empleador de sus funcionarios.

2.- Las retenciones de recursos impuestas por los artículos 60 bis del Decreto Ley 3.063 y 7 de la Ley 19.609 no constituyen un castigo ni tampoco una sanción de carácter pecuniario, sino que son una medida de cautela que tiene el objetivo de provocar el pago de las cotizaciones declaradas y no enteradas en su oportunidad por el municipio, en su carácter de empleador. En este sentido, los fondos retenidos serán liberados y entregados al municipio en tanto satisfaga su obligación pendiente. Por lo tanto, la actuación desarrollada por la SUBDERE y la Tesorería constituye una doble cautela amparada en la legislación, la cual persigue que se paguen las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales.

3.- En el caso de la SUBDERE, de la Tesorería y del Ministerio de Educación, existen disposiciones legales que les permiten retener fondos de diversas fuentes, como un modo de obtener compulsivamente el pago de las cotizaciones insolutas. El Estado no puede velar por la reparación de aquella falta mediante la entrega de recursos destinados a otros fines, ya que junto con existir una prohibición de aplicar con un destino diferente a los fondos provenientes de la Tesorería y del Ministerio de Educación, es la misma legislación la que autoriza a los organismos del Estado a retener recursos hasta que no sean pagadas las cotizaciones previsionales.

SUBDIVISION DE INMUEBLE 

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Casagrande c/ Ilustre Municipalidad de Temuco

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

El acto administrativo no indica ningún fundamento legal que lo justifique, ya que el decreto señalado fue dejado sin efecto en un recurso de reclamación de ilegalidad, por lo que no puede ser ocupado para justificar una decisión de la Administración.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por el recurrente, contra la decisión de la Municipalidad de rechazar la solicitud de subdivisión de su propiedad. Al respecto, al no haber fundamentado correctamente la Municipalidad el acto administrativo, ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley que contempla el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

2.- El «reporte de observaciones» informado por la Municipalidad es un acto administrativo final y no un acto de tramitación, ya que el mismo resuelve la solicitud de subdivisión realizada por el recurrente, señalando que se encuentra suspendido el otorgamiento de permisos de subdivisión de terrenos. La Ley 19.880 define acto administrativo en su artículo 3 , señalando que corresponden a las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, que contengan declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

3.- Todo acto administrativo debe contener los fundamentos en los que basa su decisión. En este sentido, el «reporte de observaciones» no señala ningún fundamento legal que justifique la suspensión de la tramitación de la solicitud del recurrente, ya que el decreto que supuestamente sustentaría la decisión de la recurrida fue dejado sin efecto en un recurso de reclamación de ilegalidad. En consecuencia, dicho acto administrativo carece de una adecuada motivación, constituyendo una actuación arbitraria de la municipalidad recurrida.

 

BONO POST LABORAL 

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Saa Berrios, Ana R. y otro c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – BONO – GRATIFICACIONES Y BONOS –
RETIRO VOLUNTARIO – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – BASES GENERALES DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – FUNDAMENTOS DEL RECURSO – RECURSO
DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

No existe en nuestro ordenamiento jurídico norma legal que imponga a la municipalidad demandada la obligación de asesorar jurídicamente a sus empleados y asegurarles en definitiva la obtención de los beneficios que contempla la Ley N°20.305, referida al bono post laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por las demandantes en contra de la sentencia que, confirmando la decisión de primera instancia, rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio de la municipalidad. Lo anterior, dado que los jueces de la instancia han obrado con sujeción a la normativa legal aplicable en la especie, toda vez que ha quedado fijado como un hecho de la causa que la municipalidad demandada ha actuado de conformidad a la legislación vigente. En efecto el artículo segundo de la ley 20.305 (la cual dispone sobre el otorgamiento del bono post-laboral por renuncia voluntaria a servicios públicos) establece los requisitos para su legítima obtención, disponiendo al efecto la necesidad de abandonar el cargo dentro de los doce meses posteriores al cumplimiento de la edad de jubilación correspondiente (60 y 65, años en su caso). Sin embargo, y como consta en los hechos acreditados en instancia, dicho plazo no fue cumplido por ambas demandantes, motivo por el cual se rechazó el pago del mencionado bono por Tesorería.

2.- No existe en nuestro ordenamiento jurídico norma legal que imponga a la demandada la obligación de asesorar jurídicamente a sus empleados y asegurarles en definitiva la obtención de los beneficios que la Ley N°20.305 contempla, sino que por el contrario la intervención del ente edilicio en este caso se limita únicamente y tal como se desprende del artículo 3 de la citada ley, a remitir los antecedentes a Tesorería General de la República que es el órgano administrativo con competencia para determinar en cada caso la procedencia del bono post laboral, conforme se colige del artículo 8 de la ley antes mencionada.

3.- En cuanto a la vulneración del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, tal como lo ha establecido la Corte Suprema, el recurso de casación en el fondo no puede fundarse en infracción a normas constitucionales, ya que éstas establecen la organización del Estado, las garantías personales y políticas inherentes a toda persona y los criterios jurídicos sobre los cuales se deben desarrollar las normas jurídicas secundarias, respecto de las que sí es procedente el recurso de casación en el fondo; motivo por el cual se desestima la acusación referente a la infracción del precepto Constitucional.

 

LABORAL 

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Iturra c/ Municipalidad de La Reina 

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – CONVENIO DE HONORARIOS
– RELACIÓN DE DEPENDENCIA – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – RECURSO DE
NULIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Décima

Producto: Laboral Si el empleador infringió, durante toda la relación laboral la normativa previsional, corresponde aplicar la sanción que contemplan los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo independiente de que haya o no retenido de las remuneraciones las cotizaciones previsionales, pues el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera se configura, pues no enteró las referidas cotizaciones en los órganos respectivos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral, pero rechazó la demanda de nulidad del despido, por estimar que esta es una sanción establecida para quien retiene y no entera tales sumas de dinero, lo que no ocurrió en la especie. Al respecto, dicho rechazo constituye una infracción de ley, toda vez que si el empleador infringió, durante toda la relación laboral, la normativa previsional corresponde aplicar la sanción que contemplan los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo independiente de que haya o no retenido de las remuneraciones las cotizaciones previsionales, pues el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera se configura, pues no enteró las referidas cotizaciones en los órganos respectivos.

2.- En la sentencia que rechazó la demanda de nulidad del despido se constató o declaró la existencia de la relación laboral, pero en ningún caso se constituyó, puesto que ésta no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una de ellas se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica se desprenden, las que el tribunal especificará en su sentencia, condenando al demandado a su pago; condena que tiene por antecedente el reconocimiento del derecho que le asiste al actor, el cual también ha sido declarado.

3.- Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral, por cuanto no se configura las causales de nulidad alegadas. Al respecto, no concurre la causal del artículo 477 del Código Laboral, en relación con los artículos 3° letra b) , 7° , 8° inciso 1° todos del código citado y con los artículos 1° y 4° de la Ley 18.883, toda vez que si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, pero que en la práctica presta un servicio que no se encuadra en las hipótesis de contratación que permite esa ley, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos ya señalados y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque dicho código constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen del Estatuto del ramo, en una situación de precariedad que no tiene justificación.

4.- Para determinar qué estatuto es el aplicable a una persona que se desempeña en una Municipalidad -el que fija el respectivo contrato de honorarios, según lo indica el inciso final del artículo 4 de la Ley N° 18.883, o el que establece el Código del Trabajo, como se pretende, por la contra excepción consagrada en el inciso 3° de su artículo 1°- no corresponde considerar únicamente los términos de los respectivos documentos conforme a los cuales la actora, en este caso, se incorporó a la dotación municipal, tampoco los acuerdos arribados por las partes, sino lo que sucede en la práctica; criterio protector que la doctrina laboral denomina «la primacía de la realidad», y que, en la legislación laboral, se encuentra consagrado en el inciso primero del artículo 8° del Código del Trabajo, en la medida que señala que toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 7° del mismo, esto es, de carácter personal, contra el pago de una remuneración, y bajo subordinación y dependencia, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, y cuya principal expresión se da cuando se contrata a un trabajador dependiente con la apariencia de ser uno independiente a honorarios, lo que obliga a establecer la verdadera naturaleza de la prestación a través de un análisis de la prueba sometida a conocimiento del juzgador.

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Sampson c/ Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – PRINCIPIO DE
LEGALIDAD – CALIFICACIÓN LEGAL – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO
DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Iquique

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

No existe, en la sentencia impugnada, una discriminación en contra del actor por el hecho de tener la calidad de abogado, sino que sólo se tiene presente tal calidad, que es una diferencia objetiva, para los fines de analizar su comportamiento en la suscripción de los diversos convenios de honorarios con la municipalidad demandada, y que pretende sean reconocidos como de naturaleza laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por el actor en contra de la sentencia que rechazó su demanda, dado que no se han configurado ninguno de los supuestos en que se fundan las causales de nulidad planteadas. En efecto, respecto de la primera causal alegada referida a aquella del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, en este caso, la garantía de igualdad ante la ley en su calidad de abogado respecto de otros funcionarios, la Corte sostiene que la calidad de abogado que el actor detenta sin duda constituye una diferencia en relación a otros funcionarios que podrían encontrarse en una situación similar a la que pretende en su demanda, pero lo razonado por el sentenciador a quo, no dan cuenta de una discriminación en su contra, sino simplemente que por detentar esa calidad, cuenta con conocimientos jurídicos para un mejor ejercicio de sus derechos y de los recursos legales pertinentes, no pudiendo por lo mismo alegar ignorancia de la ley, más aún cuando estaba en condiciones de calificar jurídicamente su propia situación ante la municipalidad demandada, sin que pueda desconocer las consecuencias del contrato suscrito, la emisión de las respectivas boletas de honorarios, ni de lo que tal acción supone, esto es, la de ser un profesional que ejerce en forma independiente su actividad.

2.- Respecto de la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en la especie, infracción de los artículos 1 , 7 , 8 y 9 del Código Laboral, en relación con el artículo 4 de la Ley 18.883, el recurso se rechaza, toda vez que la sola circunstancia que se disienta de la interpretación que de las normas aludidas ha efectuado el sentenciador, no puede constituir la causal de nulidad del artículo 477, inciso primero del Código del Trabajo, más aún si del análisis de la sentencia impugnada, es dable concluir que aquella no se ha apartado del sentido que tienen las normas señaladas. Las discrepancias del recurrente con el razonamiento judicial del tribunal, no traen como consecuencia necesaria que hubiere mediado infracción de las normas en que se ampara el fallo recurrido.

3.- En relación a la causal contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, una detenida lectura de la sentencia recurrida, no permite, siguiendo los planteamientos y razonamientos del recurrente, efectuar la calificación pretendida por él, pues las conclusiones fácticas establecidas por el tribunal de primer grado (entre ellas que las funciones del actor tenían un carácter específico (tramitación de juicios y asesoría), el que requiere de conocimientos especiales (lex artis) que difícilmente permiten la existencia de subordinación y dependencia, la emisión de boletas de honorarios durante todo el período, lo que hace del actor sujeto de un impuesto propio de las profesiones liberales y no de trabajadores (salvo aquellos de remuneraciones altas). En este sentido, es dable dejar asentado que el actor no pagó el impuesto único de segunda categoría (de los artículos 42 N° 1 y 43 N° 1 del D.L. 824), que afecta a los trabajadores, sino el global complementario (del artículo 42 N° 2), propio de los profesionales independientes, el no pago de sobresueldo por horas extraordinarias, el reconocimiento de varios beneficios, tales como vacaciones, permisos y otros, que ratificarían la naturaleza civil del vínculo entre las partes, desde que, de haber sido laboral, se hacía innecesario pactarlas, pues la ley las entiende implícitas en todo contrato de trabajo) no pueden ser modificadas, ni alteradas por la Corte y en base a ello, sólo cabe concluir que ellas se ajustan plenamente a la calificación jurídica que ha otorgado la sentencia recurrida. Además, según se ha resuelto por la jurisprudencia, esta causal no resulta procedente frente a una sentencia que ha sido dictada conforme a derecho, sustentada en los hechos fijados por el tribunal y valorados en conformidad a los principios de la sana crítica, factores todos que hacen innecesaria la alteración de la calificación jurídica pretendida, que implicaría modificar conclusiones fácticas que resultan inamovibles.

 

ESTATUTO DOCENTE – BONO PROPORCIONAL 

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Manzo Vergara y otros c/ Ilustre Municipalidad de Panquehue

Voces: LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

El aumento de la bonificación proporcional establecido por la Ley Nº 19.933, prescribe en el plazo de dos años conforme establece el artículo 510 del Código del Trabajo, por aplicación supletoria de la normativa laboral al Estatuto Docente.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los docentes en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada en procedimiento de cobro de aumento de la bonificación proporcional de la Ley N° 19.933 . Esto, dado que, la Corte de Apelaciones, al acoger el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, hizo una correcta aplicación de la normativa aplicable; razón por la que si bien se constata la discrepancia denunciada al dilucidarse y aplicarse la referida normativa en el fallo impugnado, en relación a la que da cuenta la sentencia acompañada, no se configura la hipótesis prevista por la ley para que se unifique la jurisprudencia alterando lo resuelto sobre la cuestión objeto de la controversia, porque se ajusta a derecho la línea de razonamiento adoptada en virtud de la cual se acogió la excepción de prescripción.

2.- El plazo de prescripción extintiva del incremento del bono proporcional mensual, es aquel contemplado en el inciso primero del artículo 510 del compendio normativo laboral, por una doble razón; en primer lugar, por cuanto le es aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por cuanto se trata de una contraprestación en dinero que perciben los demandantes por causa del vínculo laboral que los liga con la Municipalidad, esto es, una remuneración, derecho irrenunciable consagrado en la carta laboral.

 

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JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 9

PARTICIPACION CIUDADANA – LEY N° 20.500.

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Koenig c/ Alcalde de la Municipalidad de Queilen

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – JUNTA DE VECINOS – MUNICIPALIDADES – CALLES Y CAMINOS PÚBLICOS – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad desatendió el mandato expreso del legislador contenido en la Ley N°20.500, que buscaba la obligatoriedad para la autoridad de escuchar a la comunidad en asuntos de trascendencia social.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la organización comunal contra la resolución administrativa de la Municipalidad que modificó el nombre de una calle sin escuchar a la comunidad. Esto, dado que, el Acuerdo Municipal que decidió el cambio del nombre de la calle es ilegal, toda vez que la Municipalidad no estaba habilitada para efectuar esa modificación sin haber oído de manera previa al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, omitiendo un trámite obligatorio y anterior a su resolución, de forma que el acuerdo adoptado deviene en una actuación ejecutada por un órgano que desatendió el mandato expreso del legislador contenido en la Ley N°20.500 , que buscaba la obligatoriedad para la autoridad de escuchar a la comunidad en asuntos de trascendencia social y no de desatenderla arguyendo motivos que, como en la especie, eran subsanables mediante la simple espera de aquel pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional que se encontraba pendiente, de forma que en la resolución impugnada se advierten evidentes caracteres de ilegalidad y arbitrariedad que deben ser corregidos.

2.- La resolución adquiere mayor sentido si se tiene en consideración que, en la misma Sesión del Concejo que decidió el cambio de nombre impugnado, el Municipio fue deferente con los integrantes de la comunidad de otro sector, a quienes escuchó antes de cambiar el nombre de la Posta, mismo cuidado que no fue considerado respecto de los residentes de calle respecto de cuyo cambio de nombre se recurre, frente a quienes se procedió con absoluto desdén pese al mandato expreso del legislador que obligaba a la autoridad a oír a los vecinos, diferencia arbitraria que, en consecuencia, obliga a acoger el recurso de protección.

3.- La mantención de la resolución inconsulta traería evidentes complicaciones a aquellos vecinos que residen en la calle cuyo nombre se pretende cambiar, en particular, para quienes ejercen una actividad comercial al tener que efectuar una serie de trámites con el propósito de adecuar su documentación tributaria a una nueva dirección impuesta por el Municipio, mayor costo que tendrían que solventar obligatoriamente sin recibir compensación alguna.

4.- Con la entrada en vigencia de la Ley N°20.500, se buscó la concreción y desarrollo normativo necesarios para alcanzar la asociatividad civil, al identificar a los grupos intermedios con las organizaciones de interés público que colaboran en la gestión de los ministerios, servicios y municipalidades, de forma que el Estado no sólo debe someter su apoyo a estas organizaciones bajo los principios de legalidad, igualdad y transparencia, sino que además, debe garantizar su subsistencia bajo los necesarios y obligatorios estándares de participación y colaboración.

ACCION DE NO DISCRIMINACION

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Luci Mickle, Sergio c/ Ilustre Municipalidad de Ñuñoa s/ Discriminación – Discapacitados

Voces: CIVIL – ACCIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN – DISCAPACITADOS – MUNICIPALIDADES – LICENCIA DE CONDUCIR – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

El rechazo de la renovación de la licencia de conducir no resulta discriminatoria para el demandante, desde que no le fue otorgada por no cumplir con los requisitos legales exigidos sobre la materia, en virtud de su no aprobación de los exámenes sicométricos y sensométricos que le fueron practicados.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, interpuesto por la municipalidad, contra la sentencia que acogió la demanda de discriminación, interpuesta por la persona discapacitada a la que no se le permitió renovar su licencia de conducir. Esto, debido a que, de la prueba rendida no aparece suficientemente establecido ningún derecho que se haya visto afectado o amenazado por un acto discriminatorio y arbitrario de parte de la municipalidad demandada, por cuanto no existe el derecho de exigir el otorgamiento o renovación de la licencia de conducir vehículos motorizados, cualquiera que sea la clase de ésta, sino que sólo existe el derecho a solicitar o pedir el otorgamiento o renovación de dicho documento, el que será otorgado una vez que se acrediten todos los requisitos que la ley exige en cada caso. En este caso, la parte demandante ejerció sin dificultad alguna dicho derecho al solicitar la renovación de su licencia, que en definitiva no le fue otorgada por no cumplir con los requisitos legales exigidos sobre la materia, en virtud de su no aprobación de los exámenes sicométricos y sensométricos que le fueron practicados, tanto en el municipio demandado por el médico de esa entidad, como en el Servicio Médico Legal, que en definitiva determinó que el demandante no podía conducir de por vida un vehículo aun cuando se encontrara adaptado.
2.- Para estar en presencia de un acto discriminatorio, no basta la existencia de una mera discriminación, sino que ésta debe ser arbitraria, es decir, debe haberse efectuado por mero capricho o voluntad del autor del acto alegado como tal, y en este caso, no existe aquello, por cuanto aparece debidamente fundamentado el rechazo de la renovación de la licencia de conducir del demandante, que consiste en general en que el demandante no cumple actualmente los requisitos exigidos por la ley para la renovación de su licencia de conducir, lo que fue constatado por el Médico del gabinete técnico de la Municipalidad demandada y, en definitiva, por los peritos del Servicio Médico Legal, quienes con los instrumentos pertinentes estimaron que no cumplía los requisitos legales para renovar su licencia por carecer de aptitudes médicas suficientes que le impidieron aprobar los exámenes sicométricos y sensométricos a que fue sometido con el instrumental pertinente a su condición física, que posee dicho servicio.
3.- Ni el Municipio, ni el Servicio Médico Legal, negaron al demandante la posibilidad de rendir los exámenes correspondientes para la renovación de su licencia de conducir, sino que rindiendo dichos exámenes salió reprobado por su condición médica, entonces, se encuentra suficientemente fundado el rechazo de dicha renovación, lo que descarta y excluye la existencia de cualquier arbitrariedad en dicha decisión por parte de la demandada. Más todavía, cuando la demandada observó que no tenía los elementos suficientes y aptos para tomar los exámenes pertinentes para dicha renovación atendida la condición médica del actor, lo derivó inmediatamente al organismo técnico pertinente, como lo es el Servicio Médico Legal, que cuenta con el instrumental apto y pertinente para ello, siendo sometido a las pruebas atingentes, siendo igual rechazado, lo que también excluye alguna arbitrariedad por parte del municipio demandado, al suplir en forma adecuada la falencia en su instrumental que el caso requería.

RENOVACION CONTRATA – CONFIANZA LEGITIMA

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Delgado c/ Contraloría General de la República

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – FUNCIONARIOS A CONTRATA – REINCORPORACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Laboral

La renovación constante de la contrata de un funcionario público genera la confianza legítima en que dicha renovación continuará verificándose en el tiempo. Lo anterior implica que el acto administrativo que pone término a dicha contrata debe estar correctamente fundamentado, no cumpliendo dicha exigencia las razones que se expresan en fórmulas generales como «el no ser necesarios sus servicios».

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría en contra de la sentencia que acogió el recurso de protección deducido por la Municipalidad en contra del Dictamen N °9.317, de fecha 17 de marzo de 2017 que dispuso la renovación del vínculo contractual que la Municipalidad mantenía con el funcionario, ordenando su reincorporación y con derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al tiempo en que permaneció desvinculado. Lo anterior, por cuanto no se advierte un actuar arbitrario o ilegal de la Contraloría, plasmado en el Dictamen impugnado, puesto que resolvió la reclamación que conoció, ponderando las circunstancias del caso, en especial, la falta de fundamentación del Decreto Alcaldicio que puso término a la contrata.
2.- Si bien puede colegirse de los artículos 2 de la Ley N°18.883 y 10 de la Ley N° 18.834, que toda contrata termina por el solo ministerio de la ley llegado el 31 de diciembre de cada año, su naturaleza esencialmente provisoria y temporal cambia si es la propia Administración la que procede sucesivamente a su renovación, actuación permanente que generará en el empleado la legítima expectativa que anualmente su contrata será renovada, de modo que, una alteración a esta invariable situación de hecho, exigirá una motivación que justifique el cambio de criterio de la autoridad, razonamiento por lo demás tácitamente compartido por el recurrente, luego de haber emitido un decreto destinado, según su apreciación, a dar razones que explicaran su nueva postura, en cuanto a no renovar una contrata que se venía otorgando desde el año 2007.
2.- La necesidad de exteriorizar la racionalidad de la decisión, será en todo caso procedente cuando se afecte la esfera jurídica del particular destinatario del acto administrativo, puesto que de ese modo se garantiza que no se actuó de forma arbitraria, motivación que permitirá conocer cuáles fueron los criterios fundamentales de la decisión, en especial, la adecuada ponderación de los intereses públicos y privados en juego y los demás elementos de juicio requeridos por la norma, sin que se cumpla con esta exigencia a través de fórmulas genéricas, las que habrán de concretarse en cada caso, relacionando y explicitando los factores de hecho concurrentes, con la política pública que lo fundamenta, como en la especie, la prescindencia de los servicios prestados por un empleado municipal, para así poder desprender, por ejemplo, las razones de por qué se escogió a un funcionario determinado para ser desvinculado y no a otro, puesto que lo lógico será que cada caso se trate individualmente, en relación con el afectado, y que de ese modo se proceda a la motivación correspondiente, de forma tal, que de advertirse esta carencia, el acto devendrá en ilegal por falta de motivación y será atentatorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

 

RESOLUCION DE CONTRATO 

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Pavimentos Chilenos Ltda. c/ Ilustre Municipalidad de El Tabo

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – PAVIMENTACION – OBRAS PUBLICAS – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LEGITIMACIÓN PASIVA – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Por la modalidad jurídica bajo la cual se celebró el convenio-mandato y el contrato de construcción, al Gobierno Regional le correspondía el pago de las nuevas obras siempre que éstas hubieren sido debidamente comunicadas y expresamente aprobadas en la forma establecida en el contrato y no como, sucedió en la especie, con evidente exceso en el ejercicio de las facultades por parte de la Municipalidad demandada.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la municipalidad demandada, contra la sentencia que, revocando la sentencia de primera instancia, acogió la demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios. Esto, debido a que, de acuerdo a los hechos establecidos, no cabe duda que los sentenciadores no incurrieron en los errores de derecho que se denuncian, puesto que de conformidad con los hechos que se tuvieron por asentados por los jueces del mérito y que asimismo, no fueron impugnados por la recurrente alegando vulneración a las normas reguladoras de la prueba, resulta inconcuso que la empresa demandante cumplió con las obligaciones que le imponía el contrato, resultando la Municipalidad demandada la parte incumplidora, toda vez que la actuación de la sociedad demandante en el cumplimiento del contrato de ejecución del proyecto de mejoramiento de pavimentación de la comuna, se efectuó con estricto apego a lo primitivamente acordado en la convención administrativa de suma alzada suscrita con la Municipalidad demandada, en tanto que ésta última efectuó modificaciones sin dar cumplimiento al único presupuesto que las hacían admisibles y exigibles al adjudicatario, es decir, la obtención previa de la pertinente autorización por el Gobierno Regional, como se precisaba en las Bases Administrativas.

2.- No puede constituir un error de derecho la circunstancia que la sentencia impugnada concluyera la existencia de responsabilidad contractual de la demandada bajo la forma de una declaración condenatoria de indemnización patrimonial, por cuanto la circunstancia de ser un contrato a suma alzada el celebrado por las partes, no implica que el contratista deba asumir riesgos o imponderables de la obra cuando ellos sean imputables, como se acreditó, al actuar negligente de la Unidad Técnica, quien actuó desatendiendo lo expresamente instruido por el mandante, excediéndose por tanto de los márgenes de las potestades proporcionadas y obligándose, por tanto, a título personal, desprendiéndose que la resolución desarrollada en la sentencia cuya invalidación se pretende por la Municipalidad, fue la acertada.

3.- En relación a lo alegado por la Municipalidad en cuanto a que el Gobierno Regional debió ser el órgano demandado, puesto que la Municipalidad, al ser su mandataria, carecía de legitimación pasiva, los sentenciadores no incurren en error de derecho al condenar a la municipalidad, puesto que por la modalidad jurídica bajo la cual se celebró el convenio-mandato y el contrato de construcción, al Gobierno Regional le correspondía, sin duda, el pago de las nuevas obras siempre que éstas hubieren sido debidamente comunicadas y expresamente aprobadas en la forma establecida en el contrato y no como, sucedió en la especie, con evidente exceso en el ejercicio de las facultades por parte de la Municipalidad demandada.

