Fondo de Infraestructura quedó listo para cumplir su segundo trámite

En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada “Fondo de Infraestructura S.A”. Ello, luego que la Sala del Senado concluyera el despacho en particular de la iniciativa tras dos jornadas de debate.

En esta oportunidad, la discusión estuvo centrada en las incompatibilidades de los directores de esta nueva empresa pública, y, sobre todo, en el rol de la Contraloría General de la República en la fiscalización de estas entidades.

Cabe recordar que, durante su trámite en la Comisión de Hacienda, el proyecto recibió una modificación (con votación dividida) que apuntaba a precisar la función del órgano fiscalizador al ámbito del capital inicial de esta nueva empresa pública, (no así a las decisiones de negocio o la gestión), dada la necesidad de asegurar su competitividad en el mercado, entre otras consideraciones que argumentó el Ejecutivo.

Tras un arduo debate en este punto, donde participaron los senadores José García Ruminot, Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Alejandro García Huidobro, Hernán Larraín, Víctor Pérez Varela e Iván Moreira, además del ministro de Hacienda, finalmente se acordó rechazar la frase del artículo mencionado que precisaba la función de la Contraloría al ámbito del capital inicial, dejando el texto original que salió de la Comisión de Obras Públicas, es decir:

“Sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso anterior, la Contraloría General de la República ejercerá su función fiscalizadora de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16° del decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N° 10.336, de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República”.

En el debate donde quedaron de manifiesto “posiciones encontradas” y la oposición fue enfática en señalar que cualquier delimitación a la función fiscalizadora de la Contraloría “era un retroceso inaceptable”.

Los senadores García Ruminot, Coloma, Prokurica, García Huidobro, Larraín, Pérez Varela y Moreira argumentaron que con estas normas “se cercenaban facultades constitucionales” y significaban “un cambio en las reglas del juego”, más aun “tratándose de recursos cuantiosos” (9 mil millones de dólares), por lo que instaron al gobierno a mantener el texto original, independientemente de abordar este tema en otra discusión legal.

Por su parte, el ministro Rodrigo Valdés dejó constancia que “este es un tema complejo” y la necesidad de garantizar un adecuado control del Fondo, pero “sin que ello implique que el órgano contralor pueda intervenir en decisiones de negocio o gestión de la empresa”.

Reconoció además que la indicación en discusión “no era parte del proyecto original, pero tampoco teníamos los temas que hemos tenido con la Contraloría cuando escribimos este proyecto”. Sostuvo que el rol de la Contraloría ha ido cambiando y aunque “no hay ningún problema en que la Contraloría escarbe hasta donde sea necesario en cualquier servicio público, si tratamos a una empresa como servicio – y no estoy diciendo que se trate siempre así-, no vamos a poder tener empresas públicas que funcionen”.

VOTACIONES
Por 19 votos se aprobó la disposición que dispone que: “Los directores tendrán derecho a una remuneración, la que será establecida y revisada por el Ministro de Hacienda. En la determinación de las remuneraciones la o el Ministro de Hacienda considerará la propuesta de una comisión especial que designe al efecto, la que deberá estar integrada por tres personas…” Hicieron uso de la palabra los senadores Coloma, De Urresti, Prokurica, Allende y el ministro de Obras Públicas.

– Por 24 votos a favor y 1 abstención se aprobó la enmienda relativa a: las incompatibilidad de los directores del Fondo, así como de sus filiales o coligadas, con “los cargos de Presidente, vicepresidente, secretario general o tesorero de las directivas nacionales y regionales de los partidos políticos”. Intervinieron al respecto los senadores Allende, Prokurica, Zaldívar, Moreira, Letelier y el ministro de Hacienda. Aquí se confrontaron los argumentos relativos a si la labor o militancia política era o no recomendable para participar en los directorios de empresas públicas. Al respecto, el Presidente del Senado, precisó que la norma trataba sobre una “incompatibilidad y no una inhabilidad”, es decir, que el efecto de la norma era que al asumir como director un militante dejaba de ejercer su cargo directivo en el partido.

– Asimismo, en forma unánime, se aprobó la propuesta del Ejecutivo en torno a que: “los plazos de inhabilidad de los directores que cesen en sus funciones para ejercer cualquier cargo en una empresa que pudiera verse beneficiada con el Fondo, serán por un periodo de 6 meses, mientras que los otros 6 meses se deberá informar al directorio”. En este punto hicieron uso de la palabra los senadores De Urresti, Allende, Pizarro, Coloma, Navarro y Zaldívar. Además del ministro de Hacienda.

– Por 20 votos y 2 abstenciones se aprobó la disposición relativa a la autorización del traspaso de los activos de todas las rutas y carreteras al Fondo de Infraestructura, facultando así la posibilidad de explotarlas una vez finalizado el periodo de la respectiva concesión.

– En tanto por 18 votos y 4 abstenciones se aprobó la disposición respecto a la posibilidad que “los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, de forma conjunta y fundadamente, podrán decidir no aportar algunos de los bienes a que se refiere el inciso anterior. Dicha decisión deberá informarse a las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional”.

En este punto intervinieron los senadores Coloma, García Ruminot, Horvath y Larraín quienes hicieron ver un contrasentido por la inclusión de activos en el Fondo que luego podrían ser excluidos. Sin embargo, el ministro Undurraga explicó que se trataba de “una norma transitoria para que un futuro gobierno pudiera, por ejemplo, decidir que alguna de las carreteras no tuviera peajes”. En esa línea, el senador Carlos Montes consideró razonable apoyar esta norma.

Consultar  Boletín Nº 10647-09 aquí.

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