Corte Suprema confirma condena penal por fraude aduanero y rechaza demanda presentada por el fisco

La Corte Suprema confirmó una sentencia que condenó a Juan Carlos Hasbún Selume a la pena de 61 días de presidio por el delito de fraude aduanero, pero rechazó la demanda de indemnización interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

En fallo unánime (rol 73.789-2016) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm- revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que había acogido la demanda.

La sentencia del máximo tribunal asegura que transcurrió el plazo de 4 años para presentar la acción civil por lo que no corresponde acoger la demanda subsidiaria presentada por el Fisco.

“En el estudio de la impugnación de la decisión civil emitida en autos, toda vez que por ella se acusa la infracción de los artículos 103 bis del Código de Procedimiento Penal y 2332 del Código  Civil, normas que son las pertinentes para el estudio de lo denunciado, en atención a los hechos asentados en autos. En efecto, teniendo en consideración que es un presupuesto de lo decidido que el delito pesquisado fue detectado el 17 de octubre de 2002, de modo que su ocurrencia sólo es posible fijarla con tal límite temporal, la actuación del Consejo de Defensa del Estadio en los términos que establece el artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal aparece extemporánea, toda vez que ella se produjo recién el 16 de noviembre de 2006”, dice el fallo del máximo tribunal.

Agrega que: “Atento a lo que dispone el artículo 2332 del Código  Civil, la responsabilidad civil emanada del hecho doloso o culposo prescribe dentro del plazo de 4 años contados desde su ocurrencia, de manera que la actividad procesal del acusador en tal momento no ha tenido la capacidad que el artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal le reconoce al haber sido desplegada vencido el término legal señalado y, por lo tanto, tampoco la han podido tener las que le siguieron, conforme a las cuales el mismo ente formalizó su pretensión resarcitoria en el plenario y que fueron consideradas por el tribunal de alzada para revocar lo decidido (… Que conforme lo expuesto, los jueces del fondo han incurrido en el error de derecho acusado, el que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que se ha admitido una demanda civil y ordenado el pago de las sumas de dinero correspondientes, en circunstancias que la referida acción se encontraba prescrita, situación que impone el acogimiento del recurso en esta parte y la dictación de la correspondiente sentencia de reemplazo”

(Fuente: Poder Juducial)

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