4.- Según lo prescrito en el artículo 2131 del Código Civil, el mandatario, para obligar al mandante, debe ceñirse a los términos del mandato, resultando inoponibles a éste las actuaciones realizadas por aquél que excedan sus límites, tal como lo consigna su artículo 2160 , misma inoponibilidad que surge si el encargado de la ejecución de lo ordenado por el mandante, no emplea los medios que ha querido que se empleen para lograr los fines del mandato (artículo 2134 ), de modo que, al haber actuado de un modo ajeno a los términos del contrato y límites a los que la Municipalidad debía estarse, surge inevitable la obligación propia adquirida por aquélla, coligiéndose, por tanto, la inviabilidad de su argumentación principal de no ser responsable sino quien le encomendó las obras, es decir, el Gobierno Regional.

5.- Corresponde casar de oficio la sentencia impugnada, conforme a lo dispuesto en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, por carecer de todas las consideraciones que le sirvan de fundamento, únicamente en aquella parte en que se resolvió la restitución, a título de indemnización por daño emergente, de la suma pretendida, contenida en la boleta de garantía cuyo pago se hizo efectivo por el Gobierno Regional, puesto que su procedencia se efectuó omitiendo la cabal ponderación de las alegaciones efectuadas por las partes, por lo que procedía exonerar a la Municipalidad demandada del pago de dicha suma, teniendo para ello en consideración que no obstante haberse acreditado que las nuevas instrucciones relativas a la construcción del muro de hormigón armado fueron encomendadas sin la autorización del mandante, quedó igualmente asentado y sin controversia, el incumplimiento de la adjudicataria al no realizar de manera íntegra el encargo originalmente encomendado, en particular, la construcción del muro de contención en los términos como en un principio se había obligado, omisión que facultaba a la Municipalidad a gestionar el cobro de la boleta de garantía a fin de subvenir a su pronta edificación; caución que precisamente aseguraba la correcta e íntegra ejecución del proyecto, por lo que la entidad edilicia demostró, en esta parte, que su actuar se sujetó al marco jurídico que reglaba el vínculo contractual. (Del voto en contra del Ministro Sr. Muñoz)

BONO SUBVENCION ADICIONAL ESPECIAL (SAE)

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Plaza y otros c/ Ilustre Municipalidad de Mejillones

Voces: LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE APELACIÓN –
RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

En la medida que la ley 19.933 no alude en forma expresa a términos de prescripción para el ejercicio de las acciones tendientes a obtener el cobro del Bono SAE, se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 2.515 en relación con el 2.514, ambos del Código Civil.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por los docentes en contra de la sentencia interlocutoria que acogió la excepción de prescripción de los derechos que gozan en virtud de leyes especiales. Esto, dado que, en la medida que la Ley Nº 19.933 no alude en forma expresa a términos de prescripción para el ejercicio de las acciones tendientes a obtener el Bono de Subvención Adicional Especial, cobra plena vigencia el principio protector que emana de los artículos 1 y 5 del Código del Trabajo en orden a que -en toda decisión adoptada en el ámbito de las relaciones laborales, para establecer o determinar un determinado derecho del trabajador- debe el juzgador ocurrir al principio In dubio pro operario, de capital relevancia en la justa y adecuada resolución del asunto. Tal ejercicio debió ocurrir en la especie, aplicando las normas del derecho común, esto es, recurriendo al artículo 2.515 en relación con el 2.514 , ambos del Código Civil, que fija en cinco años el plazo de prescripción para las acciones ordinarias, contados en forma que tal disposición indica.

EDIFICACION DE OBRA NUEVA

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Ramírez Morales, Jorge y otros c/ Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PLAN REGULADOR COMUNAL – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

El permiso de edificación de obra nueva debe ser tildado de ilegal, ya que la autorización se realizó contraviniendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General y el instrumento de planificación territorial correspondiente.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, respecto a la sentencia de Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección deducido en su contra. La acción de protección se interpuso contra el permiso de edificación de obra nueva otorgado por la Dirección de Obras Municipales, el cual autorizaba la construcción del edificio de la empresa inmobiliaria recurrente.

2.- De conformidad con el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el anteproyecto de una obra de edificación constituye una etapa previa a la solicitud de permiso de edificación, mediante la cual el interesado manifiesta a la Dirección de Obras Municipales una idea de proyecto, con el propósito de verificar la normativa que le afecta, el cual solo ha de ser aprobado si los antecedentes presentados cumplen con las normas urbanísticas que le son aplicables, las cuales están establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial correspondientes.

3.- La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana -en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones- realizó una serie de observaciones, considerando que el plan autorizado por la Dirección de Obras Municipales no se ajustaba a derecho, declarando que se debían subsanar las irregularidades detectadas con antelación a la emisión del permiso de edificación, atendido el incumplimiento del artículo 2.6.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Aun cuando las observaciones al anteproyecto de edificación fueron formuladas con posterioridad a la extensión del permiso de construcción, la actuación de la autoridad administrativa motivó la declaración de invalidez de la Resolución de Aprobación del Anteproyecto de Edificación de Obra Nueva.
4.- Ningún antecedente aportado en el proceso permite asentar que la deficiencia señalada por la SEREMI haya sido subsanada al momento de conceder el permiso de edificación, considerando además que tal error no fue advertido en su oportunidad por la Dirección de Obras Municipales. De esta manera, esta circunstancia permite concluir que la autorización para edificar fue otorgada transgrediendo las normas que regulan su aprobación. Así, el permiso de edificación de obra nueva debe ser tildado de ilegal, ya que la autorización se realizó contraviniendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General y el instrumento de planificación territorial. Además, cabe establecer que el actuar de la Dirección de Obras Municipales es arbitraria, toda vez que la autorización para construir aparece desprovista de justificación, al establecer una condición de edificación que resulta desproporcionada en relación a otras obras, cuya elevación incluso es inferior a la del edificio del recurrente.

PRACTICAS ANTISINDICALES

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Asociación de Funcionarios de la Salud COMUDEF (CONFUSAM) c/ Corporación Municipal de la Florida

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – PRÁCTICAS ANTISINDICALES – MUNICIPALIDADES – ACTO ILEGAL DEL ALCALDE – ORGANIZACIONES SINDICALES – NEGOCIACIÓN COLECTIVA – DISCRIMINACIÓN – APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES – MULTA LABORAL – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Sin perjuicio de no estar reconocido expresamente el derecho a huelga en el derecho interno respecto de las asociaciones de funcionarios municipales, sí está consagrado en las normas de derecho internacional -aplicables de acuerdo al artículo 5 de la Constitución- al estipular una serie de derechos cuyas facultades internas de limitación únicamente atienden a los trabajadores de las fuerzas armadas y las policías, siendo especialmente preciso en cuanto a que ese estatuto no puede interpretarse en menoscabo de los derechos de los trabajadores.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia de prácticas antisindicales interpuesta por la Asociación de Funcionarios en contra de la Corporación Municipal, representada por su Alcalde, por actos consistentes en ingresos a los centros de movilización y comunicaciones de inicio de sumarios y despidos respecto de funcionarios movilizados. Lo anterior, por cuanto, no es tolerable que la máxima autoridad comunal irrumpa en los lugares en que se llevan a cabo las movilizaciones y, sin previo diálogo con los líderes de las organizaciones participantes, proceda a la apertura de las rejas de ingreso de los centros de salud. Menos tolerable es aún que se dirija, en ambos centros, directamente a los funcionarios que participaban de esta acción, afirmando que iniciaría sumarios, que habría despidos señalando incluso, en uno de los centros de salud, que en una hora comenzaría a aplicar tal medida, ratificando la veracidad de esa amenaza a través de un comunicado dirigido a todos los trabajadores de salud comunal mediante correo electrónico, constituyendo un acto de amedrentamiento aún cuando el Alcalde tenía el convencimiento de que la paralización era ilegal, pues dicha certeza no puede ser anunciada en un contexto en el cual se hace valer la autoridad en la forma en que se hizo, dando señales de fuerza en cuanto a la apertura de las verjas de ingreso, acompañado de personas que filmaron videos en los que es posible apreciar claramente los rostros de los trabajadores movilizados y preguntando directamente si es que estaban o no en paro, dando señas que demostraban la resolución con que actuaría en el sentido anunciado a los funcionarios.
2.- La denunciada, a través de su representante, el Alcalde de la Municipalidad, incurrió en una práctica antisindical sancionada en el artículo 1.2.b del Convenio N°98 de la OIT, en el artículo 3.2 del Convenio N°87 de dicho organismo y, en el derecho interno, en aquella establecida en la letra a) del artículo 289 , que al referirse a las acciones que atenten contra la libertad sindical, hace expresa mención a la obstaculización del funcionamiento de sindicatos de trabajadores, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo o de beneficios.
3.- Sin perjuicio de no estar reconocido expresamente el derecho a huelga en el derecho interno respecto de las asociaciones de funcionarios municipales, como es el caso, sí está consagrado en las normas de derecho internacional -aplicables en el país de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República- al estipular una serie de derechos cuyas facultades internas de limitación únicamente atienden a los trabajadores de las fuerzas armadas y las policías, siendo especialmente preciso en cuanto a que ese estatuto no puede interpretarse en menoscabo de los derechos de los trabajadores a que se refiere este pleito, circunstancias en las cuales no queda sino concluir que las organizaciones de funcionarios municipales tienen derecho a definir el programa de acción, lo que comprende la paralización de sus actividades. Más aún cuando ese derecho no se ejerce en forma absoluta, al fijar ciertas atenciones no afectas al cese temporal de sus actividades.
5.- Las asociaciones denunciantes gozan de protección en el ejercicio de sus programas de acción a nivel colectivo, de manera que pueden ser sujetos activos de una demanda como la de la especie y, en consecuencia, su empleador, la Corporación Municipal y su Alcalde, tienen legitimación pasiva para comparecer al proceso, pues es el representante de dicha corporación que, en uso de su autoridad comunal, ejecuta las acciones cuestionadas en la denuncia.

TUTELA LABORAL

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Figueroa c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo 

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – DISCRIMINACIÓN LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESTATUTO DOCENTE – DOCENTES –
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – DAÑO MORAL – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Municipalidades – Laboral

El docente fue despedido por motivos de salud y por haber manifestado su opinión respecto de las desvinculaciones realizadas por la Municipalidad, por tanto, corresponde acoger su demanda de tutela por haber sido objeto de discriminación laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la docente contra la Municipalidad, por haber sido su despido discriminatorio en relación a su estado de salud y opinión política. Esto, dado que, en la especie, se desprenden indicios suficientes de que la desvinculación del actor se fundamentó en razones de salud, por haber presentado numerosas licencias médicas, las que le fueron otorgadas por haber padecido de cáncer, asimismo obran el proceso indicios suficientes que el demandante no fue reincorporado a sus funciones por haber participado activamente denunciando la desvinculación de otros docentes por motivos de salud, lo que indudablemente constituye una vulneración a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 2° y 19 N°1 y 12 de la Constitución Política de la República.

2.- Resulta inconcuso que el demandante ha sufrido daño moral con ocasión de los hechos denunciados, además ha quedado acreditado que al actor le faltaban escasos meses para alcanzar la edad de jubilación, lo que para los docentes implica la posibilidad de optar a incentivos por retiro voluntario y que se traducen en importantes sumas de dinero, lo que en el caso del actor se vio frustrado a raíz de los hechos debatidos en la causa.

3.- En relación al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por años de servicio, con el respectivo recargo legal, si si bien el artículo 71 del referido cuerpo legal permite la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Código del Trabajo, dicha norma debe analizarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo, por lo que la aplicación supletoria sólo puede tener lugar en aquellas materias no reguladas estatutariamente y sólo en la medida en que no fueren incompatibles, cuestión esta que no acontece en la especie, toda vez que la ley 19.070 contiene regulación referida el término de los servicios de los docentes y prestaciones que les corresponden en dicho evento y que no contempla, para estos trabajadores, el pago de las indemnizaciones pretendida por el actor, las que han sido establecidas por el legislador únicamente para aquellos trabajadores regidos por el Código del Trabajo.

DECLARACION DE RELACION LABORAL

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Naranjo c/ Ilustre Municipalidad de Cerrillos

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – CONVENIO DE HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – APRECIACIÓN COMPARATIVA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Séptima

Producto: Laboral Si no se tuvo por acreditado que la actora haya recibido órdenes o instrucciones para desempeñar sus labores, no puede sostenerse razonablemente que haya estado sujeta a un vínculo de subordinación y dependencia y que, por lo mismo, esa vinculación haya sido de índole laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por el funcionario a honorarios en contra de la sentencia que rechazó su demanda de declaración de existencia laboral y nulidad del despido, por no haber presentado indicios suficientes de subordinación y/o dependencia. Esto, dado que, de la lectura del texto del recurso aparece que lo que en éste se cuestiona es el hecho de no haber concluido el tribunal que la relación que ligó a la actora con la Municipalidad demandada fue una regida por el Código del Trabajo, apreciándose en ello la comisión de un error de derecho. Ahora bien, precisada la causal, lo cierto es que no se vislumbra que la sentenciadora haya incurrido en un auténtico error de derecho, por cuanto, en términos simples, no ha dado a la ley una aplicación que no corresponde o incluso que no es compartida por la recurrente, sino que, en último término, en lo que se discrepa es en la calificación jurídica que debe darse a los hechos, pues en tanto para la recurrente esos hechos deben calificarse como constitutivos de una relación laboral, para el tribunal ello no es así.

2.- El programa para el cual la actora prestaba servicios trata de un cometido especifico, es decir, de un programa determinado, cuya existencia está supeditada a la aprobación de recursos de un tercer organismo, el que verifica el cumplimiento de ciertos presupuestos y exigencias para su aprobación, siendo contratada la actora en virtud de los conocimientos específicos por ella profesados, esto es, en su calidad de asistente social. Así, se concluyó, que los argumentos sostenidos por la demandante eran insuficientes para afirmar un vínculo de subordinación y dependencia, pues las funciones desempeñadas por ella eran en su calidad de profesional, que puede ejercer su profesión de manera libre e independiente, no habiendo sido probado que haya recibido órdenes e instrucciones en la forma de ejercer su cometido, debiendo tenerse en consideración que las «funciones» o «marco» no son instrucciones propiamente tales, sino los lineamientos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos del programa, dentro de los cuales puede considerarse la asistencia a un lugar de atención específico y en un horario preestablecido tal y como ha sido probado. De esta forma, lo cierto es que resulta jurídicamente imposible atribuir error de derecho o una defectuosa calificación jurídica por el tribunal a quo, al no concluir la existencia de una relación de naturaleza laboral, que no sea alterando los hechos que han sido fijados. En términos simples, si no se tuvo por acreditado que la actora haya recibido órdenes o instrucciones para desempeñar sus labores, no puede sostenerse razonablemente que haya estado sujeta a un vínculo de subordinación y dependencia y que, por lo mismo, esa vinculación haya sido de índole laboral.

DESALOJO DE INMUEBLE

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Solís Ruiz, Angelo c/ Ilustre Municipalidad de Pirque

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DEBIDO PROCESO – DESALOJO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA – DECRETO ALCALDICIO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La municipalidad recurrida tomó la decisión de desalojar el inmueble sin realizar un procedimiento previo que protegiera la garantía del debido proceso. Además, no existe claridad respecto a la necesidad de una patente municipal y/o autorización administrativa, de modo que su falta no puede justificar el acto administrativo de desalojo.

DOCTRINA:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto contral la sentencia que rechazó la acción de protección fundada en la decisión de la Municipalidad de decretar el desalojo del inmueble que arrienda el recurrente, en el cual da cobijo a 60 personas, entre ellas adultos mayores en situación de calle y jóvenes adictos. La Municipalidad dictó el decreto alcaldicio que determinó el desalojo del inmueble, teniendo como fundamento principal una fiscalización de un inspector municipal, el cual señala que ahí funcionaría un centro de rehabilitación que no cuenta con las respectivas autorizaciones. Al respecto, dicha decisión fue tomada sin un procedimiento previo relativo a la procedencia del pago de una patente o de una autorización especial de carácter administrativa por parte de quienes dirigen la actividad realizada en el inmueble, la cual ellos califican de beneficencia.

2.- El recurrente no tuvo la oportunidad de controvertir los fundamentos de la orden de desalojo despachada, y menos aún se le otorgó la posibilidad de discutir respecto a si efectivamente estaban obligados o no al pago de una patente y/o a la necesidad de una autorización administrativa, teniendo en consideración que el actor tiene la voluntad de cumplir la normativa aplicable. En este sentido, la autoridad comunal sólo siguió los artículos 23 y 58 de la Ley de Rentas Municipales para efecto de notificar la orden de desalojo, pero no para otorgar un plazo de reclamo a dicha determinación.

3.- La actuación de la Municipalidad recurrida vulneró el derecho a un proceso previo, racional y justo, que la Constitución asegura en su artículo 19 N° 3 . Del debido proceso debe destacarse -para este caso- la faz de bilateralidad de la audiencia, la cual comprende el oportuno conocimiento de la decisión administrativa, permitiendo que los afectados por dicha decisión puedan formular sus defensas, rendir prueba a su favor y controvertir los antecedentes de la autoridad administrativa.

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JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 8

SUMARIO ADMINISTRATIVO – INFORMACIÓN PÚBLICA – CONTRALORÍA

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Ilustre Municipalidad de Antofagasta c/ Contraloría Regional de la Segunda Región

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DEBIDO PROCESO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris – Municipalidades

La negativa de la Contraloría de acceder a solicitudes de copias de la investigación no resulta arbitraria, desde que el carácter secreto de las actuaciones que anteceden a la tramitación de un sumario propiamente tal, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que no dio lugar al recurso de protección intentado por una Municipalidad por la negativa de Contraloría General a acceder a sus solicitudes de copias íntegras de investigaciones que la involucran. Esto, dado que la cautela de los fines del procedimiento, no afecta en caso alguno la garantía constitucional de igualdad ante la ley que la recurrente cree vulnerada, desde que al ser una funcionaria eventualmente investigada por un proceso disciplinario, el derecho que la asiste a que se le proporcione, a sus expensas, las copias de los documentos o fojas del respectivo sumario que sean pertinentes, procederá siempre, pero sólo una vez finalizadas las etapas preliminar e indagatoria, secretas, reserva que además encuentra sustento normativo en el artículo 137 del Estatuto Administrativo; ello, porque conforme al artículo 19 Nº 3 incisos cuarto y quinto de la Constitución, se consagra en nuestro Derecho el principio de la legalidad del juzgamiento, que garantiza a todas las personas, normas justas y racionales en la sustanciación de los juicios y contiendas, de modo que la resolución acusatoria y sancionatoria de la autoridad, será necesaria consecuencia de un proceso ajustado a esa garantía, sólo una vez que se afine la indagación administrativa.

2.- En todos los procesos deben cumplirse exigencias básicas: notificación, emplazamiento, posibilidad de comparecer, de hacerse oír en el proceso, aportar medios probatorios y de interponer recursos, es decir, asegurar una adecuada defensa de los inculpados, lo que no se logra sólo con el derecho de los inculpados a conocer ex ante los antecedentes del sumario, sea personalmente o a través de abogados, sino que mediante el otorgamiento de facilidades para obtener un adecuado conocimiento del expediente, proporcionándosele las copias de piezas o documentos que rolan en el sumario, garantías que cobran pleno vigor sólo una vez concluida la ya aludida etapa indagatoria -preliminar-, de carácter secreto, mediante la dictación del acto administrativo que así lo comunique, en particular, a los afectados por la investigación.

3.- El ejercicio comparativo que exige el análisis de la igualdad debe analizar si concurren elementos y propiedades prevalentes, suficientes y necesarias, para realizar el correspondiente ejercicio de ponderación y de afectación al principio de igualdad, es que se ofrezca al menos un acto, un hecho o decisión, ejecutado o pronunciado por la misma autoridad, que revista cualidades susceptibles de cotejo y que los elementos sustanciales de las reglas aplicables, resulten asimismo equiparables, sin embargo, no es posible efectuar el análisis propuesto acerca de la vulneración al principio de igualdad en la aplicación de la ley.

4.- El recurso de protección interpuesto en la especie, no es, en la actualidad, la vía adecuada para resolver el conflicto planteado, ligado íntimamente al derecho de acceso a la información pública, a cuyos efectos el ordenamiento jurídico ha incorporado un órgano especializado en la materia, de derecho público, autónomo e independiente, el Consejo para la Transparencia, al tiempo que ha provisto al justiciable de un procedimiento también especial, otorgando la posibilidad de impugnación directa de lo resuelto por el citado órgano, para ante la sede jurisdiccional, en una sustanciación ágil y expedita. En tales condiciones, no existe razón que justifique erigir la sede de protección en una vía paralela o alternativa de aquélla especial de que se ha hecho mención. (de la prevención de la Ministra Sra. Egnem).

 

FALTA DE SERVICIO – DESBORDE DE CAUCE

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Espíndola Canelo, Iván y otro c/ Arbulo Núñez, Gloria y otros

Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – MUNICIPALIDADES – FALTA DE DILIGENCIA Y CUIDADO ORDINARIO – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR – FUNDAMENTOS DEL RECURSO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY –
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

Si bien las demandadas no mantenían el canal en buen estado de limpieza, las probanzas rendidas resultan insuficientes para precisar en qué medida los residuos allí presentes obstruían el cauce, así como para acreditar que tal causa fue la única capaz de provocar el desborde.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Esto, debido a que, no es posible concluir que los jueces hayan incurrido en los errores de derecho al rechazar la demanda, toda vez que el daño de que se trata, esto es, el anegamiento de su propiedad producto del desborde de un cause artificial, deriva principalmente de un caso fortuito ocurrido por un fenómeno de la naturaleza totalmente ajeno a los demandados, circunstancia a la que cabe añadir la falta de mantenimiento o limpieza del canal, factor que, si bien coadyuva a la generación del resultado final nocivo, carece de influencia necesaria y significativa en su producción, pues nada permite determinar de manera tajante que los elementos que obstruyeron el cauce provinieron única y exclusivamente del predio de las demandadas, de modo que no es posible determinar que el hecho culposo que se imputa a estas últimas sea la causa directa y necesaria del hecho dañoso; a su vez, se dio por establecido que el cauce de aguas lluvias forma parte de la Red Primaria de Aguas Lluvias incluida en el plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias, por lo que no corresponde a la Municipalidad demandada su mantención.

2.- El recurso de  casación de fondo se construye contra los hechos del proceso establecidos por los sentenciadores del mérito, e intenta variarlos, proponiendo otros que, a juicio del recurrente, estarían probados. Dicha finalidad, por cierto, es ajena a un recurso de esta especie, destinado a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos por la ley. En efecto, en la casación se analiza únicamente la legalidad de una sentencia, lo que significa realizar un escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho a los hechos tal y como los han dado por probados los magistrados a cargo de la instancia.

PROCEDIMIENTO TUTELA LABORAL – DISCRIMINACIÓN

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Becerra c/ Ilustre Municipalidad de Quilicura

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – DISCRIMINACIÓN LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – LIBERTAD DE OPINIÓN – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Producto: Laboral

De la prueba rendida no se desprenden indicios suficientes de la ocurrencia del acto de discriminación por razones políticas, por ello, corresponde desestimar la demanda de tutela de derechos fundamentales de la funcionaria.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la funcionaria contra la entidad Municipal, por haber sido despedida en discriminación a su opinión política. Esto, dado que según la demandante, se aplicó la causal de término a su persona, siendo que a otros funcionarios que se encuentra en la misma situación no los han despedido por ser partidarios al alcalde. Sin embargo, en el libelo, no se cita ni especifica el nombre de los funcionarios que estarían en tal condición. Un juicio de discriminación, supone conocer al otro con el cual se debe comparar, para verificar que, ante una misma circunstancia, el trato ha sido dispar. En la especie, nada se precisa por lo que resulta imposible realizar dicho ejercicio. Sumado a ello la actora, no indica cuál es su tendencia política, si es que la tiene y tampoco la del alcalde, ni de los supuestos compañeros que acusa que no fueron despedidos.

2.- En cuanto a las acciones de acoso que reseña en su libelo, no desarrolla las circunstancias en que se habrían ejecutado, ni el sujeto que las habría materializado. Hay que considerar que la actora se desempeñaba como administrativa en un consultorio de la comuna, distante de acuerdo a lo que plantearon los testigos, del municipio, lugar en que se desempeña el alcalde, única persona a quien se individualiza en la demanda. Así las cosas, la demandante no ha cumplido con entregar al tribunal indicios suficientes sobre la vulneración por discriminación que alega.

3.- Corresponde acoger la excepción de incompetencia absoluta por materia interpuesta en contra de la demanda subsidiaria de despido injustificado, por cuanto, conforme a los artículos 1 , 2 , 3 , y 4 de la ley 19.378, en relación con el artículo 1 del Estatuto de Funcionarios Municipales, lo que dice relación con la terminación de los servicios se encuentra regulada por una normativa específica, no siendo aplicable en la especie aquella que se reclama y que ciertamente no se encuentra recogida por el artículo 420 del Código del Trabajo. Sin perjuicio de que la excepción de incompetencia acogida por el tribuna, resulta necesario para un mejor entendimiento precisar que respecto a las cotizaciones que se pretenden por AFC Chile, no le corresponden por estar expresamente excluida, al no estar regida su prestación de servicios por el Código del Trabajo, así lo dispone el artículo 1° de la ley 19.728. Respecto a la nulidad del despido, no es una sanción que alcance a este tipo de dependientes, sin perjuicio de que el cobro de las eventuales cotizaciones impagas lo debe efectuar la institución a la que se encuentre afiliada la actora.

