Corte Suprema acogió casación en la forma respecto de sentencia que rechazó reclamo de ilegalidad deducido por concesionaria de estacionamientos contra Municipalidad

En días recientes la tercera sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto por una concesionaria en contra de la Municipalidad de Recoleta.

La sentencia impugnada declaró la legalidad del acto administrativo que impuso multas a los reclamantes, y se limitó a  invocar la presunción de legalidad y de ejecutoriedad del acto, conforme a la Ley N° 19.880, sin atender a que existía una sentencia judicial que no se encontraba ejecutoriada sobre la materia,  sobre un hecho originador de la multas impuesta, por lo que la institución edilicia se encontraba impedida de dictar el acto administrativo reclamado. Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación

Voces: ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Concesiones Recoleta S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta s/ Reclamo de ilegalidad municipal
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Producto: Municipalidades – Microjuris

El sentenciador omite el examen mínimo de la ilegalidad denunciada, que constituye el objeto de la acción prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, fundando su revisión únicamente en la presunción de legalidad y de ejecutoriedad del acto administrativo

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma, interpuesto por el reclamante, contra la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad municipal. Esto, debido a que, en un primer análisis pareciera que el fallo impugnado contiene consideraciones para sustentar lo expresado en lo resolutivo, lo cierto es que un examen detenido permite arribar a la conclusión contraria. En efecto, el reclamo o acción de ilegalidad contemplado en el artículo 151  de la Ley N° 18.695, es una acción contenciosa administrativa especial consagrada por nuestro legislador en términos amplios, con el objeto de controlar la legalidad de la actuación de los funcionarios municipales, razón por la que se concede para impugnar actos administrativos u omisiones en las que aquellos incurran, que pueden agraviar a un ciudadano particular o afectar los intereses generales de la comuna, siendo relevante precisar que el principal fin de esta acción es tutelar los derechos e intereses legítimos de aquellos.

2.- Al examinar la legalidad del acto administrativo que impone multas, los sentenciadores se han limitado a exponer los artículos 3 , 12  y 51  de la Ley N° 19.880, para concluir que éste es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y de ejecutoriedad, razón por la que al no haberse dictado en la causa civil Rol N° 2206 del Quinto Juzgado Civil una medida que suspendiera los efectos de tal acto, se debe rechazar el reclamo. Como se observa, ningún análisis se realiza de la ilegalidad denunciada por la actora, esto es que al haberse entregado la decisión respecto de los incumplimientos contractuales a los tribunales de justicia, la Administración quedaba impedida de dictar el acto administrativo, máxime si, como lo reconoce en su parte considerativa, el antecedente que se esgrime, es la sentencia dictada en esos autos, que en la especie no se encontraba ejecutoriada. Así, se constata que ningún fundamento existe respecto de tal materia que constituía el quid del asunto que se debía resolver.

3.- Corresponde acoger parcialmente la reclamación interpuesta por una concesionaria contra del Decreto Alcaldicio que le impuso multas por el retraso de entrega de la obra que ligaba a las partes, toda vez que el municipio demandado se encontraba imposibilitada de ejercer la facultad que le conferida en el contrato de concesión, por cuanto esta contienda fue expresamente entregada a los tribunales de justicia -encontrándose en tramitación un recurso de apelación sobre la sentecia definitiva. quedando desde ese momento la demandada inhibida de ejercer tal facultad, toda vez que el pago de las multas que son cursadas a través del decreto impugnado, se cobró directamente por el ente edilicio a través de la demanda reconvencional, acción que, en primera instancia, no prosperó por haberse omitido las exigencias formales.(De la sentencia de reemplazo)

Consulte texto completo de la sentencia

 

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