Ejecutivo ingresó proyecto sobre Sustitución de pena a condenados por delitos de lesa humanidad gravemente enfermos

El pasado martes 16 el Ejecutivo ingresó un proyecto de Ley, Boletín N° 11569-07, que “Modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad”, con el objeto de regular los criterios especiales que deben considerarse para la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena; y, además, la no procedencia del indulto particular, respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra.

En cuanto a los criterios especiales, se propone que los responsables, además de cumplir con los requisitos generales que cada institución jurídica exige, aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza y que demuestren su arrepentimiento.

En materia de permisos de salida, se propone una modificación al artículo 80 del Código Penal, que se refiere al contenido de los reglamentos especiales para el gobierno de los establecimientos penitenciarios, disponiendo expresamente que para la concesión de permisos de salida se debe considerar, entre otros factores, la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos. Mandatándose que deberán entenderse como especialmente graves los delitos tipificados en la ley N°20.357, como también aquellos que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena. Finalmente, se establecen mayores exigencias para la obtención de permisos de salida de los responsables por estos delitos, quienes deben aportar antecedentes serios y efectivos que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza y demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos.

En cuanto a la libertad condicional, el proyecto modifica el decreto ley N°321, que establece la libertad condicional para los penados, en dos sentidos. Primero, se precisa la utilización de la expresión “beneficio”, sustituyéndose el uso de la, hasta hoy, interpretable referencia a la expresión “derecho”, cuando corresponde. Segundo, se agrega un inciso final nuevo al artículo 3°, que refuerza los requisitos para optar al beneficio de la libertad condicional de aquellas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, genocidio o de guerra, incorporando una exigencia temporal y las condiciones de aportar antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza de los que tengan conocimiento, y de suscribir una manifestación pública de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

Para dar seriedad a este requisito, vinculado a la real rehabilitación de la persona condenada, se exige que éste se mantenga en el tiempo, por lo que el beneficio puede revocarse en caso de se realicen acciones o manifestaciones públicas que constituyan una negación o contradicción al contenido de la declaración de arrepentimiento.

El proyecto modifica los artículos 32 bis y 80 del Código Penal; los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Decreto Ley N° 321 que establece la libertad condicional para los penados; agrega un artículo 17 bis a ley N°19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, modifica los artículos 1 y 6 de ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares; modifica los artículos 458, 465, 468 y 482 del Código Procesal Penal; modifica los artículos 684 y 687 del Código de Procedimiento Penal, y agrega al Libro IV un título IV “De las medidas aplicables a los enfermos terminales”. Respecto de ésta última el artículo 697, nuevo, que integra este título a agregar, dispone:

“Artículo 697. Si durante la ejecución de una sentencia, que imponga una pena privativa de libertad, se diagnosticara al condenado una enfermedad terminal, el juez mediante resolución fundada, previa certificación inequívoca del Servicio Médico Legal e informe psicosocial favorable de Gendarmería de Chile, podrá disponer la sustitución de la pena original, reemplazándola por la de reclusión domiciliaria total por el tiempo de ejecución que reste de la condena. Esta resolución será impugnable vía recurso de apelación, el que se tramitará según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales. En caso de no interponerse el recurso, dicha resolución deberá ser consultada.

Se entenderá por reclusión domiciliaria total el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales de salud durante las veinticuatro horas del día. Para el cumplimiento de esta pena sustitutiva el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estimando como tal la residencia regular que éste utilice para fines habitacionales. La ejecución de esta pena sustitutiva se sujetará, en lo pertinente, a lo establecido en los incisos segundo y final del artículo 7° y en los títulos III, IV y VI, todos de la ley N°18.216.

La certificación referida en el inciso primero deberá contener, a lo menos, las razones que justifican que se trata de una enfermedad o condición patológica grave, progresiva e irreversible, que no tiene tratamiento eficaz de acuerdo a los conocimientos médicos y con pronóstico fatal en un plazo inminente. Dicha certificación se ajustará a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, los que deberán ser actualizados periódicamente.

En el caso de los condenados por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357; se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales, que suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

Respecto de estos últimos, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, se entenderá como incumplimiento grave del régimen de ejecución de la pena cualquier acción o manifestación pública que constituya una negación o contradicción al contenido de la declaración referida en el inciso anterior.”.”.

(Fuente: Senado)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 1569-07

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