4.- Respecto al feriado que se alega debe atenderse al dictamen de la Contraloría General de la República N° 11.618/2007, que resulta clarificador en este punto, el que ante un caso de igual características, esto es, el cese de funciones por salud incompatible y la declaración de vacancia del cargo, resolvió: «En otro orden de ideas en lo que respecta al feriado legal cuyo goce se encontraba pendiente a la fecha de la declaración de vacancia del cargo servido por el reclamante, cabe aplicar el criterio de la reiterada jurisprudencia administrativa de este ente Fiscalizador, contenido – entre otros- en los dictámenes N° 14.573, de 1990 y 7.289, de 1991, y que previene que , configurándose una causal de cese de funciones, necesariamente se produce la pérdida del feriado pendiente, puesto que el feriado es un beneficio que solo aprovecha a quienes invisten la condición de funcionarios y mientras la mantengan, no correspondiendo, en ningún caso, compensar pecuniariamente a quienes no hayan hecho uso de esa franquicia en su oportunidad». En el mismo sentido se encuentra el dictamen N° 37.971, de 15.07.2009. De esta manera, estando la actora sujeta a un estatuto especial y no siendo aplicable el Código del Trabajo en este punto, corresponde también el rechazo de la pretensión.

PROTECCION DE LA MATERNIDAD

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Vergara c/ Ilustre Municipalidad de Putaendo

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral
Las normas aplicables a una profesional de la educación, contratada como reemplazante y por un plazo determinado, en una escuela municipal, quien presentaba un embarazo al momento en que se le puso término a sus labores, son las relativas a la protección de la maternidad, contenidas en el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la decisión que no dió lugar al recurso de nulidad respecto de la sentencia que acogió una demanda de nulidad del despido de una trabajadora embarazada que se encontraba realizando un reemplazo en una escuela municipal. Esto, dado que el artículo 174 del Código del Trabajo relativo a la autorización judicial necesaria para despedir a un trabajador con fuero y que, en virtud del inciso primero del artículo 201 del mismo cuerpo legal, alcanza a las trabajadoras durante el periodo de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, es aplicable al personal contratado para desempeñar labores de reemplazo de titulares del sector municipal.
2.- Debe tenerse presente que las disposiciones sobre Protección a la Maternidad del Título II del Libro II del Código del Trabajo y, entre ellas, la norma de su artículo 201, rigen a las municipalidades, entre otros organismos o entidades estatales, por mandato expreso del inciso primero del artículo 194 del mismo Código. Por lo anterior, los sentenciadores al fallar el recurso de nulidad argumentando como lo hicieron, realizaron una correcta y acertada aplicación de la normativa en estudio, que resuelve el punto de derecho controvertido. En estas condiciones, si bien se constata la disconformidad denunciada en la interpretación y aplicación dada a los preceptos analizados en el fallo impugnado, en relación a aquélla de que da cuenta la copia de la sentencia dictada en los antecedentes N° 2.821-2010 , no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que, por la vía del presente recurso, invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el fondo.

 

CONTRATO A HONORARIOS Y RELACIÓN LABORAL

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Faune c/ Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Microjuris – Laboral

La vinculación de la demandante con la Municipalidad tuvo lugar dentro del marco de lo dispuesto para la contratación a honorarios de acuerdo al artículo 4 de la Ley 18.883, por tanto, no corresponde calificarla con el carácter de laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la trabajadora contra la Municipalidad, por la imposibilidad de homologar su relación de honorarios a una relación laboral, al enmarcarse en lo dispuesto en la Ley 18.883 . Esto, dado que aún en el evento que los servicios ejecutados por la actora se hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujetos a la dependencia e instrucciones de jefaturas, ello no hace aplicable a su respecto la regla del artículo 7° del Código del Trabajo por cuanto dichas condiciones pueden perfectamente pactarse o aplicarse en un contrato remunerado a honorarios, situación que es más asimilable al arrendamiento de servicios regido por el derecho común que al contrato de trabajo propio del estatuto laboral. En consecuencia, no resultando posible encuadrar la situación fáctica planteada por la actora dentro del marco de una relación laboral, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo y habiendo existido entre las partes una prestación de servicios a honorarios por parte de la demandante a la municipalidad demandada, cuya fecha de vencimiento era el día 28 de febrero de 2017, fecha ésta de término de los servicios de la actora, deberá desestimarse la acción ejercida en lo principal del libelo pretensor.

2.- En cuanto a las prestaciones derivadas de los derechos de maternidad de la demandante, si bien en el contrato de prestación de servicios a honorarios las partes estipularon que «La contratada gozará del beneficio de feriado legal de 15 días hábiles; licencia médica por enfermedad común hasta por 15 días; licencia pre y post natal; permiso por seis días con derecho a honorarios para fines personales.», encontrándose las partes vinculadas por un contrato a honorarios, de tipo civil, los derechos y obligaciones consagradas en el mismo sólo pueden exigirse hasta la fecha de su vencimiento, no resultando procedente la prolongación de los beneficios más allá de la fecha de expiración del contrato, por no haberlo estipulado expresamente las partes, razón por la que la demanda deberá ser también rechazada en lo que dice relación con la compensación del fuero maternal.

 

PROTECCION DE LA MATERNIDAD

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Orellana y otros c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA –
FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Municipalidades – Laboral

La desvinculación de los demandantes con la Municipalidad tuvo lugar mediante un acto administrativo debidamente fundamentado, por tanto, no es posible indagar la existencia de un indicio de vulneración de derechos fundamentales de los funcionarios demandantes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la trabajadora contra la Municipalidad, por la imposibilidad de homologar su relación de honorarios a una relación laboral, al enmarcarse en lo dispuesto en la Ley 18.883 . Esto, dado que los supuestos actos de acoso y hostigamiento genéricamente denunciados por los actores no han sido efectuados ni por el Alcalde de o ni por ningún funcionario con poder de representación del ente edilicio siendo los mismos atribuidos a terceros ajenos al presente juicio cuyas actuaciones nunca fueron puestas en conocimiento de la Ilustre Municipalidad de manera escrita de forma tal que a esta última le haya asistido el deber legal de iniciar una investigación destinada a esclarecer dichos hechos. Por lo anterior, los demandantes en el caso sublitis no han podido acreditar indicio alguno en relación a supuestos actos vulneratorios cometidos por la demandada al momento de decidir su desvinculación.
2.- El acto administrativo de no renovación en el caso de un demandante no era exigible ni legalmente ni en cumplimiento de la instrucción impartida por el organismo contralor pues sus servicios llegaron a su fin al cabo de la primera contratación la que tal y alcanzó un total de 10 meses.
En lo que respecta a la trabajadora, ha de indicarse que igual figura se repetía en relación a aquella pues su contrato databa desde el 02 de marzo de 2015, no dándose tampoco respecto de ella los supuestos establecidos por la Contraloría General de la República en el dictamen ya comentado. En lo que respecta a los otros actores, y existiendo confianza legítima, el ente edilicio dio cumplimiento a las Instrucciones contenidas en el dictamen ya mencionado, comunicando a los antes indicados su decisión de no continuar con sus contratos los que llegaban a su fin el 28 de febrero de 2017 conforme a los hechos contenidos en referido acto notificado a dichos trabajadores con fecha 20 de enero de 2017. Que desde ya ha de indicarse que en parte alguna del referido dictamen se dispone que la justificación deba reunir las exigencias contenidas (de manera analógica) en el artículo 162 del Código del Trabajo. Lo anterior tiene-entiende esta magistrado- una razón de legalidad pues dicha norma en parte alguna puede ser entendida como supletoria a las normas contenidas en el estatuto docente o de trabajadores municipales, pues dichos cuerpos normativos y la ley 19.880 contienen disposiciones especiales que por regla de especialidad deben aplican con preferencia al Código del Trabajo.
3.- En relación a la acción de despido injustificado, ha de indicarse que la Ilustre Municipalidad decidió el término de los servicios de los actores cumplido el plazo contenido en los actos administrativos que autorizaban la contratación a plazo de aquellos. Que teniendo presente lo ya razonado y revisado el estatuto especial que rige a los docentes, esto es, la Ley N° 19.070 , cabe indicar que en la especie los docentes respectivos dejaron de formar parte de la dotación de docente del sector municipal por término del periodo por el cual se efectuó el respectivo contrato, configurándose con ello a su respecto lo establecido en el artículo 72 letra d) de la Ley N°19.070, disposición que dado el estatuto especial al que se encontraban vinculados los actores resultaba ser absolutamente procedente en relación a los mismos, habiendo por lo demás cumplido el ente edilicio con las disposiciones administrativas contempladas por la Contraloría General de la República para informar la no renovación de las contrataciones de aquellos. Por lo anterior, y siendo procedente la aplicación de la causal objetiva invocada, es que la presente acción por despido injustificado tampoco podrá prosperar, debiendo ser la misma desestimada en la forma que se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

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JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 7

 

PATENTE DE ALCOHOLES

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Jimmy Alejandro Westermeier González E.I.R.L. c/ Ilustre Municipalidad de Coquimbo

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris
Si bien la Municipalidad está facultada para no renovar la patente de alcoholes de la recurrente, tal acción debe ejecutarse mediante un acto administrativo debidamente fundamentado. De otro modo, deviene necesariamente en arbitrario.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por no fundar su decisión de no renovar la patente de alcoholes del comerciante. Esto, dado que resulta inexcusable para la recurrida que en la dictación del acto administrativo que representa no se consignaran las razones que le permitieron arribar a la decisión de no renovar las patentes de alcoholes explotadas por el recurrente. Por tanto, la recurrida se encontraba impedida de adoptar tal decisión, toda vez que carecía de los elementos de juicio orientados a tal fin, advirtiéndose que la falta de motivación para arribar a tal resolución, permitía impugnarlo por la ilegalidad cometida, que además generó para el recurrente una diferenciación inmotivada y, por tanto, arbitraria, que vulneró la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.
2.- Corresponde rechazar el recurso de protección, pues la negativa a otorgar la renovación de la patente se adoptó con sujeción al procedimiento establecido por la ley, dentro del ámbito de sus facultades y considerando los antecedentes ya explicitados que sirvieron de fundamento a la decisión, por cuyo intermedio se buscaba alcanzar la finalidad de orden y seguridad reclamada por los vecinos, de forma tal que no se ha configurado ilegalidad ni arbitrariedad en el accionar de la recurrida, razón que llevaba necesariamente a decidir el rechazo del presente recurso (del voto de disidencia de la Ministra señora Egnem y del Abogado Integrante señor Figueroa).

 

PERMISO DE EDIFICACIÓN

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Inmobiliaria Parque Tres S.A. y otra c/ Ilustre Municipalidad de Providencia

Voces: ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – MUNICIPALIDADES – DEBIDO PROCESO – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ACTO ADMINISTRATIVO – PERMISO DE EDIFICACIÓN – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris
La Municipalidad al ordenar a la reclamante que, sin más trámite ajuste su proyecto de Edificación ya aprobado, sin dar inicio previamente a un proceso de invalidación, infringe las normas sobre la materia.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por una inmobiliaria, contra la sentencia que rechazó la reclamación deducida contra el acto de una municipalidad, que ordenó adecuar su proyecto inmobiliario previamente aprobado, a una escala inferior de acuerdo a las modificaciones introducidas al artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; toda vez que si bien es efectivo que la reclamada ha dado cumplimiento a las instrucciones técnicas impartidas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, las que le son obligatorias, lo cierto es que de la lectura de los actos a que alude la reclamada y en los que se contiene la exigencia de adecuar el proyecto de la reclamante a la normativa que, según la interpretación jurídica de la Seremi, es la que debe aplicarse al caso de marras. En ninguno de esos documentos se contiene la instrucción expresa de invalidar, por lo que deberá entenderse que lo expresado por el órgano técnico debe considerarse como una instrucción para que el municipio inicie el respectivo procedimiento invalidatorio, consagrado en el artículo 53 de la Ley N°19.880, puesto que de lo contrario los alcances de la determinación de un órgano técnico a una autoridad que precisamente debe cumplir sus determinaciones, importa un desconocimiento de las garantías fundamentales del administrado titular del proyecto.
2.- Se ha afectado el debido proceso administrativo, por una autoridad imparcial, sin un resultado predeterminado, que haría innecesario transitar por un procedimiento previo, incluso legalmente tramitado, puesto que la determinación final estaría precisada con anterioridad, infringiendo de igual forma los principios de imparcialidad, contradictoriedad, de transparencia y publicidad consagrados en los artículos 10 , 11 y 16 de la Ley N°19.880.
3.- La autoridad reclamada, al ordenar a la reclamante a que, sin más trámite, ajuste su proyecto de Edificación ya aprobado, sin dar inicio previamente a un proceso de invalidación, infringiéndose, de este modo, las disposiciones por falta de aplicación, por lo que procede hacer lugar al recurso de casación en el fondo.

OCUPACIÓN DE INMUEBLE – TRASLADO DE PERSONAS

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Grupo Disar S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Santiago y otro

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – FACULTADES DEL ALCALDE – OCUPACIÓN – EMPRESA –
RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Producto: Municipalidades – Microjuris
La municipalidad excedió sus facultades legales al trasladar a personas a un inmueble respecto del cual no tiene ningún derecho de uso, goce o disposición.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la empresa recurrente, respecto a los actos de las recurridas que perturbaron sus facultades de uso, goce y disposición de su inmueble, afectando el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución. Al respecto, es un hecho no controvertido que la municipalidad realizó actos de traslado a los ocupantes y facilitó la mudanza de las personas a un inmueble en el cual no tenían ningún título o derecho que les facultara a usar, gozar o disponer del bien raíz que pretendían utilizar.
2.- De los antecedentes del caso, y teniendo en consideración el principio constitucional de legalidad -que limita la competencia de los órganos de la administración del Estado-, y considerando las facultades propias de las administraciones locales establecidas en el artículo 2 de la Ley 18.695, las prestaciones de auxilio prestadas por la municipalidad -que permitieron la ocupación ilegal del inmueble- son actos que exceden de sus competencias legales. En este sentido, la segunda recurrida se encuentra ocupando ilegalmente el inmueble, al no contar con ningún título que la habilite para el uso, goce o disposición del mismo, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario.
3.- No se le puede atribuir legitimidad ni competencia a los actos de auxilio y traslado que facilitan la ocupación ilegal de un bien de propiedad privada por parte de la municipalidad, ya que dichos actos afectan los derechos de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente. De esta manera, el municipio realiza un acto ilegal y arbitrario tendiente a facilitar y trasladar a los ocupantes, incluso sin salvoconducto ni documento pertinente que fundamente dicho auxilio.

 

DESPIDO INDIRECTO

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Huaiquil c/ Dirección Municipal de Educación de El Bosque

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – DESPIDO INDIRECTO – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DERECHOS Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES – INDICIOS – DAÑO MORAL – RECHAZO DE LA DEMANDA
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel
Producto: Laboral – Municipalidades
Quien ejerce la acción de tutela debe indicar no solamente los hechos, sino que también debe individualizar de manera concreta y sin duda alguna
cuál o cuáles serían los derechos o garantías vulneradas, para así permitir al tribunal la valoración de los hechos y la resolución del asunto
controvertido.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la docente contra la entidad Municipal, por no
fundamentar suficientemente los derechos supuestamente vulnerados en su despido. Esto, dado que la actora ha concurrido a estrados accionando de
tutela laboral fundada en hechos que narra en su demanda que se habrían producido durante la vigencia de la relación laboral, más, en ninguna
parte de su libelo, ni en el cuerpo ni en el petitorio, señala cual o cuales de los derechos fundamentales señalados en el artículo 485 del
Código del Trabajo estima vulnerados, sino que únicamente menciona de manera textual los artículos 485, 489 y 493 y correspondiendo a quien
ejerce la acción de tutela indicar no solamente los hechos sino que también debe individualizar de manera concreta y sin duda alguna cual o
cuales serían los derechos o garantías vulneradas, para así permitir al tribunal la valoración de los hechos y la resolución del asunto
controvertido, la recurrente no ha cumplido con la norma contemplada en el artículo 446 N° 4 y 5 del Código del Trabajo lo que imposibilita a
esta sentenciadora entrar a pronunciarse sobre la denuncia, correspondiendo su rechazo por falta de fundamentos.
2.- También la demandante reclama indemnización por daño moral, señalando al respecto de manera escueta que es «por afectación de derechos
fundamentales», sin indicar cuáles serían el o los perjuicios que la habilitarían para ello, a lo que se agrega que ninguna prueba ha rendido
para siquiera indiciariamente producir convicción respecto de esta petición.

CLAUSURA DE LOCAL COMERCIAL

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Miranda c/ Ilustre Municipalidad de Independencia

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – CLAUSURA – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – LOCAL GASTRONÓMICO – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris
La decisión de clausura emanada de la municipalidad no se ajustó a la normativa de la Ley 18.695, como además no se encuentra fundamentada en hechos comprobados, por lo que dicha decisión es ilegal y arbitraria, afectando los derechos consagrados en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por una comerciante contra la decisión de la municipalidad de clausurar su local comercial, fundada en que la recurrente habría realizado modificaciones al inmueble sin contar con autorización, como además, por no contar con un contrato de arrendamiento vigente. Señala como vulnerados los derechos del artículo 19 N° 2, 3, 21, 22, 23 y 24 de la Constitución. Al respecto, la decisión de clausura inmediata emanada del alcalde de la municipalidad recurrida ha sido dispuesta sin sujetarse a la normativa propia contenida en la Ley 18.695, como además sin encontrarse establecidos los fundamentos de hecho en que se sustenta, lo cual torna la decisión en ilegal y arbitraria, pues aparece dictada fuera de los casos que la ley establece y al margen de las normas que la regulan, afectando los derechos a desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad de la recurrente.
2.- Si bien el alcalde de la municipalidad recurrida señala que fundamentó la clausura en lo establecido por la letra ñ) del artículo 65 de la Ley N° 18.695, cabe señalar que no consta en ninguna parte que se haya realizado con el acuerdo del Concejo, el cual es una exigencia legal que no puede omitirse ni ignorarse.
3.- Uno de los argumentos para fundamentar la clausura inmediata del local comercial de la recurrente es que ella no contaría con un contrato de arriendo vigente, en función de los antecedentes allegados por una empresa inmobiliaria. Sin embargo, de dichos antecedentes se desprende que el contrato de compraventa -que justificaría la propiedad por parte de la inmobiliaria- señala que ésta es dueña de una propiedad vecina al inmueble que arrienda la recurrente, es decir, respecto a un bien raíz completamente distinto. Cabe agregar que existe una sentencia judicial que negó a la inmobiliaria la restitución del inmueble donde arrienda la recurrente, debido a que no logró acreditar su propiedad sobre dicho bien.
4.- Respecto al segundo argumento que fundamentó la decisión de clausura -referente a existencia de modificaciones interiores al local no autorizadas- cabe señalar que la municipalidad no logró acreditar la existencia de dichas modificaciones, por cuanto sólo incorporó a su informe una fotografía, de la cual se ignora si corresponde efectivamente al local de la recurrente

PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

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Pérez c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – DISCRIMINACIÓN LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESTATUTO DOCENTE – DOCENTES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – DAÑO MORAL – DEMANDA ACOGIDA
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Municipalidades – Laboral

Pese a que el Estatuto Docente no contiene norma especial alguna que regule la procedencia de la indemnización por daño moral, corresponde acogerla en aplicación supletoria de las normas generales del Código Civil.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la docente contra la Municipalidad, por haber sido despedida en discriminación a su estado de salud y opinión política. Esto, dado que en relación a la indemnización de daño moral reclamada por la actora, siendo coherente con el Estatuto Docente, al no establecerla esta norma especial, pareciera que no corresponde acogerla, más no debemos olvidar que se encuentra dispuesto en normas generales que hablan del daño extrapatrimonial o moral, nuestro Código Civil , referente para todas las vinculaciones contractuales. Entre todas las interpretaciones que a este respecto se hacen, existe una según la cual en sede de fueros protectores las opciones de inteligencia no deben discurrir por la senda del sacrificio o preterición de lo por ellas amparado, expresión del axioma pro homine que irradia el derecho del trabajo como rama de la teoría de los derechos humano-sociales y, en la encrucijada, no se divisa razón para cerrar al procedimiento de tutela por despido injustificado la puerta al anhelo reivindicatorio del mal moral.
2.- La pericia practicada por la psicóloga establece de manera indubitada la afectación que sufrió la trabajadora en su ámbito extrapatrimonial por el despido, y dicho daño patrimonial debe ser resarcido, pero no en la suma pretendida por la trabajadora ya que, no queda suficientemente esclarecido que dicho daño se deba exclusivamente al despido, ya que la propia perito atribuye en parte la afectación de la trabajadora a su insuficiencia renal crónica, la que conforme a la lógica, evidentemente afecta el ánimo de cualquier persona, sin perjuicio de que no daña la empleabilidad de la actora, ya que ella misma manifestó al tribunal que ella se dializaba en las noches, por lo que se fijará en la suma de $ 20.000.000, suma prudencial que resarza estos daños inmateriales.
3.- Las normas del Código del Trabajo relativas al contrato de trabajo, al aviso de la terminación del contrato laboral, a las indemnizaciones sustitutivas de dicho aviso y por años de servicios que encierran sus artículos 7º , 8º , 162 , 163 y 168 , no pueden recibir aplicación supletoria en el caso de la actora, atendido que el Estatuto Docente establece su propia regulación en torno a las calidades funcionarias en que pueden pertenecer a una dotación docente municipal, a las causales de expiración en los cargos de titulares y de contratados y a los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones y sus disposiciones rigen con preferencia a quienes integran una dotación docente. Ello al tenor de lo preceptuado tanto en el artículo 71 del mismo Estatuto Docente como en los incisos segundo y tercero del artículo 1º del Código del Trabajo y artículo 13 del Código Civil, lo que justifica la aplicación del termino de los servicios que se ha tratado en la presente causa, artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, por ser ésta última una especial que debe ser aplicada con preferencia, y no conteniendo la norma especial ninguna mención acerca de indemnizaciones por la desvinculación de la docente demandante, ello lleva al rechazo de la demanda en cuanto las reclama.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 6

VIGILANCIA – USO DE DRONES

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Gonzalez Carbacho, Sergio y otros / Iltma. Municipalidad de Las Condes

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – INVIOLABILIDAD DEL
HOGAR Y COMUNICACIONES PRIVADAS – VIDEOS – AERONAVEGACIÓN – MEDIDAS DE SEGURIDAD – DERECHO A LA INTIMIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Microjuris

La implementación de tele vigilancia no resulta atentatoria a la vida privada de los actores si ellos llegan a circular por los espacios públicos
donde sobrevuelan los drones en atención a la forma como ha sido implementada la medida por el Municipio, pues ha existido una regulación de la
actividad que permite conocer en forma previa sus particularidades.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por un grupo de vecinos contra una municipalidad, fundado en la implementación de
un sistema de vigilancia a través de cámaras aéreas de alta tecnología, montadas en vehículos aéreos «drones», destinada a visualizar y
monitorear una amplia área de la comuna como parte de un plan piloto para una posterior ejecución masiva de un sistema de vigilancia en la
comuna, toda vez que no se observa un actuar ilegal ni arbitrario en el actuar del municipio, ni una afectación a las garantías de vida privada e
inviolabilidad del hogar, derecho de propiedad, libertad de expresión, el derecho de reunión e integridad física.
2.- No se advierte infracción al artículo 20 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de datos personales; en concreto, a una eventual falta de
competencia del municipio en el tratamiento de datos personales sin autorización del titular. Al respecto es posible atender lo observado por el
oficio Ord. Nº 002309 de 2017 del Consejo para la Transparencia, respecto a la implementación de dispositivos de video vigilancia, como parte de
su facultades de formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado, tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión
y a facilitar el acceso a la información que posean, y en velar por el adecuado cumplimiento de la Ley 19.628, establecidas en el artículo 33 de
la Ley N° 20.285; concluyó respecto de los municipios, en virtud de los artículos 4 letra j) y 5 letra l) de la Ley N° 18.695, que una de las
funciones que la ley les ha otorgado es el resguardo de la seguridad comunal y el control del orden público y, por tanto, en cumplimiento del
artículo 20 de la ley Nº 19.628, estos órganos del Estado sólo pueden tratar las imágenes en el marco de sus competencias y con la finalidad allí
descrita; finalidad que precisamente persigue la recurrida con la implementación de este sistema.
3.- De acuerdo a los antecedentes allegados al caso sub judice, los drones utilizados por la Municipalidad recurrida cumplen con la norma técnica
DAN 151, pues los aparatos en cuestión en cuanto a su peso se encuentran dentro del límite de pesaje contemplado por dicha norma, habiéndose
verificado aquello por la autoridad técnica sobre la materia en Chile, la cual además se ha encargado de explicar la eventual incongruencia que
se denunciaba en razón de la información que publicaba el fabricante, debiendo preferirse lo señalado por la Dirección General de Aeronáutica
Civil por tales razones y porque además revisó precisamente los drones que utilizará la recurrida.
4.- Cabe desestimar que la actuación de la recurrida tenga un carácter arbitrario, por cuanto la implementación del plan de vigilancia a través
de drones obedece a una razón de seguridad ciudadana y para la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe, sin que pueda
advertirse un propósito distinto a estos, máxime cuando se ha encargado de regular esta actividad en forma detallada como puede observarse en un
manual al momento de licitar el servicio de drones, donde se determina el alcance de la actividad, la responsabilidad del personal que opera
dichas máquinas, la operatividad de estos aparatos, los lugares donde serán utilizados, las prohibiciones, las grabaciones, las solicitudes de
acceso a estas grabaciones, la entrega de las mismas a los órganos competentes, entre otros aspectos.
5.- Es razonable que al acceder a un lugar público cada persona aspire, entre otros aspectos, que sus conversaciones no sean de acceso público,
como también que en su desplazamiento no sea objeto de registro personal, o de seguimientos, es decir, que pueda deambular libremente manteniendo
su anonimato frente a quienes le rodean, a menos que incurra en conductas ilegales o se vea involucrado en situaciones de emergencia, pues en
tales casos, normal es que tales expectativas de privacidad se desvanezcan. La implementación de tele vigilancia no resulta atentatoria a la vida
privada de los actores si ellos llegan a circular por los espacios públicos donde sobrevuelan los drones en atención a la forma como ha sido
implementada la medida por el Municipio, pues ha existido una regulación de la actividad que permite conocer en forma previa, los lugares donde
se realiza la actividad, el horario, las personas encargadas de ello, las situaciones en que se procederá a la grabación, la duración en su
mantención y la forma que tienen los ciudadanos de acceder a ellas; se trata además de vistas panorámicas de dichos lugares, que dejan a
salvaguarda el anonimato de los transeúntes, a menos, claro está de situaciones delictivas o de emergencia en que el anonimato puede decrecer en
pro de otros fines legítimos de seguridad.
6.- Respecto a la posibilidad de grabar en espacios privados abiertos, cabe mencionar que el manual de procedimiento solo concibe aquello ante la
situación de flagrancia en la persecución de un delito; es decir, el manual entiende que frente a una «persecución» podría efectuarse la
grabación solo del espacio privado abierto, esto es, no se trata de una grabación o visualización previa de estos tipos de espacios, sino que
ocurrido un hecho delictual en el espacio público sólo allí se acceda en persecución al espacio privado abierto.

