Jurisprudencia Destacada Año 2018

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 2 DE 2018

DOCENTES – BONIFICACION PROPORCIONAL  

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Rojas y otros c/ Ilustre Municipalidad de La Ligua

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso

Sala: Quinta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

El aumento de la Bonificación Proporcional, se aplica tanto a los profesionales de la educación del sector municipal como del sector particular subvencionado.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada contra la sentencia que acogió la demanda de cobro de prestaciones por diferencias por aumento de la Bonificación Proporcional, establecida en la ley 19.933 . Esto, dado que la sentencia ha expresado las razones jurídicas y lógicas, científicas, técnicas y de experiencia en cuya virtud le asignó valor o desestimó la prueba rendida, tomando en consideración todos los elementos que señala el artículo 456 inciso 2º del Código del Trabajo, de lo que se concluye que el aumento de la bonificación proporcional mensual que estableció la ley 19.933, efectivamente corresponde que se pague a los demandantes y que, por su parte, ese aumento de la bonificación no fue pagado a cada uno de los actores. Correspondía a la demandada acreditar el pago de dicho aumento respecto de cada uno de los actores, sin embargo no allegó ningún antecedente de prueba idóneo a ese preciso fin.

2.- Las normas denunciadas como no aplicadas en forma correcta son diferentes a las que se indican en el desarrollo del recurso a propósito de la forma como se infringió la ley, advirtiendo que el recurrente identifica en ese desarrollo normas diversas de las denunciadas. Lo anterior queda de manifiesto al analizar lo expuesto por el recurrente en relación a la forma como influyó la supuesta infracción en lo dispositivo del fallo, pues sólo se limita a mencionar el artículo 1 de la Ley 19.933 y no refiere a ninguna de las normas aludidas y señaladas como infringidas, ya que dicho artículo el recurrente no lo denunció ni lo desarrolló como infringido. También en el recurso de nulidad en análisis no existe claridad ni rigurosidad que permita un análisis separado de las infracciones que denuncia. A su vez, se denuncia infringida la norma de interpretación del artículo 19 del Código Civil, por falta de aplicación o falsa aplicación de una determinada norma legal, en particular del artículo 1 de la Ley 19.933. Sin embargo, no se aprecia tal infracción, ya que cuando un tribunal interpreta o aplica una determinada norma legal a un caso concreto, o bien le da a una norma un determinado alcance, no vulnera la norma, sino que cumple cabalmente con las facultades de que lo ha dotado precisamente la ley.

3.- La correcta interpretación del artículo 1 de la Ley 19.933, es que el aumento del Bono Proporcional establecido en la Ley 19.933, es aplicable también a los profesionales de la educación del sector municipalizado. A este respecto debemos señalar que la referida Ley Nº19.933, continúa en la senda de establecer un mejoramiento especial para los profesionales de la educación en términos muy parecidos a los que ya habían venido materializándose anteriormente, es decir, sobre la base del aumento de la subvención y de su destinación exclusiva al pago de remuneraciones docentes. Sin embargo, en esta Ley 19.933 se aprecia palmariamente que tal aumento y beneficios se aplican tanto a los profesionales de la educación del sector municipalizado como a los del sector particular subvencionado. De lo anterior, sólo cabe concluir necesariamente que el aumento de la Bonificación Proporcional, se aplica tanto a los profesionales de la educación del sector municipal como del sector particular subvencionado.

4.- La sentencia ha resuelto correctamente que las normas sobre prescripción del Código del Trabajo no son aplicables a la acción incoada por los actores, siendo la aplicación correcta las normas del derecho común. En este sentido constituye un error estimar que procede aplicar en la especie el plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo 510 del Código del Trabajo. El derecho que se pretende y que consagra la Ley Nº 19.933, emana de un cuerpo legal especial, de manera que la interpretación correcta es que la prescripción de los derechos de orden laboral que se establecen en una ley especial, que no contemple una norma específica sobre su prescripción, como ocurre en la especie, prescribirán conforme a las reglas del derecho común.

 

BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO – MAQUINAS DE EJERCICIO – RETIRO 

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Comité de Mejoramiento Población San Fernando c/ Ilustre Municipalidad de San Fernando

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – MUNICIPALIDADES – ORDENANZA MUNICIPAL – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La decisión de retirar las máquinas de ejercicio instaladas en un pasaje se enmarca en las facultades de la Municipalidad para administrar los bienes nacionales de uso público, no pudiendo en consecuencia sostenerse que ella fuere ilegal, ni arbitraria o antojadiza.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que acogió el recurso de protección deducido contra la actuación de la Municipalidad consistente en retirar las máquinas de ejercicio instaladas en el pasaje de la población recurrente. Esto, dado que la decisión de retirar las máquinas de ejercicio instaladas en el pasaje aludido en el recurso, se enmarca dentro de las facultades que el artículo 5º de la Ley N° 18.695 confiere a la autoridad recurrida en orden a administrar los bienes nacionales de uso público, no pudiendo en consecuencia sostenerse que ella fuere ilegal; como así tampoco arbitraria o antojadiza, toda vez que, además de fundarse y pretender el cumplimiento de una instrucción precisa emanada de la Contraloría General de la República que el municipio, según se desprende de su informe, comparte; se ajusta a lo que dispone al artículo 5 letra C del cuerpo legal ya aludido en cuanto sólo permite a los Municipios autorizar el cierre de calles o pasajes con una misma vía de acceso y salida -cuyo no es el caso del de autos- y es, además, coherente con lo que antes había informado su Director de Obras Municipales mediante Oficio N° 67 de 23 de febrero de 2017, en el que concluyó que las máquinas de ejercicio instaladas en el pasaje se encontraban mal emplazadas y debían ser retiradas, no correspondiendo que se diere a aquél el uso de área de equipamiento.

2.- El artículo 5º letra C de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone en lo pertinente que éstas, en el ámbito de su territorio, tendrán como función privativas, entre otras, administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, y que podrán autorizar por el plazo de cinco años el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos; agregando que dicha autorización requerirá el acuerdo del concejo respectivo y que el plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual período, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo.

 

AMBIENTAL – RECURSO DE PROTECCION 

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Ilustre Municipalidad de Calera de Tango c/ Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana Santiago 

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – MUNICIPALIDADES – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL – JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

No obstante establecerse en la parte final del inciso 1° del artículo 20 de la Carta Fundamental, que la interposición del recurso de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales competentes, no puede perderse de vista que a contar de la dictación de la Ley N° 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, son éstos los llamados a conocer de las controversias medioambientales sometidas a su competencia. En la especie, si los recurrentes han pedido se invalide una resolución dictada por la autoridad técnica competente, aduciendo que adolece de vicios de legalidad en su otorgamiento, tal pretensión por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad contra el Servicio por realizar una evaluación de impacto ambiental que estima vulneratoria para los derechos fundamentales de sus habitantes. Esto, dado que no obstante establecerse en la parte final del inciso 1° del artículo 20 de la Carta Fundamental, que la interposición del recurso de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales competentes, no puede perderse de vista que a contar de la dictación de la Ley N° 20.600, de 28 de junio de 2012, que creó los Tribunales Ambientales, son éstos los llamados a conocer de las controversias medioambientales sometidas a su competencia. De lo razonado se sigue que si los recurrentes han pedido que esta Corte invalide una resolución dictada por la autoridad técnica competente, aduciendo que adolece de vicios de legalidad en su otorgamiento, tal pretensión por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad a que se ha aludido, tanto más si no se vislumbra en el presente caso quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse mediante la acción de protección cautelar urgente que ha sido intentada, habida consideración además, que ya fue emitida la Resolución de Calificación Ambiental que se expresó en forma favorable respecto del proyecto a que se alude, que fue emitida durante la tramitación del recurso de protección.

2.- Corresponde acoger el recurso de protección, pues invalidar el acto administrativo impugnado y de retrotraer los antecedentes al momento de dictarse la primera resolución que decidió no dar inicio a una nueva etapa de participación ciudadana en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental , ordenando la apertura de un nuevo proceso de consulta ciudadana en que pudieran intervenir los recurrentes para que emitieran su pronunciamiento acerca de sus aprensiones con el proyecto y la primera adendas y quedar así legitimados para intervenir posteriormente en el ejercicio de las acciones que procedieran ante el Tribunal Ambiental competente por tales cuestionamientos (del voto de disidencia del Ministro Sr. Muñoz).

3.- La Corte renuncia a ejercer sus competencias y con ello priva a los ciudadanos de una vía jurisdiccional, pero al mismo tiempo se desperfila en el ejercicio de sus facultades conservadoras de tutela de los derechos y garantías constitucionales. Renuncia a las funciones asignadas por la Carta Fundamental como la máxima autoridad jurisdiccional del país en la protección, promoción y respeto a los derechos fundamentales (del voto de disidencia del Ministro Sr. Muñoz).

 

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

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Pizarro c/ Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Fecha: 25-ene-2018

Cita: ROL:37347-17, MJJ53506

Producto: Municipalidades – Laboral

La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho cuerpo legal para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado; en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió una demanda declarativa de relación laboral. Esto, dado que la recurrente no ha demostrado que en torno a la materia de derecho existan actualmente distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia, ni aportado nuevos antecedentes, en los términos del artículo 483-A del Código del Trabajo que conduzcan a una nueva concepción de la materia, razón por la que cabe rechazarse el recurso de unificación planteado.

2.- La sentencia recurrida es consistente con la manera en que la materia ha sido unificada, desde que estableció que la contratación del caso se desarrolló fuera de los presupuestos que contempla el artículo 4 de la Ley N° 18.883; pues el trabajador prestó servicios personales, por el lapso de ocho años, desarrollando diversas actividades, sin especificidad alguna, su gestión se encontraba supervigilada y sujeta a las directrices de sus superiores, en particular de la Dirección de Desarrollo Comunitario y percibía una remuneración fija mensualmente. Por otra parte, las sentencias que invoca la recurrente para justificar la existencia de distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia que se ajustan a su tesis, son anteriores a la unificación señalada.

