Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma sentencia en contra de la Tesorería General de la República

 

La Corte Suprema confirmó el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) a demandante que se adjudicó una propiedad en una subasta pública, pero que no logró establecer el dominio del inmueble por estar mal inscrito en la Tesorería General de la República, rechazando  el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que estableció la responsabilidad por falta de servicio de la Tesorería General de la República, por no llevar el registro correcto del rol de la propiedad rematada y adquirida en una subasta en Punta Arenas.

La sentencia establece falta de diligencia de los funcionarios de la Tesorería para realizar las acciones de cobro de tributos, desde que aparece acreditado en autos que el inmueble que finalmente fue subastado no sólo tenía un rol de avalúo distinto de aquel que se pretendía realizar, sino que además el bien ni siquiera se encontraba debidamente inscrito a nombre del supuesto deudor de contribuciones, circunstancias que en definitiva determinaron la imposibilidad de la actora de disponer del inmueble realizado, pese a haber cumplido con cada una de las exigencias que tal procedimiento requería. Este error llevó a subastar un inmueble de un tercero, y pese a haber comparecido éste en el respectivo procedimiento de apremio con los antecedentes que confirmaban tal circunstancia, dice la sentencia que “la demandada persiste en su omisión sin dar cumplimiento al mandato legal del artículo 177 inciso 3° del Código Tributario”.

Estos hechos configuran la falta de servicio por parte del Fisco de Chile – Tesorería General de la República, por lo que la sala establece que “al continuar con un procedimiento de cobro ejecutivo de impuesto territorial, llegando a realizar un inmueble enrolado erróneamente en el Servicio de Impuestos Internos, dando lugar al remate, adjudicación e inscripción de un bien raíz que era de propiedad de un tercero distinto al supuesto deudor de contribuciones, todo lo cual ocasionó daño a la actora, desde que es un hecho establecido en la causa que, pese a que la propiedad raíz que fue rematada en el juicio ejecutivo, fue adjudicada a la actora, e incluso inscrita a su nombre, ésta nunca pudo tomar posesión material del inmueble, pues el bien subastado pertenecía a terceros y estaba erróneamente enrolado en los registros de la demandada, anulándose con posterioridad la escritura de adjudicación, restituyéndole finalmente el dinero que consignó por el remate”.

Concluye que los jueces del fondo no incurrieron en error de derecho al acoger la demanda, desde que la falta de servicio se encuentra plenamente justificada, rechazando el recurso de casación el fondo por los sentenciadores no haber incurrido en los errores denunciados.

(Fuente: PJUD).

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