DERECHOS MUNICIPALES – ASEO

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Sanhueza Acosta, Carlos c/ Ilustre Municipalidad de Concepción

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – IMPUESTOS MUNICIPALES – PRESCRIPCIÓN –
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Sexta
Producto: Municipalidades – Microjuris – Tributario

Los Derechos Municipales debidos por personas naturales o jurídicas, al no ser impuestos, no gozan del periodo disminuido de prescripción
extintiva de sus acciones señalado en el artículo 2521, debiendo regirse por el general para acciones ordinarias del artículo 2515.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia que acogió la acción de prescripción extintiva
de la acción para impetrar el cobro de los derechos municipales por concepto de aseos domiciliarios en cuanto, aun siendo procedente el
razonamiento de la recurrente, debiendo en efecto aplicarse el periodo de prescripción común de cinco años determinado en el artículo 2515 en
vez del determinado en el artículo 2521 para acciones en favor o en contra del fisco y Municipalidades referentes a toda clase de impuestos, el
periodo de prescripción, aun así habría transcurrido.
2.- El error fundamental del sentenciador a quo, al no hacer aplicación del periodo de prescripción extintivo correcto, redunda en considerar al
aseo domiciliario prestado por la municipalidad como un impuesto, cuando, de acuerdo a la Ley de Rentas Municipales, éste debe ser tomado por un
Derecho, como bien lo determina el artículo 40 de dicha norma respecto de los montos que se obligan a pagar personas jurídicas o naturales por
servicios que reciban de la Municipalidad, y en particular los artículos sexto a décimo , los cuales reiteran el carácter de Derecho Municipal
de los pagos debidos por aseo domiciliario.
3.- Resulta improcedente determinar como plazo de prescripción extintiva el determinado para acciones procedentes de impuestos, de tres años,
determinado en el artículo 2521 antes referido, siendo necesario así aplicar el periodo general de prescripción de acciones ordinarias de cinco
años, de acuerdo al artículo 2515. Sin embargo, y sin perjuicio de la procedencia del razonamiento, no cabe sino rechazar el presente recurso,
confirmando la sentencia del a quo, en cuanto ello no modificaría lo dispositivo del fallo, debido a que ya habría transcurrido el periodo de
cinco años desde la exigibilidad de la obligación, motivo por el cual el error se tornaría irrelevante para la resolución de este caso.

UTILIDAD PUBLICA – PERMISO DE EDIFICACION

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Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. c/ Contraloría General de la República

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA –  DERECHO DE PROPIEDAD – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – ACTO ADMINISTRATIVO – PERMISO DE EDIFICACIÓN – MUNICIPALIDADES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Producto: Municipalidades – Microjuris

La aprobación por parte de una municipalidad de un anteproyecto y el otorgamiento de un permiso de edificación no constituyen derechos
indubitados que puedan ser resguardado a través de un recurso de protección.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección deducido por la empresa, respecto de un dictamen de la Contraloría General de la República que
declaró ilegal la decisión de la municipalidad de aprobar el anteproyecto de la empresa recurrente -el cual sirvió de base al permiso de
edificación otorgado al actor- contraviniendo así la Ley N° 20.791 . Señala como vulnerados los derechos del artículo 19 N° 21 y 24 de la
Constitución. Al respecto, la aprobación y el permiso entregado no constituyen derechos indubitados que puedan ser resguardados a través de una
acción de protección.
2.- De los antecedentes aportados no aparece que el recurrente sea titular de un derecho indubitado que haya sido afectado o sea amenazado por el
acto de la Contraloría, circunstancia vital para acoger una acción de protección, ya que el presente recurso no es una instancia de declaración
de derechos, sino que de protección de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren amagados o afectados.
3.- Lo que se pretende en este recurso es que un tribunal deje sin efecto el acto administrativo dictado por la Contraloría General de la
República. En este sentido, el recurrente califica el dictamen de ilegal por la interpretación normativa efectuada respecto al alcance del
artículo transitorio de la Ley 20.791, norma que según el recurrente debe llevar a una conclusión jurídica -que le favorece-, mientras que la
efectuada por el órgano contralor lleva a otra que lo perjudica, solicitando que se anule el acto emanado de la recurrida. Claramente esto es
materia de un juicio declarativo.
4.- De los antecedentes aportados no se puede afirmar que la interpretación de la norma efectuada por la Contraloría se aparte del tenor de la
misma. Cabe agregar que el dictamen fue dictado en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales de la Contraloría, siendo el
resultado de un procedimiento contemplado en la normativa que la rige.

UTILIDAD PUBLICA – PERMISO DE EDIFICACION

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Figueroa c/ Ilustre Municipalidad de Coquimbo

Voces: LABORAL – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA – SENTENCIA DEFINITIVA – FALTA DE
FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECURSO DE QUEJA – RECHAZO DEL RECURSO – ACTUACIÓN DE OFICIO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral
El recurso de queja procede solo contra sentencias definitivas o interlocutorias, por tanto, habiéndose deducido contra la resolución que se
pronunció sobre el recurso de nulidad, no procede acogerlo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el trabajador en contra de los jueces que declararon la caducidad de su demanda de
despido indirecto, por estimar que para ella no resulta aplicable la suspensión del plazo conforme al artículo 168 del Código del Trabajo.
Esto, dado que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja solo procede
cuando la falta o abuso se cometa en sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, y que no
sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario. Como la que motiva el recurso que se examina no participa de la naturaleza
jurídica de las indicadas, en la medida que se pronuncia sobre el de nulidad deducido en contra de la de base, se ha de concluir que no puede
prosperar y debe ser rechazado.

2.- La decisión del juzgado de base, por su entidad e importancia, emitida una vez recibida toda la prueba ofrecida, es dable considerarla como
sentencia definitiva, por lo que no debió declararse la improcedencia del recurso intentado en su contra, lo que trajo consigo que no se entrara
al fondo del asunto dejando en la indefensión a los actores y privando al demandado de obtener una decisión acorde a su postura, en la medida que
no hubo pronunciamiento acerca de la cuestión entregada a su conocimiento, esto es, lo concernido a la materia sometida a la consideración del
tribunal. Por los razonamientos señalados, se deja sin efecto la resolución de treinta y uno de mayo de este año, dictada por una sala de la
Corte de Apelaciones de La Serena, que declaró la improcedencia del recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de veintisiete de enero
del mismo año, dictada por el Juzgado del Trabajo de La Serena, que, en consecuencia, al ser procedente deberá ser resuelto por los integrantes
de la misma sala dentro del término legal.

3.- Corresponde acoger el recurso de queja, pues la decisión del juzgado de declarar la incompetencia del tribunal luego de haberse aceptado a
tramitación el asunto propuesto, haciendo perder todo lo obrado, pronunciamiento que quedó afirme al declararse la improcedencia del recurso de
nulidad deducido en contra de dicha sentencia, importa una actuación con falta grave que debe ser enmendada por esta vía extraordinaria (del voto
de disidencia de los Ministros Sres. Cerda y Brito).

ESTATUTO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES

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Martinez y otros c/ Ilustre Municipalidad de San Carlos

Voces: LABORAL – DESPIDO – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – RELACIÓN DE DEPENDENCIA  – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – INDEMNIZACIÓN – RECURSO DE NULIDAD – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Producto: Laboral – Municipalidades
No existe infracción al Estatuto Administrativo de las Municipalidades, ley 18.883, cuando se declara que los trabajadores de una Municipalidad
se rigen por el Código del trabajo, si ello realizan labores bajo subordinación y dependencia.

Doctrina:

1.- Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el demandado en contra de la sentencia de primera instancia que acogió la demanda por
despido, condenando al pago de indemnizaciones y prestaciones de orden laboral y previsional. El recurso se funda en la causal del artículo 477
del Código del Trabajo, invocando como normas legales infringidas el artículo 15 de la ley 18.575, artículos 1° y 40 de la ley 18.695, 1 ,
2 , 3 y 4 de la ley 18.883 y 6 y 7 de la Constitución Política del Estado, señalando que el ingreso a la Administración del Estado se
regula por las normas estatutarias que establece la ley 18.883 , Estatuto Administrativo de las Municipalidades. Como segunda causal esgrime la
de la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, e relación a que el artículo 459 N° 4 que dispone que el tribunal debe establecer los
hechos que estima probados, señalando que la sentencia no lo ha dado por acreditado que las demandantes fueron despedidas.
2.- Luego de ponderar los antecedentes con arreglo a las normas de la sana critica, el tribunal de primera instancia tuvo por acreditados
diversos hechos que estuvieron presentes durante todo el desarrollo del vínculo de las demandantes con el municipio, concluyendo que las
demandantes no fueron incorporadas como trabajadoras de planta o a contrata, y que existió entre las partes una prestación de servicios
personales bajo subordinación y dependencia, pues se fiscalizaba la labor de las actoras y éstas cumplían jornada de trabajo, por lo que esta
relación debía regirse por las reglas generales contenidas en los artículos 7 y siguientes del Código del Trabajo. Esto sumado a que el
contrato entre las partes no era a honorarios, por cuanto las actoras no desempeñaron una labor específica, sino múltiples funciones y además,
porque su no fue transitorio, sino continuo. En este sentido no resulta procedente acoger el recurso por la primera causal, ya que el fallo se
ajusta íntegramente a derecho.
3.- Respecto a la segunda causal, teniéndose que el articulo literalmente dispone que el recurso de nulidad procederá cuando sea necesaria la
alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, el recurrente señala que no
se dio por establecido el despido porque no se contiene tal conclusión. Sin embargo esta conclusión si aparece, cuando la juez indicó que al
encontrase establecida la existencia del vínculo laboral, la carga de acreditar el cumplimiento de las formalidades legales del término del mismo
recayó en el municipio, y no habiéndose probado la razón de la decisión dentro de las causales este se tiene por injustificado, por lo que cabe
también el rechazo del recurso de nulidad por la segunda causal.

INVALIDACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO

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Municipales de la Municipalidad de Villa Alemana s/ Invalidación del acto administrativo

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – ACTO ADMINISTRATIVO – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES –
MUNICIPALIDADES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Si el Director de Obras Municipales estimó la concurrencia de un supuesto de invalidación de sus actos, debió aplicar el procedimiento
invalidatorio del artículo 53 de la Ley 19.880.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó su recurso de protección, fundado en la decisión del
Director de Obras Municipales de anular el certificado de recepción definitiva de la obra otorgado al recurrente, sin haber realizado el
procedimiento invalidatorio del artículo 53 de la Ley 19.880, toda vez que al ser una invalidación de un acto administrativo, se debe proceder
a realizar un procedimiento invalidatorio, siguiendo lo establecido en la Ley 19.880 .
2.- Si el Director de Obras Municipales estimó la concurrencia de un supuesto de invalidación de sus actos -en particular el incumplimiento de la
normativa de construcción aplicable, y por tanto el errado otorgamiento del Certificado de Recepción Definitiva de la obra-, por mandato del
artículo 53 de la Ley 19.880 debió aplicar el procedimiento que contempla y oír al interesado, inclusión que constituye un límite a sus
competencias y a la facultad de revisión que detenta, que si bien puede ejercerse de oficio o a solicitud del interesado, su aplicación debe
sujetarse a la exigencia de audiencia previa.
3.- Debido a las condiciones anómalas en que se invalidó el acto administrativo, dicha conducta vulneró la garantía del artículo 19 N° 2 de la
Constitución, por cuanto la igualdad ante la ley se vulnera cuando no se efectúa el trámite de audiencia previa que establece el artículo 53 de
la Ley 19.880, al quedar el particular en una posición desmedrada frente al Estado.
4.- Los actos administrativos pueden ser dejados sin efecto por un Órgano de la Administración por razones de legalidad o por mérito, oportunidad
o conveniencia. En el primer caso se denomina invalidación y en el segundo revocación. En este caso corresponde la invalidación, ya que la
construcción de la vivienda del recurrente se desvió de lo establecido en los planos, por lo que su construcción se tornó ilegal. El artículo 53
de la Ley 19.880 establece que la invalidación de un acto administrativo es procedente «previa audiencia del interesado», la que en el presente
caso no se llevó a cabo.

MAQUINAS DE JUEGOS – ORDENANZA MUNICIPAL

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Navarrete Molina, María c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – ORDENANZA MUNICIPAL – FACULTADES FISCALIZADORAS – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Las municipalidades cuentan con la facultad para regular a través de ordenanzas el ejercicio y explotación de determinadas actividades
económicas, en virtud de la Ley 18.695. En este sentido, las máquinas de juegos que mantiene la recurrente exceden los términos en los que fue
otorgada la patente municipal provisoria, por lo que la decisión de clausura de los locales no es ilegal ni arbitraria.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por la recurrente, respecto a la amenaza de clausura de los locales comerciales de
la actora, la ilegalidad de la Ordenanza Municipal de Maquinas de Habilidad o Destreza, y la efectiva clausura de sus locales, en condiciones que
cuenta con patente comercial provisoria entregada por la municipalidad recurrida. Señala como vulnerados los derechos consagrados en el artículo
19 N° 2, 3 inciso cuarto, 21 y 24 de la Constitución. Al respecto, la patente provisoria de la actora no incluye a las máquinas que la
recurrente tiene en sus locales, por lo que los actos de fiscalización y clausura realizados por la municipalidad se ejercieron sin arbitrariedad
ni ilegalidad alguna.
2.- Sobre las amenazas que habría sufrido la recurrente a través de la prensa y de los inspectores municipales, cabe tener presente que la labor
de estos últimos consiste precisamente en fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la comuna, sin que existan
antecedentes respecto a que ellos se hayan apartado de sus atribuciones y hubiesen proferido dichas amenazas.
3.- La municipalidad se encuentra impedida de autorizar actividades ilegales, como por ejemplo los juegos de azar, de manera que sólo puede
otorgar patente para máquinas de juego de habilidad o destreza, señalándose en una ordenanza las condiciones exigidas para el otorgamiento de
patente comercial de esta última actividad. En este sentido, la Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación comercial de
máquinas de habilidad o destreza no es ilegal, ya que tiene su fundamento en la facultad conferida a los municipios por la Ley 18.695 .
4.- La recurrente contaba con patentes provisorias que la autorizaban para desarrollar la actividad económica consistente en «Salas de Billar,
Bowling, Pool y Juegos Electrónicos (solo pelucheras, mesas de aire y kiddies)», es decir, actividades que no pueden estimarse reguladas por la
ordenanza que rige los juegos de destreza o de habilidad. Sin embargo, de acuerdo a las fotografías acompañadas se puede desprender fácilmente,
sin necesidad de pericia alguna, que las máquinas que funcionaban en los locales de la recurrente no constituían pelucheras, mesas de aire o
kiddies, las cuales son juegos electrónicos más avanzados, que no cumplen con las exigencias señaladas en la Ordenanza Municipal que regula los
juegos de destreza.
5.- El mismo informe pericial que acompaña la recurrente para demostrar que no son máquinas de azar sirve para corroborar que las máquinas
explotadas por la recurrente distan mucho de ser «pelucheras, mesas de aire o kiddies», siendo en realidad máquinas electrónicas que debían
cumplir los requisitos de la Ordenanza Municipal de juegos de destreza para poder funcionar, tratándose en consecuencia de juegos electrónicos no
amparados por la respectiva patente provisoria.
6.- La Ordenanza Municipal sobre juegos de azar vigente se ajusta completamente a derecho, y que por ende no cabe atribuir ilegalidad alguna a la
municipalidad recurrida. En este caso era de cargo de la recurrente acreditar el cumplimiento de todas las exigencias contenidas en dicha
normativa para ejercer lícitamente su actividad económica, sobre lo cual no aportó la prueba pertinente. De esta manera no se advierte que la
municipalidad haya incurrido en algún acto ilegal o arbitrario, sino por el contrario, se ha limitado a dar estricto cumplimiento a sus
obligaciones dentro de la esfera de su respectiva competencia, conforme al principio de legalidad constitucional.

PATENTE MUNICIPAL

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Municipalidad de Las Condes c/ Inversiones San Aurelio Ltda.

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – HECHO GRAVADO – ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA – CERTIFICADO DE DEUDA – ACTO ADMINISTRATIVO – PRESUNCIONES – PRESUNCIÓN LEGAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – PRESCRIPCIÓN – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Undécima
Producto: Tributario – Municipalidades

Todo sujeto que realice actividades lucrativas, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, se encuentra obligado al pago de
patente municipal, con independencia de haber obtenido o no en el periodo rendimientos positivos o negativos. Los actos de la administración
gozan de presunción de legalidad. El periodo de prescripción de las acciones en favor y en contra del Fisco y Municipalidades que provengan de
cualquier clase de impuesto es de tres años.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el presente recurso de apelación, interpuesto por la recurrente en contra de sentencia de primera instancia, la cual tiene
por dejar sin efecto certificado de deuda declarado en contra de la recurrida, toda vez que -y considerando el contenido de dicho certificado de
deuda- la recurrida se encuentra efectivamente sujeta a la obligación de pago de patente municipal, de acuerdo a los artículos 23 y 24 de la
Ley de Rentas Municipales. El primero de dichos artículos determina, como requisito único para la sujeción a dicha obligación, que la actividad
realizada por el obligado se encuentre comprendida dentro del hecho gravado allí definido, el cual, en términos amplios, incorpora a la
realización de actividades lucrativas. Dicho carácter, siguiendo el artículo siguiente, resulta independiente de las utilidades obtenidas durante
cualquier periodo específico, en cuanto, y aun si solamente reportaron pérdidas durante el periodo, su finalidad de lucro aún perdura implícita
en sus operaciones. Así las cosas, y en cuanto la recurrida resulta obtener regularmente ingresos por concepto de dividendos, intereses y
rentabilidad de sus inversiones, en conjunto con efectos de corrección monetaria, se puede afirmar que realiza actividades lucrativas con
intención de percibir utilidades, ajustándose así al hecho gravado por patentes municipales. De este modo, el sentenciador de primera instancia
yerra en eximir del pago de patentes municipales a la recurrida, debiendo revocarse su sentencia y acogerse el presente recurso.
2.- Los actos administrativos se encuentran provistos de presunción de legalidad, motivo por el cual se presume que se ajustan a Derecho. Ello
incluye a los certificados emitidos por Municipalidades, y en referencia a certificados de deuda Municipales, ellos son asimismo exigibles, como
bien lo determina el artículo 3 de la Ley de Rentas Municipales. Con todo, no cabe sino rechazar las excepciones de nulidad y de ausencia
carácter ejecutivo por falta de requisitos o características del certificado de deuda Municipal pretensamente censurado mediante el presente
procedimiento, en cuanto dicha presunción así lo impide.
3.- Resulta necesario rechazar la excepción de prescripción de la deuda interpuesta por la recurrida, en cuanto, y como lo indica el artículo
2.521 del Código Civil, el plazo corriente de prescripción de acciones en favor y en contra del Fisco y las Municipalidades es de tres años,
habiendo en el presente caso transcurrido menos de tres años desde la notificación del certificado de deuda Municipal que se intenta censurar
mediante el presente procedimiento.

ESTATUTO DOCENTE

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Campos c/ Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida

Voces: DEMANDA LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTATUTO DOCENTE – SALUD INCOMPATIBLE – IN DUBIO PRO OPERARIO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
La interpretación correcta del artículo único de la Ley 20.804 es que el otorgamiento de la calidad de titular a los docentes desde la
promulgación de la ley, no les quita los años de antigüedad ya ejercidos.

Doctrina:
1.- Se acoge el recurso de nulidad esgrimido por el demandante de autos en contra de la sentencia que dio lugar pacialmente a la deamdna, fundado
en la causal descrita por el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción del artículo único de la Ley 20.804 y en relación a los
artículos 1 y 87 de la Ley 19.070, en el sentido de que el cómputo de los años de servicios que le debían contabilizarse desde el ingreso de
esta a sus labores y no desde que por ministerio de la ley pasó a ser trabajadora titular en su calidad de docente de aula; y en el sentido de
negársele la indemnización correspondiente al pago de las remuneraciones del último año de trabajo. La demandada a su vez recurre de nulidad por
la misma causal por infracción de los artículos 72 de la Ley 19.070 y 144 letra c) , 147 letra a) y 148 todos estos últimos de la Ley
18.883.
2.- Quedan como hechos asentados de la causa que la actora fue contratada de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.070,
esto es, mediante el Estatuto de los profesionales de la educación, a contar del año 2000 como docente de aula, renovándose sus contratos de
manera anual, continua y sucesiva hasta el año 2014, en calidad de contratada, para luego en el año 2015 firmar un contrato que la incorporó como
titular, conforme a la ley 20.804 , y que se le puso término a la relación entre las partes en el año 2016, donde se invocó como causal de
término la del artículo 72 letra h) de la Ley 19.070, esto es, salud incompatible con el cargo, por haber hecho uso de licencias médicas por
enfermedad común en los últimos dos años por un lapso superior a 6 meses. Respecto del recurso de la parte demandada se tiene que el hecho de la
actualización del contrato evidencia la voluntad del empleador en orden a no hacer efectiva la causal de término que ya se configuraba con
largueza y aun cuando la naturaleza de la causal de caducidad sea objetiva, su aplicación está sujeta al ejercicio de una facultad discrecional,
pues no opera automáticamente, por lo que se rechaza la causal de nulidad esgrimida.
3.- Respecto del recurso de la demandante en tanto, se tiene que la ley N° 19.648 dispuso conceder la calidad de titular a aquellos docentes que,
a la fecha de su publicación cumplían con los requisitos allí contemplados por lo que cabe dilucidar si la «calidad de titulares de la dotación
docente» ha de entenderse verificada para todos los efectos al día de publicación de la ley como si a contar de esa fecha se hubiera iniciado el
vínculo entre las partes, o si el lapso anterior a esta fecha tiene que ser computado a los fines de determinar su antigüedad en el servicio.
Atendiendo que la citada ley no hace ninguna precisión ni manifestación en orden a que deba excluirse la antigüedad previa sino que al conceder
el reconocimiento precisamente toma en cuenta el período de desempeño anterior, y que esta es de indudable connotación laboral cuya finalidad no
ha podido ser otra que estabilizar la situación de esos docentes, mejorando su estatus precario, se deberá optar por el sentido que resulte más
favorable para los derechos del trabajador, por lo que si ha existido una infracción al artículo único de la ley N° 19.648 , al restringir
incorrectamente su sentido, debiéndose acogerse el recurso de nulidad en este punto.

PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA

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Sanz c/ Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD
ANTE LA LEY – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA –
FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Las fiscalizaciones de los funcionarios de la Municipalidad se realizaron en un marco de hostigamiento reiterado que perturban el normal
desempeño de la actividad comercial que desarrolla el recurrente, afectándose, de paso, su patrimonio.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por la realización de fiscalizaciones en un marco de
hostigamiento que conculca su derecho de propiedad. Esto, dado que, en cuanto a la efectividad de fiscalización, lo cierto es que ello es
reconocido por la Municipalidad recurrida, quien argumenta al efecto estar facultada para ello, haber cursado una multa y enviado los
antecedentes al Juzgado de Policía Local respectivo. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que analizados los antecedentes, conforme a las reglas
de la sana crítica, se adquiere la convicción que en el presente caso, los fiscalizadores de la Municipalidad recurrida han desplegado un
conjunto de acciones que van mas allá de la fiscalización que corresponde conforme a la normativa que rige sus actuaciones. En efecto, las
visitas constantes a la bodega de almacenamiento, las expresiones vertidas y las amenazas de clausura, corresponden todos actos de hostigamiento
que perturban el normal desempeño de la actividad comercial que desarrolla el recurrente, afectándose, de paso, su patrimonio.
2.- Un acto resulta ser arbitrario cuando es abusivo, autoritario, injustificado e inoportuno, entre otras causales. Se refiere a un juicio de
valor que se le adjudica a una persona que actúa injusta o caprichosamente, lo que en la especie conforme a los antecedentes de autos, entiende
esta Corte, se configura. En virtud de lo razonado precedentemente y por aparecer de los antecedentes que existe un acto arbitrario de parte de
la recurrida, afectándose de esta forma las garantías constitucionales del artículo 19 Nº21 y 24 de la Constitución Política de la República,
no cabe sino concluir que el presente recurso de protección debe ser acogido.

PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA

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Pradenas Rojas, Marcia c/ Ilustre Municipalidad de Concepción

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – SANA CRÍTICA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Sexta
Producto: Municipalidades – Laboral

La sentencia recurrida describe la prueba aportada, efectuándose, además, un pormenorizado análisis de los medios probatorios, estableciendo las razones por las cuales no existen indicios certeros, concluyentes y necesarios para establecer la vulneración de derechos fundamentales, razonamientos que derivan en su decisión de rechazar la demanda.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la funcionaria en contra de la sentencia que rechazó su demanda de tutela de derechos fundamentales, por estimar que no se presentaron indicios suficientes de las vulneraciones alegadas. Esto dado que, no resulta posible concluir que la sentenciadora hubiere faltado a la ponderación probatoria a la que se encuentra obligada. En efecto, la sentencia recurrida describe la prueba aportada, efectuándose, además, un pormenorizado análisis de los medios probatorios, estableciendo las razones por las cuales no existen indicios certeros, concluyentes y necesarios para establecer la vulneración de derechos fundamentales, razonamientos que derivan en su decisión de rechazar la demanda.
2.- Por lo expresado anteriormente, no puede sostenerse que en la sentencia se haya incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, toda vez que la señora jueza razona adecuadamente, realizando una valoración de los medios de prueba que se presentaron en el juicio por los intervinientes, lo que en opinión de estos sentenciadores permite reproducir en forma clara y precisa el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones de su sentencia, sin que pueda estimarse que se ha apartado de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 456 del Código del Trabajo.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº5 

 

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA – NULIDAD DESPIDO

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González Rojo, Alejandro c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE COMERCIAL – PATENTE MUNICIPAL – MUNICIPALIDADES – ACTO ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – CLAUSURA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Partes: González Rojo, Alejandro c/ Ilustre Municipalidad de Santiago s/ Microempresa familiar – Local comercial
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Producto: Municipalidades – Microjuris

Para obtener una patente municipal para microempresa familiar, es un requisito que el local comercial se encuentre dentro del inmueble que sirve de domicilio a la familia. Por lo tanto, la autoridad puede determinar la clausura del local por no cumplirse esta exigencia, en virtud del artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de proteccion dirigido en contral decreto alcaldicio que orden clausurar el local comercial de los recurrentes, por no contar con patente ni autorización municipal. La recurrente considera vulnerados los derechos del artículo 19 N° 16, 21, 22 y 24 de la Constitución. No hay ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación del decreto alcaldicio recurrido. No es ilegal por cuanto se dictó en el ejercicio de la potestad establecida en el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, que permite la clausura de los establecimientos que no cuenten con patente, dado que el local no es habitación familiar y no cuenta con patente comercial ordinaria. Siendo el primero un requisito para poder obtener una patente comercial fundada en el fomento de las microempresas familiares. Y no es arbitrario, pues ello supondría falta de racionabilidad, proporcionalidad o fundamentación, lo que no acontece, ya que está debidamente justificado. Cabe tener presente que el recurrente -encontrándose cuestionada la calidad de inmueble familiar del domicilio señalado- no ha aportado ninguna prueba para establecer que aquel es su domicilio familiar, o que la construcción de material ligero está dentro del domicilio familiar.

2.- El Decreto Ley 3063 sobre rentas municipales -modificado por la Ley 19.749 , que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares- permite otorgar patentes comerciales a la microempresa familiar, entendiendo por tal aquella que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar. Por su parte, el artículo 23 del mismo decreto ley exige la tenencia de una patente comercial. Por último, el artículo 58 del decreto ley permite que el alcalde decrete la clausura de los negocios sin patente. El artículo 19 N° 16 y 21 de la Constitución garantizan a todas las personas la posibilidad de realizar cualquier actividad económica o trabajo, siempre que respeten las normas legales que regulan dicha actividad; y en este caso se ha acreditado que la recurrente ha pretendido realizar un actividad económica o trabajo, pero sin observar las normas aplicables. No se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 22 de la Constitución, dado que la decisión administrativa cuestionada no discrimina al actor en relación a otros casos, pues sólo se limita a exigir la patente adecuada para la actividad que se pretende desarrollar. En cuanto al derecho de propiedad, tampoco ha resultado afectado, desde que no existe un derecho adquirido a realizar una actividad económica con una patente distinta a la exigida, conforme a la naturaleza de la respectiva actividad. Cabe agregar que el derecho reclamado por el recurrente es totalmente controvertido, por lo que no procede utilizar el recurso de protección como vía sustitutiva de las acciones correspondientes.

3.- Conforme a la Ley 18.695 , el alcalde no tiene la facultad de revocar una patente concedida, sino sólo de establecer multas. Además, no hay constancia -en el expediente- del término de la autorización de funcionamiento otorgada por la Seremi de Salud. Conforme al principio de legalidad que enmarca el accionar de la Administración y de todos los órganos del Estado, la autoridad municipal sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido por la ley. En este caso, no tenía la facultad de decretar la clausura del local dado que el recurrido no se encontraba en ninguna de la situaciones que la ley prevé para esa medida, a saber: estar en mora en el pago de la patente, no tener patente de funcionamiento, no haber pagado multas o haber incumplido con las exigencias legales para obtener una patente definitiva; razón por la cual el decreto de clausura fue una actuación ilegal y arbitraria, por haber sido ejercida en contra de la ley y sin contar con fundamentos suficientes (Del voto de disidencia del abogado integrante Sr. Hamel).

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA – NULIDAD DESPIDO

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Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quinta Normal y otro c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal y otro

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – COMISIONES ESPECIALES – JUNTA DE VECINOS – MUNICIPALIDADES – ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quinta Normal y otro c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal y otro s/ Junta de vecinos – Corporación municipal
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Quinta
Producto: Municipalidades – Microjuris

El asunto del recurso ya fue rechazado por la misma Corte de Apelaciones, por exceder los márgenes de la acción cautelar, por tanto, corresponde desestimarlo, para mantener la coherencia en las decisiones judiciales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la resolución administrativa de la Municipalidad recurrida que desvinculó a una funcionaria de la Corporación Comunal del mismo municipio. Al haberse revisado por una de las salas de la Corte de Apelaciones la admisibilidad del recurso, emitiendo opinión al no admitirlo a tramitación por exceder los hechos y la petición los márgenes de la acción cautelar, no puede sino concluirse que el tribunal está impedido de volver sobre una pretensión que ya ha sido declarada inadmisible con anterioridad por sentencia ejecutoriada. En la especie carece de relevancia jurídica la identidad personal de todos los recurridos o los hechos nuevos no trascendentes de este arbitrio, desde que la vinculación está dada por el acto que se impugna de ilegal y arbitrario. La conclusión anterior permite mantener la coherencia en las decisiones judiciales principio que no debe desatenderse, sobre todo si se considera que es la materia esencial del conflicto y la sentencia que al efecto emita el tribunal lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento acerca del asunto resuelto, sin que esta conclusión se altere por la naturaleza jurídica de la sentencia de 17 de enero de 2017, desde que la inadmisibilidad declarada lo es por los hechos planteados y la petición sometida al tribunal, los que son idénticos a los propuestos nuevamente en esta acción.

2.- De los antecedentes expuestos, resulta evidente que esta Corte de Apelaciones a través de una da sus salas, se pronunció sobre hechos idénticos a los propuestos en la presente causa, el fallo que se dictó en la primera causa es una sentencia interlocutoria y por tratarse de una acción cautelar de urgencia produce únicamente cosa juzgada formal. En los procedimientos constitucionales, existen matices muy específicos y distintos de aquellos denominados efectos jurídico-procesales de las sentencias. En este arbitrio, de naturaleza cautelar, cobra especial importancia la situación jurídica alegada y la protección que se reclama. El objeto del recurso de protección es determinar si ha existido un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas. El conflicto planteado debe ser de orden constitucional que amerite un pronunciamiento urgente a fin de tutelar un derecho o garantía amagada.

 

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA – NULIDAD DESPIDO

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Willat c/ Ilustre Municipalidad de Doñihue

Voces: LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Partes: Willat c/ Ilustre Municipalidad de Doñihue s/ Carácter declarativo de la sentencia – Nulidad del despido
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Laboral

Procede aplicar la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, cuando la sentencia declara la existencia de relación laboral, toda vez que su naturaleza es declarativa y no constitutiva de derechos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia que determinó que no era aplicable la sanción de nulidad del despido cuando se declaraba la existencia de relación laboral. El empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicar la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la fecha de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas. A lo anterior no obsta que haya sido el fallo recurrido de nulidad el que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por cuanto, se trata de una sentencia declarativa.

2.- La sentencia definitiva dictada en estos autos no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación prexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo denuncia con el objeto que se declarara, además de lo indebido del despido, que fue nulo e ineficaz porque las cotizaciones de seguridad social no habían sido pagadas, a lo que no se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero en ningún caso se constituyó, puesto que no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica se desprenden, las que el tribunal especificara en su sentencia, condenando al demandado a su pago; sanción que tiene por antecedente el reconocimiento del derecho que le asiste al actor, el cual también ha sido declarado.

3.- Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional y no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde imponerle la sanción que el mismo contempla en el inciso 7°, y al no decidirse así en la sentencia impugnada no se ha hecho una acertada interpretación y aplicación de la normativa en estudio, de manera que ello constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía de la unificación, invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido sobre el fondo del debate.

 

 

INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS 

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Loayza c/ Ilustre Municipalidad de Iquique

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS PUBLICOS – INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO AL HONOR – DEMANDA ACOGIDA
Partes: Loayza c/ Ilustre Municipalidad de Iquique s/ Inhabilidad para ejercer cargo
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique

Producto: Municipalidades – Laboral

No corresponde la interposición de un sumario administrativo por inhabilidad en el cargo en contra de un funcionario, en virtud de un dictamen de Contraloría emitido hace casi quince años, no siendo oportuna y prontamente fiscalizado su cumplimiento por este órgano o por la Municipalidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la acción por tutela de derechos fundamentales, comprobándose la vulneración al derecho de integridad psíquica, a la honra y a la no discriminación arbitraria, en contra de la trabajadora recurrente, al iniciarse sumario en su contra, por un supuesto incumplimiento de un dictamen emitido por la Contraloría General de la Republica, configurándose una inhabilidad sobreviniente de la demandante para ejercer su cargo en el municipio de Iquique, por parentesco con el Alcalde. La actora cumplió con su obligación legal, prevenida en el artículo 64 de la ley 18.575, de dar a conocer a Contraloría la inhabilidad que le afectaba, debiendo haber emitido este órgano la resolución correspondiente. Siendo un hecho probado que desde hace quince años que se dictó el dictamen y que la actora es pariente del Alcalde, se concluye que la Contraloría no ejerció actividad alguna en contra de la denunciante posteriormente al pronunciamiento del dictamen en cuestión, por lo que el sumario en contra de la denunciante por esta causa se constituye como un acto arbitrario.

2.- Habiéndose probado por la actora la sospecha razonable de vulneración de derechos, correspondía al empleador demostrar el carácter proporcional y razonable de su decisión de iniciar sumario, cuestión que no acredita. Por lo demás, la actora realizó actos posteriores al dictamen que la validaron en el cargo público que ostenta hasta la fecha, hecho respaldado por la inactividad fiscalizadora de la Controlaría General de la República por más de quince años, sumado a que la causal de inhabilidad desapareció posteriormente. Siendo el Alcalde el directivo superior de todo el municipio, los funcionarios afectados respecto de él se encontraría en una posición altamente desmejorada en relación con sus pares, lo cual atenta derechamente contra el principio de igualdad ante la ley, siendo así errada interpretación de la Contraloría y configurándose vulneración a la garantía de igualdad ante la ley.

3.- La Ley 10.336, en su artículo 38 establece que corresponderá al Subdepartamento de Registro de Empleados Públicos el vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo y proponer las resoluciones tendientes a este fin, registrar los decretos y resoluciones de nombramiento de funcionarios públicos, ya sean de planta o a contrata o en el carácter de propietarios, suplentes o interinos, y los demás decretos o resoluciones que afecten a los mismos funcionarios. También les corresponde llevar una nómina al día de los funcionarios separados o destituidos, administrativamente de cualquier empleo o cargo público. Por su parte, el artículo 41 de la ley 18.880 previene que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados, debiendo ser fundadas. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

 

ORDEN DE DEMOLICIÓN 

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Romero Mardones, Robinson c/ Municipalidad de Lota

Voces: ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – ORDEN DE DEMOLICIÓN – RECURSO DE RECLAMACIÓN – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO
Partes: Romero Mardones, Robinson c/ Municipalidad de Lota s/ Orden de demolición
Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Quinta
Producto: Municipalidades – Microjuris

En el presente caso se efectuó una construcción en terreno ajeno, esto es, en un bien municipal, sin las autorizaciones municipales correspondientes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de ilegalidad en contra del decreto alcaldicio en donde se resolvió aprobar la orden de demolición. El actuar del Alcalde reclamado, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 148 de la LGUC, que dispone que éste a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los siguientes casos que enumera, y en el presente caso se efectuó una construcción en terreno ajeno, esto es, en un bien municipal, sin las autorizaciones municipales correspondientes, hechos reconocidos por el reclamante, de la prueba documental que agregó a la causa.

2.- El Decreto Alcaldicio cuestionado, fue dictaminado en uso de las atribuciones que cuenta el edil, fundado de forma correcta en el Ordinario Nº47 de 3 de marzo de 2016, emanado de la Directora de Obras de la misma Municipalidad, por medio del cual se le pidió aplicar el antes referido artículo 148, y, a mayor abundamiento, fue motivado por lo resuelto en el Informe de la Contraloría General de la República, donde se le ordena a recuperar el aludido bien municipal y conforme a lo prescrito en el artículo 148 Nº1 de la LGUC, ordenar la demolición total, a costa de su propietario. Por Decreto 232 de 12 de junio de 2014, del Ministerio de Educación, se declaró Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, al sector en donde se construyó dicho edificio, en propiedad municipal. Bajo dicho contexto, el artículo 30 de la Ley 17.288, para hacer nuevas construcciones en el sector, obras de reconstrucción o de mera conservación es necesaria la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

 

FALTA DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN – LUCRO CESANTE

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Odontólogos Asociados Limitada c/ Municipalidad de Chillán

Voces: CIVIL – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LUCRO CESANTE – PRESUNCIONES JUDICIALES – SANA CRÍTICA – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Odontólogos Asociados Limitada c/ Municipalidad de Chillán s/ Falta de servicio de la Administración – Lucro cesante
Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Segunda
Producto: Municipalidades – Microjuris

El informe pericial, junto con las restantes pruebas rendidas en el proceso, han permitido al sentenciador construir una presunción judicial en orden a establecer que los perjuicios y daños sufridos por la demandante, han sido consecuencia de la falta de servicio de la Municipalidad recurrida.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación en contra de la sentencia que dio lugar la demanda de falta de servicio e indemnización de perjuicios, en contexto de responsabilidad extracontractual, dirigido contra la Municipalidad recurrida, al decretarse de parte de la Dirección de Obras Municipales respectivas la paralización de las obras de construcción por estimar que éstas se estarían ejecutando fuera de la línea de edificación, circunstancia ésta que origina la apertura de un expediente de invalidación del Certificado de Informaciones Previas y del Permiso de Edificación correspondiente, para posteriormente notificársele que se invalidan de forma total y absoluta tales permisos. La asociación de odontólogos recurrente sostiene que el informe pericial en el cual el juzgador basó la estimación del daño emergente y del lucro cesante, sólo se trata de un cometido que contiene una mera estimación especulativa de cifras contables, referidas fundamentalmente a rentas de arrendamiento no percibidas, y que en ningún caso reviste características de certeza que requiere el daño para ser indemnizado, argumentando a este respecto que el perito se limita a realizar una valoración del lucro cesante generado por la imposibilidad de haber explotado comercialmente la inversión durante el lapso de 22 meses que duró la paralización de las obras.

2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, los Tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de perito de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo cual importa tener en consideración las razones jurídicas, asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigne o se le reste valor, teniendo presente la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las demás pruebas o antecedentes del proceso, de manera que conduzcan a la conclusión que convence al sentenciador. Se advierte que los perjuicios alegados por el actor no han sido establecidos únicamente en base al informe pericial, sino que éste junto con las restantes pruebas rendidas en el proceso, han permitido al sentenciador construir una presunción judicial en orden a establecer que los perjuicios y daños sufridos por la demandante, han sido consecuencia de la falta de servicio asentada, presunción a la que de conformidad con lo prevenido en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, se le da el valor de plena prueba.

3.- Sobre el lucro cesante, se ha dicho que éste corresponde a la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación, o dicho de otro modo, es la ganancia frustrada sobre la base de lo que probablemente habría ganado el acreedor. El Tribunal de la República ha sostenido que el lucro cesante suele ser difícil de acreditar, pues debe tenerse siempre presente que uno de los requisitos para que el daño resulte indemnizable es que éste sea cierto y en la alegación del lucro cesante siempre se impetra una hipótesis de ganancia. Sin embargo, aun cuando lo dicho puede satisfacer las exigencias de seguridad o certeza, ante la lógica y necesaria distinción entre un interés fundado con rigor y las ganancias dudosas e inseguras, cabe señalar que las expectativas de justicia impiden negar, siempre y en todo caso, la indemnización por lucro cesante. Es por ello que la regulación de este tipo de indemnización supone siempre un juicio de probabilidad a fin de arribar a la conclusión de ser presumible una cierta utilidad no obtenida, o como se dijo, frustrada, con una reparación calculada de manera estimativa sobre la base de presunciones.

 

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA

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Bon Fuenzalida, Carla c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – DESPIDO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Partes: Bon Fuenzalida, Carla c/ Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua s/ Funcionario a contrata – Despido discriminatorio
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

La desvinculación de un funcionario público a contrata exige una fundamentación superior al invocar el fin a la necesidad de sus servicios, de otro modo, deviene en un acto ilegal y arbitrario que afecta la garantía fundamental de la igualdad ante la ley.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de la Municipalidad, al no renovar a un funcionario su contrata bajo el justificativo de no ser necesarios sus servicios. Es posible constatar que la real fundamentación que tuvo la Administración para poner fin al vínculo laboral de la recurrente, no fue precisamente la aludida, al ser realmente una sanción con motivo de la denostación que habría dirigido a la autoridad, no argumentando debidamente la causal de fin a la necesidad de los servicios. Los elementos del acto administrativo son cinco, a saber, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, y que puede existir ilegalidad del mismo en relación a cualquiera de ellos; la que en este caso y tal como ya se razonó, se configura respecto de su finalidad, este hecho constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, por ser además arbitrario. Se debe entender entonces que ésta ha sido carente de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, por lo que la recurrente ha sido discriminada arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

2.- De acuerdo con la Ley 19.880 , debe colegirse que es requisito sustancial en la decisión que la autoridad aporte la expresión de su motivo o fundamento concreto, que ha sido exigida como condición de mínima racionalidad, puesto que, a través de tal resolución, se afectan derechos de las personas, de modo que si carece de ellos, se debe colegir que la resolución impugnada es ilegal por contravención a lo dispuesto en el artículo 11 de la normativa antes referida, al carecer de razonabilidad y de fundamentos suficientes. Al ser examinado el acto administrativo que se objeta, debe estudiarse tanto la legalidad como la existencia de los motivos y si bien no es discutible que la Administración cuenta con la habilitación legal para poner término a la contrata, si en el acto no se expresan sus motivos o si éstos son extraños a la razón de fondo que la sustenta o bien, si no guardan coherencia interna sus fundamentos y lo que se dictamina, debe reconocerse la arbitrariedad que lo aqueja, por estar desprovisto de una justificación de hecho o de respaldo normativo, coligiéndose que su único sustento se encuentra en el mero capricho de la autoridad que la adopta.

 

NO RENOVACIÓN DE PATENTE DE ALCOHOLES 

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Lastra Contreras, Nelson c/ Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villarrica

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE DE ALCOHOLES – MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO
Partes: Lastra Contreras, Nelson c/ Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villarrica s/ No renovación de patente de alcoholes
Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco
Sala: Primera
Producto: Municipalidades – Microjuris

La resolución que dispone la orden de no renovar una patente de alcoholes constituye un acto administrativo reglado que debe fundamentarse y ajustarse a las normas de juricidad que rigen a los organismos públicos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de una resolución administrativa dictada por la Municipalidad, por no renovar una patente de alcoholes sin fundamento alguno. El Decreto en el cual se funda dicha decisión es ilegal y arbitraria, al no haberse renovado sin fundamentación la patente al recurrido, en circunstancias que todas las otras patentes fueron aprobadas. Se establece por la autoridad municipal recurrida una diferencia de trato que se presenta carente de justificación razonable y que lesiona claramente la garantía de igualdad ante la ley, que se encuentra expresamente protegida, configurándose todos los presupuestos necesarios para acoger la acción deducida y otorgar la cautela requerida.

2.- El haber omitido esta consulta previa a la Junta de Vecinos y pretendido reemplazarla por un simple escrito al que se califica como denuncia anónima, implica que la facultad que la autoridad recurrida se atribuye para dictar la resolución que se ataca, se ha ejercido al margen de lo que la ley dispone. La ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en su artículo 68 letra ñ) , como una facultad exclusiva del Alcalde otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes, indicando que debe efectuar una consulta a la junta de vecinos. Al mismo tiempo deviene en una falta de fundamentación de lo resuelto, por lo que la resolución que se ataca, debe ser tenida además como arbitraria, por cuanto más que fundada en la ley o la razón, se aprecia como una actuación voluntariosa, que no se sustenta en antecedentes objetivos, que hayan sido debidamente comprobados y sean lo suficientemente serios para fundar adecuadamente dicha decisión.

 

JUEZ DE POLICÍA LOCAL – ASIGNACIONES LEY 20.922

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Podlech Delarze, Alfonso c/ Alcalde de la Municipalidad de Pucón y otros

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – JUEZ DE POLICÍA LOCAL – ASIGNACIÓN POR INCENTIVO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Podlech Delarze, Alfonso c/ Alcalde de la Municipalidad de Pucón y otros s/ Juez de policía local – Asignaciones Ley 20.922
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Los jueces de policía local no pueden acceder a la asignación del artículo 1 de la Ley 20.922, por lo que tampoco les corresponden los beneficios de los artículos 8 y 11 transitorios de la misma ley, dado que estas normas tienen como base que al funcionario le corresponda la asignación del artículo 1.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el juez de policía local, frente a la sentencia de Corte de Apelaciones que negó su recurso de protección contra la municipalidad, la directora de administración y finanzas del municipio y la Contraloría General de la República. Señala que se vulneran sus derechos al no reconocérsele los beneficios de los artículos 8 a) transitorio  y 11 transitorio  de la Ley 20.922, indicando que el dictamen de Contraloría no se ajusta a la ley. Al respecto, los jueces de policía local están excluidos de los beneficios de los artículos 8 a) y 11 transitorios, dado que éstos se establecen en relación al beneficio del artículo 1  de la Ley 20.922, el cual los excluye expresamente de esa asignación.

2.- El dictamen de Contraloría tiene fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la conclusión que los jueces de policía local están excluidos de la asignación del artículo 11 transitorio y por ende del bono del artículo 8 transitorio de la Ley 20.922. En este sentido, el artículo 1 de la Ley 20.922 otorga una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del Decreto Ley 3.551  y por la Ley 18.883, así como a quienes se desempeñan a contrata asimilados a esos grados, cumpliendo los requisitos que dispone el Decreto Ley 479. Indica además que esta asignación profesional no se aplica a los alcaldes ni a los jueces de policía local, es decir, en ningún caso podrán acceder a este beneficio.

3.- El artículo 11 transitorio de la Ley 20.922 otorga a determinados funcionarios una asignación especial de carácter temporal, entre tanto cumplan con los presupuestos para acceder a la asignación profesional establecida en el artículo 1 de la misma ley. Por lo tanto, esta norma temporal no puede ser aplicada a quienes no tienen derecho, en ningún caso, a la asignación que concede, por lo que no están en condiciones que en el futuro se les pueda reconocer. La intención del legislador con la asignación de carácter temporal no fue beneficiar al personal excluido de la aplicación de la norma sobre asignación profesional – mencionando expresamente a los jueces de policía local – sino a incluir a quienes ocupaban cargos de jefatura y directivos, no teniendo título profesional.

 

EMPRESA SANITARIA – DERECHOS MUNICIPALES 

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Ilustre Municipalidad de Concepción c/ Empresa de Servicios Sanitarios S.A.

Voces: CIVIL – JUICIO DE COBRO DE PESOS – MUNICIPALIDADES – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – SERVICIOS SANITARIOS – LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS – PAVIMENTACIÓN – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Partes: Ilustre Municipalidad de Concepción c/ Empresa de Servicios Sanitarios S.A. s/ Empresa sanitaria – Derechos municipales
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

Los trabajos realizados por la empresa recurrida corresponden a reparaciones de la infraestructura sanitaria, actividad que no se encuentra exenta del pago de derechos municipales, conforme al artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo respecto a la sentencia que deniega la demanda de cobro de pesos contra la empresa recurrida, por concepto de derechos municipales derivados de la rotura y reposición de pavimentos y ocupación de la vía pública. La Municipalidad recurrida fundamenta su recurso en la infracción a los artículos 40 y 41 de la Ley de Rentas Municipales, en relación al artículo 118 de la Constitución; artículos 1 , 4 y 5 letras c) y e) de la Ley 18.695; artículos 9 y 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios; y al artículo 358 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil. Los trabajos realizados por la empresa recurrida corresponden a reparaciones de la infraestructura sanitaria, actividad que no se encuentra exenta del pago de derechos municipales, conforme al artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios.

