Corte Suprema remite a la Cámara de Diputado informe sobre proyecto que establece nueva ley de migraciones

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 8 de septiembre pasado– analizó el contenido del proyecto legal que establece una nueva ley de migraciones.

Informe fue remitido el lunes 25 de septiembre, al presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, y contiene el parecer del máximo tribunal del país sobre la nueva normativa originada en mensaje que busca dar una mirada más inclusiva sobre la materia en el país.

Respecto de la inclusión de niños, niñas y adolescentes extranjeros en la nueva normativa, el pleno del máximo tribunal sostiene que se debe evitar usos gramaticales que den pie a exclusiones.

“La terminología de “niños y niñas extranjeros” y “niño o niña extranjero” no se aviene con la que en estos tiempos emplea el derecho universal, que se ha cuidado de no dar motivos de literalidad gramatical a exclusionismos con potencialidad contraproducente. De ahí que en materia de derecho foral de la familia y la niñez, la fórmula habitual sea la de “niños, niñas y adolescentes” (NNA). En Chile, la referencia a los niños, niñas y adolescentes se hace aún más necesaria en este caso, habida cuenta cierta dispersión del lenguaje sobre la materia, como fluye de la lectura de los artículos 26 del Código Civil, 16 N° 3° de la Ley 19.968 y 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, la mención de “niños y niñas extranjeros” referida a la de “niños, niñas y adolescentes extranjeros”, ha de entenderse extensiva a la totalidad del proyecto”, sostiene el informe.

En cuanto a la radicación en los juzgados de familia de los procedimientos en los que exista duda de la edad de niño, niña o adolescente migrante, el pleno considera que: “La radicación de esta clase de competencia en la judicatura, en lugar de depositársela en la Administración, se muestra acorde con la tutela de derecho que el ordenamiento chileno depara a las personas naturales, en la senda de los artículos 55 y 57 del Código Civil. Lo que no quita que la jurisdicción recabe de la Administración cuanto la primera califique de “medio expedito”. Podrá resultar discutible si, en el aspecto puramente adjetivo, se satisface la exigencia de racionalidad que a todo procedimiento judicial impone el artículo 19 N° 3° inciso sexto de la Constitución Política de la República”.

Asimismo: “La solitaria referencia a los “medios expeditos” no afecta tal parámetro, pues viene siendo una guía de aquello que en el marco de lo no contencioso es pertinente a efectos de “informar” la decisión, como se desprende del artículo 102 de la Ley 19.968, en relación con sus preceptos 9 y 13, y de los particulares 818 y 824 del Código de Procedimiento Civil, supletoriamente aplicables. Se trata, pues, de una cuestión de técnica legislativa que no amerita reparo”.

Al abordar el tema de los recursos judiciales en materia de expulsión de ciudadanos extranjeros, la Corte Suprema valora que la iniciativa legal sea similar a lo que ha planteado en informes anteriores sobre entregar la vista y veredicto a una única instancia.

“(…) esta Corte aprecia el acercamiento de la iniciativa a lo que recurrentemente ella ha manifestado con ocasión de informes de esta índole, en cuanto a entregar la competencia a las Cortes de Apelaciones. Por el contrario, le parece lesivo al concepto mismo de racionalidad que explicita el artículo 19 N° 6° inciso sexto de la Constitución Política de la República, la vista y veredicto en única instancia. El ordenamiento jurídico chileno custodia el legítimo ejercicio de las garantías que él mismo consagra, con un control jurisdiccional de doble grado. No parece congruente con ese lineamiento, que la tutela del derecho a la libertad ambulatoria de toda persona, por cierto también el extranjero, ante un acto de autoridad, se constriña a una sola instancia. Con esa salvedad, la propuesta constituye un avance”, sostiene.

Acto no jurisdiccional
En cuanto a la modificación que establece la puesta a disposición de un juzgado de garantía de quien ha sido expulsado del país cuando no se cumpla el plazo de 24 horas para proceder a su salida del territorio nacional, con el fin de que se dicte alguna medida cautelar personal distinta a la prisión preventiva, el pleno opina que: “De acuerdo al texto propuesto, la medida cautelar personal, limitativa de la libertad ambulatoria, cuya determinación se entrega al juez de garantía tiene como objeto “asegurar el cumplimiento de la expulsión”, esto es, de una resolución administrativa, ajena a un proceso penal, sin que exista un imputado, en el sentido del Código Procesal Penal, cuya responsabilidad se indague”.

“En consecuencia –continúa–, resulta inaceptable el artículo 110 en comento, por cuanto pretende que un juez de garantía, un juez en lo penal, intervenga en una situación totalmente ajena a una indagación sobre la comisión de un delito -por ende, fuera de su competencia- y adopte una resolución judicial -que puede aplicar una medida cautelar personal prevista para imputados- dirigida a asegurar el cumplimiento de una expulsión decretada por la autoridad administrativa. Decisión esta, totalmente alejada de un procedimiento criminal, único ámbito en el cual puede operar legítimamente un juez de garantía, quien, en el caso propuesto, estaría coadyuvando de manera ilegal e incluso, inconstitucional, a la ejecución de un acto no jurisdiccional”.

Consultar  boletín 11395-06  aquí.

(Fuente: pjud)

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