Corte Suprema anula cláusula de contrato que permitía subarrendamiento de tierras indígenas por 99 años

La Corte Suprema acogió recurso de casación y declaró nula la cláusula de contrato que autoriza a particular subarrendar o ceder los derechos de un predio ubicado en tierras indígenas en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.
En fallo unánime (causa rol 89.636-2016), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y el abogado (i) Rodrigo Correa– declaró el acápite que le permitió a Sergio Tiznado Jaque subarrendar tierras indígenas que había arrendado por 99 años.
“Que las consideraciones precedentes no significan que el contrato de arrendamiento sea nulo, cuestión que ya ha sido zanjada negativamente con efecto de cosa juzgada y que excede la competencia de esta Corte. Pero la cuestión sub lite es otra. Se trata ahora de determinar si la cláusula que faculta al señor Tiznado a subarrendar o ceder en todo o parte el predio arrendado o los derechos derivados del arrendamiento habilita a los demandados a celebrar, bajo la vigencia de la ley 19.253, un contrato de cesión que contraviene la política de interés nacional que dicha ley establece. Esta Corte estima que la respuesta es necesariamente negativa. La conclusión contraria importaría desconocer el manifiesto interés legislativo por evitar que los indígenas pierdan sus tierras”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “No obsta a esta conclusión lo dispuesto en el artículo 22 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, el que dispone que “se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo” de la celebración del contrato. La ley sobre efecto retroactivo rige en ausencia de una clara intención legislativa en la ley que se trata de aplicar. La clara intención legislativa de mirar con sospecha los contratos de arrendamiento celebrados antes de su vigencia por plazos superiores a los diez años ha sido destacada en el motivo precedente”.
“Por otra parte –continúa–, el citado artículo 22 debe ser contrastado con el artículo 12 de la misma ley sobre efecto retroactivo: “Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley…” En la especie se trata de derechos personales. Pero son derechos personales que se asemejan notoriamente a un derecho real y que, en los hechos, inciden directamente sobre el dominio de un bien raíz. Su naturaleza técnica de derechos personales no puede significar que sean más inmunes a una ley explícitamente dictada “por exigirlo el interés nacional”.
“(…) habiendo concluido por efecto del artículo 13 de la ley 19.253 que la cláusula que faculta al señor Tiznado a subarrendar o ceder en todo o parte el predio arrendado o los derechos derivados del arrendamiento ya no habilita a los demandados a celebrar dichos actos o contratos, resulta forzoso concluir que el contrato de cesión sobre cuya validez ha versado el presente juicio se encuentra prohibido por la citada disposición. Al desestimar la acción de nulidad, la sentencia impugnada ha infringido dicho artículo 13 de la ley 19.253, como asimismo el artículo 1466 del Código civil, que señala que hay objeto ilícito “en todo contrato prohibido por las leyes”; yerros que, como se advierte, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, añade.
Por lo tanto, concluye: “se revoca la sentencia apelada y en su lugar se acoge la demanda interpuesta por Elena Magaly Bravo Cayuñanco en contra de Constructora Hermanos Limitada y de Sergio Alejandro Tiznado Jaque, y se declara:
1º Que el contrato de cesión de contrato de arrendamiento celebrado entre los demandados, el 29 de enero del año 2014, por escritura pública número de repertorio 72/2014, en la notaría de la ciudad de Panguipulli ante el señor notario don Leonardo Calderara Emaldia se encuentra prohibido por el artículo 13 de la ley 19.253;
2º Que, en consecuencia y al tenor de lo dispuesto en el artículo 1466 in fine del Código Civil, dicho contrato adolece de objeto ilícito y, por tanto de conformidad con el artículo 1682 del mismo código, es absolutamente nulo, y
3º Que se debe cancelar cualquier inscripción o subinscripción a que haya dado origen el contrato que se anula en el numeral precedente”.

(Fuente: pjud)

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