2.- El uso racional de los bienes nacionales de uso público, como también la administración de los mismos, impone a las municipalidades la obligación de preocuparse por las condiciones en que se encuentran, llegando a responder civilmente de la adecuada señalización de aquellas que puedan configurar riesgos para la población. Al municipio no le es indiferente -y le ocasiona costos directos- la supervigilancia tanto de la instalación de faenas, como de la calidad y condiciones en que se entregaron los bienes de uso público al concluir las obras. La gratuidad establecida en los artículos 9 y 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios constituye una excepción a la regla general contemplada en los artículos 40 y 41 de la Ley de Rentas Municipales, las cuales establecen la obligación de pagar los correspondientes derechos municipales a quienes hayan obtenido una concesión de la municipalidad. De no existir los artículos 9 y 9 bis no habría gratuidad por la utilización de bienes nacionales de uso público, respecto a la instalación de infraestructura por parte de las empresas que explotan servicios públicos relacionados con el agua potable y alcantarillado, como ocurre con la empresa demandada.

3.- En este caso no se configura una exención al pago de los derechos municipales, por lo cual la municipalidad puede cobrar a la empresa los derechos por ocupación de la vía pública, en conformidad a los artículos 40 y 41 de la Ley de Rentas Municipales. En efecto, estas normas deben relacionarse con el artículo 118 de la Constitución, el cual establece que la administración local de cada comuna reside en una municipalidad, determinando la ley sus funciones y atribuciones. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega la administración de los bienes nacionales de uso público a cada municipio, dotando a éstas con la facultad de cobrar por los permisos que otorguen. Cabe agregar que el artículo 42 de la Ley de Rentas Municipales establece que las municipalidades podrán determinar -mediante ordenanzas- las tasas de servicios, concesiones o permisos que no estén fijadas por ley.

4.- La excepción al pago de derechos municipales que establece el artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios debe interpretarse restrictivamente. Esta excepción tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, como también a recolectar y disponer de las aguas servidas. La interpretación restrictiva permite concluir que ésta sólo comprende la instalación de infraestructura sanitaria, la cual se desarrolla en los inicios o en el establecimiento de las redes de agua potable y aguas servidas, sin que pueda extenderse a las labores de mantenimiento y reparación, puesto que dichas faenas se pueden efectuar sin limitar las oportunidades en que se instalan obras con tal propósito, como además su desarrollo puede extenderse por tiempos prolongados, afectando la naturaleza y finalidad de los bienes nacionales de uso público.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 4

 

 CORPORACION MUNICIPAL –  TRIBUNAL DE CUENTAS

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Dictamen N° 16073, año 2017
Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO
Partes: Dictamen N° 16073, año 2017 s/ Ley Nº 18695 – Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Tribunal: Contraloría General de la República

Producto: Municipalidades – Dictamenes

Doctrina:
1.- El órgano contralor reconsidera los pronunciamientos N°s. 28.250, de 2009 y 88.840 bis, de 2016, concluyendo que resulta procedente la interposición de reparos ante el Tribunal de Cuentas en contra de las personas que administran o tengan a cargo recursos públicos en las corporaciones municipales señaladas, por aplicación de lo prescrito por el artículo 136 de la ley N° 18.695.

 

INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS 

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Cea Espinoza, Alvaro y otros c/ Ilustre Municipalidad de Lumaco

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS A CONTRATA – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO

Partes: Cea Espinoza, Alvaro y otros c/ Ilustre Municipalidad de Lumaco s/ Renovación funcionario a contrata – Invalidación del acto administrativo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

El decreto alcaldicio recurrido fue un acto invalidatorio de una decisión administrativa anterior, por lo que debe cumplir las exigencias específicas de la invalidación administrativa, como también los requisitos generales de fundamentación del acto administrativo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de la resolución del alcalde de invalidar una resolución previa que había renovado la contrata solicitada por los recurrentes. El decreto alcaldicio fue un acto administrativo invalidatorio de una decisión anterior, el cual debe cumplir las exigencias específicas de la institución, además los requisitos generales de fundamentación del acto administrativo. Consideran vulnerados a su derecho de no ser juzgados por comisiones especiales y el derecho de propiedad, previstos respectivamente en el artículo 19 N° 3 inciso tercero y N° 24 de la Constitución. Al incumplirse estas condiciones, el decreto alcaldicio recurrido atenta contra la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución, ya que les privó de forma arbitraria del derecho a permanecer en su cargo.

2.- Independientemente de la terminología utilizada en el decreto que se impugna en esta acción constitucional, lo que se ha hecho materialmente es invalidar la resolución del alcalde que renovaba las contratas de los recurrentes. De esta manera, cabe analizar si el acto administrativo cumplió con los requisitos del artículo 53 de la Ley 18.880, el cual exige: a) Que el acto de que se trate de invalidar sea contrario a derecho; b) Que exista audiencia del interesado de manera previa a la invalidación; y c) Que el ejercicio de esta facultad sea dentro de 2 años contados desde la notificación o publicación del acto. Es claro que en este caso no concurren las dos primeras exigencias que contempla la norma.

3.- Tampoco el decreto que se impugna tiene fundamentación. El actuar del alcalde se encuentra sujeto a la Ley 19.880, debiendo considerar para este caso lo señalado en el artículo 16 de esta ley, el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. Asimismo, el artículo 11 de la Ley 19.880 indica que la motivación debe constar en el mismo acto administrativo. Por último, cabe señalar que el artículo 41 de la misma ley determina que las resoluciones de la administración contendrán una decisión fundada. En definitiva, es un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento, pues su omisión significa quebrantar una condición mínima de racionalidad frente a decisiones que pueden afectar derechos de las personas.

ADJUDICACION DE LICITACION – TERMINO ANTICIPADO

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Solución y Mantención M.R. Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Talagante

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – COMISIONES ESPECIALES – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – RESOLUCIÓN ANTICIPADA – INSOLVENCIA – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Solución y Mantención M.R. Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Talagante s/ Término anticipado del contrato – Carácter indubitado del derecho

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad estaba facultada para poner término anticipado al contrato de mantención de aseo con la empresa, por tanto, no existe un derecho de carácter indubitado que merezca cautela mediante la vía de protección.
Tribunal Materia Relacionados

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra una Municipalidad por poner término anticipado al contrato de mantención de aseo con la recurrente. Esto, dado que la facultad de poner término anticipado a los contratos de mantención de aseo en el área municipal y de salud, estaba expresamente contemplada (bajo ciertas causales) y además, el pago de los servicios quedaba supeditado a una serie de exigencias previas, incumpidas.

2.- Tanto el contrato como las Bases de Licitación son temporales, tienen fecha de término, de cual tuvo conocimiento y fue aceptado por el oferente y recurrente tanto al postular a la licitación como al momento de firmar el contrato de prestación de servicios de aseo, por cuya razón no es posible afirmar que la empresa recurrente tenga un derecho indubitado sobre lo que denomina la propiedad de los derechos que emanan del contrato, tanto la continuidad del contrato como el pago de los servicios estaban sometidos a condiciones que no permiten confirmar las aseveraciones vertidas en el recurso.

3.- Del mérito de los antecedentes agregados, no aparece que el municipio haya actuado como una comisión especial al sancionar el término anticipado de los contratos celebrados con la Empresa antes individualizada ni que haya afectado en la forma descrita en el artículo 20 de la Constitución Política el derecho de propiedad respecto de los derechos que emanan de un contrato vigente. En definitiva, no concurriendo en la especie las condiciones para que el recurso deducido a fojas 25 prospere, por no aparecer que la recurrente haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías y derechos por ella invocados, como tampoco la efectiva existencia de un acto ilegal o arbitrario, teniendo para ello presente las razones expuestas en los considerandos anteriores, será desestimado el deducido.

ACCION DE REPETICION – PRESCRIPCION

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Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial c/ Honoré Fuentealba Huircan
Voces: CIVIL – ACCIÓN DE REPETICIÓN – MUNICIPALIDADES – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – ACOSO SEXUAL – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO
Partes: Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial c/ Honoré Fuentealba Huircan s/ Acción de repetición – Prescripción
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Microjuris
La acción de repetición sí fue incoada dentro de plazo, cuestión que determina el rechazo del arbitrio.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el demandado, contra la sentencia que acogió la acción de repetición. Esto, debido a que, la prescripción tiene como objetivo principal el otorgar certeza y seguridad a las relaciones jurídicas que ligan a los sujetos de derecho y la debida tutela o protección de los mismos. En específico, la prescripción extintiva o liberatoria, permite dar estabilidad a los derechos, otorgando seguridad jurídica, constituyéndose en un castigo para el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley. Se trata de una institución universal, puesto que cuando la ley estima que determinada relación jurídica amerita no extinguirse a través de la prescripción liberatoria, lo señala expresamente, como en la acción de reclamación de estado civil, la acción de partición, etc. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 2514 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido, agregando el inciso segundo del mismo artículo que dicho tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible. Por otro lado el artículo 2515 del texto legal citado, dispone que ese tiempo es de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. En la especie, la acción de repetición consagrada en el inciso segundo del artículo 152 de la Ley N° 18.695, similar a la establecida en el artículo 42 de la Ley N° 18.575, es una acción específica y autónoma consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, sin que se contemple un plazo especial de prescripción, razón por la que es aplicable el término previsto en el artículo 2515 de Código Civil, que constituye la regla general dispuesta a propósito de la prescripción de acciones, norma que dispone como plazo el de cinco años contados desde que la obligación se hizo exigible.

2.- Cabe desechar el arbitrio en estudio, en cuanto se cimenta sobre la base de aplicar el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 2332 del Código Civil para las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual, puesto que los jueces del grado han realizado una correcta aplicación de la ley al aplicar el artículo 2515 del texto legal antes citado. Asimismo, acertadamente han computado el plazo de prescripción, a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, esto es desde que la Municipalidad pagó efectivamente las sumas cuya repetición se pretende.

3.- La sentencia censurada no ha incurrido en los yerros que se le imputan, pues acertadamente ha desestimado la excepción de prescripción en atención a que entre la fecha del pago efectuado por la Municipalidad de Nueva Imperial, ordenado en la causa Rol N° 15.321 del Primer Juzgado de Letras de Nueva Imperial, a título de indemnización de perjuicios, el 15 de junio de 2009 y la fecha de notificación de la demanda el 12 de agosto de 2013, no transcurrió el plazo de 5 años previsto en el artículo 2515 del Código Civil, razón por la que la acción de repetición sí fue incoada dentro de plazo, cuestión que determina el rechazo del arbitrio en estudio.

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA

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Selman c/ Municipalidad de Cerro Navia

Voces: LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Selman c/ Municipalidad de Cerro Navia s/ Carácter declarativo de la sentencia – Nulidad del despido

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Laboral

Procede aplicar la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, cuando la sentencia declara la existencia de relación laboral, toda vez que su naturaleza es declarativa y no constitutiva de derechos.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia que determinó que no era aplicable la sanción de nulidad del despido cuando se declaraba la existencia de relación laboral. Esto, dado que por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que se reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante un lapso determinado, y que por tanto, provocó los efectos que el legislador prevé, siéndole exigibles y aplicables todas las obligaciones que el derecho laboral contempla y consecuencialmente, todas y cada una de las sanciones estipuladas por su incumplimiento, entre ellas, la del artículo 162 del Código del Trabajo, aspecto en que el fallo de base, es también de naturaleza condenatoria.

2.- Yerran los sentenciadores al concluir que no es aplicable la sanción de la nulidad del despido porque la relación laboral fue discutida, reconocida y declarada en la sentencia de base, pues, como ya se dijo, acreditado el presupuesto fáctico de la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde su aplicación, desde que fluye de los hechos establecidos en el fallo de instancia, que la empleadora no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° de dicha norma, puesto que se acreditó, conforme consigna su motivo cuadragésimo segundo, que no enteró las cotizaciones pertinentes del trabajador, no eximiéndola de dicha carga, el hecho de no haber tampoco retenido.

ESTATUTO DOCENTE – COMPUTO DE JORNADA

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Corporación Municipal de Punta Arenas c/ Inspección del Trabajo

Voces: LABORAL – MULTA LABORAL – RECLAMACIÓN JUDICIAL – ESTATUTO DOCENTE – SANA CRÍTICA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Corporación Municipal de Punta Arenas c/ Inspección del Trabajo s/ Titularidad docente

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Laboral
Se rechaza el recurso de nulidad por vulneración a las reglas de la sana crítica.

Doctrina:
1.- Se debe rechazar el recurso de nulidad interpuesto por una Corporación Municipal en contra de la sentencia que no dio lugar a la reclamación judicial por aplicación de multa, fundada en infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme y a las reglas de la sana crítica; toda vez que el juez acertadamente valoró como procedente la imposición de multa por no otorgar la recurrente la titularidad docente a una profesora que tenía en total una jornada laboral de 32 horas semanales de las cuales 2 solamente tendrían relación con actividades ajenas a la docencia en aula.

2.- La recurrente pretende que se haga una nueva calificación de la prueba aportada, para que se concluya que 6 horas de la jornada de la profesora, destinadas al uso de softwares y reparación de computadores, no deben considerarse como docencia de aula ni actividades curriculares lectivas y no lectivas, cosa que no corresponde analizar a la Corte conociendo de este recurso.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES – NO RENOVACION CONTRATA

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Huenchuñir Cariñe, Miguel c/ Ilustre Municipalidad de Galvarino

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Huenchuñir Cariñe, Miguel c/ Ilustre Municipalidad de Galvarino s/ Carácter formal del acto administrativo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Una carta de la autoridad municipal no constituye un acto administrativo apto para renovar la contrata del recurrente, por tanto, su no renovación se encuentra ajustada a los requisitos de fundamentación y juricidad que impone la Ley 19.880.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la resolución municipal que pone término a la contrata del funcionario público recurrente. La designación a contrata que beneficiaba al recurrente durante el año 2016 ha terminado el 31 de diciembre, por el solo ministerio de la ley. Es decir, ha operado la circunstancia prevista por el legislador para que esa designación expire, no correspondiendo en esta sede hacer declaraciones que alteren o interpreten el contenido de ese decreto, teniendo presente para ello que la carta no surtió los efectos que pretende el recurrente. Del tenor del Decreto Alcaldicio impugnado, se desprende que el mismo se encuentra suficientemente fundado y motivado en cuanto a las razones para no renovar la contrata, las que además han resultado ser efectivas de conformidad a lo informado por el Municipio recurrido pues se ha reestructurado el trabajo interno del municipio, tal como se expresó en el acto administrativo cuya invalidación se pide.

2.- El recurrente prestó servicios para la recurrida como empleado a contrata conforme lo autoriza la letra f) del artículo 7° de la Ley 18.883 que corresponde al Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales y, por disposición expresa contenida en el inciso 3° del artículo 2° del mismo cuerpo legal, los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. El instrumento como la Carta emitida por el alcalde representa a lo más, un acto trámite o intermedio que tiene por finalidad preparar el camino para una posterior, formal y sólo eventual expresión de voluntad, y esta conclusión no se ve alterada por el mandato contenido en el inciso sexto del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, en cuanto previene que también constituyen actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias, pues resulta indesmentible que la motivación o fundamento que extraña el recurrente en el Decreto impugnado, tampoco concurre en esta carta en la que basa su alegación de fondo.

URBANISMO – INHABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

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Oyaneder Sotelo, Marcos y otros c/ Ilustre Municipalidad de Paine

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – DESALOJO – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Oyaneder Sotelo, Marcos y otros c/ Ilustre Municipalidad de Paine s/ Loteo irregular – Permiso de edificación

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad ha actuado dentro de las competencias que le otorga la ley, dado que los recurrentes no tienen los permisos de edificación correspondientes. De este modo, procede el desalojo decretado por el alcalde.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por los recurrentes, contra el decreto alcaldicio N° 4088 de noviembre de 2016, el cual declaró la inhabilidad de las construcciones ubicadas en la parcela de los recurridos, disponiendo la orden de desalojo respectiva. Estiman vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 3 incisos cuarto y quinto, y 24 la Constitución. Al respecto, los recurrentes reconocen ser dueños sólo de derechos respecto a un inmueble de mayor cabida, admitiendo haber realizado construcciones con fines habitacionales, omitiendo toda referencia a la obtención previa de los permisos de edificación y a los de recepción final que deben ser otorgados por la Dirección de Obras Municipales respectiva. Indican que adquirieron el predio el 5 de diciembre del año 2016, fecha que en la mayoría de los casos es distinta a la que señalan las escrituras acompañadas; además, todos afirman que llegaron a vivir ahí en enero de 2017, pese a que las fechas de entrega del inmueble corresponden a otras.

2.- El artículo 116 de la Ley General de Urbanismo establece que «la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario»; agregándose en el artículo 145 que «ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total». La infracción a estas normas se sanciona -sin perjuicio de las respectivas multas- con la inhabilidad de la obra hasta que se obtenga su recepción, como además con el desalojo de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública, el cual será decretado por el Alcalde a petición del Director de obras Municipales. En virtud de lo anterior, la Municipalidad ha actuado dentro de las competencias que le otorga la ley, por lo que su conducta no puede ser calificada como ilegal o arbitraria.

3.- Ha sido comprobado por la información dada por la Municipalidad que los permisos de edificación y recepción de obra no existen. Más aún, éstos no podrían haber sido obtenidos en ningún caso, dado que la parcela de los recurrentes se encuentra emplazada en una zona que tiene asignada calidad silvoagropecuaria de acuerdo al plan regulador, estando prohibida la subdivisión predial por una superficie inferior a los 40.000 metros cuadrados, como es el terreno en el cual edificaron los recurrentes.

4.- El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción dispone que «fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado». Dado que no se cumplen estas condiciones, aparentemente se habría realizado un loteo irregular, lo que ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, según informó la Municipalidad.

URBANISMO – DEMOLICION ZONA DE CONSERVACION HISTORICA

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Dictamen N° 17766, año 2017

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO

Partes: Dictamen N° 17766, año 2017. s/

Tribunal: Contraloría General de la República

Producto: Municipalidades – Dictamenes

Doctrina:
1.- La Contraloría General de la República (CGR), observa que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago al emitir su opinión favorable acerca de la demolición de una galería ubicada en la Zona de Conservación Histórica, toda vez que al formular su parecer tuvo como sustento el informe elaborado por el arquitecto responsable del proyecto, el que no contenía referencia alguna a razones de seguridad o de fuerza mayor para proceder a esa demolición.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 3

SUMARIO ADMINISTRATIVO

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Ilustre Municipalidad de Antofagasta c/ Contraloría Regional de Antofagasta

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DEBIDO PROCESO – MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS – INVESTIGACIÓN SUMARIA – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Ilustre Municipalidad de Antofagasta c/ Contraloría Regional de Antofagasta s/ Investigación administrativa – Órganos de control administrativo

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta

Sala: Primera

Producto: Microjuris

El pre informe de la Contraloría Regional constituye una investigación en que no hay un procedimiento viciado que pueda afectar a la validez del acto administrativo cuestionado, en cuanto se ha cumplido con las propias instrucciones del servicio.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra del pre informe emanado de Contraloría Regional, que da cuenta del mal uso de fondos públicos para la satisfacción de los fines particulares, en donde se detectó una irregularidad en la contratación de asesorías comunicacionales en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, donde el contratado es cónyuge de la hermana de la edil de dicha ciudad. Tratándose de actos administrativos, las decisiones escritas adoptadas por la administración, se enmarcan dentro de lo ordenado por el legislador y especialmente de las instrucciones entregadas por la propia Contraloría, por lo que desde ese punto de vista no es posible advertir que se trata de un acto arbitrario y menos ilegal. No debe olvidarse que se trata de un trámite previo a la resolución final, en donde los interesados pueden alegar defectos de tramitación que a la vez han podido subsanarse ante la resolución. Lo esencial es que los interesados han tenido conocimiento de los elementos esenciales respecto de los cuales deben pronunciarse para hacer las alegaciones correspondientes, sin perjuicio de las impugnaciones que procedan respecto de la resolución final.

2.- Conforme al artículo 13   de la Ley 19.880, los procedimientos deben desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables, para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios particulares. En esta investigación no hay un procedimiento viciado que pueda afectar a la validez del acto administrativo cuestionado, en cuanto se ha cumplido con las propias instrucciones del servicio. El inciso 1° del artículo 24   de la ley 10.336 establece la facultad del Contralor General para constituir dependencias de en las zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar y hacer más eficaz el control que la ley le encomienda, fijando por resolución la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus atribuciones y el personal de este organismo que las atenderá dentro de la competencia general de la Contraloría. Dentro de tales atribuciones se incluyen la realización de control externo respecto de los servicios, entidades y personas sometidos a la fiscalización de la Contraloría General dentro de la región, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y el resguardo del patrimonio público, y efectuar las inspecciones y auditorías dispuestas por el Contralor Regional, ya sea de oficio o a petición de autoridades, jefes de servicios funcionarios o particulares.

FERROCARRILES – DAÑO AMBIENTAL 

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Ilustre Municipalidad de Freire c/ Empresa de Ferrocarriles del Estado

Voces: CIVIL – AMBIENTAL – RECURSO DE APELACIÓN – DAÑO AMBIENTAL – RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE – PRECLUSIÓN – MUNICIPALIDADES – FERROCARRILES – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Ilustre Municipalidad de Freire c/ Empresa de Ferrocarriles del Estado s/ Preclusión de acción por daño ambiental – Tercerías
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala: Segunda
Producto: Municipalidades – Microjuris

En caso de demandar por daños medioambientales, únicamente actúa como legitimario activo el primer demandante, o la persona quien presenta en primer lugar la demanda, pudiendo actuar los restantes como terceros coadyuvantes.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación en contra de la sentencia del tribunal medioambiental, en donde no dio lugar a la demanda de daño ambiental intentada por la Municipalidad recurrente, contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado, con ocasión del desplome del puente ferroviario sobre el río Toltén y la caída a su lecho de vagones de carga, que contenían materiales químicos, altamente dañinos para el medioambiente. Su posibilidad de demandar se encontraba efectivamente impedida debido a la presentación de demanda sobre los mismos daños ambientales realizada previamente por otra Municipalidad afectada, aun cuando existiera deber del tribunal de ordenar complementar dicha demanda de acuerdo a lo establecido en la ley de Tribunales Ambientales. Debido a que la interposición de una demanda por daño ambiental hace precluir el derecho de interponer demanda por otro sujeto afectado, debiendo este último limitarse a intervenir como tercero en la causa ya iniciada, procede no dar lugar a la interposición de la demanda intentada.

2.- El artículo 33 inciso primero de la Ley de Tribunales Ambientales regula el inicio del procedimiento ambiental, pudiendo iniciarse a través de una demanda o por medida prejudicial. En la demanda sólo se podrá pedir la declaración de haberse producido daño ambiental por culpa o dolo del demandado y la condena de éste a repararlo materialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N.º 19.300. En conjunto con dicha norma, el artículo 54 de la ley N.º 19.300 establece que son titulares de la acción ambiental, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para los efectos del artículo 23 (REF.LEG2529.23) del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio. La orden de complementar la demanda por ausencia de requisitos para su admisibilidad de acuerdo a la ley de Tribunales Ambientales debe entenderse como una de convalidación o subsanación del acto jurídico procesal de interposición de la demanda, por lo cual una vez subsanados los errores el acto se valida retroactivamente, entendiéndose por interpuesta desde el primer momento.

 

ESTATUTO DOCENTE – BONIFICACIÓN 

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Manzo Vergara y otros c/ Ilustre Municipalidad de Panquehue

Voces: LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Manzo Vergara y otros c/ Ilustre Municipalidad de Panquehue s/ Pago de bono proporcional – Normas de prescripción común

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Laboral

Al haber resuelto el tribunal a quo que el plazo de prescripción se rige por el Código Civil y no por las normas del Código del Trabajo, incurrió un error de derecho que tiene influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a que se condenara a la demandada a pagar prestaciones prescritas.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad en contra de la sentencia que obligó al establecimiento educacional al pago de prestaciones prescritas, en virtud de las normas de prescripción del Código Civil  . Como el Estatuto Docente   no contempla normas de prescripción resulta aplicable el artículo 510   del Código del Trabajo, que, para el caso y tratándose de personas que prestan en la actualidad labores para la recurrente, en su inciso primero, contempla un plazo de prescripción de dos años para los derechos de los trabajadores. Al haber resuelto el tribunal a quo que el plazo de prescripción se rige por el Código Civil y no por las normas del Código del Trabajo, incurrió un error de derecho que tiene influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a que se condenara a la demandada a pagar prestaciones prescritas.

2.- El tribunal del grado, al acoger la demanda ordenando a la Ilustre Municipalidad de Panquehue a pagar a los actores las diferencias adeudadas por concepto de aumento de bonificación proporcional dispuesta por la Ley N°19.933  , infringió los artículos 1°   y 9°   de la Ley citada; 8°   a 10°  de la Ley N°19.410; y 63   a 65   de la Ley 19.070. Explica que la modificación que hizo la Ley N°19.933 al artículo 8° de la Ley N°19.410, sustituyendo el cálculo de la bonificación proporcional, sólo es aplicable a los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado y no a los actores. La bonificación aquí comentada, beneficia a los docentes del sector municipal, como son los demandantes.