3.- La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho cuerpo legal para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado; en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo. En otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la especie, una Municipalidad, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

 

CONVENIO DE HONORARIOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

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Bravo c/ Ilustre Municipalidad de la Granja

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – MUNICIPALIDADES – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – CONVENIO DE HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – PRUEBA INSUFICIENTE – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Producto: Municipalidades – Laboral

La actora y la demandada celebraron un convenio de honorarios que cumplió todos los requisitos necesarios, desde su inicio hasta su final, de acuerdo al marco legal respectivo, de manera que no es posible declarar la relación laboral. Sin embargo, eso no impide que la actora pueda accionar por tutela de derechos fundamentales, la que se rechaza por no demostrar el menoscabo a sus derechos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela de derechos fundamentales, interpuesta por la supuesta vulneración al derecho a la honra de la actora. Esto, dado que no fueron demostradas, ni siquiera indiciariamente, las alegaciones de menoscabo formuladas por la demandante en su libelo. En primer lugar, la demandante no fue acusada de plagio por una obra de su autoría, sino que el reproche que realizan ambas demandas es que se utilizó un producto de propiedad de la demandada para la postulación a un premio personal de la demandante, lo que estaría prohibido por el convenio suscrito entre las demandadas, ya que se necesitaba autorización de una de ellas para su utilización. En segundo lugar, las demandadas tenían el legítimo derecho de informar y hacer saber a la entidad que otorgaba el respectivo premio y a la demandante, que se estaba infringiendo parte del referido convenio. En nada le resta legitimidad a aquella acción el hecho de alegar la demandante su derecho de autor sobre los respectivos productos elaborados por ella, ya que el convenio estipula la cesión de derechos. Cosa distinta es la disputa en la que pueden verse envuelta la demandante y las demandadas sobre los derechos de autor sobre sus obras, lo que no forma parte de la discusión en esta sede.

2.- El artículo 485 del Código del Trabajo establece que se entenderá que los derechos allí contemplados resultarán lesionados por las facultades del empleador cuando éste limita el pleno ejercicio de aquéllas (derechos y garantías) sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. Dicha norma se vincula al Art. 489 del Código Laboral cuando la vulneración de derechos fundamentales ocurre con ocasión del despido. Por otro lado, la acción de tutela de derechos fundamentales regulada en el Código del Trabajo, es un procedimiento excepcional que reconoce la posibilidad de probar la vulneración de tales derechos mediante la denominada prueba indiciaria, que implica un aligeramiento probatorio del demandante trabajador, exigiéndole una prueba mínima al momento de aportar antecedentes que consistan en indicios suficientes de los hechos constitutivos de vulneración de los derechos fundamentales que reclama.

3.- Pese a haberse decidido que las partes estuvieron unidas por un contrato de honorarios, cuya ejecución no lo transformó en contrato laboral, igualmente debe emitirse pronunciamiento sobre la acción de tutela, ya que pese a no haber desempeñado la actora sus funciones en base a las normas laborales propiamente tales, los prestadores de servicios regidos por estatutos administrativos se encuentran igualmente habilitados para el ejercicio de la acción tutelar contemplada en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

4.- La demandante asumió una labor específica para la demandada, y consecuentemente las partes quedaron sujetas a los artículos 2 , 3 y 4 de la Ley N° 18.833, suscribiendo los respectivos contratos a honorarios. En este sentido, los contratos a honorarios suscritos entre las partes, no contienen estipulaciones referidas a una jornada de labores, ni relativas a feriados, permisos, licencia médicas y otros aspectos, que la demandante, pese a haber gozado de algunos de ellos, ahora, pretende darles una significación laboral, sujetos al Derecho del Trabajo. Sin embargo, estos beneficios, en este caso en particular, no pueden asociarse o vincularse a un contrato de trabajo, por cuanto los servicios prestados por la demandante jamás se realizaron bajo el vínculo de subordinación y dependencia que requiere la relación laboral, ya que cumplía su cometido desarrollando un programa estatal específico, todo ello conforme a sus conocimientos y experiencia laboral.

5.- Aun cuando la demandante debiese rendir cuenta de su cometido, ello resulta normal y razonable en el desarrollo de un contrato a honorarios, por el cual el prestador de servicios debe ceñirse a las instrucciones del requirente, y en los plazos pactados. Además, la voluntad y consentimiento de las partes para convenir en la relación contractual que las unió, nació y se desarrolló conforme a un régimen de libertad, autonomía, y discrecionalidad, y que en el caso de la actora, atendida su calidad profesional, experticia, y conocimientos, se concluye que convino en los contratos a honorarios de manera informada, y en plena y total conciencia de sus alcances. En el mismo sentido, se tiene plena certeza que la demandante no incurrió en error alguno al celebrar los contratos a honorarios, o en cualquier vicio de la voluntad, ya que siempre supo, aceptó y se responsabilizó de ellos.

6.- La municipalidad demandada no tiene plena libertad para contratar los servicios de una persona bajo las distintas modalidades que contempla el legislador, es decir a planta, a contrata, a honorarios, o sujeto al Código del Trabajo, ya que la ley ha establecido requisitos que deben cumplirse en uno y otro caso conforme al principio de legalidad al que se encuentra sometida por su calidad de órgano del Estado, en virtud de lo señalado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Así en el caso de la prestación de servicios a honorarios los requisitos están señalados en el artículo 4° de la Ley 18.883. Por otro lado, la decisión formal de la municipalidad por el cual se manifiesta su voluntad de contratar los servicios personales de una determinada persona, cualquiera sea la modalidad que se aplique, se materializa a través de un acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (Ley 19.880). En el caso de que una municipalidad contrate a una persona para que preste servicios a honorarios cumpliendo los requisitos legales, se entiende que el acto administrativo por medio del cual la municipalidad materializa dicho contrato es válido y producirá plenos efectos, y en cuanto a la regulación del vínculo laboral que surgirá entre la municipalidad y el prestador de servicios su regulación estará sujeta a las reglas contenidas en el mismo contrato, por expresa disposición del inciso final del artículo 4° de la Ley 18.883, no siendo aplicable el Código del Trabajo.

 

DESPIDO INJUSTIFICADO – ESTATUTO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

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Campos Marín, María A. c/ Ilustre Municipalidad de Hualpen

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – MUNICIPALIDADES – CONVENIO DE HONORARIOS – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La sentencia recurrida señaló correctamente que tratándose de una función permanente de los entes municipales la que realiza la actora, no es aceptable que la cumplan contratando personal a honorarios, como si fuera un cometido específico, porque se trata de un servicio permanente y constante. De modo, que declarada la naturaleza laboral de la relación, el tribunal es competente.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada contra la sentencia que resolvió acoger la demanda por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales. Esto, dado que no es efectivo que el tribunal de grado sea incompetente para conocer y resolver acerca de la demanda, porque resultó acreditado en el juicio, que el vínculo que existió entre las partes fue de naturaleza laboral, en los términos previstos en el artículo 7° del Código del Trabajo, sujeta por tanto a la regla de competencia contemplada en el artículo 420 letra a) del mismo código.

2.- La sentencia recurrida señaló correctamente que tratándose de una función permanente de los entes municipales la que realiza la actora, no es aceptable que la cumplan contratando personal a honorarios, como si fuera un cometido específico, porque se trata de un servicio permanente y constante, lo que queda demostrado, con la circunstancia de que la demandante fue contratada en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°18.883 para el cargo antes indicado, el que cumplió de manera ininterrumpida durante 9 años, por lo que la demandante no se encuentra en ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 18.883.

 

RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – ORDEN DE DEMOLICION 

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Vecinos Unidad Municipal de Providencia c/ Ilustre Municipalidad de Providencia

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE ILEGALIDAD – DECRETO ALCALDICIO – ORDEN DE DEMOLICIÓN – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – FUNDAMENTOS DEL RECURSO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La decisión de los sentenciadores fundada en la improcedencia de debatir la declaración del derecho a los perjuicios, importa una contravención formal del texto de la ley, toda vez que lo resuelto se encuentra en oposición directa con la norma expresa de la ley, que faculta a la Corte de Apelaciones para que en la sentencia que acoge la acción de ilegalidad, se decida acerca de la declaración del derecho a los perjuicios cuando mediare solicitud de por medio. Sin embargo dicha decisión, carece de influencia en lo dispositivo del fallo, pues no toda ilegalidad necesariamente es constitutiva de perjuicios, siendo dichas nociones independientes, como ocurre en la especie.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte reclamante en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la omisión de la Municipalidad en el cumplimiento de los Decretos que ordenan demoler la instalación de rejas por parte de particulares, pero rechazó la reclamación de ilegalidad en aquella parte en que se pide la declaración del derecho a los perjuicios. Esto, dado que, la decisión de los sentenciadores fundada en la improcedencia de debatir una materia ajena a la acción de ilegalidad de que se conoce, importa una contravención formal del texto de la ley, toda vez que lo resuelto se encuentra en oposición directa con la norma expresa de la ley, que faculta a la Corte de Apelaciones para que en la sentencia que acoge la acción intentada, se decida acerca de la declaración del derecho a los perjuicios cuando mediare solicitud de por medio, tal como acontece en el reclamo de cuyo tenor se advierte que el menoscabo se hace consistir en el impedimento de los vecinos de acceder libremente a bienes nacionales de uso público como la afectación del desplazamiento a través de ellos que dificulta el goce a su vez de los espacios verdes del sector. Sin embargo, aquello carece de influencia en lo dispositivo del fallo, no toda ilegalidad necesariamente es constitutiva de perjuicios, por cuanto las nociones de ilegalidad y perjuicios son independientes. De este modo una medida ilegal, susceptible de anulación, o una omisión como la que se reprocha del municipio, no da siempre derecho a reparación, conclusión que resulta evidente por ejemplo tratándose de ilegalidades de forma, o de incompetencia cuando la misma medida hubiere podido ser adoptada por una autoridad competente. Lo mismo ocurre tratándose de errores de apreciación que puedan conducir a la anulación de un acto, o cuando la misma medida hubiera podido ser tomada empleando un procedimiento regular. En la especie, se trata de la omisión en la ejecución de decretos alcaldicios que disponen la demolición de estructuras metálicas emplazadas en bienes nacionales de uso público. De esto no se sigue necesariamente que la ilegalidad dé lugar a reparación de perjuicios. En primer lugar, por cuanto el reclamante de ilegalidad, que no es el destinatario directo de los actos que se omite cumplir, no invocó ningún derecho subjetivo lesionado sino que un interés legítimo, cuestión que por lo demás es lo propio tratándose de un reclamo contra una norma de carácter general. En segundo lugar, por cuanto la ilegalidad ha podido tener como fundamento un error en la interpretación jurídica de las normas aplicables, que la Corte Suprema ha finalmente establecido en el fallo del recurso de casación que ha conocido a propósito del arbitrio de nulidad del municipio, pero que no constituye una falta de servicio de la autoridad edilicia, punto que reafirma que la ilegalidad constatada no puede dar lugar a una falta de servicio que comprometa la responsabilidad de la Municipalidad.

