Corte de Antofagasta rechaza recurso de amparo en contra de la gobernación del Loa por desalojo de terreno de la Conadi

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó  el recurso de amparo interpuesto en contra de la resolución dictada por la Gobernación del Loa, que ordenó el desalojo de terrenos pertenecientes a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena  (Conadi), en el sector Likan Tatay en Calama, que fueron ocupados ilegalmente en diciembre pasado, tras establecer que el actuar de la recurrida no puede considerarse como ilegal o arbitrario.

En representación de un grupo de 64 indigenas entre ellos atacameños, aymara, quechua y mapuche  se dedujo recurso de amparo a en contra del Gobernador Provincial de El Loa  y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Iquique, quienes ejecutarian un desalojo masivo de la toma ubicada en el sector Likan Takay ubicado en la comuna
de Calama de manera ilegal y arbitraria. Hicieron ocuopación del inmueble debido a que postularon al
proyecto de construcción de viviendas denominado Peuco Maratón, sin que el mismo haya sido gestionado por las
autoridades a la fecha, por lo que ocuparon en un sector reconocido como tierras indígenas, hasta que se pueda construir su proyecto, solicitaron  declarar que el actuar de los recurridos constituye una amenaza a la libertad
personal y seguridad individual de los amparados.

El fallo establece que  para ejercer la facultad de residir y permanecer en cualquier lugar de la República , la persona debe guardar las normas establecidas por la ley, de lo que se infiere, que la residencia y permanencia se deben ejercer
respetando los derechos de otras personas y ajustado a lo que el ordenamiento establece al efecto. Que quienes ocuparon el terreno propiedad de Conadi sin su autorización aunque el predio estuviese destinado a personas indígenas, estos turbaron dicha finalidad, por lo tanto la residencia y permanencia de los amparados en el predio no está sujeta a las normas establecidas en la ley  y se realiza en perjuicio de otros indígenas, pues si bien los ocupantes también revisten la calidad étnica señalada, pueden ser o no beneficiados  en la decisión, ya que puede asignarse a
otros.

Concluye la Corte que  el derecho a residir y permanecer en el predio ocupado que detentan las 64 personas , puede ser afectado, ya que el mismo no se ajusta a la ley y no respeta el derecho de otros indígenas, por lo que debe
rechazarse el recurso de amparo de autos. A mayor abundamiento el desalojo solo se producirá en el evento
de no hacer abandono del inmueble en forma voluntaria. Por lo tanto “no puede calificarse como un acto ilegal y arbitrario, máxime si se considera que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, vulnerado por el acto ilegal de las 64 personas, quienes ocuparon el predio de CONADI, dificultando asignar el destino para el que se le entregó a esta última institución el predio”.

(Fuente PJUD)

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