 

EDUCACION – SANCION ADMINISTRATIVA 

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Ilustre Municipalidad de Chépica c/ Superintendencia de Educación Escolar

Voces: ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – MUNICIPALIDADES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Partes: Ilustre Municipalidad de Chépica c/ Superintendencia de Educación Escolar s/ Procedimiento sancionatorio – Superintendencia de Educación
Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Primera
Producto: Municipalidades – Microjuris

La resolución cuestionada no se ajustó al procedimiento correspondiente, desde que junto con instruir un procedimiento sancionador y designar fiscal instructor, formuló directamente el cargo materia de la investigación, en circunstancias que es función del fiscal la formulación de los cargos administrativos en los procesos sancionadores por infracciones a la normativa educacional.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de reclamación en contra de la resolución dictada por la Superintendencia de Educación, que decretó la multa contra la Municipalidad reclamante. El Encargado Regional de Fiscalización de la Superintendencia de Educación Escolar, al emitir Resolución Exenta, no se ajustó al procedimiento reglado en la Ley N° 20.529 , desde que junto con instruir un procedimiento sancionador y designar fiscal instructor, formuló directamente el cargo materia de la investigación. Tal atribución infringió el artículo 66   de la citada Ley N° 20.529 que preceptúa en cuanto a este procedimiento administrativo, es el fiscal es el encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento. El artículo 67   de la misma norma, sólo permite la instrucción de sumario y a la vez la formulación de cargos al Director Regional, cuando la investigación administrativa se incoe por denuncia del Ministerio de Educación o de la Agencia, lo que no ocurrió en la especie.
2.- Corresponde al Director Regional sobreseer o aplicar las sanciones pertinentes, por lo que no ha podido ser esa misma autoridad la que haya formulado las imputaciones a las personas o entidades requeridas. Al obrar de esa manera, se genera un vicio que recae en un trámite o diligencia esencial del proceso. Lo recién expuesto no se contrapone al principio de no formalización que rige los procedimientos administrativos y que está consagrado en el artículo 13   de la Ley N° 19.880, sino que, por el contrario, guarda concordancia con lo prescrito en esa norma. En efecto, los vicios de procedimiento excepcionalmente afectarán la validez del acto administrativo cuando recaigan en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y generen perjuicio al interesado.

 

TUTELA DE DERECHOS – ACOSO LABORAL

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Polania c/ Corporación Municipal de San Fernando
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – LEY – TRATADOS INTERNACIONALES – CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE MUTUO RECONOCIMIENTO DE EXÁMENES Y TÍTULOS PROFESIONALES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Polania c/ Corporación Municipal de San Fernando s/ EUNACOM – Conflicto entre normas de distinto rango

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris
La acción de protección, por su carácter cautelar, no es el recurso idóneo para resolver un conflicto entre normas de distinto rango, a saber, entre una ley y un tratado internacional, el cual corresponde ser resuelto en un juicio de lato conocimiento.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la decisión de la Corporación Municipal recurrida, en donde se establece como término de su contrato a plazo fijo una fecha relacionada con la exigencia de rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) establecido en la Ley 20.261 . Señala que su título de médico se encuentra amparado por un tratado internacional entre Colombia y Chile, el cual reconoce la validez de los certificados de estudios obtenidos en cualquiera de ambos países; considerando vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Al respecto, en este caso nos encontraríamos ante una aparente colisión de normas entre una ley y un tratado internacional. Dilucidar cuál de ellas tendría preeminencia escapa a la naturaleza y fines del recurso de protección deducido. No resulta la vía idónea para declarar un derecho, cuestión propia de un juicio de lato conocimiento que no puede ser suplido por la presente acción, lo que lleva al necesario rechazo de la misma.
2.- La Convención sobre el ejercicio de profesiones liberales -suscrita entre Chile y Colombia en el año 1921- establece que los certificados de estudios secundarios, preparatorios o superiores expedidos a los nacionales por establecimientos oficiales de enseñanza, en cualquiera de los dos países, producirán en el otro los mismos efectos que le reconocen las leyes de donde provienen. La Ley 20.261 estableció como requisito -para los médicos extranjeros que quieran ejercer en la atención de salud pública- la rendición y aprobación del EUNACOM, requisito que no ha sido cumplido por el recurrente al no haber rendido la prueba. Aun en caso de estimarse que la acción de protección fuera procedente, hay que recalcar que no nos encontramos ante un actuar ilegal o arbitrario de los recurridos -únicas hipótesis que habilitan la cautela impetrada por el recurrente- pues ambos se han limitado a aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 20.261, por lo que en las decisiones adoptadas no se aprecian los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que sirven de presupuesto a la acción de protección.

LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO

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Muñoz c/ Ilustre Municipalidad de Angol

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DAÑO MORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Muñoz c/ Ilustre Municipalidad de Angol s/ Fundamentos de la sentencia – Trabajadores municipales
Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco
Sala: Sexta
Producto: Laboral
La sentencia impugnada no emitió pronunciamiento alguno sobre las prestaciones demandadas, por tanto, dicha omisión influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad en contra de la sentencia que no dio lugar a la demanda de despido injustificado, interpuesta por el trabajador recurrente, en donde no se emite pronunciamiento alguno sobre las prestaciones demandadas. En ninguno de los considerandos de la sentencia recurrida se efectúa razonamiento alguno en relación a las prestaciones demandadas, de modo que resulta manifiesto que el sentenciador omitió pronunciamiento sobre aquellas, omisión que influye sustancialmente en lo dispositivo el fallo, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 459 Nº 6 , del Código del Trabajo configurándose consecuencialmente la causal de la letra e) del artículo 478 del mencionado cuerpo legal, por lo que el recurso de nulidad interpuesto por esta causal subsidiaria necesariamente deberá ser acogido.
2.- Sobre la causal invocada en el presente recurso en forma subsidiaria, esto es, la prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, el recurrente ha señalado que la sentencia no ha cumplido con el requisito previsto en el Nº 6 del artículo 459 de dicho cuerpo legal por no haber emitido pronunciamiento sobre la procedencia y monto de las indemnizaciones aunque hubiese desestimado las demandas de autos, por ser un derecho expresamente reconocido por el artículo 73 del Código del Trabajo cuando el contrato de trabajo termina por cualquier causa, por lo que ha dejado de resolver una de las cuestiones sometidas a su decisión, incurriendo de ese modo en la referida causal de nulidad. Tal disposición exige al tribunal en lo pertinente que la sentencia deba contener la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, disposición que exige que el tribunal emita pronunciamiento respecto de todas las cuestiones que fueron sometidas a su consideración. En ninguno de sus considerandos efectúa razonamiento alguno en relación a las prestaciones demandadas ya referidas.

 

LABORAL – ESTATUTO DOCENTE

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Roco c/ Corporación Municipal de Desarrollo de Til Til

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – NULIDAD DE OFICIO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Décima

Producto: Municipalidades – Laboral

Corresponde anular de oficio la sentencia impugnada, pues pese a declararse incompetente para conocer de la acción de la trabajadora, se pronunció sobre la indemnización solicitada por despido injustificado, declarándola improcedente.

Doctrina:
1.- Corresponde anular de oficio la sentencia que acogió una excepción de incompetencia contra la trabajadora, pronunciándose indebidamente sobre la indemnización que solicitó por despido injustificado. Esto, dado que, en cuanto por una parte el tribunal razona y declara su incompetencia para conocer la acción de despido injustificado y las prestaciones que son su consecuencia y, por la otra, se pronuncia sobre el fondo del asunto, significa que se vierten reflexiones que resultan del todo inconciliables y contradictorias, en términos que al sostenerse ambas hipótesis al mismo tiempo, se anulan dejando al fallo desprovisto de fundamentación, configurándose -entonces- el motivo de nulidad que prevé el literal e) del artículo 478 del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 N° 4 del mismo cuerpo legal. Configurado el vicio de nulidad antes referido, corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, en orden a acoger el recurso por un motivo distinto del invocado, por corresponder a uno de los previstos en el artículo 478 del Cuerpo legal citado.

2.- No obstante que el tribunal se declaró incompetente para conocer de la acción de despido injustificado, que de manera subsidiaria a la tutela laboral la demandante ejerció, se pronunció igualmente sobre la indemnización demandada, estimándola improcedente ya que el término de la relación laboral no derivó de alguna de las causales del artículo 161 .

3.- El tenor del recurso presentado es confuso, porque dice asilarse en la causal de infracción de ley, pero no sindica debidamente el error de derecho que denuncia -que pareciera tener relación con la competencia del tribunal-, pero enseguida menciona como norma infringida una supuesta vulneración a la garantía del artículo 19 N° 16 del Código del Trabajo, acusando discriminación por parte del tribunal al negarse a resolver. Lo expuesto evidencia una defectuosa proposición de la causal que se esgrime, que supone precisar cuál o cuáles de entre normas que sirven de sustento a la decisión aparece infringida en el fallo y la forma en que ello acontece, exigencia incumplida en autos, y que basta para desestimar la configuración de la causal invocada.

TUTELA DE DERECHOS – ACOSO LABORAL

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Ceballos c/ Ilustre Municipalidad de Concepción

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – IGUALDAD ANTE LA LEY – ACOSO LABORAL – DISCRIMINACIÓN LABORAL – DAÑO MORAL – INDICIOS – RECHAZO DE LA DEMANDA

Partes: Ceballos c/ Ilustre Municipalidad de Concepción s/ Prueba indiciaria – Acoso laboral

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción

Producto: Municipalidades – Laboral

La discriminación y el acoso laboral alegado por la trabajadora no fueron acreditados mediante indicios suficientes que permitieran crear una sospecha de su procedencia, rechazando su demanda de tutela de derechos fundamentales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales por no haber presentado la trabajadora denunciante indicios suficientes que den cuenta de la discriminación y acoso laboral que alega, dentro de sus labores como funcionaria en distintas dependencias educacionales dependientes de la municipalidad recurrida. Si bien es correcto que las relaciones con el Director de la institución educativa son hostiles, no se logra configurar los elementos que conforman la hipótesis de acoso laboral. Los testigos presentados por la reclamante no fueron contestes con las denuncias aseveradas por ella en la demanda. Las licencias médicas presentadas por la actora – relacionadas a enfermedad psiquiátrica – no tienen relación directa con los tratos con su jefe, por lo que no puede configurarse el estándar mínimo requerido para probar la vulneración a sus derechos fundamentales.

2.- Los actos de acoso laboral, requieren para ser considerados como tales, que las conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo de dichos afectados. La vulneración al derecho fundamental de la integridad psíquica de la persona, aparece en aquellos casos en que la actuación del empleador es de tal envergadura que llega a generar en el afectado una alteración emocional. Sin embargo, cabe considerar que la vida somete a las personas a diversas vicisitudes que generan un impacto de diversa entidad en cada persona pero la Constitución Política de la República no protege contra toda situación que pueda provocar preocupación, tristeza, frustración u otro tipo de alteración emocional. Lo que se resguarda es la integridad síquica, y ello se concreta en la prohibición de pretender ejercer el control de la psiquis del individuo, la presión que altera el equilibrio espiritual y la prohibición de generar una perturbación grave de la estabilidad emocional del individuo.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 2

 

URBANISMO – PERMISO DE EDIFICACION

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Yolanda Haydee Gonzalez c/ Ilustre Municipalidad de Caldera s/ Permiso de edificación – Restobar

Voces: AMPARO ECONÓMICO – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – PERMISO DE EDIFICACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La exigencia de permiso de edificación planteada por la autoridad no puede ser calificada de ilegal ni de arbitraria, puesto que se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que no da lugar al recurso de amparo económico dirigido en contra de la Municipalidad recurrida, por exigirle un permiso de edificación a la empresaria recurrente, para su restaurante. Según el artículo 2.1.17  de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones surge que es aplicable a la actora la exigencia de obtener un permiso de edificación, ésta debe acompañar a la presentación en que solicite dicho permiso, un estudio fundado elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán ejecutarse para la utilización del proyecto en cuestión. Resulta evidente entonces que la exigencia planteada por la autoridad no puede ser calificada de ilegal ni de arbitraria, puesto que se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa aplicable.

2.- El artículo 116   de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone tanto la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General. No requerirán permiso las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 55 , ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General. Este último compilado establece en su artículo 5.1.2 que el permiso no será necesario cuando se trate de: 2. Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos. Es así, que el proyecto aquí impugnado no recae en la categoría de excepción para solicitud de permisos de edificación, por ser la superficie donde se construirá el restobar en aquella que si tiene fundaciones, sumado al hecho de que en el plano regulador está situado en un área de riesgo.

PATENTE MUNICIPAL – JUEGOS DE AZAR

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Mario Sierra Castillo Importadora y Exportadora EIRL c/ Ilustre Municipalidad de Arica s/ Patente municipal – Máquinas de azar

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – CASINOS DE JUEGO – JUEGOS DE AZAR – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Conforme al Dictamen N°92.308/2016 de la Contraloría General de la República, el recurrente debía acompañar previamente un informe de la Superintendencia de Casinos y Juegos para dar curso a su solicitud de explotación de máquinas de azar, no siendo ilegal ni arbitrario el actuar de la Municipalidad recurrida.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección en contra de la Municipalidad recurrida, a raíz de no dar respuesta a la solicitud de patente municipal solicitada por la empresa de juegos de azar recurrente. El recurrente presentó antecedentes complementarios a su solicitud de patente, con lo que pretende explotar también máquinas de habilidad o destreza, para lo cual entregó información relativa a características de las mismas. Sin embargo, el contribuyente desde ese momento no se presentó más a gestionar la visita de las máquinas por parte de los inspectores de la Dirección de Rentas Municipales, a fin de poder revisarlas en terreno y documentarlas de forma debida, a fin de comprobar todos los requisitos necesario para su explotación, trámite necesarios para obtener su aprobación, conforme al procedimiento dispuesto en la Ordenanza Municipal 1/2014 que regula la materia, de acuerdo su artículo 9°, por lo que no se vulnera el derecho establecido en el Nº 21 del artículo 21   de la Carta Fundamental, a desarrollar una actividad económica lícita.

2.- El Dictamen N°92.308/2016 de la Contraloría General de la República establece tres formas para determinar si los dispositivos electrónicos que se pretenden explotar son máquinas de azar, recurriendo en primer término al listado que determinada la Superintendencia de Casinos y Juegos. En segundo lugar, en caso de tener duda la Municipalidad debe coordinarse con la Superintendencia a fin que esta última emita un informe definiendo tal aspecto. Si se pretende explotar maquinas no contempladas en dicho listado, el municipio debe solicitar al interesado que acompañe un informe de la Superintendencia del ramo, en el que conste que esa máquina no es susceptible de ser registrada en dicho catálogo – lo que ocurrió en este caso por falta de antecedentes – el interesado es el que debe obtener la certificación respectiva de este organismo público, a fin de que el Municipio se pueda formar convencimiento de que las máquinas cuya explotación autorizara no son de aquellas prohibidas por la ley.

 

EDUCACIÓN – PERSONAL NO DOCENTE 

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Dictamen N° 19427, año 2017 – Contraloría General de la República

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO

Partes: Dictamen N° 19427, año 2017 s/ Ley N° 19.464.- Establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no docente de establecimientos educacionales que indica
Tribunal: Contraloría General de la República
Fecha: 29-may-2017
Producto: Municipalidades – Dictámenes

Doctrina:

1.- El Director Administrativo de un colegio de la comuna de La Florida requiere a la Contraloría General de la República (CGR), con el objeto de exponer que una de sus asistentes de la educación no aprobó el examen de idoneidad sicológica que dispone la ley, por lo que se vio obligado a desvincularla, luego de lo cual fue demandado y condenado en un juicio laboral impetrado por su ex trabajadora.

2.- La CGR en concordancia con dictámenes anteriores, respecto de la misma materia, concluye que se ha ajustado a derecho al poner término a la relación laboral del recurrente, por no haber logrado acreditar la idoneidad sicológica exigida por el artículo 3° de la ley N° 19.464. Sin embargo lo anterior es sin perjuicio de lo que pueda resolver cada uno de los tribunales de justicia respecto de las causas que conocen, la CGR no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

 

AMBIENTAL – CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

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Ilustre Municipalidad de Calera de Tango y otros c/ Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A LA VIDA – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris
La Ley 20.600 establece una estructura jurisdiccional especializada en materia ambiental, por lo que la impugnación de actos administrativos de carácter ambiental debe hacerse a través de los procedimientos administrativos que la ley establece.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar los recursos de protección interpuestos por las municipalidades y comunidades civiles, respecto al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) que sirvió de base a la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto en donde se localizaría un centro de distribución de productos de una conocida cadena de supermercados, próxima al área de gestión de gestión turística y patrimonial del Proyecto Metropolitano Sur Cerro Chena. Argumentan que el ICE no cumpliría con todos los requisitos formales para su validez como acto administrativo -al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 19.300- al no contener los pronunciamientos ambientales fundados de los órganos competentes, no señalando la evaluación técnica de las observaciones formuladas por la comunidad, como tampoco indicar la recomendación de aprobar o rechazar el proyecto. Señalan además objeciones respecto al emplazamiento del proyecto, y el incumplimiento de las exigencias destinadas a garantizar la participación de la ciudadanía relacionada con las aclaraciones, rectificaciones y enmiendas que realizó el titular del proyecto.
2.- Desde la dictación de la Ley 20.600 existe una estructura jurisdiccional especializada, destinada a resolver los conflictos que se produzcan frente actos administrativos de carácter ambiental, de manera de garantizar -a través de procedimientos judiciales técnicamente calificados- su adecuada resolución. El ICE recurrido también ha sido impugnado por dos de los recurrentes de esta causa a través del procedimiento de reclamación administrativa previsto en la Ley 19.300 ; por lo que es en la instancia administrativa es donde debe pronunciarse sobre las reclamaciones interpuestas. Por resolución exenta de febrero de 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental dictaminó que la tramitación de dichas reclamaciones fuera suspendida hasta que no se resolvieran los presentes recursos de protección, lo que reafirma que lo que pudiera fallarse en esta instancia incidirá en lo que posteriormente puedan llegar a resolver los tribunales competentes.
3.- Una vez resuelta la instancia administrativa nace para los reclamantes el derecho a deducir recursos jurisdiccionales ante los Tribunales Ambientales. En el caso que se quisiera impugnar la validez de los procedimientos administrativos en curso, la Ley 20.600 contempla en su artículo 17 acciones especiales de impugnación, las que revestidas del carácter de impugnaciones ambientales, conceden a cualquier persona -hayan sido o no observantes en el proceso previo- una acción general, denominada de invalidación impropia, que les permite obtener tutela judicial a sus derechos. Al ser una controversia de carácter técnico y especializado que requiere de un estudio profundo y acabado, no puede ser resuelto sin un procedimiento de lato conocimiento, como el que se tramita actualmente ante la autoridad respectiva.

URBANISMO – UBICACION PANTALLA LED

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Ortiz Mella, Wara y otros c/ Municipalidad de Santa Cruz s/ Permiso para edificar – Facultades del Director de Obras Municipales.

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ORDENANZA MUNICIPAL – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

El Director de Obras Municipales tiene la facultad privativa de otorgar los permisos de edificación que se soliciten, no procediendo los mismos si los solicitantes incumplen las leyes y ordenanzas respectivas.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación, respecto a la sentencia de Corte de Apelaciones que negó su recurso de protección contra la municipalidad. Fundamentan el recurso en que la municipalidad les está privando arbitrariamente de su derecho a desarrollar actividad económica lícita -consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución- al decidir negar el permiso para colocar una pantalla led en la azotea de un edificio. Al respecto, los hechos que se denuncian en este recurso se relacionan con un pronunciamiento anterior de esta Corte, la cual refrendó la decisión de la Municipalidad denunciada de ordenar la demolición de la pantalla led puesta por los recurrentes, por carecer de los permisos de instalación correspondientes. El proceder de los recurrentes es ilícito, pues no obstante carecer del permiso, colocaron igualmente la pantalla, despreciando no sólo la normativa atingente, sino que además la autorización que previamente debía otorgar el Director de Obras.

2.- La negativa -por parte del Director de Obras Municipales- a que los recurrentes instalaran la pantalla led supone el incumplimiento por parte de los interesados de los requisitos de constructibilidad contenidos en las normas correspondientes, los cuales deben ser cumplidos por el administrado de manera estricta; de modo que, al haberse apartado de ellas, el Director de Obras resolvió conforme al marco normativo respectivo. La facultad que el artículo 124   de la Ley General de Urbanismo y Construcciones le entrega a los Directores de Obras Municipales se considera privativa de éstos, restringiendo la intervención del Secretario Regional Ministerial sólo a resolver asuntos de carácter calificados. De esta manera, la autoridad ministerial no tiene una competencia como superior jerárquico sobre los Directores de Obras Municipales.

3.- El permiso de edificación es un acto municipal por el que se autoriza administrativamente, de manera previa y obligatoria, a quien pretenda construir una obra, debiendo examinarse -por quien lo expide- que el proyecto cumpla con las normas del Plano Regulador, con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y con la Ordenanza General respectiva, examen necesario en razón de los requisitos y regulaciones que aquellos estatutos tienen. A través de estas normas se resguarda también el interés público, buscando precaver la ocurrencia de perjuicios.

BIENESTAR – PERSONAL SALA CUNA

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Dictamen N° 19.283 – Contraloría General de la República

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO

Tribunal: Contraloría General de la República
Producto: Municipalidades – Dictámenes

Doctrina:

1.- Una Municipalidad requiere a la Contraloría General de la República (CGR), con el objeto des olicitar un pronunciamiento respecto a si procede otorgar prestaciones de bienestar -en los términos previstos en la ley N° 19.754 , al personal cuya relación laboral se encuentra regulada por el Código del Trabajo y que presta sus servicios en salas cunas y jardines infantiles de esa entidad edilicia.

2.- La CGR, concluye que resulta improcedente otorgar prestaciones de bienestar en los términos previstos en la ley N° 19.754 al personal que se desempeña en salas cuna y jardines infantiles municipales, la citada ley N° 19.754, excluyen expresamente al personal que se desempeña en los recintos municipales de los servicios traspasados de educación.

URBANISMO – RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO PRIMER VENDEDOR

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Poch Barros, Matías c/ Inmobiliaria e Inversiones Ecoparque Ltda. – Corte de Apelaciones de Concepción

Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN – DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN – DAÑO EMERGENTE – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Partes: Poch Barros, Matías c/ Inmobiliaria e Inversiones Ecoparque Ltda. s/ Indemnización de perjuicios – Defectos de construcción

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Quinta

Producto: Microjuris
El propietario primer vendedor está vinculado pasivamente a todos los daños y perjuicios, cualquiera sea su causa u origen, que deriven de la edificación de la cual fue su dueño y primer vendedor.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, interpuesto por el demandante, contra la sentencia que acogió la excepción de prescripción, en juicio de indemnización de perjuicios contra una empresa inmobiliaria. El propietario primer vendedor está vinculado pasivamente a todos los daños y perjuicios, cualquiera sea su causa u origen, que deriven de la edificación de la cual fue su dueño y primer vendedor. Esta obligación a la deuda, de la cual no puede desprenderse, hace que la obligación adquiera el carácter de solidaria con el proyectista y con el constructor, lo que se ve reforzado con el hecho de otorgar acción de reembolso al constructor primer vendedor, y con lo que dispone el inciso cuarto del artículo 18  de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por tanto, se condena al demandado al pago de una indemnización por concepto de daño material.
2.- El artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere este artículo prescribirán en los plazos de; diez años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble, cinco años, cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones, y tres años, si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras. Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define en su artículo 1.1.2. , como elemento constructivo al conjunto de materiales que debidamente dimensionados cumplen una función definida, tales como muros, tabiques, ventanas, puertas, techumbres, en tanto que elemento de estructura es todo elemento resistente u orgánico de una construcción, como cimientos, muros soportantes, suelos, pilares, techumbres, torres y otros análogos.
3.- La Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que el propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios. Esta norma impone responsabilidad al propietario primer vendedor de un inmueble, en términos tales que habiendo el perjudicado optado por el ejercicio de dicha acción y habiéndose acreditado por éste el daño sufrido y la relación de causa a efecto entre el perjuicio sufrido y la falla o defecto de la construcción, es procedente disponer su pago, estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva, frente al perjudicado principal responsable es el propietario primer vendedor de una construcción, que responde por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada.

LABORAL – UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Placencia Villa, Soledad y otra c/ Ilustre Municipalidad de Talcahuano s/ Existencia de relación laboral dentro del ámbito municipal

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Al cumplir las demandantes con funciones que son típicas y obligatorias para la Municipalidad con la comunidad, queda patente que se encuentran en una relación de subordinación y dependencia regida por el Código del Trabajo, no aplicándoseles por tanto las reglas establecidas para los contratos a honorarios.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, y por lo tanto acoger la demanda subsidiaria de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales en contra del municipio recurrido, debiendo dictarse sentencia de reemplazo. El cumplimiento de funciones de un programa de apoyo social y la provisión de un estipendio mensual a favor de las recurrentes corresponden típicamente a una relación de subordinación y dependencia, por lo que en los hechos se constituye una relación laboral regida por el Código del Trabajo, y no a la ejecución de una labor accidental en el municipio, al amparo del artículo 4  de la ley 18.883.

2.- El artículo 4 de la Ley 18.883 establece la posibilidad de contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad. Las funciones realizadas por las demandantes corresponden a aquellas típicas a las que están obligadas las municipalidades, se concluye que existe entre las partes un contrato de trabajo según el artículo 7   del Código Laboral, pues se trata de servicios personales intelectuales o materiales, prestados bajo un régimen de dependencia o subordinación por los que se obtiene remuneración, debiendo normarse esta por el Código del Trabajo debido a su aplicación supletoria frente a los estatutos especiales de los órganos del Estado en los que estos no regulan.

3.- Se debe aplicar la máxima de experiencia, avalada por el criterio protector de la primacía de la realidad en virtud de la cual toda prestación de servicios en los términos descritos en el código del ramo hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Existiendo relación laboral, al no haberse notificado la causal ni las razones del despido, ni haberse enterado el pago íntegro de sus derechos de seguridad social ni el pago de los feriados legales y proporcionales, corresponde hacer lugar a las indemnizaciones sancionatorias de los artículos 162   y 163 inciso segundo   del Código del Trabajo.