2.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad por la omisión de la municipalidad en el cumplimiento de los Decretos Alcaldicios que ordenaron la demolición de rejas metálicas de particulares. Esto, dado que, no se observan los errores denunciados en la sentencia impugnada, la que determinó que la municipalidad reclamada no ha dado cumplimiento a sus propios actos, esto es, omitió realizar toda acción encaminada a materializar la demolición decretada, habiendo sido requerida en tal sentido, al menos en uno de los inmuebles, por la Contraloría General de la República y solicitada la demolición por la propia Dirección de Obras Municipales. Sobre la base de la situación fáctica descrita, los sentenciadores acogieron la reclamación teniendo como fundamento que, de lo informado y del mérito de los antecedentes, aparece que las razones del municipio no justifican la omisión que se le reprocha y por el contrario su actuación se aparta de la juridicidad constituyendo de tal modo una omisión ilegal. Desde luego, sostienen que resulta irrelevante la circunstancia que los decretos emanen de una Administración anterior, pues ello no exime al municipio del cumplimiento de sus propios actos. Tampoco puede pretender la reclamada eximirse de la ejecución de lo decretado por falta de certeza acerca del lugar donde están edificadas las rejas cuya demolición se dispone, puesto que la dictación de un acto administrativo que no ha sido objeto de impugnación obliga a su cumplimiento, tanto más cuanto que en uno de los casos el propio órgano contralor ordena proceder en tal sentido después de rechazar las alegaciones del municipio para impedir su ejecución. De igual modo, refieren que las aprensiones de que se vale ahora el municipio, debieron ser el fundamento de impugnaciones hechas valer por los afectados, a saber, los propietarios a quienes se ordenó demoler, todo lo cual no aconteció, adicionando que parte de los argumentos esgrimidos por el municipio, tales como la reducción de actos delictuales por la instalación de las rejas o la falta de claridad de la condición del lugar donde se emplazan, exceden las materias a conocer a través del reclamo intentado, debido a que su competencia se circunscribe a ordenar a la Administración que de cumplimiento a sus propios actos, esto es, los decretos que disponen la demolición de rejas en los términos descritos en cada uno de ellos.

3.- Si bien la parte reclamada al informar sostuvo que la instalación de las rejas por particulares obedece a la adopción de medidas de seguridad de los vecinos del Conjunto Habitacional en cuestión, lo cierto es que de modo alguno se condice dicho argumento con aquél que enarbola en el arbitrio de nulidad, pues pretende por su intermedio que se entienda que la instalación de las rejas que el municipio ordena demoler por su indebida instalación, forma parte de las funciones que la ley del ramo impone a tal órgano en pos del resguardo de la seguridad pública a nivel comunal, cuestión que no sólo resulta improcedente bajo el supuesto que el cometido del ente municipal es en relación a la adopción de medidas de seguridad a través de una gestión municipal que incluya instrumentos tales como un plan comunal de seguridad pública, sino que además, lo dicho no formó parte de los argumentos de que se valió la reclamada al responder las omisiones que se le reprochan en el reclamo de ilegalidad. De otro lado, idéntica situación se advierte en relación al argumento que versa sobre la derogación de la norma que faculta al edil para solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las resoluciones municipales, en tanto lo dicho en tal sentido en el recurso de nulidad sustancial, aun cuando implica desatender que la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos los actos administrativos permite su ejecución desde luego por la propia Administración Pública en uso de sus poderes de autotutela, resulta ser ajeno a los argumentos esgrimidos por la reclamada al evacuar el informe que rola en autos. Así se constata que en el recurso de casación en el fondo se intenta introducir alegaciones nuevas, pues las críticas de ilegalidad que se formulan contra el laudo cuya invalidación persigue, se erigen sobre la base de argumentos que no fueron esgrimidos en la oportunidad procesal pertinente.

 

RECLAMO DE ILEGALIDAD – PERMISO DE EDIFICACION  – CONDOMINIOS 

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Corona Aleman, Ricardo c/ Ilustre Municipalidad de Concón

Voces: ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – DECRETO ALCALDICIO – CONDOMINIO – REGLAMENTO DE COPROPIEDAD – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La comunidad de la que forman parte los reclamantes reconoció no sólo que la inmobiliaria es titular del dominio respecto de la mayor parte de la superficie que integra el terreno en el que se emplaza el proyecto habitacional de que se trata, sino que, aun más, extendió ese reconocimiento a su derecho a continuar con la construcción de las etapas pendientes, sea mediante el permiso de edificación original o a través de uno nuevo. Así, no acreditándose, como sostienen los reclamantes, que el Permiso de Edificación significaría autorizar a la inmobiliaria a levantar construcciones en bienes que son del de dominio común de la comunidad de la que forman parte, no se entiende de qué modo habrían sido vulnerados los artículos 13 y 17 de la Ley N° 19.537 cuya infracción acusan.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, interpuesto por los reclamantes, contra la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido contra la Municipalidad por otorgar el permiso de edificación. Esto, debido a que, la inmobiliaria y la Comunidad, representada por su Comité de Administración, suscribieron una transacción extrajudicial, contrato en el que esta última reconoció expresamente el derecho de la primera a continuar con la construcción de las etapas pendientes, ya sea a través del permiso de edificación original o de uno nuevo. Además, se tuvo por establecido que la comunidad aceptó expresamente que la inmobiliaria era dueña de dos tercios del terreno, motivo por el que debía concurrir en esa proporción al pago de los gastos comunes. De esta forma, resulta evidente que si bien el señalado contrato no tuvo como finalidad principal zanjar la cuestión materia de discusión, no es menos cierto que al abordar el objeto propio de esa convención -relativo al pago de los gastos comunes-, las partes, libre y espontáneamente, expusieron los antecedentes que consideraron pertinentes para encuadrar el asunto y resolver de la mejor manera la problemática planteada. En ese sentido, no es posible ignorar que la comunidad de la que forman parte los reclamantes reconoció, sin ningún género de duda, no sólo que la inmobiliaria es titular del dominio respecto de la mayor parte de la superficie que integra el terreno en el que se emplaza el proyecto habitacional de que se trata, sino que, aun más, extendió ese reconocimiento a su derecho a continuar con la construcción de las etapas pendientes, sea mediante el permiso de edificación original o a través de uno nuevo. Tales declaraciones revelan el consentimiento que los actores, precisamente, echan de menos en la actuación de la inmobiliaria al solicitar el permiso de edificación cuya legalidad han impugnado en este proceso y, por ende, priva de sustento a sus argumentaciones, descartando, además, su defensa consistente en que la inmobiliaria es dueña sólo de una parte del condominio, representada por un único departamento. En tales circunstancias, y no acreditándose, como sostienen los reclamantes, que el Permiso de Edificación significaría autorizar a la inmobiliaria a levantar construcciones en bienes que son del de dominio común de la comunidad de la que forman parte, no se entiende de qué modo habrían sido vulnerados los artículos 13 y 17 de la Ley N° 19.537 cuya infracción acusan, debiendo concluirse, por el contrario, que los magistrados del fondo no sólo no incurrieron en los errores de derecho que se les reprochan sino que, dieron debido y cabal cumplimiento a la normativa que regula la materia.

2.- A diferencia de lo sostenido por los recurrentes, los magistrados del mérito dieron por establecido que la facultad de la inmobiliaria para desarrollar las etapas restantes del proyecto inmobiliario de que se trata estaba contenida en el Reglamento de Copropiedad del Condominio en cuyo artículo primero transitorio se indicaba que la inmobiliaria, en su calidad de única propietaria del inmueble respectivo, se encontraba especial e irrevocablemente facultada para solicitar a las autoridades pertinentes la modificación del proyecto, de los planos y permisos de construcción de las etapas pendientes y para requerir permisos adicionales, complementarios o modificatorios. Asimismo, tuvieron por asentado que la misma norma transitoria dispone que la solicitud de modificación, alteración o prórroga del respectivo permiso o el otorgamiento de nuevos, no requerirá en caso alguno de autorización por parte de quienes hayan adquirido anteriormente unidades del condominio, cuyo consentimiento, a mayor abundamiento, se entiende otorgado por el sólo hecho de inscribir el Reglamento en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En este sentido, se dio por establecido que la inmobiliaria efectivamente contaba con facultades suficientes para «representar al condominio» al solicitar a la Dirección de Obras Municipales un permiso de aquellos contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones .

3.- La Comunidad alegó la nulidad de la transacción suscrita con la inmobiliaria, así como la revocación del mandato contenido en el Reglamento de Copropiedad a favor de la inmobiliaria, sin embargo dichas materias, atendida la naturaleza y objeto de la acción interpuesta, no pueden quedar comprendidas en la reclamación de ilegalidad, sin perjuicio de otros derechos que estimen asistirles las partes para hacerlos valer en los procedimientos que corresponda. Al respecto, es presupuesto indispensable para la procedencia del reclamo de ilegalidad que regula la Ley N° 18.695 , el haberse procedido contrariando la ley, esto es, dictándose una resolución o incurriéndose en una omisión por parte del alcalde o de los demás funcionarios municipales, que se estime ilegal, de lo que se sigue que, por su naturaleza dicha acción ha sido prevista para examinar si la actuación de los funcionarios municipales se ha ajustado, o no, al mandato del legislador, de manera que conflictos como los propuestos por los reclamantes en relación a la validez, vigencia o revocación de ciertas cláusulas contractuales excede, y con mucho, los límites que son propios de la reclamación.

 

RECURSO DE NULIDAD – ESTATUTO DOCENTE 

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Redon Arriagada, William c/ Ilustre Municipalidad de Hualpén

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Corresponde calificar como vinculaciones laborales sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre el demandante y el municipio demandado, desde que dicha vinculación se desarrolló fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883 y el artículo 25 de la Ley N° 19.070, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, lo que no acontece en el caso del actor, el que se desempeñó bajo sucesivas contrataciones a plazo fijo como profesor en distintos establecimientos administrados por la DAEM de la Municipalidad por lo que a su respecto no se trató de servicios esporádicos ni transitorios.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por el docente en contra de la sentencia que rechazó su demanda de despido injustificado contra la Municipalidad. Esto, dado que, tanto los artículos 4° de la Ley N° 18.883 y 25 de la Ley N° 19.070, someten a dicho marco jurídico estatutario a los funcionarios que regula y es así que permiten contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil. Sin embargo, corresponde subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo, en el evento que se presenten los rasgos característicos del tipo de relación que aquí se regulan, esto es, prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración, no sólo porque la vigencia del Código del Trabajo constituye la regla general en el campo de las relaciones personales, sino porque no es dable admitir la informalidad laboral y suponer que por tratarse de un órgano del Estado, que debe someterse al principio de la juridicidad, recogido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, puede invocar esa legalidad para propiciar dicha precariedad e informalidad laboral, la que por lo demás se encuentra proscrita en un Estado de Derecho.

