Corte Suprema remite al Senado informe sobre proyecto de ley de educación superior

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el martes 23 de enero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley sobre educación superior. Informe que fue enviado el viernes 26 de enero, a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, con el parecer del máximo tribunal sobre la iniciativa legal iniciada por mensaje presidencial.

“(…) la consulta está referida a dos normas relacionadas con las facultades que el proyecto entrega a la Superintendencia de Educación Superior, que se contienen en las letras i) y j) del artículo 20 de la iniciativa, que el Senado modifica al primitivo artículo 19 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, ya referido en el acápite anterior de este informe, y que es sustancialmente distinto a lo que resuelve el primer órgano legislativo”, sostiene el informe.

Oficio que agrega: “En la primera modificación, el Senado autoriza a la señalada Superintendencia, en la letra i) del artículo 20 para ACCEDER a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior de que se trate, y EXAMINAR, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y en general, cualquier documento o antecedente que considere necesario para la mejor fiscalización, tanto de las personas o instituciones fiscalizadas, como de los terceros relacionados con que realicen operaciones, respectos de éstas. De modo, que con esta redacción se precisa el control de acceso y examen de documentos con respecto de terceros, solo en cuanto estos realicen operaciones con órganos de educación superior”.

“En la segunda norma, letra j) –continúa–, la función que se le entrega a la Superintendencia, es la de requerir, en el ámbito de sus atribuciones, de las personas e instituciones fiscalizadas, de los terceros con ellas relacionadas con las que haya celebrado contratos o realizados operaciones, y de cualquier organismo público, la INFORMACIÓN pertinente para el cumplimiento de sus funciones. La superintendencia deberá determinar, mediante norma de carácter general, la forma y los medios a través de los cuales se entregará la información a que se refiere esta letra, debiendo contemplar un plazo razonable para que ella sea proporcionada por los respectivos obligados. En esta letra es importante reparar la amplitud de esta facultad de informar, ya que, aparte de los órganos de educación superior y terceros relacionados con ellos, se le permite requerir información de cualquier órgano público sin hacer ninguna distinción dentro de ellos, con lo cual quedarían obligados de este requerimiento órganos que gozan de cierta autonomía con respecto de la administración del Estado, como lo es el Poder Judicial por ejemplo, por lo que parece necesario colocar un determinado límite legal a esta facultad que excede claramente la competencia que debiera tener un órgano fiscalizador como el que se regula en este proyecto”.

“En todo caso, la innovación más relevante en la modificación de las letras i) y j) del artículo 20 del proyecto, está referida al secreto bancario, puesto que en ambas normas se dispone que: Cuando la Superintendencia requiera antecedentes o informaciones resguardados por el secreto bancario, deberá solicitar autorización previa a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al procedimiento establecido en el artículo 5, número 5, párrafos segundo a sexto de la ley N° 21.000, en lo que sea aplicable”, añade.

Mercado financiero
Sobre la ley, publicada en el Diario Oficial de 23 de febrero de 2017, que crea la comisión para el mercado financiero “a la cual le corresponderá velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Las potestades de la referida Comisión se contienen en el artículo 3° de dicha normativa, sin perjuicio de la colaboración que exige el artículo 4 de prestar al Servicio de Impuestos Internos en su rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa tributaria”.

“Esta ley –continúa–, en el artículo 5 N° 5, referencia que hace el proyecto en estudio, faculta al fiscal de dicho organismo, bajo ciertas condiciones que en dicha norma se expresan, para requerir información de carácter bancaria o reservada a persona determinada, sobre operaciones que constituyan infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por dicha ley y que, a su vez, se encuentran tipificadas como delitos en la legislación a que se refiere la ley. En lo funcional, la ley exige para requerir dicha información, que se debe contar con la autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, para lo cual el presidente del tribunal deberá sortear por un año a dos ministros de la Corte para dichos fines. Se agrega que la solicitud debe fundarse en antecedentes claros, precisos y graves, además de demostrarse la necesidad de la medida”.

Sin embargo, consigna el informe del pleno de ministros: “(…) el N° 5 del artículo 5 de la ley a que remite el proyecto, consta de nueve incisos, en el proyecto se habla de acápites y se concreta en opinión del informante a los incisos 2 a 6, no obstante que es inciso primero el que permite la intervención del ministro de corte para la autorización pedida. En el segundo inciso se extiende la autorización a los requerimientos de autoridades fiscalizadoras extranjeras, bajo el amparo de un convenio internacional, que excede en este caso, las cuestiones de educación superior”.

En tanto: “El inciso séptimo que no se incluye, establece el recurso de apelación contra la resolución negativa del ministro de Corte, que parece necesario incluir para dotar del procedimiento de la doble instancia, dada la naturaleza jurídica de la resolución dictada y por la gravedad de lo que se resuelve. De la misma manera, parece necesario incluir los incisos finales del numeral quinto, ya que en ellos se dispone la reserva para las autoridades fiscalizadoras, las implicancias de la misma en el Código Procesal Penal y las sanciones de quienes incumplen tales restricciones. De manera que la remisión de la norma aludida a las letras i) y j) del artículo 20 del proyecto que se informa, debiera extenderse también para seguridad de las personas afectadas con el levantamiento de la reserva bancaria que se dispone”, concluye.

Ver informe aquí.

(Fuente: pjud)

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