Corte Suprema ordena a municipalidad abrir nuevo proceso para cobro de derechos del plan de descontaminación de Tocopilla

La Corte Suprema acogió reclamo de ilegalidad y ordenó a la Municipalidad de Tocopilla abrir un nuevo proceso administrativo para los cobros de derechos municipales del plan de descontaminación de la comuna.
En fallo unánime (causa rol 7025-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jorge Lagos– acogió el reclamo presentado por la empresa AES Gener en contra del decreto de cobros de derechos municipales por los retiros previstos en el plan de descontaminación, tras establecer que si bien el cobro se encuentra ajustado a derecho, su cálculo se está haciendo en base a índices medido en 2007.
“Que sin desconocer las facultades que la normativa precedentemente citada otorga a la Municipalidad de Tocopilla para establecer las medidas necesarias, a fin de cumplir con el plan de descontaminación y, al efecto, regular la emisión y disposición de contaminantes dentro de la comuna, que pueden incluir el cobro de derechos municipales por los servicios que al efecto se presten, lo cierto es que las determinaciones que en este sentido pronuncie por el ente edilicio deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado (…) en el presente caso, según ya se ha expuesto, la decisión municipal goza de fundamentos, puesto que la determinación del monto a pagar por cada uno de los actores contaminantes de la comuna, se sustenta en la medición que precisamente hizo la autoridad al momento de declarar la comuna como zona saturada, concluyéndose que la reclamante aportaba a la superación de la norma de calidad ambiental en un 44,3%”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “sin embargo, la fundamentación del acto administrativo no sólo debe existir, sino que también debe ser adecuada a la finalidad que se persigue con su dictación (…) En el presente caso, consta del mérito de los antecedentes que el municipio resolvió establecer la fórmula de cobro de los derechos municipales con los antecedentes de que disponía al efecto y que consistían en una medición realizada por la autoridad competente, sin que conste que se haya practicado otra posterior que concluya nuevos porcentajes de aporte contaminante. Sin embargo, tales referencias datan de 9 años antes de la dictación del acto administrativo, de manera que resulta del todo posible que, precisamente por la reducción de emisiones de material particulado que dispone el plan de descontaminación, tal situación hubiese cambiado a la fecha de publicación de la ordenanza”.
“En efecto –continúa–, el artículo 12 del plan de descontaminación dispone expresamente que la empresa Norgener S.A. reducirá sus emisiones dentro del plazo de 3 años y 6 meses, de 1.386 toneladas de material particulado por año a 469 toneladas, debiendo informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Seremi de Salud y a la Conama respectiva los resultados de las mediciones que realice al efecto (artículo 14). A ello se suma la posterior dictación del Decreto N°13 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece una nueva norma de emisión, esta vez referida específicamente a centrales termoeléctricas, con un límite máximo incluso menor”.
Además, “si bien el acto del municipio goza de un debido sustento, tal fundamentación no resulta adecuada para el cobro que a futuro se haga de derechos municipales por concepto del aseo periódico especial dispuesto por el plan de descontaminación. En efecto, tratándose de un acto que afecta los derechos de particulares, se encuentra obligada la autoridad administrativa a proveerse de antecedentes actualizados al momento de calcular el cobro que regirá para el semestre respectivo, puesto que la contribución que se estime que cada uno de los actores contaminantes hace al total de emisiones debe ajustarse a la realidad del administrado, en tanto trae consigo una afectación a su patrimonio”, añade.
Por lo tanto, concluye: “se acoge, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa Aes Gener S.A. en contra del Decreto Alcaldicio N°643/2016 de fecha 12 de mayo del año 2016, emanado del Alcalde de la Municipalidad de Tocopilla y que aprobó la Ordenanza Municipal que establece el cobro de derechos municipales por los servicios que indica, para el sólo efecto de disponer que la autoridad edilicia deberá:
I.- Abrir un proceso administrativo, a fin de recabar de las instituciones respectivas, los antecedentes de las emisiones actuales de material particulado correspondientes a todas las empresas mencionadas en el artículo 3° del Decreto N°70 que contiene el Plan de Descontaminación para la ciudad de Tocopilla y su Zona Circundante, a fin de actualizar los porcentajes conforme a los cuales se realizará, para el año 2018, el prorrateo del costo del servicio de aseo periódico especial contemplado en el artículo 37 de la referida ordenanza.
II.- Realizar este proceso de forma anual de modo que, para el futuro, el prorrateo de este gasto sea practicado conforme a la información aportada el año anterior, por cada una de las empresas, a la autoridad sectorial, de conformidad al programa de seguimiento dispuesto en el Capítulo VII del señalado Decreto N°70”

(Fuente: pjud)

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