Corte Suprema ordena pagar indemnización a familia de víctimas de aluvión en Farellones

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó Cristián Sauvageot Torrecilla, a la Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A. y a la Municipalidad de Lo Barnechea a pagar una indemnización de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) a familia de las dos víctimas que fallecieron en el aluvión que afectó al sector de Farellones, el 6 de septiembre de 2009.

En fallo unánime (causa rol 10.373-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– ratificó la resolución que ordenó pagar la indemnización a Fernando Aspillaga Rodríguez, cónyuge y padre de las fallecidas.

“(…) la Municipalidad de Lo Barnechea denuncia que la decisión recurrida le impone deberes de supervigilancia sobre los cursos de aguas, que no forman parte de las atribuciones legales que le confiere su ley orgánica y, por el contrario, se trata de facultades que corresponden a la Dirección General de Aguas. Sin embargo, de la sola lectura del fallo impugnado fluye que la responsabilidad municipal se sustentó precisamente al tenor de la Ley N°18.695 que le entrega en su artículo 4 letra f) funciones relacionadas con la urbanización. Es a la luz de dicha norma que el artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que corresponde a la Dirección de Obras Municipales la fiscalización de las obras de edificación que se ejecuten dentro de la comuna y, a su vez, el artículo 146 de este cuerpo normativo permite ordenar la paralización de cualquier trabajo que se desarrolle sin autorización”, establece el fallo.

Resolución que agrega: “A mayor abundamiento, fueron esas las potestades que el municipio ejerció a través de la dictación de la Resolución N°22/2006 que ordena la paralización de los trabajos realizados por los propietarios de los Lotes A y B del Fundo Antahuara durante el año 2006, sin fiscalizar luego el cumplimiento de esa orden y sin informar tampoco a la Dirección General de Aguas a fin de que este órgano administrativo ejerciera las funciones que le son propias, configurándose de esta forma una falta de servicio de la cual debe responder, al tenor del artículo 152 de la mencionada Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, tampoco se vislumbra una infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 3 y 4 de la Ley N°18.695 y 299 letra c) del Código de Aguas”.

Asimismo, “no resultó discutida la calidad de arrendatario que el actor tenía en relación al inmueble donde ocurrieron los hechos, de manera que difícilmente podría a él imputársele negligencia en una construcción de la cual no participó ni tampoco tuvo injerencia alguna en la elección de su emplazamiento. A ello se agrega que la posibilidad de habitar una vivienda sin permisos municipales -circunstancia esta última acreditada a través de un certificado emanado del mismo municipio- dice relación únicamente con la falta de fiscalización de la Municipalidad puesto que, según ya se ha expuesto, ella goza de facultades para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dentro de las cuales se encuentra la existencia de permisos de edificación y de estudios específicos para el emplazamiento de viviendas”.

En este orden de ideas, no puede la demandada invocar su propia negligencia para eximirse de responsabilidad. Finalmente, tampoco esa circunstancia puede ser conectada causalmente con los hechos que causaron perjuicios al demandante, puesto que, aunque la vivienda hubiese contado con permiso municipal, el actor no estaba en posición de prever que los dueños de predios cercanos realizarían construcciones sin autorización, que tendrían como efecto impedir el libre escurrimiento de las aguas, de manera de exponerlo a los perjuicios que finalmente se materializaron”, concluye.

(Fuente: poder judicial)

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