Ley Nº 21.057 regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales

El pasado sábado 20 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.057  que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, siendo considerados como menores el niño o niña menor de catorce años y adolescente a todos los que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la mayoría de edad.

Objetivos y fundamento de la Ley 

Con miras a minimizar la victimización secundaria y dar un mayor y efectivo resguardo a los derechos de las víctimas de delitos sexuales que sean menores de dieciocho años, el  ejecutivo ha considerado imprescindible la elaboración de modificaciones normativas que busquen reducir el impacto negativo  del proceso penal para un menor de edad víctima de delitos sexuales, adecuando las normas del procedimiento que lo rige a las especiales circunstancias de estos menores.

Se hace necesario tomar en consideración la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran sometidos a un proceso penal, desde una doble perspectiva:

-Por una parte los menores de edad gozan de ciertos derechos propios de su condición, así como también en cuanto a que son víctimas de un delito, es por ello que cualquier persona que se considere víctima  requiere del reconocimiento de las consecuencias negativas que el delito tiene sobre ella y su entorno, así como también de los derechos que le corresponden. La condición de los niños como sujetos de derecho quedó consagrada a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), su artículo 3.1  indica que una consideración primordial a la que atenderán las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, en todas las medidas concernientes a los menores de edad, será el interés superior del niño.

Se ha dicho que  la realidad judicial e investigativa del proceso penal chileno vigente en materia de delitos sexuales produce victimización secundaria, lo que representa una vulneración directa al derecho a la integridad psicológica, al derecho a la salud, al derecho a la intimidad y al derecho a ser oído de los menores víctimas de delitos sexuales, garantizados por la Constitución y por diversos tratados internacionales. Se produce, además, una grave infracción al principio del interés superior del niño. En consecuencia, se hace necesario modificar esta situación, estableciendo normas especiales que regulen la participación de estos menores de edad en el proceso penal, en cuanto que los intervinientes del mismo, de manera que sus derechos fundamentales no se vean vulnerados.

-Por otra parte, un reconocimiento del estatuto jurídico particular que asiste a los menores de edad víctimas de abusos sexuales ya que los aspectos de la etapa evolutiva del menor de edad deben ser tomados en consideración por el procedimiento penal sobre la base del principio del interés superior del niño.

Dicho esto, el artículo 1º de la ley establece como su objetivo, regular la realización de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria de menores de edad víctimas de delitos sexuales, buscando mediante la prevención de la victimización secundaria  evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de estos delitos.

De acuerdo a las disposiciones que consagra esta ley, podemos destacar las siguientes:

Entrevista investigativa videograbada y declaración judicial

La entrevista investigativa y la declaración judicial serán videograbadas a través de medios tecnológicos idóneos que permitan su reproducción íntegra y fidedigna, para ello se creará un reglamento que  determine los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de las mismas.

La entrevista investigativa videograbada se realizará en el tiempo más próximo a la denuncia y tiene como propósito disponer de antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el menor entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, procurando evitar la exposición reiterada e injustificada del menor a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal.

Por su parte la declaración judicial tiene como fin que el menor  preste declaración en juicio en una sala  en la que sólo estarán presentes el entrevistador y el menor.  Los adolescentes, cuando así lo manifestaren podrán declarar en el juicio sin la intervención de entrevistador. La declaración se desarrollará bajo la dirección, control y supervisión del juez presidente del tribunal o del juez de garantía, en su caso, en una sala distinta a aquella en que se realice la audiencia y deberá realizarse de manera continua en un único día.

La entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial sólo podrán ser realizadas por quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a niños y niñas o adolescentes, según disponga el reglamento, y

b) Acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las entrevistas investigativas videograbadas y las declaraciones judiciales se realizarán en condiciones que:

-Protejan la privacidad de la interacción con el niño, niña o adolescente.
-Resguarden la seguridad del niño, niña o adolescente.
-Permitan controlar la presencia de participantes.
-Sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el niño, niña o adolescente y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación.

Entrevistadores

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público contarán con personal debidamente calificado, y con acreditación vigente, en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a niños, niñas o adolescentes. Por su parte, el Poder Judicial podrá contar con jueces y funcionarios que, cumpliendo los requisitos establecidos, puedan ser elegidos como intermediarios en la declaración judicial. En caso de que dichos entrevistadores no fuesen suficientes, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá proveer los entrevistadores necesarios.

Reglamento 

El artículo 29º de la ley impone la obligación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de dictar dentro de los próximos cuatro meses, un reglamento que establezca  la forma, condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del menor,  así como de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales; las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial; los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial; la forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador y cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales de niños, niñas o adolescentes.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Será el responsable de coordinar la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la ley; evaluar el funcionamiento del sistema;  acreditar como entrevistadores, y revalidar dicha acreditación, a quienes cumplan con los requisitos establecidos y mantener y administrar un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente.

Modificación legal

La ley en su artículo 32  introduce normas adecuatorias al Código Procesal Penal, entre ellas agrega un artículo 110 bis relativo a la designación del curador ad litem, estableciendo que “En los casos en que las víctimas menores de edad de los delitos establecidos en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo, y en los artículos 141, incisos cuarto y quinto; 142; 372 bis; 374 bis; 390; 391; 395; 397, número 1; 411 bis; 411 ter; 411 quáter, y 433, número 1, todos del Código Penal, carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, se estimare que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlos, el juez podrá designarles un curador ad litem de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.”

Además modifica los artículos, 280º, 310º, 78 bis , y deroga el artículo 191 bis relativo a la anticipación de prueba de menores de edad.

La ley comenzará a regir en forma gradual después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, en tres etapas de acuerdo al artículo primero transitorio, de la siguiente forma:

“Primera etapa: entrará en vigencia transcurridos seis meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII.
Segunda etapa: entrará en vigencia transcurridos dieciocho meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones III, IV, VIII, IX y XIV.
Tercera etapa: entrará en vigencia transcurridos treinta meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones V, VI, X y Metropolitana.”

.  Sus disposiciones se aplicarán con preferencia a las del Código Procesal Penal.

Consulte Ley Nº 21.057 aquí

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