2.- En la especie, se ha hecho una errónea aplicación de los artículos 25, 71 y 72 del Estatuto Docente, aprobado por Ley N° 19.070, 1, 159 N° 4, 162 y 163 del Código del Trabajo, por cuanto si bien no cabe duda que el demandante fue objeto de sucesivos contratos por un plazo determinado, no existe la temporalidad que para tal tipo de contratación dispone las normas del Estatuto Docente, ni se trató de servicios esporádicos, atendida la continuidad de la prestación de aquellos, ya que los servicios del actor han permanecido en el tiempo por más de 3 años. Cabe recalcar que los docentes a contrata, según la Ley 19.070, lo son para casos especiales, esporádicos y por esencia temporales, sin embargo, en la situación del demandante, sus servicios se han extendido por un lapso considerable de tiempo, dejando de ser temporales y para un caso específico.

3.-Correspondía calificar como vinculaciones laborales sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre el demandante y el municipio demandado, desde que dicha vinculación se desarrolló fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883 y el artículo 25 de la Ley N° 19.070, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, lo que no acontece en el caso del actor.

 

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 1 DE 2018

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – DECLARACION DE RELACION LABORAL 

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Flores c/ Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el legislador laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por las funcionarias municipales en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido contra el fallo que rechazó la demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. Esto, por cuanto, en la especie, se plantean disímiles interpretaciones sobre la materia objeto de derecho, esto es, la posibilidad de someter a la vigencia del Código del Trabajo, a aquellas personas, que aunque contratadas bajo el régimen de honorarios, en los hechos, sus labores no se ajustan a los presupuestos normativos que autorizan dicho tipo de vínculos, concurriendo indicios de subordinación y dependencia, verificándose, entonces, la hipótesis establecida en el artículo 483 del Código del Trabajo. Al respecto, la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el legislador laboral; en otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

2.- Se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado que no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial y, aun contando con dicho estatuto, si éste no regula el aspecto o materia de que se trate; en este último caso, en el evento que no se oponga a su marco jurídico. Por consiguiente, si se trata de una persona natural que no se encuentra sometida a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que esa preceptiva establece -planta, contrata, suplente-, es claro que el dilema debe ser resuelto reconduciendo el caso hacia la aplicación del Código del Trabajo, desde que en la especie, el artículo 4° de la Ley N° 18.883, sustrayéndose del marco jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen, las que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que, ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones pertinentes, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo en el evento que se presenten los rasgos característicos de este tipo de relaciones -prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración, según ya se dijo-, por cuanto la vigencia del Código del Trabajo, constituye la regla general en este tipo de relaciones personales y porque además, tratándose de un órgano de la administración del Estado, debe someter su actuar al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

3.- No se desconoce la facultad de la administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4° de la Ley N° 18.883, esto es, cuando necesite de profesionales o técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias y que deban realizar labores accidentales, no habituales, o se trate de la prestación de servicios para cometidos específicos; razón por la que no se presenta algún problema de colisión entre las normas del citado código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo de determinación de los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso, para discernir qué regla es pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4°, siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios, a través del cual la administración municipal, pueda contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales.

4.- Si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, pero en la práctica presta servicios que en los hechos revelan un vínculo al que corresponde aplicar el Código del Trabajo, llevan a la necesaria conclusión de que se trata de una relación de orden laboral. Lo anterior, porque dicho estatuto constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen de la protección que el Estado otorga a los trabajadores, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

5.- En relación a la aseveración que formula la sentencia impugnada, relativa a que el impedimento legal que afecta a las Municipalidades de efectuar contrataciones bajo el régimen del Código del Trabajo, impediría de manera absoluta que un contrato celebrado bajo el estatuto del artículo 4° de la Ley N° 18.883 devenga en uno de naturaleza laboral, aunque haya sido celebrado fuera de los supuestos que establece, e incluso con la concurrencia de los elementos configurativos de relación laboral, cabe señalar, que el principio de primacía de la realidad, en cuanto fundamento del derecho del trabajo, corresponde a una exigencia que, como la doctrina enseña, tiene por objeto, entre otras funciones, servir de guía interpretativa de las decisiones jurisprudenciales, ordenando atender por sobre las formalidades, la manera en que la práctica concreta desarrolla y configura las relaciones de intercambio y prestaciones de servicio.

6.- Atendido en especial el indiscutible carácter protector del derecho laboral, aparece que la calificación de los hechos debe ser efectuada desde la perspectiva del trabajador, a quien le es indiferente la fórmula contractual que sustente su vínculo, o el fundamento jurídico del mismo, pues se trata de un análisis que se realiza en el contexto de un derecho que busca balancear el desequilibrio propio de las relaciones laborales, que afecta a quien vive de su trabajo, donde el empleador se ubica en una posición privilegiada que le permite decidir y dirigir, entre otros factores, las formalidades de la contratación. Pues bien, en tal sentido, no es indiferente que un contrato celebrado entre un particular y un municipio, que formalmente responde a la facultad del artículo 4° antes citado, en la práctica demuestre elementos configurativos de una relación laboral, pues la protección que implica el reconocimiento de dicha categoría jurídica, se extiende de manera amplia conforme lo reflexionado en torno a la aplicación del artículo 1° del Código del Trabajo ya mencionado, incluyendo entonces, a este tipo de trabajadores que no se encuadran en los hechos en los presupuestos legales que autorizan el régimen de contratación a honorarios.

7.- El error o ilegalidad en que incurre un ente público, como una Municipalidad, al utilizar indebidamente la facultad del artículo 4° de la ley N° 18.883 no puede perjudicar al trabajador. La responsabilidad administrativa que comparezca, debe afectar a su autor, pero no a terceros de buena fe, que no son responsables del acto viciado. Incluso, el propio derecho administrativo reconoce un efecto similar a partir del denominado principio de la confianza legítima, que ha sido recogido por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, a propósito de los funcionarios adscritos al sistema público bajo contrata, al señalar que la reiterada renovación de las mismas, generan en los funcionarios la legítima expectativa de continuidad que impide su cancelación sin una debida fundamentación. En la especie, se puede indicar que, bajo el mismo principio, no es posible extender los efectos nocivos de un acto mal ejecutado por la administración, a quien le asiste tal confianza legítima, de que el órgano público se relaciona con el particular de manera lícita y válida, y que concurriendo los elementos que denotan la existencia de una relación laboral, esta debe ser respetada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas del órgano, que al trabajador no le empecen.

8.- Corresponde rechazar el recurso de unificación planteado, por cuanto, la correcta interpretación de la cuestión de derecho materia del juicio propuesto en el arbitrio, es la seguida por la sentencia impugnada, que contiene lo que estima como exégesis correcta. (Del voto en contra del abogado integrante señor Quintanilla).

 

RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO 

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Escobar Díaz, David c/ Ilustre Municipalidad de La Ligua

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – CONVENIO DE HONORARIOS – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional y no enteró las cotizaciones previsionales, corresponde imponerle la sanción de nulidad del despido. Lo anterior, incluso cuando se declara la existencia de relación laboral, ya que la naturaleza de la sentencia que se refiere a ello es declarativa y no constitutiva.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante, contra la sentencia que acogiendo la demanda, declaró la existencia de la relación laboral habida entre las partes y, consecuencialmente, que su término fue injustificado, pero rechazando la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, sin perjuicio de condenar a la demandada al pago de las cotizaciones de seguridad social por todo el período trabajado. Esto, dado que el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicar la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la fecha de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas. A lo anterior no obsta que haya sido el fallo recurrido de nulidad el que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por cuanto se trata de una sentencia declarativa

2.- La razón que motivó al legislador para modificar el artículo 162 del Código del Trabajo, por la vía de incorporar, por el artículo N° 1, letra c) , de la Ley N° 19.631, el actual inciso 5°, fue proteger los derechos previsionales de los trabajadores por la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y por ser ineficiente la persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento ejecutivo; cuyas consecuencias negativas en forma indefectible las experimentan los trabajadores, en especial los más modestos, quienes ven burlados sus derechos previsionales, y, por ello, en su vejez no les queda otra posibilidad que recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad; sin perjuicio de que, además, por el hecho del despido quedan privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar.

3.- Según la normativa laboral y previsional la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija. Así, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y que se presume por todos conocida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo.

4.- La sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligaciones derivadas del contrato de trabajo se encontraban vigentes desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo denuncia con el objeto que se declarara, además de lo indebido del despido, que fue nulo e ineficaz porque las cotizaciones de seguridad social no habían sido pagadas, a lo que no se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero en ningún caso se constituyó, puesto que no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una de ellas se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica se desprenden.

5.- Que no obstante considerar que la sentencia que reconoce la existencia de la relación laboral tiene carácter declarativo y que, por ende, por regla general procede aplicar la nulidad del despido al no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la relación, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado o por Municipalidades, concurre un elemento que permite diferenciar la aplicación de la referida sanción, cual es que ellos se suscribieron al amparo de un estatuto legal predeterminado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran en la hipótesis de quien elude sus obligaciones laborales y previsionales, debiendo en consecuencia ser excluidos de la sanción. Por otra parte, la aplicación, en estos casos, de la sanción contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo se desnaturaliza, por cuanto el Estado o las Municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido, en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido (del voto de disidencia de la Ministra Muñoz)

MARCAS COMERCIALES – DENOMINACION DE ORIGEN

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Yanine Nazal, Juan c/ Jefa del Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – PROPIEDAD INDUSTRIAL – DENOMINACIÓN DE ORIGEN – MARCAS COMERCIALES – MUNICIPALIDADES – TURISMO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Ley 19.039 contempla de forma explícita la coexistencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, con marcas comerciales, dado que las primeras protegen un producto originario de una zona, mientras que las marcas buscan diferenciar el origen empresarial de productos iguales o similares.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por el empresario recurrente, contra el eventual proyecto del Centro de Gestión Turística Municipal de etiquetar todos los embutidos de la zona con el sello de indicación geográfica “Chillán”. Lo anterior debido a que la recurrida no ha iniciado un proceso de solicitud de indicación geográfica al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por lo que no existe una vulneración al derecho de propiedad del recurrente (artículo 19 N° 24 de la Constitución), ni al derecho a la propiedad industrial (artículo 19 N° 25 de la Constitución).

