Créditos universitarios con aval del Estado no podrán quedar impagos invocando Ley sobre reorganización y liquidación de empresas y personas

La Primera sala de la Corte Suprema – el 9 de mayo del presente año – rechaza un recurso de casación en el fondo interpuesto por una deudora de un crédito universitario con aval del Estado, quedando firme la decisión del Tribunal del grado en donde acoge la petición del banco de excluir dicho crédito del procedimiento de liquidación voluntaria, al no estar afectos éste tipo de créditos a la exclusión efectuada en tal tipo de procedimientos. Consulte Texto completo de la Sentencia del 9 de mayo de 2017. 

A continuación consulte análisis en Microjuris

Voces: CIVIL – CONVENIOS Y QUIEBRAS – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD – BANCOS – PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Copete:  La calificación de empresa deudora que hace la propia solicitante de la liquidación concursal, en razón de ser un contribuyente de primera categoría no obsta a su obligación al pago de un crédito con garantía estatal destinado a financiar la educación superior.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo en contra la sentencia quedó lugar a la petición del banco de excluir crédito de la deudora recurrente, del procedimiento de liquidación voluntaria. El conflicto jurídico del caso se traduce en determinar si, frente a la situación de insolvencia del deudor, el crédito con garantía estatal debe regirse para los efectos de su cobro por la Ley 20.027 de 11 de junio de 2005 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior o bien por la Ley 20.720 de 9 de enero de 2014 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, caso último en el cual los acreedores de tales créditos deberían verificarlos en el proceso de liquidación y pagarse de los mismos conforme al régimen concursal.

2.- Existe contradicción normativa cuando dentro de un mismo sistema jurídico se imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones fácticas, es decir, cuando en presencia de un cierto comportamiento o situación de hecho se encuentran diferentes orientaciones que no pueden observarse simultáneamente. Luego de estimar que existe una contradicción normativa entre la Ley 20.027 y la Ley 20.720, dado que frente a la situación de incumplimiento de la obligación de pago del deudor de un crédito con garantía estatal, la primera regulación establece mecanismos particulares para el cobro del crédito y para hacer efectiva la garantía estatal, en tanto la segunda consagra un procedimiento concursal general para liquidar los pasivos y activos de una empresa o persona deudora, concluye que debe privilegiarse la aplicación de la normativa que regula el financiamiento de los estudios de educación superior por tratarse de una ley especial.

3.- En base al artículo 255 de la Ley 20.720, dispone que la resolución de término del procedimiento concursal produce la extinción por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales de los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación, es absolutamente contradictorio con el artículo 13 inciso 2° de la Ley 20.027 que regula el financiamiento de estudios para la educación superior, que establece que las cuotas impagas del deudor, sea por cesantía o cualquier otra causal, no prescribirán, debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas hasta la total extinción de la deuda, utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Título V, norma que es acorde con que el Estado sea el garante del sistema bancario en el pago de los créditos.

4.- Los parámetros tradicionalmente utilizados para resolver las antinomias son el jerárquico, en cuya virtud la ley superior deroga a la inferior; el cronológico, por el que la ley posterior deroga a la anterior; y el de especialidad, que ordena la derogación de la ley general en presencia de la especial. El primero de ellos no tiene aplicación en este caso pues las normas en cuestión son de igual jerarquía y en cuanto al criterio cronológico y de especialidad, su aplicación dependerá de si la norma anterior que resulta incompatible con una posterior tiene el carácter de ley especial, pues en ese caso existe consenso en la doctrina en cuanto a que ley posterior general no deroga la ley anterior especial, por lo que el conflicto entre el criterio de especialidad y el criterio cronológico se resuelve a favor del primero. Para definir la existencia de una relación de especialidad entre una norma y otra cabe tener presente que la elección del criterio de especialidad implica hacer posible la aplicación de normativas singulares a grupos sociales diferenciados, permitir que determinados sectores no se rijan por el patrón general, habilitándoles una regulación específica que se adapte en mayor medida a sus particularidades.

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