Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma condena por malversación de caudales públicos

La Corte Suprema rechazó recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó a Boris Chaparro Pizarro a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, el pago de una multa de 11 UTM (unidades tributarias mensuales) y 6 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, en calidad de autor del delito de malversación de caudales públicos.

En fallo unánime (causa rol 85-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el auditor general del Ejército Felipe Cunich– descartó infracción de ley en el fallo recurrido, dictado por la Corte Marcial de la Armada, que confirmó la sentencia de primera instancia, adoptada por el juez de la IV Zona Naval, con asiento en Iquique, pero elevó la pena accesoria de inhabilitación.

“Que la sentencia de primer grado, que la Corte Marcial de la Armada de Valparaíso hizo suya, reconoce en el fundamento décimo al condenado dos atenuantes y estima que no le perjudica ninguna agravante, por lo que los sentenciadores aplicaron lo dispuesto en los artículos 61 y siguientes del Código Penal que establece las reglas para la designación de las penas en cada caso particular, específicamente el artículo 68 de ese cuerpo punitivo que señala: “Cuando la pena señalada por la ley consta de dos o más grados, bien sea que los formen una o dos penas indivisibles y uno o más grados de otra divisible, o diversos grados de penas divisibles, el tribunal al aplicarla podrá recorrer toda su extensión, si no concurren en el hecho circunstancias atenuantes ni agravantes”, establece el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega: “Habiendo una sola circunstancia atenuante o una sola circunstancia agravante, no aplicará en el primer caso el grado máximo ni en el segundo el mínimo. Si son dos o más las circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias”. Por ello, al imponer la pena privativa de libertad al condenado, el tribunal -facultativamente- rebajó la pena en dos grados desde el mínimo establecido para la infracción cometida, imponiéndole presidio menor en su grado medio”.

“En cuanto a la otra pena principal, que dispone el artículo 233 número 3 inciso final y que se encuentra constituida por la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios públicos, también se la rebajó por el tribunal en dos grados, determinándola en seis años de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para cargos y oficios públicos. En consecuencia, los sentenciadores se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 65, en relación a lo previsto en el artículo 59 Escala Número 4, ambos del Código Penal”, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

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