Corte de Santiago rechaza recurso de protección por construcción de proyecto Inmobiliario de gran altura y ausencia de plan regulador

En días recientes la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto por un grupo de  vecinos contra la Municipalidad de Estación Central por una supuesta omisión ilegal y arbitraria al no fiscalizar la construcción de un proyecto inmobiliario de gran envergadura contiguo a sus propiedades, que vulnera las garantías constitucionales de derecho a la vida y de derecho de propiedad.

Los recurrentes señalan que dicha obra  ha provocado de forma permanente la caída de material sobre sus propiedades y en la vía pública, afectación en suministro de servicios básicos y telefonía, daño y deterioro en muros. Asimismo denunciaron que el municipio ha infringido la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica de Municipalidades, entre ellas al no confeccionar un plan regulador comunal que resguardara sus derechos y a la falta de fiscalización sobre la construcción.

En tanto, el municipio recurrido informó que no es que  haya incumplido con sus deberes establecidos en Ley Orgánica de Municipalidades, artículos 1° 3° letra b) y e) y artículo 24(REF:LEG7154.24), como tampoco los contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, indicando que entre los años 2006 a 2008 sostuvo diversas reuniones para la realización de un proyecto de plan regulador de Estación Central, y que luego, bajo su administración, desde el año 2014 a la fecha se ha ido realizando un trabajo sostenido con diversas entidades públicas en orden a obtener un Plan Regulador Comunal adaptado al municipio. Así en 2008, presentó a COREMA un informe consolidado de la DIA del “Proyecto Actualización y Adecuación de un Plan Regulador Comunal de Estación Central, con todos los informes favorables de los organismos técnicos, del SEREMI de Vivienda y Urbanismo y de la CONAMA, más las observaciones que debían ejecutarse después de aprobado y entrada en vigencia. En esta misma reunión, indica, COREMA pospuso el otorgamiento de la Resolución Ambiental al tenor de dicho informe consolidado, argumentando que excedía sus atribuciones. En suma, atribuye la inexistencia de un plan regulador propio al actuar ilegal de la COREMA de la Región Metropolitana, si no hubiese sido así y hubiere aprobado el Informe la comuna habría tenido su Plan Regulador Comunal que habría evitado el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Finaliza expresando que en ese estado de cosas, el Director de Obras Municipales no pudo negar el permiso de edificación solicitado, dado que el proyecto de edificación cumplía con todas las exigencias legales y en conformidad a la normativa urbanística vigente. Hace presente que previo al otorgamiento se exigió una declaración de impacto ambiental.

Con fecha 21 de agosto de 2017,  la segunda sala de la Corte de Apelaciones, si bien constató la vulneración de garantías constitucionales provocadas por la construcción del proyecto, no advirtió un actuar ilegal y arbitrario en el desempeño del municipio; y por tratarse de la única institución recurrida, desechó la acción cautelar.

Consulta a continuación análisis de Microjuris y sentencia a texto completo.

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – PLAN REGULADOR COMUNAL – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – DERECHO A LA VIDA – DERECHO DE PROPIEDAD – CONSTRUCCIÓN DE BIEN RAÍZ – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Briones c/ Ilustre Municipalidad de Estación Central (acum. 31548-2017) s/ Recurso de Protección – Urbanismo – Ausencia de Plan regulador

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Segunda

Fecha: 21-ago-2017

Cita: ROL:31294-17, MJJ50848

Producto: Municipalidades – Microjuris

Resumen: La inacción de la recurrida en la confección de un plan regulador comunal no constituye omisión ilegal y arbitraria, dado que el contenido de la letra b) del artículo 3º letra b) de la Ley Orgánica de Municipalidades, es sólo indicativo de las funciones privativas de las Municipalidades y no contempla plazo perentorio para la consecución de tal objetivo; teniendo en consideración que ésta ha efectuado diversas actuaciones ante otras autoridades administrativas para cumplir dicha finalidad.

Consulte: Texto íntegro de la sentencia

Doctrina: 

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra una municipalidad, fundado en el incumplimiento tanto del municipio como de su Director de Obras, respecto a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza, y sobre falta de fiscalización respecto a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; en la construcción de un proyecto inmobiliario de gran envergadura contiguo a sus propiedades vulnerándose garantías fundamentales contempladas en los numerales 1°  y 24°  del Artículo 19 de la Constitución Política de la República; toda vez que si bien de los antecedentes aportados por los recurrientes se advierte que la ejecución de las obras está afectando los derechos fundamentales invocados en la acción cautelar, no aparece que tales perturbaciones hayan sido producto de un actuar arbitrario o ilegal del municipio, único recurrido en el caso de marras, respecto a sus deberes de fiscalización, ni tampoco hay antecedentes de que haya incurrido en la ejecución de actos ilegales que ameriten una paralización de obra, atendida su actual competencia normativa.

2.- Los hechos de los que dan cuenta los recurrentes -caída de material sobre sus propiedades y en la vía pública, afectación en suministro de servicios básicos y telefonía, daño y deterioro en muros- , avalados por los certificados de residencia y fotografías incorporados al recurso, queda de manifiesto que éstos han sido perturbados y amenazados en los derechos constitucionales cuya protección reclaman. Estas afectaciones a prima facie, son atribuibles, directamente, a la empresa constructora de las obras que no ha sido parte en este recurso, de manera tal que la acción de protección sólo puede prosperar si se demuestra que tales perturbaciones y amenazas provienen, en su origen, de un acto u omisión ilegal de las autoridades recurridas, lo que no ocurre en la especie.

3.- No constituye omisión ilegal y arbitraria de la Municipalidad en relación a la inacción en la confección del plan regulador comunal, dado que el contenido del artículo 3 letra b)  de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695, es sólo indicativo de las funciones privativas de las Municipalidades y no contempla plazo perentorio para la consecución de tal objetivo. Contrariamente, la recurrida ha indicado y acreditado las gestiones que se han hecho al efecto, los inconvenientes que se le han presentado para conseguir la finalidad que pretende, entre éstos, el rechazo de COREMA a aprobar la declaración de impacto ambiental del “Proyecto Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal. Comuna de Estación Central” de fecha 22 de mayo de 2008, mismo que motivó el desistimiento del proyecto, de 31 de junio del mismo año, y dictamen N.º 035121N16 del Contralor General de la República de fecha 12 de mayo de 2016, que desestima la pretensión del municipio de mantener vigente el proyecto del plan regulador comunal que fuera iniciado el año 2008, y finalmente, en el Diario Oficial de 26 de abril del año en curso, se publicó el Decreto Alcaldicio que posterga los permisos de edificación en la zona sujeta hoy a modificación del plan regulador comunal vigente, que excedan las alturas propuestas por zona, todo lo cual consta en los documentos incorporados por ambos intervinientes.

4.- Los permisos de edificación otorgados por el Director de Obras Municipales para la construcción de los proyectos señalados en el caso de marras, lo han sido acorde a lo dispuesto por el artículo 116  de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En efecto, no se ha cuestionado que los permisos fueron otorgados de conformidad a las leyes urbanísticas vigentes a la época, a saber, las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que regía en ese entonces en la comuna, y se acreditó que lo fueron previa aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, de conformidad a los antecedentes que obran en autos.

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