COMERCIO AMBULANTE

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Ojeda Przygodda, Iván c/ Ilustre Municipalidad de Punta Arenas s/ Comercio ambulante – Facultades del alcalde

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – COMERCIANTE – VENTA AMBULANTE – DECRETO ALCALDICIO – ORDENANZA MUNICIPAL – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

No existe un derecho de propiedad respecto de un permiso municipal temporal para vendedores ambulantes, en razón de sus sucesivas renovaciones, toda vez que jamás podrá constituirse un derecho adquirido sobre bienes nacionales de uso público.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección respecto a la futura decisión del alcalde de la Municipalidad recurrida, consistente en sacar el comercio ambulante de la esquina en donde el recurrente ubica su vehículo para vender sus productos. De la Ordenanza N° 2799 de septiembre del 2007 fluye nítidamente que toda solicitud para el ejercicio del comercio ambulante será estudiada y resuelta por el alcalde, previo informe del Departamento respectivo. El artículo 8 de la misma Ordenanza expresa que los permisos tendrán una duración mensual. Se desprende entonces, que la única autoridad competente para autorizar, renovar, caducar o cesar los permisos de comercio ambulante es el respectivo alcalde, previo informe y cumplimiento de los requisitos señalados. La efímera duración del permiso da cuenta de la precariedad del mismo, ya que se dan respecto a actividades que se estiman transitorias, no viéndose por tanto vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, previstos en el artículo 19 N°2 y 24   de la Constitución Política.

2.- No puede aceptarse el argumento de que, en razón de las variadas y sucesivas renovaciones de este permiso temporal y transitorio, se haya adquirido una especie de derecho de propiedad sobre el mismo, toda vez que su precariedad resulta evidente -atendida su escasa vigencia- sino que jamás podrá constituirse un derecho adquirido sobre bienes nacionales de uso público, ya que la autoridad edilicia puede regular su uso, más no su dominio. No se advierte la presencia de un futuro acto ilegal en el anuncio por prensa escrita dado por el alcalde en 2016, ya que este no puede entenderse como una amenaza al legítimo ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución, dado que al recurrente no le asiste, en modo alguno, un derecho de propiedad sobre el mismo. Esto se encuentra refrendado por las facultades alcaldicias que disponen los artículos 46  y 63 letras f) y g)   de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tampoco se advierte como arbitraria dicha decisión, toda vez que ya existían Ordenanzas anteriores que indicaban otras fechas de término del permiso, señalando la última de éstas que las actividades artesanales durarían hasta que el municipio dispusiera del Centro Artesanal que se esperaba finalizado a mediados de 2011.

PATENTE DE ALCOHOLES

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Partes: López Pérez, María c/ Ilustre Municipalidad de Coquimbo s/ No renovación de patente de alcoholes

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE DE ALCOHOLES – MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de La Serena

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

La resolución que dispone la orden de no renovar una patente de alcoholes constituye un acto administrativo reglado que debe fundamentarse y ajustarse a las normas de juricidad que rigen a los organismos públicos.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra de resolución administrativa dictada por la Municipalidad recurrida, al no renovar una patente de alcoholes sin contener fundamento que así lo justifique, mediante decreto exento. Dicho acto administrativo tenido a la vista, efectivamente carece de fundamentación, pues no contiene una exposición de los motivos que llevaron al Municipio recurrido a la decisión impugnada mediante esta acción constitucional, es por tanto un acto arbitrario. Si bien la recurrida goza de las facultades que la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades   le entrega, para renovar o no renovar las patentes de alcoholes, tal como señala la recurrida en su informe, ello no la exime de motivar los actos administrativos que con ocasión de dicha Ley dicte, viéndose conculcadas las garantías constitucionales de los artículos 21 y 24 del artículo 19   de la Constitución Política de la República.

2.- Un acto administrativo es por su esencia, un acto formal y que, en dicha formalidad, para el caso del decreto exento que aquí convoca, la autoridad recurrida no sólo no ha motivado su decisión, sino que además se ha asilado en una disposición legal que no es la pertinente. El acto recurrido cita el artículo 65 letra ‘ñ’   de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma que no regula la materia objeto de este recurso. Es por tanto una exigencia del acto administrativo que sea fundado y para ello se debe exponer los motivos en el acto mismo, que han llevado a la decisión de la autoridad, la que no puede abusar del mandato que le han entregado los gobernados a través del ejercicio de la soberanía. El artículo 65 letra o)   de la misma norma expresa que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes y que el otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las Juntas de Vecinos respectivas; desprendiéndose que dicha resolución constituye un acto legal y fundado.

 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO – LABORAL – RENUNCIA NO VOLUNTARIA

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Calderón c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo s/ Principio pro operario – Aplicación supletoria de la ley

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – SALUD INCOMPATIBLE – PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Municipalidades – Laboral

Conforme al principio pro operario, no corresponde aplicar causales de terminación contractual del Estatuto Administrativo a una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de despido injustificado en contra de la Municipalidad recurrida, por aplicarle causales de terminación del contrato no previstas en el Código del Trabajo al recurrente, que ejercía labores dentro de la Municipalidad, terminando su relación laboral a raíz de haber hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años sin mediar declaración de salud irrecuperable, causal invocada por el empleador, no siendo aplicable, al ser dichas condiciones laborales regidas por el Código del Trabajo, siendo aplicable la ley 19.464  , dictamen N° 59 de enero de 2012 de la Contraloría y en especial la ordenanza N° 1266/ 69 de la Dirección del Trabajo.

2.- El empleador pretende aplicar al trabajador cuya relación laboral se encuentra sometida al Código del Trabajo una norma contenida en el mencionado DFL 338 de 1960, que corresponde al artículo 151   de la ley 18.834, actual Estatuto Administrativo, siendo una aplicación del derecho que no puede considerarse admisible, por cuanto corresponde aplicar a favor del actor las normas del Código del Trabajo, las cuales no contemplan la causal de caducidad invocada por el empleador demandado, y se basan en normas que se encuentran prescritas y/o modificadas por la versión actual del Estatuto Administrativo, y así se pretende agregar a las normas de caducidad contempladas en la normativa del Código del Trabajo otras causales de término de los servicios a los trabajadores del sector público. Haciendo aplicación del principio pro operario no resulta posible, por ser abiertamente contrarias a dicho principio, que prefiere la norma más favorable al trabajador en caso de duda o de conflicto entre normas de igual jerarquía como en el caso de autos.

3.- Habiéndose invocado por el empleador como causal de caducidad de los servicios del actor el uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, en base a la norma del artículo 15 la ley 18.020 en donde los trabajadores de la Administración Civil del Estado que se rigen por las normas del decreto ley 2.200, de 1978, y sus disposiciones complementarias, que se encuentren en la situación prevista en la letra c) del artículo 233° del Decreto con Fuerza de Ley 338, de 1960, incurrirán en causal de caducidad del contrato sin derecho a indemnización. El artículo 233 del mentado decreto, establece que la renuncia a un empleo puede ser voluntaria o no voluntaria. Es voluntaria cuando proviene de la propia determinación del empleado y no requiere justificación. Es no voluntaria la que el empleado presenta en caso de que su salud haya sido declarada irrecuperable, el empleado deba retirarse de la Administración.

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NOTA: Consulte Jurisprudencia destacada del reporte anterior, a continuación

 

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE N° 1

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LABORAL – BIENES EMBARGABLES

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Vargas c/ Corporación Municipal de Educación y Atención al Menor
Voces: LABORAL – PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – EJECUCIÓN DE SENTENCIAS – INFRACCIÓN DE LA LEY – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – LIQUIDACIÓN JUDICIAL – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – BIENES INEMBARGABLES – BIENES EMBARGADOS – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala: Primera

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En el caso de las Corporaciones Municipales, Personas Jurídicas de derecho privado, la regla general está constituida por el derecho común y por ello, por la embargabilidad de sus bienes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación en contra de la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de los embargos decretados, interpuesto por la Corporación Municipal recurrente. Si bien el numeral 18 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil se indica que son inembargables los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar, no es posible sostener que el artículo 32 de la Ley N° 18.695, resulte aplicable para dicho efecto, al ser la inembargabilidad excepcional, por ende deben ser interpretadas restrictivamente. Esta última disposición legal sólo recae sobre bienes de las Municipalidades a que alude de un modo expreso y no sobre bienes de las Corporaciones Municipales de derecho privado, creadas para no ser reguladas por las normas de derecho público, aplicables a las municipalidades. Siendo entidades distintas, no es posible estimar como bienes inembargables los dineros pertenecientes a estas últimas, afectando con dicha interpretación a los derechos de los trabajadores a que se les paguen las prestaciones laborales que se les adeudan.

2.- Cualquier restricción legal que impida la ejecución de bienes del deudor debe fundarse en razones objetivas legitimadas constitucionalmente, que persigan el bien común o el resguardo de intereses superiores con pleno respeto a los derechos fundamentales, por lo que no puede concluirse que la mencionada norma legal establezca una especie de inembargabilidad absoluta de bienes a favor de una entidad que no menciona, so pena de inconstitucionalidad. Al amparo del artículo 19 N° 2°, 3° y 26° de la Constitución Política. El primero de ellos, al asegurar a todas las personas la igualdad ante la ley, impide que se establezcan diferencias arbitrarias y privilegios. El numeral 3°, al prescribir la igual protección de la ley en el ejercicio sus derechos, consagra la denominada igualdad ante la justicia, contemplando dentro de sus garantías el deber del legislador de establecer siempre un debido proceso que en definitiva aseguren una tutela judicial efectiva. El numeral 26° como garantía general asegura que la ley no podrá afectar la esencia de los derechos fundamentales, ni imponer condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio.

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CAPACITACIÓN CONCEJO – VIAJES AL EXTRANJERO

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Dictamen N° 15001 – Contraloría General de la República
Voces: DICTAMEN ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – CONCEJO MUNICIPAL – VIÁTICOS – FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL EXTRANJERO – REEMBOLSOS
Tribunal: Contraloría General de la República
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Doctrina:
1.- Concejales y ex autoridades municipales requieren a la Contraloría General de la República (CGR)solicitando la reconsideración del Informe de Investigación Especial N° 453, de 2016, “Sobre eventuales irregularidades ocurridas en viaje al extranjero efectuado por concejales de la Municipalidad de Empedrado”, en lo que respecta a la instrucción a ese órgano comunal para que requiera a determinados ciudadanos el reintegro de los montos desembolsados por esa entidad edilicia con motivo de la salida del país.
2.- La CGR concluye que no se pudo acreditar por parte del recurrente, que el contenido de las actividades se encuentran directamente relacionadas con el quehacer municipal. Dicha situación no se ajusta a derecho que la Municipalidad de Empedrado solventara con recursos propios el viaje de que se trata. Finalmente, se han reintegrado a arcas municipales los fondos percibidos equivocadamente por el error en el cálculo del viático, por lo tanto, dicha situación, en particular se encontraría solucionada.

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ACCIDENTE DE TRABAJO

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Videla Olivares, Susana c/ Ilustre Municipalidad de La Serena
Voces: CIVIL – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – MUNICIPALIDADES – RELACIÓN DE CAUSALIDAD – INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Partes: Videla Olivares, Susana c/ Ilustre Municipalidad de La Serena s/ Indemnización por muerte del trabajador
Tribunal: Corte de Apelaciones de La Serena
Sala: Segunda
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La municipalidad demandada no incorporó elementos de convicción útiles tendientes a demostrar el debido cumplimiento de las medidas de protección que la ley impone a los empleadores.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación en contra de la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por la muerte del trabajador. La causa basal del accidente que ocasionó la muerte fue el resultado de las condiciones físicas deficientes en que el trabajador desempeñaba la conducción, lo que generó un inadecuado control del vehículo a través de un camino rural de tierra, por cuanto luego de salir de una curva hacia una pendiente que descendía, continuó la trayectoria en forma rectilínea, e involuntariamente ingresa al terreno adyacente en desnivel, cayendo al talud del cerro, para terminar volcándose, circunstancias que se infieren fehacientemente de los informes de las instituciones técnicas correspondientes.

2.- El municipio no acreditó haber cumplido con la obligación prevista en el artículo 153 del Código del Trabajo, en orden a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores en relación a sus labores. Tampoco probó haber atendido a las exigencias establecidas en los artículos 67 y 68 inciso 3° de la ley 16.744, en orden a mantener al día el referido reglamento interno y a proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección que sean necesarios, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 53 del DS. N° 594 del año 1999, del Ministerio de Salud. No cumplió con la obligación de informar al trabajador fallecido, en forma oportuna y conveniente, respecto de los riesgos que implicaba su desempeño en la conducción del camión aljibe y de las medidas preventivas y precauciones que aquel debía adoptar en el desarrollo de sus labores, exigencia dispuesta en el artículo 21 del DS N° 40, del año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que solo cabe concluir que el ente municipal incurrió en culpa en el accidente que provocó el fallecimiento del trabajador, puesto que la falta de diligencia u omisión negligente en el cumplimiento del deber de protección exigido en el artículo 184 del Estatuto Laboral.

3.- La municipalidad demandada no otorgó elementos de convicción útiles tendientes a demostrar el debido cumplimiento de las medidas de protección que la ley le impone a su empleadores, a fin de ilustrar u orientar al trabajador respecto a la conducta que deben adecuar dentro del desempeño en las faenas o labores, o bien instruir acerca de la forma en que deben afrontar los riesgos propios o inherentes a sus funciones, de manera que se encuentren en condiciones de prevenir la ocurrencia de hechos que importen una exposición peligrosa de su vida o integridad física. Esta omisión constituye una causa jurídicamente idónea para imputar responsabilidad al empleador, en la medida que es razonable deducir que el cumplimiento de las mismas habría evitado la producción del resultado dañoso. El trabajador no fue instruido ni advertido de las medidas que resultaban pertinentes en el evento de encontrarse sometido a condiciones de agotamiento o fatiga durante la conducción, circunstancias que le impidieron adoptar una adecuada decisión destinada a prevenir o evitar el riesgo y determinaron, en definitiva, el desempeño de dicha función en deficiente estado físico, encontrándose aquí la relación de causalidad entre el actuar ilícito de la demandada y la muerte del trabajador derivada de las lesiones sufridas a raíz el accidente, y el consiguiente daño provocado a los actores.

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REVOCACIÓN DE CONCESIÓN MUNICIPAL

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Indisloa c/ Ilustre Municipalidad de Calama
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DEBIDO PROCESO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DECRETO ALCALDICIO – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – TAXIS – MUNICIPALIDADES – RECURSO ACOGIDO
Partes: Indisloa c/ Ilustre Municipalidad de Calama s/ Taxis – Concesión municipal
Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala: Primera
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Los decretos alcaldicios que revoquen concesiones municipales son un acto administrativo, por lo tanto deben cumplir con la exigencia de motivación del acto que exige la Ley 19.880.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección en contra la decisión de la municipalidad de revocar la concesión de paradero para taxis ejecutivos, concedida a la empresa recurrente. El decreto revocatorio no se ajusta a las exigencias de motivación del acto administrativo, por cuanto sólo señala denuncias respecto al incumplimiento de la empresa recurrente, sin incluir antecedente alguno que justifique la pérdida de autorización de la empresa para operar taxis ejecutivos. Pese a la presunción de legalidad del decreto impugnado, la municipalidad no precedió a realizar procedimiento alguno a efectos de investigar los hechos denunciados, ya que sólo le bastó la existencia de reclamos y la solicitud del Director del Tránsito para formar la convicción respecto al mal uso de la concesión, denegando la posibilidad a la recurrente de poder rendir prueba para desacreditar tales denuncias, o formular descargos, pedir información a la SEREMI de Transportes sobre la infracción denunciada, entre otras medidas. Se infringen así los principios de contradictoriedad e imparcialidad consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley 19.880.

2.- El decreto que revocó la concesión a la empresa de taxis ejecutivos, al ser un acto administrativo, queda sometido no sólo a las normas orgánicas municipales, sino además a la Ley de Procedimientos Administrativos, al ser un acto terminal, discutido dentro del procedimiento en donde se investigó el mal uso de la concesión por parte de la recurrente. Conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley 19.880, dicho acto goza de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios. El fundamento basal del decreto revocatorio radica en un dictamen de Contraloría que resuelve un reclamo en contra de la empresa recurrente, y por el cual se ordena a la municipalidad investigar los hechos, estableciendo que en el caso de ser efectiva la denuncia, la municipalidad debe proceder a revocar la concesión. Este razonamiento no alcanza a explicitar las circunstancias y motivos de la revocación, vulnerando lo dispuesto en los artículos 3 y 41 de la Ley 19.880, respecto a la motivación de las decisiones administrativas, careciendo dicho acto de sustentos fácticos y razonamientos jurídicos, derivado de la inexistencia de un procedimiento investigativo.

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ACOSO LABORAL

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Riquelme c/ Ilustre Municipalidad de Valdivia
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – ACOSO LABORAL – DAÑO MORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJADOR – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala: Primera
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Existiendo un claro caso de acoso laboral, las medidas de seguridad e higiene que aplicó la Municipalidad fueron extemporáneas e insuficientes, por tanto, no corresponde acoger su recurso de nulidad por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que la condenó a indemnizar parcialmente el daño moral resultante de la enfermedad profesional de una dependiente. Esto, dado que lo que se persigue con el presente recurso es la invalidación del fallo cuando éste se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido en lo dispositivo del fallo, lo que no ha acontecido, pues se ha efectuado una correcta interpretación del artículo 184 del Código del Trabajo, que prescribe que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. En este sentido, la Municipalidad no cumplió con su deber, pues existió un período de tiempo en el cual la demandante debió soportar un trato vejatorio hacia su persona sin que se le resguardara en forma alguna por parte de su empleador, lo que derivó en que su padecimiento se transformara en una enfermedad profesional, siendo tratada por un médico psiquiatra. En consecuencia, las medidas de seguridad que tomó la parte demandada fueron extemporáneas, siendo improcedente el recurso de nulidad por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo.

2.- Respecto a la causa de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, la recurrente en forma alguna explica cómo se han infringido las normas de la sana critica, solo insiste en el argumento que la demandada cumplió con su obligación de dar protección y resguardo a la salud de la actora. Sin embargo, es un hecho cierto que la demandante estuvo sometida a un constante acoso laboral que le produjo una enfermedad profesional y aunque fue extemporánea la decisión de la demandada, los hechos denunciados originaron el traslado del Director a otro establecimiento educacional, lo que da cuenta de la veracidad de la denuncia formulada en su contra. Por lo anterior, esta causal de nulidad deducida en forma subsidiaria, no será acogida.

3.- Respecto de la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, y en relación al artículo 4 de la Ley N°18.883, los cinco contratos de prestación de servicios a honorarios que fueron acompañados se prestaban por un periodo determinado, existiendo meses en los que cesaba la relación contractual entre las partes en el período estival, de manera tal que no podían ser considerados como pactos sujetos al código laboral. Tampoco podría estimarse que ha existido una errónea interpretación de ley, dado que se ponderaron todos los elementos de juicio a fin de adecuar los estatutos jurídicos aplicables a cada situación de hecho planteada por las partes. Por otro lado, debe tenerse especialmente en cuenta que la demandante fue contratada por la demandada para un servicio específico durante los años 2011 a 2014, bajo el amparo de la denominada «Ley SEP», ello es una subvención escolar preferencial para mejorar la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados. De manera tal que la demandante por este servicio no se le otorgaba más derecho que el pago de unos honorarios, diferente a las normas del derecho laboral común que requieren, además de una remuneración, un vínculo de subordinación y dependencia de una manera continua en el tiempo. Por lo reseñado, al no haber existido infracción de ley en la sentencia que haya influido en lo dispositivo del fallo, este recurso será desestimado.

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Moreira c/ Ilustre Municipalidad de Chiguayante
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – PRUEBA INSUFICIENTE – ACOSO LABORAL – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – FACULTADES DEL EMPLEADOR – DEMANDA LABORAL – RECHAZO DE LA DEMANDA
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción
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No se lograron aportar indicios suficientes de vulneración de derechos, acerca de acusaciones de hostigamiento de parte de una funcionaria pública, siendo labor de entidad pública, como empleadora, el mantener un clima laboral adecuado.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la acción de tutela laboral, fundado en el supuesto hostigamiento que ha sufrido la demandante, que significó en último término la destinación a un consultorio diferente, por decreto municipal. No se presentan indicios de un hostigamiento, como aludía la demandante. El sumario se funda en una denuncia de una persona por hechos concretos que sucedieron, en donde participó tanto la demandante como otras personas. El bloqueo del perfil para intervenir en la agenda se restableció cuando lo solicitó la demandante y, según se le informó, se realizó luego de que se evidenciara un mal uso de su parte. Lejos de tener un buen desempeño laboral, en el último tiempo no ha sido completamente satisfactorio, a raíz de problemas de relaciones laborales con sus compañeros y, negándose a cumplir instrucciones sobre configurar la agenda de pacientes, como otras tareas relacionadas. Por último, no existió mal trato ni amenazas al comunicársele la nueva destinación. La trabajadora registró en su celular en las dos ocasiones lo sucedido y fue ella la que reaccionó de mala manera.

2.- El empleador debe resguardar a todos los trabajadores en su integridad psíquica y frente a los conflictos que afectan el clima laboral y relaciones entre ellos. La necesidad de hacer cambios para mantener un buen clima laboral justifica también la reorganización de las unidades y grupos de trabajo, con la alteración de los lugares en que cumplen sus funciones. El límite reside en no generar un detrimento que se pudiese ocasionar para los trabajadores. En el caso, ningún perjuicio particular fue especificado, derivado de la destinación a un centro de atención distinto perteneciente a la misma Administración Municipal de Salud.

3.- La legitimidad de la Municipalidad para ser objeto de la acción de tutela deriva de la aplicación supletoria del Código del Trabajo a los funcionarios de la administración del Estado, conforme al artículo 1° inciso 3° de dicho cuerpo legal, al concurrir los requisitos allí indicados, esto es, que se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y que sus normas no sean contrarias a éstos últimos. La ley 19.378 no contienen normas que regulen un procedimiento judicial especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a sus funcionarios, ni tampoco el Estatuto Municipal se refiere hacia alguna normativa como de aplicación supletoria para la resolución de este tipo de casos. El Estado, en cuanto a empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en la administración del Estado.

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ESTATUTO DOCENTE

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García c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa
Voces: LABORAL – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO INDIRECTO – NULIDAD DEL DESPIDO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
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El Estatuto Docente no contempla la institución del auto despido, aplicándose supletoriamente el Código del Trabajo. Al no haberse enterado las cotizaciones previsionales corresponderá aplicar la sanción de nulidad del despido.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido indirecto y nulidad del despido, haciendo procedente la figura del autodespido por omisión de pago de cotizaciones previsionales. Las disposiciones del Código del Trabajo constituye el derecho común regulatorio de las prestaciones de servicios, pues se aplica en los aspectos no regulados del Estatuto Docente , a excepción de la negociación colectiva. Los artículos 72 y siguientes del Estatuto no se consultan normas que regulen el despido indirecto, por lo que debe ser complementada con las normas del Código Laboral. La aplicación supletoria de un cuerpo normativo no debe tener por objeto complementar aspectos secundarios o de mera reglamentación, pero sí corresponde darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, una verdadera institución jurídico-laboral. La figura del despido indirecto obedece al sano propósito, e indiscutible interés jurídico, en orden a que las entidades empleadoras cumplan con las obligaciones que, conforme a la legalidad, las ligan con sus dependientes.

2.- La sanción por despido indirecto es básicamente el pago de indemnizaciones por años de servicios, prestación que debe pagar el empleador, Municipalidad o Corporación, cuando proceda. El artículo 72 del Estatuto Docente no consagra la causal genérica de las necesidades de la empresa que hagan necesaria la separación del dependiente, pero la letra j) se refiere a la supresión de las horas que sirvan, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley, causal homologable con las necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de un trabajador, prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.

3.- Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto , del Código del Trabajo, independiente de quien haya deducido la acción pertinente para ponerle término, pues, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo, en donde el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma debida. La figura que contempla el artículo 162 del estatuto laboral debe ser aplicada, pues la institución del artículo 171 del Código del Trabajo produce el efecto sancionatorio establecido en la referida norma legal, cuando es el trabajador quien pone término a la relación laboral por causas imputables a la parte empleadora, toda vez que se cumple cabalmente con la situación de hecho que la hace surgir, a saber, que se adeuden cotizaciones previsionales al término del contrato de trabajo.

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS SOCIALES

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Dictamen N° 16067 – Contraloría General de la República
Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO –
Tribunal: Contraloría General de la República
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Doctrina:
1.- El prosecretario de la Cámara de Diputados, en representación de algunos diputados, requiere a la Contraloría General de la República (CGR) con el objeto de solicitar los antecedentes del “Convenio de Cooperación Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales”, suscrito -en el marco del decreto N° 255, de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar- por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI), el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), ambos de la región Metropolitana y la Municipalidad de Providencia, con el objeto de desarrollar obras de reparación y mejoramiento a unos bienes comunes edificados, del Conjunto Habitacional Unidad Vecinal Providencia y, además, que se investigue si aquel responde a una “utilización política del aparato público”.
2.- La CGR concluye que el convenio de colaboración por el que se consulta tiene por objeto desarrollar obras de reparación y mejoramiento de los bienes comunes edificados en la Unidad Vecinal Providencia, que ha evidenciado “el deterioro de sus bienes comunes edificados, como el de su equipamiento sanitario” y cuya reparación “sobrepasa la capacidad financiera de los hogares residentes, entre los que mayoritariamente se encuentra población adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad social”. No se observa que el contenido del pacto infrinja el reseñado reglamento, toda vez que su vigencia no altera la obligación fijada en ese decreto respecto al plazo en que deben ejecutarse las obras pertinentes; que por aquel no se autoriza otorgar subsidios a una unidad vecinal irregular, sino que especifica que debe estar regularizada y cumplir con lo previsto en la ley N° 19.537 , sobre Copropiedad Inmobiliaria, por lo que establece que será la municipalidad la que apoyará ese proceso.

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