2.- Respecto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el artículo 96 bis a) de la Ley 19.039, contempla de forma explícita la coexistencia entre aquellas y las marcas comerciales. Si bien ambos son tipos de signos distintivos y categorías de derecho de propiedad intelectual, debido a su naturaleza presentan diferencias, como que las marcas comerciales buscan distinguir o diferenciar productos o servicios respecto de otros idénticos o similares; esto es, identificar la procedencia empresarial de un determinado producto (artículo 19 bis d) de la Ley 19.039); mientras que las denominaciones de origen protegen un producto originario de un país, región o localidad cuando su reputación, calidad o alguna de las características de ese producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos (artículo 92 letras a) y b) de la Ley 19.039).

3.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no identifican servicios, establecimientos comerciales o establecimientos industriales, a diferencia de las marcas. Por lo anterior, es posible que una marca, una denominación de origen o indicación geográfica se apliquen simultáneamente a un mismo tipo de producto, como lo establece el artículo 96 bis A de dicha ley. Además de lo anterior, las marcas comerciales constituyen un monopolio de uso otorgado con fines individuales, que solo beneficia al titular de la marca o a quien este autorice tal uso. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, por el contrario, son signos de carácter colectivo, pues benefician a todos los artesanos, productores o elaboradores de productos de la zona delimitada, quienes pueden usar la expresión sin otras restricciones que cumplir las condiciones de uso, producción y elaboración que son parte del reglamento de uso y control.

4.- Existen múltiples marcas que contienen el segmento «Chillán», que coexisten con las marcas de titularidad del recurrente. Esto es posible dado que, conforme al principio de especialidad marcaria, puede que marcas similares coexistan con otras incluso para productos idénticos, siempre que ello no lleve a confusión al público consumidor sobre la real procedencia de los productos distinguidos por la marca. En este sentido, se admite a registro expresiones descriptivas de procedencia, como el nombre de un lugar, ya que se trata de un uso evocativo o arbitrario del mismo.

 

ORDENANZA MUNICIPAL – MENDICIDAD

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Olivos c/ Ilustre Municipalidad de Antofagasta

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – COMISIONES ESPECIALES – DERECHO DE PROPIEDAD – ORDENANZA MUNICIPAL – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – FACULTADES DEL ALCALDE – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Las ordenanzas municipales pueden prohibir la realización de determinadas conductas en los espacios públicos de la comuna, en virtud de las facultades que entrega la Constitución y las leyes a los alcaldes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente, contra la ordenanza municipal que prohíbe la solicitud de dinero o especies a transeúntes en espacios públicos, entre otras conductas. Al respecto, la ordenanza municipal no es ilegal, ya que se sustenta en la facultad de administración de los bienes de uso público que tienen los alcaldes, siendo jurídicamente admisible que se dicten ordenanzas para establecer limitaciones a su uso, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Constitución; 5 letra c) de la Ley 18.695, y 589 del Código Civil. Tampoco es arbitraria, ya que se dictó con el objetivo de velar por la circulación expedita de vehículos en la vía pública, por asegurar el resguardo de los espacios y bienes nacionales de uso público, y para salvaguardar la seguridad púbica comunal, no existiendo entonces una desviación del fin público.

2.- La ordenanza no vulneró la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución), ya que la ley autoriza al municipio a crear normas particulares con aplicación en el espacio territorial de la respectiva comuna. Respecto a la prohibición constitucional de ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3 de la Constitución), dicha prohibición no se infringió, ya que la Ley 15.231 contempla dentro de la competencia de los juzgados de policía local conocer del incumplimiento de la normativa municipal, por la que no existe una comisión ad hoc creada para el juzgamiento. Por último, la supuesta amenaza al derecho de propiedad -por la imposición de una multa por el incumplimiento de la ordenanza- si bien puede generar un detrimento patrimonial, éste está legitimado al ser el resultado de un proceso legalmente tramitado ante el juzgado de policía local, por lo que no existe una amenaza o vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución.

3.- La derogación de un delito -como el de mendicidad- no implica que la conducta sea socialmente aceptable, sino solo que el bien jurídico protegido ha dejado de ser de la trascendencia necesaria para mantener su protección a través del medio compulsivo de última ratio como es el estatuto punitivo. Sin embargo, lo anterior no impide que a través de la normativa comunal se pueda considerar estas conductas como disvalóricas del orden territorial, generando una intervención leve sobre la esfera individual, pero proporcional al fin perseguido y propio de la convivencia e interrelación social.

4.- El recurrente no tiene legitimación activa para interponer el recurso de protección a favor de personas no identificadas, pero sí lo puede hacer por la afectación que le produzca a sí mismo el hecho impugnado. En este sentido, el recurso de protección exige la concurrencia de una persona natural o jurídica determinada, que accione por sí o a través de cualquiera a su nombre, como se extrae del tenor literal del artículo 20 de la Constitución. Así, esta acción no es popular o pública, pues exige la identificación del afectado.

 

RECURSO DE AMPARO ECONOMICO – PERMISO MUNICIPAL

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Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea c/ Inversiones Capitales Limitada

Voces: TRIBUTARIO Y ADUANERO – DERECHO TRIBUTARIO – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – COBRO EJECUTIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS – EXCEPCIÓN DE NULIDAD – SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA – MUNICIPALIDADES – CARENCIA DE CAUSA – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Tributario

Solamente puede hacerse cobro de patentes municipales a contribuyentes existentes. En caso de que una sociedad contribuyente se haya disuelto, el cobro del impuesto por periodos posteriores carece de causa, siendo por lo tanto nulo.

Doctrina:

1.- Debe acogerse el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte ejecutada en contra de sentencia de segundo grado en procedimiento ejecutivo de patentes municipales, tanto en cuanto éste yerra al considerar la obligación ejecutada válida, siendo en realidad nula, lo cual lleva a la incorrecta aplicación del artículo 464 N°14 del Código de Procedimiento Civil. A juicio del tribunal censurado, el organismo municipal se encontraría habilitado para realizar el cobro de las mencionadas obligaciones tributarias toda vez que el título en que consta sería válido-a la luz del artículo 47 de la Ley sobre Rentas Municipales- y en cuanto la actividad realizada por la ejecutada se encontraría gravado por dicho impuesto -de acuerdo con los artículos 23 , 24 y 29 de la misma norma-. Sin embargo, el mismo tribunal obvia hechos asentados en el procedimiento, específicamente, la disolución del contribuyente, previa al periodo que se pretende ejecutar. En efecto, y a pesar de que el razonamiento del tribunal resulta válido, éste es asimismo incompleto, tanto en cuanto resulta necesario para el cobro de una obligación la existencia del deudor mismo (el contribuyente), siendo ésta en caso contrario carente de causa, lo que ocurre en la especie.

RECURSO DE AMPARO ECONOMICO – PERMISO MUNICIPAL

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López Otaiza, Paola c/ Ilustre Municipalidad de Antofagasta

Voces: AMPARO ECONÓMICO – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La municipalidad incurre en un acto arbitrario al no atender las solicitudes de autorización efectuadas por la agraviada, tendientes a regularizar un pequeño comercio.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la afectada en contra de la sentencia que rechazó el recurso de amparo económico deducido por el particular en contra de la Municipalidad por no atender reiteradas solicitudes efectuadas por la agraviada, tendentes a regularizar un pequeño comercio que mantendría en su propia residencia. Esto, dado que la sola explicación de la recurrida, en orden a que no se registra un comportamiento de la actora conducente a la introducción de un anhelo regularizador de su comercio, no se hace cargo y, por lo tanto, tampoco contradice, la aseveración de aquélla de cara a que se ha empeñado en obtener de la recurrida lo que quien la sanciona echa de menos. De esta forma, al resultar carente de fundamento el comportamiento de la municipalidad, no cabe sino estimarlo arbitrario; y como de ello se sigue, evidentemente, el atentado al derecho de toda persona, por supuesto de los más desvalidos, al libre ejercicio de una actividad comercial, amén del daño patrimonial consiguiente.

2.- Cuando el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063 habla de una «solicitud», no lo está haciendo -ni existe motivo para así entenderlo-, con referencia exclusiva y excluyente a un documento, instrumento o cualquier forma en que la pretensión que se está ingresando a la autoridad sea conducida o transportada a través de la formalidad de un escrito o registro.

3.- No está demás tener en cuenta que el rol social que de múltiples maneras la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a esas entidades, autoriza inferir que, en todo caso, habría de existir en ellas dependencias en las que clamores semejantes pudieran ser debidamente enderezados con miras a la obtención de las finalidades ordenadoras atinentes. En este sentido, es ineludible que la recurrida debe subsanar estas situaciones con especial atención, para no coartar los medios de subvenir a las necesidades de los sectores menesterosos.

4.- Corresponde confirmar la sentencia apelada, toda vez que en el entendido que la actividad que la recurrente pretende desarrollar pueda ser calificada como «microempresa», debe necesariamente someterse a las exigencias establecidas en la ley. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063, sobre rentas municipales, el interesado debe presentar para iniciar un giro o actividad gravada con patente municipal, cuyo es el caso, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital del negocio, para los efectos del artículo 24 , y, además, según lo previene el inciso sexto del primer artículo citado, debe inscribirse en la municipalidad respectiva, acompañando una declaración jurada en la que debe afirmar que es legítimo ocupante de la vivienda en que desarrollará la actividad empresarial y que ésta no produce contaminación; sin perjuicio de que si la vivienda es una unidad de un condominio, debe contar con la autorización del comité de administración respectivo; exigencias que no aparecen cumplidas, conforme se advierte de lo manifestado por la recurrente en las diferentes solicitudes manuscritas que presentó en sede judicial y también de lo informado por el ente edilicio. (Del voto en contra de las Ministras señora Sandoval y señora Chevesich)

 

PLAN REGULADOR COMUNAL – DECLARACION DE SITIO ERIAZO

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Nacif Jáuregui, Alberto c/ Ilustre Municipalidad de Peñalolén

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES – MUNICIPALIDADES – PLAN REGULADOR COMUNAL – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Octava

Producto: Municipalidades – Microjuris

La existencia de viviendas o construcciones sin permisos de edificación ni recepción municipal en sitios eriazos no es suficiente para privarlos de la clasificación técnica de tal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente en contra de la Municipalidad por la dictación de un Decreto Alcaldicio que modifica el Plan Regulador Comunal con una supuesta contravención a una decisión plebiscitaria que había adoptado la comuna con anterioridad y además por calificar como eriazo un terreno donde existen familias habitándolo y una formación vegetacional de especies nativas. Esto, dado que la modificación aparece aprobada sin ningún tipo de reservas por todos los organismos técnicos que intervinieron en el proceso, lo que descarta la idea de arbitrariedad o discrecionalidad; y porque el art. 17 de la Ley sobre Impuesto Territorial considera como eriazos aquellos sitios que corresponden a sitios no agrícolas que no se encuentran edificados. En consecuencia la existencia de viviendas o construcciones sin permisos de edificación ni recepción municipal en dichos sitios no es suficiente para privarlos de su clasificación técnica de sitio eriazo, aun cuando otras acepciones de la palabra pudieran tener otro alcance.

