Primer Tribunal Oral de Santiago condenó a dueño de restaurante por delito de trata de personas

El Primer Tribunal  Oral de Santiago dictó una condena contra  empleador dueño del restaurante de comida Hindú ubicado en  Providencia, como autor del delito de trata de personas, al acoger los antecedentes presentados por la Fiscalía Occidente,  respecto de la situación laboral de migrantes indios traídos a Chile por el acusado para trabajar en su local.

El caso trata sobre trabajadores provenientes de la India traídos por el empleador  con la promesa de prestar servicio en un restaurante hindú y cuyas deplorables condiciones de vida  fueron descubiertas en junio del año 2013.

Las víctimas pese a que retornaron a la India en septiembre de 2013 realizaron entrevistas vídeo grabadas con el fin de que el tribunal conociera sus testimonios en el juicio oral que se llevó a cabo durante cinco semanas.  “El tribunal resuelve muchos de los tópicos a considerar a propósito de las declaraciones de las víctimas, declaraciones que si no se hubiesen tomado previamente, como prueba anticipadamente ante el tribunal de garantía, no hubiese podido (el tribunal) impregnarse de aquellas y solo lo habría tenido a través de dichos de terceros” destacó la Fiscal Paola Salcedo.

La Dirección del Trabajo realizó un aporte importante para la investigación y el juicio, ya que los fiscalizadores que participaron en el operativo realizado en 2012 prestaron declaración ante el tribunal, “lo que fue muy importante junto con el resto de la prueba para alcanzar este resultado”, explicaron desde el Ministerio Público.

El caso inició gracias a la Brigada de Trata de Personas de la PDI, quien dió conocimiento de la situación, luego que parte de las víctimas concurrieran a la Inspección del Trabajo sin documentos de identificación ni manejar el idioma. Con la mediación de traductores, se pudo establecer que dicho empleador contactó a los afectados en India con la promesa de trabajar en Chile como maestros de cocina, en condiciones muy distintas a la que en la práctica se dieron en el país.

En el desarrollo del juicio se determinó que el empresario no cumplió con la promesa de habitabilidad, retuvo los pasaportes de las victimas y les descontó los gastos de traslado al país y luego resultando dos de los empleados enfermos les informó que debían trabajar de manera gratuita para compensar los gastos médicos.

El Tribunal estableció que el empleador modificó gravemente las condiciones de trabajo de las víctimas de acuerdo a los medios de prueba como escuchas telefónicas recogidas en la etapa investigativa, determinando que afecto la libertad de los trabajadores e impuso  condiciones excesivas de trabajo, con largas jornadas laborales.

La audiencia en que se comunicará la pena que deberá cumplir el acusado, se realizará el próximo 22 de enero, a las 15 horas.

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