Corte de Santiago anula causa de tutela laboral por incorporación de grabación ilícita

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló una sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en una denuncia por práctica antisindical en contra de un banco por haberse incorporado una grabación ilícita como prueba al proceso.

En fallo unánime (rol 353-2017) la Décima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Omar Astudillo, Adelita Ravanales y el fiscal judicial Raúl Trincado- acogieron el recurso presentado en contra de la sentencia que condenó al Banco Crédito e Inversiones por práctica antisindical.

La sentencia considera que hubo violación al debido proceso al incorporarse a la causa una grabación obtenida sin el consentimiento de unos de los ejecutivos de la empresa.

“Que, en esta perspectiva, esto es, en la que confiere la regulación procesal laboral, no puede pretenderse que sea constitutivo de “un medio lícito” grabar clandestina y subrepticiamente una conversación, esto es, sin el conocimiento del emisor de las expresiones registradas en audio. Un comportamiento de esa índole no es social ni moralmente tolerable. Si así fuera, se tornaría insostenible la vida en sociedad, se anularía la libertad, la espontaneidad y la sinceridad en las relaciones sociales. En ese orden de ideas, yerra el sentenciador cuando asume el asunto únicamente desde la óptica de la privacidad, porque el compromiso del derecho fundamental en el acto de obtención de la prueba, es solo una fase o dimensión de aquello que el legislador laboral ha tenido en vista a la hora de calificar como “ilícita” la prueba. Retomando, la ilicitud puede derivar igualmente de la naturaleza ilegítima del medio empleado para hacerse de la prueba, de manera que es posible que ese acto de obtención no vulnere la privacidad, por ejemplo, pero que sí termine afectando el derecho al debido proceso, cuando esa prueba es admitida, incorporada, reproducida y valorada en un juicio. Entonces, a la luz de los lineamientos enunciados, resulta que la prueba que se viene refiriendo fue obtenida “por medios ilícitos”, marcada por su carácter subrepticio y clandestino”, dice el fallo.

Agrega que:  “Por ende, la legitimidad de la decisión jurisdiccional está supeditada a la existencia de un órgano dotado por la ley de la prerrogativa para conocer y juzgar de una causa y, de modo muy especial, a la circunstancia de que su resolución sea el resultado de un proceso previo que, en el sentir del constituyente, esté revestido de reglas formales constitutivas de un procedimiento racional y justo. Una de las garantías concebidas por el legislador para asegurar la legitimidad de ese resultado es precisamente la imposibilidad de valerse de pruebas ilícitas. Así, tratándose de actuaciones susceptibles de reproche, no se aprecian razones en la ley chilena para no aplicar la exclusión de prueba que pueda tacharse de ilicitud, toda vez que los órganos del Estado están especialmente obligados a velar por el respeto de las garantías de un justo y racional procedimiento”.

(Fuente: Poder Judicial)

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