2.- La circunstancia de haberse rechazado con anterioridad una modificación total al Plan Regulador de la comuna no puede implicar una causal de inmutabilidad permanente de los instrumentos de planificación territorial lo que iría en contra de los objetos que la ley señala deben cumplir los municipios y que están en permanente evolución. Como ha señalado el dictamen 014141 de 1 de marzo del 2013 de la Contraloría General de la República, la Municipalidad conserva su iniciativa en orden a iniciar nuevas modificaciones al Plan Regulador a condición que estas reformas no incluyan específicamente la propuesta previamente rechazada.

 

DECLARACION DE INHABILIDAD INMUEBLE – URBANISMO 

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Sociedad Inmobiliaria Erichy Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ACTO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Quinta
Producto: Municipalidades – Microjuris

Es ilegal el acto administrativo consistente en la declaración de la inhabilidad de la totalidad del inmueble no obstante existir permisos de recepción definitiva para determinadas superficies del mismo, afectándose con ello la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto al existir contratos de arrendamiento vigentes en relación a locales comerciales que no aparecen sujetos a la falta de los permisos que exige la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que ha motivado la aplicación de la sanción, se ha restringido ciertos atributos del derecho de propiedad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la sociedad en contra del Decreto exento 3639 de la Municipalidad que ordenó la inhabilidad de la totalidad del inmueble, no obstante existir permisos de recepción definitiva para determinadas superficies del inmueble. Esto, dado que, el acto administrativo impugnado no sólo carece de la motivación suficiente, sino que además formula una interpretación extensiva de las normas para efectos de aplicar una sanción administrativa, lo que desde el punto de vista de los principios generales, resulta contrario al principio de legalidad. Aún más, acompañándose por la recurrente la recepción definitiva de determinadas superficies del inmueble (los dos primeros pisos), la recurrida en su informe intenta justificar su decisión en la ausencia de un libro de obras y el potencial riesgo que representa las construcciones del inmueble para sus residentes y usuarios de los espacios públicos, sin que se adjuntara fiscalización en este sentido, la que puede ser llevada a efecto en cualquier tiempo atendidas las facultades fiscalizadoras de las que está dotada la Municipalidad. De esta manera, y sin perjuicio de los aspectos técnicos que pudieren ser rebatidos en la instancia administrativa pertinente, la decisión de la autoridad municipal aparece como ilegal al declarar la inhabilidad de la totalidad del inmueble al no existir una norma legal que así lo permita.

2.- Del informe de la recurrida es posible advertir que sus razonamientos en orden a la aplicación de la inhabilidad total del bien raíz obedece a una interpretación del artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la extensión de los plazos para regularizar la propiedad que a su juicio estarían caducados al no haberse acreditado la conclusión de las obras, lo que sólo se entiende de la lectura del informe y no del Decreto que corresponde al acto recurrido.

3.- Atendida la declaración de inhabilidad del inmueble en su totalidad, se ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de la recurrente por cuanto al existir contratos de arrendamiento vigentes en relación a locales comerciales que no aparecen sujetos a la falta de los permisos que exige la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que ha motivado la aplicación de la sanción, se ha restringido ciertos atributos del derecho de propiedad.

4.- En el ámbito del Derecho administrativo sancionador nuestro ordenamiento se ha caracterizado por la ausencia de una normativa general, contando sólo con una heterogénea y dispersa legislación sectorial, así en algunos casos sólo se menciona un tipo genérico y se entrega a los órganos de la Administración su aplicación, en otros se regula el procedimiento sancionatorio y los criterios que se deben seguir para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Por ello, el uso a los principios generales aparece como atractivo y necesario para dotar de uniformidad, razonabilidad y de criterios comunes de solución en un ámbito de la actuación administrativa, en particular cuando dicha decisión podría afectar los derechos del administrado.

 

BONIFICACION PROPORCIONAL – BONO SAE

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Fernández c/ Ilustre Municipalidad de Ñiquen

Voces: LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – DOCENTES – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

En la especie, en lo relativo al aumento de la bonificación proporcional emanada de la ley 19.933, la sentencia apelada ha incurrido en error, al aplicar los plazos de prescripción contemplados en el artículo 510 del Código del Trabajo, y no las reglas del derecho común.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción de la acción opuesta por la Municipalidad demandada, fundándose, en concreto, en el artículo 510 incisos primero y segundo del Código del Trabajo. Esto, dado que, la sentencia apelada ha incurrido en un error, al estimar la jueza a quo aplicar en la especie los plazos de prescripción contemplados en el artículo 510 del Código del Trabajo, y no las reglas del derecho común. En efecto, atendido que los derechos que se solicitan, esto es, el aumento de la bonificación proporcional correspondiente a los años 2011 a 2014, emanan de una ley especial – N°19.933 -y, no del citado texto sustantivo, no resulta aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, desde que dicho precepto alcanza o regula, únicamente, los derechos regidos por este Código. El tenor de dicha disposición es restrictivo, no se refiere a los derechos de carácter laboral en general, sino sólo a aquéllos que dicho cuerpo normativo regula, lo que impide extender el plazo de prescripción por él contemplado, a otros derechos o beneficios, no obstante, su naturaleza o carácter laboral, si éstos tienen su origen en una ley diversa del Código del ramo.

2.- la Ley 19.933 no contempla un plazo de prescripción especial para el beneficio laboral, por lo que conforme a los artículos 1 y 5 del Código del Trabajo, sobre la base del principio de protección que debe primar en cualquier decisión que se adopte en este tipo de materias, para resolver una controversia sobre la concurrencia de un determinado derecho de un trabajador, corresponde dirimir en favor de la aplicación de las reglas del derecho común, es decir, conforme a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, en relación al artículo 2514 del mismo cuerpo legal, que establece un plazo de prescripción para las acciones ordinarias de cinco años, contado desde que la obligación se hubiere hecho exigible.

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Morales Faundez, Jaime y otros c/ Ilustre Municipalidad de Chiguayante

Voces: LABORAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Respecto de la determinación de la base de cálculo para el aumento de la bonificación proporcional, las municipalidades pueden deducirle a dicho beneficio los montos mensuales ya percibidos por concepto de aporte de la misma ley que instaura el beneficio, no debiéndose efectuar una sumatoria de los recursos percibidos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante contra la sentencia que acogió la demanda, deduciéndose el recurso sólo respecto de la base de cálculo utilizada para pagar el aumento de la bonificación proporcional dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nº 19.933, en cuanto se les deduce de los montos mensuales obtenidos por la Municipalidad por concepto de aporte de la misma ley. Lo anterior, dado que es correcta la determinación de la base de cálculo efectuada por el sentenciador del grado, pues no corresponde, como proponen los actores, efectuar una sumatoria de los recursos percibidos por las municipalidades en virtud de lo dispuesto en las Leyes Nº 19.410 y 19.933, desde que los mayores recursos otorgados por el último cuerpo legal citado, deben aplicarse en la forma como lo dispone expresamente, de manera que lleva la razón el sentenciador de base, al señalar que aceptar la fórmula propuesta, implicaría calcular nuevamente el bono proporcional, el cual, conforme se estableció, fue pagado por la parte demandada.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», como una con las características que señalan sus artículos 8 y 11 , y cuya fórmula de cálculo se estableció en el artículo 10 ; y que se mantuvo como tal, debidamente reajustado. Por otra parte, el Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril de 2017, tiene una versión sustituida del artículo 63 del Estatuto Docente que entró a regir el 1 de mayo de 2011, en los términos que la misma norma señala, y no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que aludían al bono de que se trata en los mismos términos de la ley primeramente citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903, de 1 de abril de 2016, modificó la primera disposición y derogó las otras dos.

3.- La Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el inciso 1° del artículo 9 , pues ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo 1.

4.- El recurso impetrado, exige para su procedencia, la concurrencia de, al menos, dos resoluciones que sustenten distinta línea de razonamiento al decidir litigios de idéntica naturaleza, de manera que, el arbitrio en cuestión será susceptible de ser analizado en el fondo, sólo en la medida que tanto en el recurso, como en el fallo impugnado y también en las sentencias acompañadas para su cotejo, sea identificable un pronunciamiento interpretativo diverso sobre una misma cuestión jurídica. En este sentido, la exigencia normativa de procedencia del arbitrio en estudio, es estricta en cuanto requiere la constatación precisa de concurrencia de identidad en la discusión principal materia del juicio sustentada en el fallo impugnado en relación a los de cotejo, lo que no sucede en la especie, desde que en estos últimos, la cuestión central de la controversia radica en la procedencia de ciertos beneficios que en la especie no vienen discutidos, siendo la cuestión relativa a la determinación de la forma de cálculo, un asunto que no es principal, ni materia del juicio, y que, además, tampoco aparece de manera palmaria en las copias de decisiones jurisprudenciales que se acompaña (de la disidencia de la Ministra señora Egnem)

5.- De la lectura de los preceptos contenidos en los artículos 8 y 10 de la Ley 19.410, aparece que la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual fue sustituida adicionando a los fondos contenidos en ésa aquellos destinados en las sucesivas modificaciones legales, conformando la remuneración que deben percibir los docentes conforme a los artículos 35 del estatuto del ramo -en lo relativo a la renta básica mínima nacional- 63 y 65 del mismo -tocante a la bonificación proporcional- por lo que dichos capítulos constituyen un rubro fijo en la renta de los docentes. El aumento de tal bonificación, establecido en la Ley 19.933, corresponde a una mejora que se concreta con el otorgamiento de fondos específicos que deben destinarse, exclusivamente, a las remuneraciones de los docentes.; ahora bien, es de toda obviedad que su pago haya de hacerse de acuerdo con la fórmula legal, como quiera que el bono proporcional establecido en el artículo 8 de la Ley 19.410 -actual 63 del Estatuto Docente- se remite expresamente a la forma, condiciones y procedimiento comprendidos en los artículos 8, 9 , 10 y 11 de tal legislación, prescripciones que crearon la bonificación proporcional y establecieron su forma de cálculo (de la disidencia del ministro señor Cerda).

