Corte Suprema deniega solicitud de acceso a información sobre fondos repatriados en poder del SII y rechaza recurso de queja

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto en contra de la Corte de Apelaciones de Santiago que autorizó la entrega de información sobre rescate de fondos desde el extranjero y actuando de oficio denegó la solicitud de acceso a información sobre fondos repatriados en poder del Servicio de Impuestos Internos (SII), debido a que su divulgación vulnera el secreto tributario, deber de reserva establecido por ley.

El Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber cometido falta o abuso grave en  la sentencia definitiva de fecha 30 de diciembre de 2016  que puso término un reclamo de ilegalidad, ordenando al Servicio cumplir con la decisión de amparo dictada por el Consejo en sesión ordinaria el 5 de julio de 2016 y entregar a una Fundación  información amparada por el deber de reserva.

La Fundación efectuó una serie de presentaciones en el marco de la Ley N°20.285 requiriendo al Servicio antecedentes relacionados con el artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780, sobre reforma tributaria que modificó la regulación del impuesto a la renta e introdujo una serie de ajustes al sistema tributario, requiriendo:

– Nómina de personas jurídicas y naturales que se acogieron al beneficio, incluyendo el país donde estaban los fondos;

-Listado con los cincuenta mayores montos repatriados sin individualización del contribuyente;

-Nómina de personasnaturales y jurídicas que solicitaron acogerse a la aludida disposición, incluyendo el país desde donde se repatriaron los capitales y de haber objeción legal, no se oponía a que se hiciera aplicable el principio de divisibilidad de la información;

-Estadísticas respecto del origen geográfico de los capitales acogidos al beneficio contenido en el artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780, nómina de países desde donde se repatriaron capitales junto
a sus montos desde cada país; y, estadísticas respecto a la fecha en la cual salieron de Chile o se originaron los
capitales acogidos a la mencionada disposición.

El Servicio respondió al solicitante, que no resultaba posible acceder a la petición de información, puesto que la información requerida se encontraba amparada por el deber de reserva establecidola la ley. Por lo que la solicitante presentó amparo por denegación de acceso a la información, en contra de la petición, el Servicio alegó la falta de legitimación activa en representación de la fundación para deducir el amparo conforme.

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, rechazándolo respecto a la nómina de contribuyentes acogidos al artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780 por configurarse a su respecto la causal de reserva. Posteriormente, el Servicio presentó reclamo de
ilegalidad alegando que el Servicio y su personal no pueden divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que se efectúe conforme a dicha norma.

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó los argumentos del Servicio, resolviendo cumplir con lo ordenado por el Consejo para la Transparencia.

El SII explica que el recurso de queja es procedente  por haber contravenido formalmente los recurridos la norma especial de reserva establecida en el artículo vigesimocuarto transitorio N°13 de la Ley N°20.780, en virtud de la cual el Servicio de Impuestos Internos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo y si bien existen ciertos organismos que pueden acceder a la información.

La Corte señala que “En el presente caso, conforme a la discusión registrada entre el quejoso y los jueces recurridos y tal como se desprende de lo consignado precedentemente, aparece que lo debatido se centró más bien en una cuestión de interpretación legal, por lo que no es posible concluir que los jueces recurridos al desestimar el reclamo de ilegalidad respecto de la decisión del Consejo para la Transparencia realizaran alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar. Que, en consecuencia, al fallar los jueces del grado como lo hicieron, rechazando el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia que acogió el amparo interpuesto a su respecto y que ordenó al Servicio proporcionar determinada información tributaria, no han incurrido en ninguna falta o abuso grave, por lo que el recurso será desestimado”. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido.

Actuando de Oficio la Corte Suprema deja sin efecto la resolución  dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en autos, en su lugar, se acoge la reclamación interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la decisión de amparo de acceso a la información emanada del Consejo para la Transparencia , y se dispone que se desestima el amparo por denegación de información presentado por la Fundación.

Concluye: “Que, de este modo, la prohibición general de revelación y uso para fines distintos de los estrictamente tributarios, tutelan el contenido esencial del derecho a la privacidad y a la reserva de datos personales o a la intimidad personal, sin perjuicio que también puedan proteger otros bienes jurídicos con relevancia constitucional. no cabe sino reconocer que la confidencialidad y reserva de uso para fines fiscales de la información obtenida por la Administración que tutela el secreto tributario posee un carácter instrumental de otros bienes y derechos con relevancia constitucional”.

(Fuente: Diario Constitucional)

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