Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma fallo que ordena a la Municipalidad de Quellón a pagar factura transferida

La Corte Suprema rechazó por falta de fundamentos recurso de casación en el fondo  deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y confirmó la sentencia que ordenó a la Municipalidad de Quellón a cancelar $27.999.568, con reajustes, intereses, por factura cedida a la empresa Inversiones P.L.

El recurso fue deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que revocó el fallo de primer grado y acogió la demanda, condenando  al municipio al pago de $27.999.568, con reajustes, intereses y costas. Plantea la recurrente  que la sentencia vulnera las normas de la Ley N°19.886 y su reglamento, sosteniendo que esta norma establece que se encuentra prohibida la transferencia de los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de una licitación y acusa la infracción de lo que la demandada denomina “leyes procesales decisoria litis”, explicando que durante el curso del procedimiento hizo valer las disposiciones de las leyes que regulan los contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, además de su reglamento, citando las normas pertinentes e indicando la forma en que sustentaban el accionar de la recurrente.

La sentencia sostuvo que del examen de la sentencia aparece que los sentenciadores no incurrieron en los errores de derecho que se les atribuyen y que por el contrario, se han limitado a aplicar la normativa que rige la situación de hecho materia de la reclamación y que en efecto, y tal como se razona en el fallo de primera instancia  en la especie, se cumple con los requisitos para estimar que la cesión de la factura objeto de estos antecedentes es válida y obliga al deudor cedido.

“En consecuencia, corresponde distinguir entre las obligaciones y derechos que nacen del desarrollo de la licitación y los documentos justificativos de los créditos que de los contratos respectivos emanen, permitiendo expresamente la legislación transcrita la cesión de estos últimos, cuyo es el caso de autos. Sobre el punto, tal como acertadamente viene resuelto, la demandada no rindió probanza alguna tendiente a demostrar que en los documentos que rigen la contratación existiera alguna estipulación que prohibiera, además, la transferencia de aquéllos justificativos de los créditos que nacen a propósito de la ejecución de la obra licitada”, agrega el fallo.

Finalmente, concluye que luego, encontrándose establecido como un hecho de la causa que la cedente cumplió con los requisitos que el artículo 7 de la Ley N°19.983 establece para la validez de la cesión, no podía la Municipalidad demandada proceder al pago a nombre del cedente, en tanto éste ya no era el titular del crédito.

(Fuente PJUD).

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