 

HONORARIOS – NULIDAD DEL DESPIDO

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Vitali c/ Ilustre Municipalidad de Los Andes

Voces: LABORAL – CONVENIO DE HONORARIOS – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – INALTERABILIDAD DE HECHOS DE LA INSTANCIA – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Laboral

La Municipalidad demandada desconoció el hecho que haya existido entre su parte y los demandantes un contrato de trabajo, controversia que aparece dirimida a favor de éstos sólo en la sentencia recurrida, de modo que con anterioridad no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende no procede invocar la nulidad del despido.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que acogió la demanda declarándose la existencia de relaciones laborales, su término injustificado y condenándose al pago de prestaciones, incluida la sanción de nulidad del despido. Esto, dado que al decidirse en la sentencia impugnada acoger la nulidad del despido, se ha infringido el artículo 162 del Código del Trabajo, por errada interpretación, haciéndolo aplicable a una situación para la cual no había sido previsto, con lo que se configuró la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujo a acoger prestaciones improcedentes. Lo anterior, por cuanto, el reproche del artículo 162 del Código del Trabajo ha sido previsto para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas a aquéllas para las cuales fueron retenidos. Ahora bien, en el caso, la demandada recurrente desconoció el hecho que haya existido entre su parte y el demandante un contrato de trabajo, controversia que aparece dirimida a favor de éste último sólo en la sentencia atacada, de modo que con anterioridad no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende no procede invocar la nulidad del despido prevista por la norma antes citada.

2.- No se aplica en la especie la presunción de derecho establecida en el artículo tercero de la Ley N°17.322, -que en cuanto priva a las partes del derecho a rendir prueba, constitutivo de un procedimiento racional y justo, debe ser interpretada de manera restrictiva-, en atención a que el artículo 162 del Código del Trabajo se ocupa de la cobranza de cotizaciones previsionales adeudadas a las Instituciones de Seguridad Social, no resultando aplicable a una situación de hecho diversa, esto es, cuando un empleador no paga cotizaciones por entender, fundadamente, que la prestación de servicios de que se trata es de naturaleza civil.

3.- La contratación a honorarios de terceros por parte de la Municipalidad está permitida en el artículo 4° de la Ley N°18.883 siempre que se cumplan los presupuestos que ahí se establecen. Ahora bien, no se establece en la sentencia la existencia de alguno de los presupuestos antes referidos, sino que por el contrario la prestación de servicios fue bajo subordinación y dependencia. De esta forma sólo cabe concluir que los contratos de honorarios de marras, no resultaban pertinentes ni acordes con la realidad, debiéndose aplicar respecto de los actores las normas del Código del Trabajo por disposición de su artículo 1° inciso tercero , en cuanto dispone su aplicación subsidiaria al Estatuto del Personal Municipal. Además, por la presencia de subordinación y dependencia, por disposición del artículo 8° del Código del Trabajo, se hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

 

PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

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Oviedo c/ Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y Salud

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – SALUD INCOMPATIBLE – LICENCIAS LABORALES – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Primer Juzgado de Letras de Melipilla

Producto: Municipalidades – Laboral

La relación de la actora con la demandada da cuenta de una relación laboral de naturaleza estatutaria. De esta forma las causas del despido están reguladas en el respectivo estatuto, al que se dio correcto cumplimiento, ya que la vacancia del cargo fue establecida por salud incompatible, dado que la actora presentó licencia por más de 202 días.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la acción de tutela laboral interpuesta por la funcionaria por infracción de derechos fundamentales. Esto, dado que la parte demandante no fue capaz de sustentar en elemento fáctico alguno sus alegaciones, no dándose por establecido indicios que dieran cuenta de afectaciones arbitrarias e ilegales de su empleador. En efecto, si bien se aborda el tema del cese de funciones, toda la probanza se encamina a la declaración de salud incompatible, lo que resulta ser como lo expresa la propia parte demandada propia del ejercicio de la aplicación de la Ley 19.378 , siendo el alcalde quien así podrá declararlo como ha acontecido en la especie, por lo que no ha existido discriminación ni directa ni indirecta en el trato dado respecto de otros funcionarios de su mismo tipo, entendiéndose inclusive que el fundamento de las pretensiones de esta naturaleza estaban más bien orientadas a las eventuales consecuencias que el cese de funciones en la parte demandante causó mediante la respectiva decisión de incompatibilidad de salud para seguir en sus labores, más que con ella se afectara derechos consagrados a nivel constitucional de forma arbitraria e ilegal.

2.- La Ley 19.378 denominado Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, no establece norma o disposición atingente a la acción de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, por lo que acorde a lo consignado en su artículo 4 en todo lo no regulado, se aplicará, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, estatuto que tampoco contempla regulación al efecto, y en específico sobre cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten derechos fundamentales, por lo que a falta de aquello, lógico resulta aplicar a este respecto las normas del código laboral, ya que en caso alguno aquello se contrapone a normas estatutarias administrativas, es más, viene con ello a abarcar aspectos no regulados por la ley especial que rige la materia.

3.- Los indicios para dar cuenta de una vulneración de derechos fundamentales deben cumplir con los siguientes criterios: número, deben ser más de dos; concordancia, o sea, deben incidir en una misma dirección; plausibilidad, esto es, los hechos de los que se infiere el indicio debe acreditarse fehacientemente y; deben ser coherentes, las inferencias deben ser racionales, lógicas y conforme al sentido común. Por otra parte, la distribución de la carga de la prueba en el caso de cautela de garantías fundamentales, en lo que dice relación a la afectación al principio de igualdad de trato relativo a presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido tal vulneración y respecto de las otras afectaciones a derechos fundamentales en las que se apoya, debe hacerlo la actora.

4.- Corresponde rechazar la demanda por despido injustificado o indebido. Esto, ya que la relación de la actora con la demandada da cuenta de una relación laboral de naturaleza estatutaria, regida por le Ley N°19.378, por lo que según el Estatuto de Salud de Atención Primaria que se remite al Estatuto Administrativo Municipal, se dispone en el artículo 147 que «La declaración de vacancia procederá … a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;» y a continuación el artículo 148 , expresa que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Por lo que el despido no fue indebido, ya que quedo establecido que la actora hizo uso de un total de 202 días de licencias médicas en un periodo de dos años, excediendo largamente el plazo de seis meses establecido en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, declarándose consecuencialmente la vacancia en el cargo.

5.- Si bien el artículo 148 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y en base a la cual se adoptó la decisión por parte de la demandada, establece en definitiva que solo pueden computarse para el cálculo del periodo de licencias médicas las que tienen como fundamento una enfermedad o accidente común, contempla también una excepción, relativa a que no se consideraran para el computo de estas licencias médicas, aquellas que tuvieren como fundamento precisamente una enfermedad profesional o accidente del trabajo, o con ocasión de éste. Sin embargo, quedó establecido que todas las licencias médicas estimadas para el computo tienen como antecedente una enfermedad común. Si se hubiera querido establecer lo contrario, debió haberse hecho uso de la atribución que otorga el propio Estatuto de los Funcionarios Municipales, relativo a solicitar a la Comisión Médica Preventiva que se modificase dicha calificación o en su defecto pudo haber tramitado la declaración por parte de ese mismo órgano de su «salud irrecuperable».

6.- El Estatuto de atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 1 fija el ámbito de aplicación, de lo que deviene decir, que los funcionarios que desarrollan estas funciones en la Atención Primaria y que dependen de una Corporación, son funcionarios públicos por así decirlo el artículo 4 de la misma norma legal. De igual forma el régimen jurídico que une a estos funcionarios con la Corporación es de carácter estatutario. Por otra parte, los funcionarios de la atención primaria dependientes de una Corporación, se rigen supletoriamente por la Ley N°18.883, lo que trae una diferencia con el resto de los trabajadores de una Corporación a los que se les aplica el código del trabajo, por lo que en consecuencia por mandato legal no se aplica en este caso de forma supletoria el código aludido.

7.- El Tribunal es competente para conocer de la demanda ya que el derecho laboral es un derecho donde prima la realidad de los hechos más que las disposiciones jurídicas o los instrumentos firmados a consecuencia del mismo. Por otra parte, es perfectamente plausible el conocimiento de los hechos conforme a la Ley 19.378, aplicable en la especie, además de la Ley 18.883 que se aplica de forma supletoria, en cuanto podrían significar negar el carácter laboral de la relación contractual que existe entre la actora y la Corporación Municipal, lo que por lo demás deberá ser dilucidado en el mismo proceso, pues la actora sostiene que en los hechos se trata de una relación laboral regida por las normas del código del trabajo, y es precisamente esa circunstancia última la que debe ser resuelta por el Tribunal, lo que determina en forma palmaria la competencia del Tribunal.

 

PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

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Mendez c/ Ilustre Municipalidad de Colbún

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – INDICIOS – DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras de Linares

Producto: Laboral

La demandada incurrió en una serie de actos sin fundamentos y desproporcionados, que no atendieron a la larga trayectoria de la actora, ni de su correcto desempeño, destituyéndola del cargo en definitiva, lo que da por establecido indicios de la vulneración al derecho a la integridad psíquica y al derecho a la honra de la trabajadora, sin que se haya debidamente controvertido.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda sobre tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido interpuesta por la funcionaria en contra de la Municipalidad. Esto, dado que existen una serie de circunstancias que rodearon la desvinculación de la trabajadora demandante, que constituyen indicios que generan la sospecha fundada de que existió violación al derecho a la integridad psíquica de la actora y al derecho a la honra de la persona. Estas circunstancias son: que al momento de la llegada del nuevo Director de Salud, la demandante fue simplemente desplazada y despojada de su cargo de Jefa Administrativa, en un actuar sin apego a derecho por parte de la demandada, lo que demuestra una conducta arbitraria y caprichosa de su parte sin sustento legal; que se le dispuso un sumario administrativo en contra de la demandante, por dos hechos que no son de su exclusiva responsabilidad; que el mismo día que se inicia el sumario, se designa fiscal, se nombra actuario y sin fundamentación ni probanza previa alguna, se procede tomar la drástica y desproporcionada medida de suspensión provisoria de las labores de la demandante, sin considerar su trayectoria laboral y el desempeño de sus funciones durante más de 30 años y sin esperar que la investigación diera sus frutos.

