CS remite a Cámara Diputados informe sobre proyecto de ley de entrevistas videograbadas para víctimas de abusos sexuales

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 21 de julio recién pasado– analizó el proyecto de ley que establece sistema de entrevistas videograbadas de testimonios de niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales. Tercer informe sobre la materia que fue enviado, el mismo día, al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Fuad Chahín.

En el informe, el pleno del máximo tribunal del país valora que se hayan incorporado a la iniciativa legal, algunos alcances y comentarios realizados en oficios anteriores.

“Que en relación a la entrevista única, si bien se ha mejorado la reglamentación, debe insistirse en que los expertos nacionales e internacionales han sostenido, al igual que esta Corte, que debe procurarse que el proyecto reglamente lo que se ha denominado “entrevista única”, puesto que con ello se evita la revictimización de los niños, niñas y adolescentes, al ser el aspecto más importante el obtener su indemnidad, para que su desarrollo, en lo posible, no se vea afectado por el hecho ilícito del cual han sido víctimas o testigos. En efecto, respecto a la estructura del proyecto de ley en lo relacionado con la configuración de la participación de los niños, niñas o adolescentes en al menos 2 etapas: entrevista investigativa y declaración judicial, al no haberse modificado ni acogido las observaciones de la Corte Suprema, en concordancia con los lineamientos anotados, sobre la necesidad de una entrevista única, resulta necesario insistir, nuevamente, en la opción preferente de la Corte Suprema por un sistema de entrevista única para estos casos, entendida como una forma de prueba anticipada”, sostiene el documento.

El informe agrega que “en lo concerniente a la denuncia, al comparar la versión anterior del artículo 4°, que regula la denuncia, con la que se remite en esta oportunidad, no se observan diferencias en los aspectos ya informados por la Corte Suprema. En razón de lo anterior, es necesario insistir en las observaciones hechas al respecto, especialmente en lo referido a la regulación un tanto rigurosa de las formalidades y la falta de determinación de los efectos que tendría su incumplimiento, manteniéndose como un aspecto positivo de la propuesta la fijación de un plazo máximo de 24 horas para comunicar los antecedentes al Ministerio Público o al tribunal respectivo, aumentando las posibilidades de intervenir y otorgar una adecuada protección a las víctimas, con oportunidad. Si bien se pueden mantener los aspectos positivos observados en esa ocasión, no debe olvidarse que la protección que se brindará a los niños, niñas o adolescentes testigos de los delitos señalados en el artículo 1°, inciso primero, ha disminuido considerablemente al ser eliminados de dicha disposición”.

Con relación a la participación de niños, niñas o adolescentes en la declaración, el pleno de la Corte Suprema sostiene que “(…) es importante señalar que, si bien en las oportunidades previas no se cuestionó en particular la facultad que el artículo 10 otorgaba al fiscal, su eliminación se condice en mejor forma con los principios y lineamientos señalados y reiterados que apuntan solamente a la realización de una entrevista única. Esta Corte ha sostenido que debe ser decisión exclusivamente del niño, niña o adolescente prestar una nueva declaración, en reconocimiento de sus derechos y su autonomía, pero no a solicitud o por así requerirlo el fiscal para fines de la investigación. Adicionalmente, que ahora exista un control judicial por parte del juez de garantía ante la expresión de voluntad del niño, niña o adolescente de prestar una nueva declaración durante la etapa de investigación, permite asegurar, en mejor forma, los derechos de las víctimas y el resto de los intervinientes en una investigación penal, por lo que se observa positivamente este cambio”.

Sobre las medidas especiales de protección, añade, “el actual artículo 25 -artículo 29 en la versión previamente informada- se aprecian diferencias, las que se pueden considerar positivas, especialmente la incorporación de la figura del curador ad litem y la propia víctima en calidad de legitimados activos para procurar medidas de protección al juez, aun antes de la formalización de la investigación. Respecto del resto del texto, atendido a que no hay diferencias en la regulación de las medidas en particular, se reitera que no se observa cuáles podrían ser las justificaciones de las modificaciones introducidas en la versión previamente informada al literal c), consistente en confiar el cuidado del niño, niña o adolescente a una persona de su confianza, que a juicio del tribunal reúna las condiciones necesarias para resguardar su integridad física y psíquica, habiéndose eliminado la obligación de considerar especialmente a los parientes por consanguinidad de grado más próximo y el deber del tribunal de cautelar especialmente los casos en que el niño, niña o adolescente sea una persona con discapacidad, tenga una condición que la haga vulnerable, o esté embarazada”.

Asimismo, concluye, “se estima conveniente, además, incorporar una sistematización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito o testigos de delitos. En efecto, los niños, niñas y adolescentes que interactúan con el sistema procesal penal en calidad de víctimas o testigos, desde que se tiene conocimiento que se perpetró un hecho ilícito y en tanto sea necesario durante el procedimiento e incluso terminado éste, tendrán los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce y declara.
En especial, los niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos tienen derecho a:
a) se considere siempre y de manera preminente su interés superior en las determinaciones que se adopten a su respecto procurando su normal desarrollo y la ausencia de re-victimización;
b) se les informe de manera clara y sencilla de los hechos que puedan afectarles y los derechos que les otorga la Constitución Política de la República, los tratados internaciones y la ley;
c) que el Ministerio Público adopte las medidas efectivas destinadas a su protección o inste para que el órgano jurisdiccional las dispongan, en su caso;
d) que las autoridades administrativas, policiales, del Ministerio Público, jurisdiccionales y los ciudadanos en general, les reconozcan y consideren los derechos que dispone la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y la ley;
e) decidir por sí o/y con la cooperación de la persona bajo cuya protección y cuidado se encuentren, a prestar declaración con motivo de los hechos en que tienen la calidad de víctima o testigo;
f) cuando decida prestar declaración investigativa o judicial, ésta se realice en la oportunidad, con los resguardos, consideraciones y en la forma dispuesta por esta ley;
g) que el juez de garantía, en su caso, determine siempre la pertinencia de su declaración investigativa o judicial de manera previa a efectuarla;
h) solicitar por sí o procurador ad litem, se disponga a su respecto las medidas de protección, generales y especiales, que esta ley dispone;
i) solicitar se le informe de manera clara y sencilla el estado del proceso y su resultado, como cualquier diligencia que pueda afectarle, y
j) se hagan efectivas las responsabilidades disciplinarias y penales por la transgresión de sus derechos, de conformidad a la Constitución y las leyes”.

(Fuente: )

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