Corte Suprema confirma sentencia de apelación que rechazó recurso de protección contra el SERNAMEG y la Controlaría General de la República

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la acción de protección deducida por dos funcionarias públicas contra el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) y la Contraloría General de la República, debido a que se les aplicó la medida disciplinaria de destitución como resultado de un sumario administrativo por contravenir el principio de probidad administrativa.

Según las recurrentes la resolución mediante la cual fueron destituidas no cumple con el deber de fundamentación del acto administrativo y que por lo tanto estiman infringido el debido proceso, ya que no se señalan los medios de prueba que permitiesen levantar cargos en su contra, que no se fundamenta el por qué se desestiman los descargos presentados y que tampoco se señalan los argumentos que llevan a concluir la efectividad de los hechos investigados así como su responsabilidad administrativa.

La Corte de Santiago señaló que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto ya que lo que se impugna es la resolución que impuso la sanción de destitución como resultado de un sumario administrativo llevado a cabo por la autoridad en el ámbito de sus atribuciones legales y  el acto de toma de razón de dicha resolución efectuado por la Contraloría General de la República, quien tiene potestad exclusiva y excluyente para el control preventivo de juridicidad de los actos administrativos de acuerdo a las facultades conferidas por ley. Las recurrentes cuestionaron como fueron valorados los antecedentes en el sumario administrativo lo que es una valoración del fondo y dado el carácter cautelar y urgente de la acción de protección no es entonces el mecanismo adecuado para revisar el asunto.

Se concluyó que la recurrida no actuó de manera ilegal o arbitraria ya que SERNAMEG frente al hecho constitutivo de la falta de probidad que llegó a su conocimiento, instruyó un sumario administrativo que se sustanció de acuerdo a la Ley N° 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo, donde las funcionarias imputadas ejercieron plenamente su derecho a defensa, siendo asistidas por defensa letrada; se les formularon cargos precisos, en que se describieron con claridad los hechos imputados y las normas vulneradas; fueron notificadas de las actuaciones y tuvieron acceso al expediente; ambas prestaron declaración, formularon descargos, solicitaron diligencias probatorias y presentaron pruebas. Así, en base a la investigación realizada se tuvo por acreditada la falta de probidad prevista en el artículo 64 de la Ley N° 18.575 LOC Sobre Bases Generales de la Administración del Estado, aplicándose la sanción de destitución prevista en el Estatuto Administrativo por tratarse de un hecho que vulneró gravemente el principio de probidad administrativa; acto del cual tomó razón la Contraloría General de la República en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley N° 10.336. Por todo lo señalado  el Tribunal de alzada rechazó la acción deducida ya que no consideró infringida la garantía del debido proceso en que las recurrentes fundaron su pretensión, siendo confirmada la sentencia apelada por la Corte Suprema.

(Fuente Diario Constitucional)

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