2.- La demandada no pudo justificar los fundamentos de la medida adoptada y su proporcionalidad. En efecto, la demandada no explica porque la demandante fue desplazada de sus funciones con la llegada del nuevo Director de Salud y tampoco se explica cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron en consideración para proceder a indicarle que debía retomar como jefa administrativa a la brevedad. A su vez la demandada obvió toda explicación del porqué no se desarrollaron otros sumarios administrativos en contra de los otros personeros que participaron en la realización de los actos que a ella se le imputan, ni tampoco da ninguna explicación de cuál fue el motivo que la llevó a tomar la drástica decisión de separar provisoriamente a la demandante de sus funciones.

3.- La resolución que dispone la separación preventiva de las funciones de la actora, no contiene ninguna fundamentación y nada se indicó al respecto por la demandada más que se hizo en uso de las facultades que la ley le confiere a la fiscal que llevó a cabo el sumario administrativo, lo que constituye una insuficiente explicación de la medida adoptada. Además, si bien el sumario administrativo se tramitó ajustado a derecho, cumpliéndose los plazos en su tramitación, abriéndose un término probatorio en el que se realizaron algunas diligencias, dictándose las resoluciones y dándose curso a las peticiones formuladas por la sumariada, ello no obsta para determinar que la resolución que dispone la suspensión preventiva y la que aplica la sanción de destitución de la demandante, fueron desproporcionadas a la luz de la carrera funcionaria y el historial de la misma.

4.- En cuanto a la vulneración del derecho de integridad física y derecho de libertad de trabajo acusada en la denuncia, no se dan por establecidos indicios de en el proceso, no teniéndose por afectadas dichas garantías constitucionales.

5.- En un despido lesivo de derechos fundamentales, la consecuencia jurídica del mismo, en lo referente a la reparación económica del daño provocado, es el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo en la cual se incluye una indemnización sancionatoria fijada discrecionalmente por el Juez de la causa que se fija en un rango que va desde los seis a once meses de la última remuneración mensual y que corresponde a una medida de sanción por la lesión de los derechos fundamentales, y que en la especie, se pondera la gravedad individual que la afectación tuvo para la demandante en cuanto vulneró su derecho a la integridad psíquica y su derecho a la honra.

6.- La demandante ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia del municipio demandado, en virtud de la suscripción del correspondiente contrato de trabajo, regido por las normas del Código del ramo. Posteriormente, la demandante fue traspasada a la dotación de atención primaria de salud, a través de Decreto Alcaldicio, sin que ello importe el término de la relación laboral con la demandada, ni la pérdida de las indemnizaciones a las que tiene derecho, ello según dispone el artículo 6 transitorio de la ley N°19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Sin embargo, a partir de dicho traspaso, la demandante comenzó a regirse por un estatuto diverso a las normas del Código del Trabajo, siendo aplicable éste último sólo de manera supletoria.

 

COBRANZA LABORAL – INEMBARGABILIDAD DE BIENES MUNICIPALES

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Torres c/ Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Punta Arenas

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – EJECUCIÓN DE SENTENCIAS – LIQUIDACIÓN JUDICIAL – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – BIENES INEMBARGABLES – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Laboral

La Corporación Municipal es una persona jurídica de derecho privado diferente de la municipalidad, por ello, no le resulta aplicable artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades que declara la inembargabilidad de los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante en contra de la resolución que declara improcedente su solicitud de incremento de indemnizaciones en contra de la empresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 letra A) del Código del Trabajo. Esto, dado que, la Corporación de Educación demandada es una persona jurídica de derecho privado, la que tienen como finalidad prestar servicios en el ámbito de la educación y de la salud y atención al menor que ha tomado a su cargo la Municipalidad. En este sentido la Corporación es un ente totalmente distinto al de la municipalidad, las que por mandato del artículo 13 del D.F.L. 1-3063 los recursos de origen fiscal o municipal que se destinen constituirán ingresos propios de ellas correspondientes a prestación de servicios. Así, en la especie no resulta aplicable a la Corporación demandada, la norma del artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades que declara la inembargabilidad de los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente. Así, al no estar exento a las reglas de inembargabilidad los recursos de subvención destinados a la Corporación demandada, debe ser revocada la resolución apelada.

2.- El emplazamiento en juicios de cobranza judicial, se rige por norma especial regulada al efecto por el artículo 466 del Código del Trabajo, que sobre esta materia textualmente expresa que la liquidación deberá practicarse dentro de tercero día y será notificada por carta certificada a las partes, junto con el requerimiento al ejecutado para que pague dentro de los cinco días siguientes. Tal exigencia se cumplió con el envío en su oportunidad, de carta certificada despachada al representante legal de la Corporación, por lo la resolución impugnada debe ser confirmada.

 

COBRANZA LABORAL – INEMBARGABILIDAD DE BIENES MUNICIPALES

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Tapia c/ Ilustre Municipalidad de María Pinto

Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – CONVENIO DE HONORARIOS – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel

Sala: Sexta

Producto: Municipalidades – Laboral

La sentencia impugnada se dictó con infracción a lo dispuesto en el artículo 4° inciso 2° de la Ley 18.833, pues se declaró el carácter laboral de una relación de honorarios claramente subsumida en la hipótesis de un proyecto determinado de carácter meramente temporal.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió una demanda declarativa de relación laboral y despido injustificado en su contra. Esto, dado que, se configura la causal de nulidad descrita en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto los hechos asentados en la sentencia recurrida, deben ser subsumidos en el artículo 4° inciso 2° de la Ley 18.833, pues ciertamente, la función para la que fue contratado el demandante es específica para el desarrollo y cumplimiento del Programa Gubernamental de carácter nacional, denominado PRODESAL el que es determinado, con objetivos concretos y cuya realización se logra a través de planes precisos, con el que como otros, se persigue superar la pobreza en sectores campesinos.

 

 

INCREMENTO PREVISIONAL

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Rodríguez Mendoza, Héctor E. c/ Ilustre Municipalidad de Lo Prado

Voces: LABORAL – REAJUSTE PREVISIONAL – AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – IMPOSICIONES PREVISIONALES – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Los entes municipales deben calcular el incremento previsional, que establece el Decreto Ley N° 3501, sólo sobre aquella parte de las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 estaban afectas a cotizaciones previsionales

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que no reconoció el derecho al incremento de remuneraciones con el factor previsional establecido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 3.501, porque los entes municipales deben calcular el incremento previsional sólo sobre aquella parte de las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 estaban afectas a cotizaciones previsionales, no pudiendo en consecuencia aplicar el factor a las remuneraciones posteriores a dicha fecha. Esto, dado que el declarado propósito del decreto ley en examen fue crear un régimen de transición hacia el nuevo régimen previsional. El objeto específico del incremento de remuneración es la mantención del monto líquido de las remuneraciones. Este fin se explica porque a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema previsional las cotizaciones previsionales pasaron a deducirse de las remuneraciones del trabajador. En consecuencia, de no haberse incrementado la remuneración, los trabajadores habrían visto disminuida su remuneración líquida.

2.- El propósito del Decreto Ley N°3501 de evitar una disminución de la remuneración líquida por la entrada en vigencia del nuevo sistema previsional se lograba incrementando aquella parte de la remuneración sujeta a cotización. Eso es precisamente lo que hace el inciso segundo del artículo 2º del citado decreto ley, al establecer el incremento de remuneraciones. Y su inciso cuarto, al hacer extensivo dicho incremento «a los trabajadores que ingresen a entidades cuyas remuneraciones se fijen por ley», lo hace «en la misma forma» que establece el inciso segundo. La finalidad de este inciso cuarto es claro: evitar diferencias de remuneración entre los trabajadores con contrato vigente al 28 de febrero de 1981 y aquellos que se incorporaran después pero cuya remuneración estuviera regulada por las mismas leyes. Para mantener la igualdad de remuneraciones, el inciso cuarto extiende el incremento también a estos últimos trabajadores. Pero no modifica, como pretenden los recurrentes, la circunstancia de que el incremento solo se aplica a «la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981».

3.- El objetivo y principio inspirador del incremento previsional estatuido por el Decreto Ley N°3501, es el de proteger y resguardar las remuneraciones de los trabajadores a que el mismo se refiere, en el sentido que su monto líquido se mantenga y no se vea disminuido, por la carga que el nuevo sistema previsional les impone de pagar sus cotizaciones previsionales.

6.- De la interpretación armónica de los primeros artículos del Decreto Ley N°3.501 de 1980 y en particular del artículo 2, al referirse en su inciso segundo al incremento de las remuneraciones de los trabajadores dependientes que se indican, «en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981», determinan la improcedencia de restringir la aplicación del incremento previsional únicamente a las remuneraciones y asignaciones que al 28 de febrero de 1981, eran imponibles, dejando fuera a aquéllas como la Asignación Municipal, por haber adquirido dicho carácter sólo a partir del 1° de diciembre de 1987, con la dictación de la Ley N°18.675, en circunstancias que a su respecto también rige la carga impositiva para el empleado o trabajador (del voto de disidencia de voto del Ministro señor Blanco).

7.- El Reglamento de los artículos 3° y 4° transitorios del Decreto Ley N°3.501, de 1980, aprobado por el Decreto N°40 de 23 de marzo de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, define el alcance de la expresión utilizada por el legislador «por parte de las remuneraciones afectas a imposiciones al 28 de febrero de 1981», como «aquella parte de ellas que no exceda de 50 sueldos vitales mensuales». Lo anterior encuentra fundamento precisamente en el aumento del tope de remuneraciones imponibles que establece el Decreto Ley N° 3.501, en su artículo 5 , a partir de su entrada en vigencia, esto es, el 1° de marzo de 1981, fijándose éste en 60 unidades de fomento, modificando el anterior de 50 sueldos vitales mensuales, que rigió hasta el 28 de febrero de 1981. Así y dado que las cotizaciones previsionales pasaron a ser de cargo del trabajador y no del empleador, como lo fue hasta aquella época y como los empleadores pagaban las cotizaciones previsionales de los trabajadores hasta el tope de imponibilidad vigente al 28 de febrero de 1981, y el nuevo sistema, modificó el referido límite impositivo, el legislador debió indicar expresamente, la fecha del 28 de febrero del año 1981, toda vez que si no lo hubiera hecho, los trabajadores no sólo hubieran mantenido el monto líquido de sus remuneraciones, sino que éstas hubiesen aumentado por el alza del máximo de imponibilidad, desvirtuándose el objetivo del establecimiento del incremento (del voto de disidencia de voto del Ministro señor Blanco).

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