Ley Nº 21.075 fortalece la regionalización del país

Con fecha 15 de febrero se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.075 relativa al “Fortalecimiento  de la regionalización del país” en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 3º que “La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”. Agrega dicha norma que “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

En función de dicho mandato, el Ejecutivo ha procurado implementar una serie de acciones que apuntan en la dirección de terminar con lo que muchos consideran un centralismo asfixiante, que le quita el oxígeno a las regiones y, simultáneamente, tiene también asfixiada a la Región Metropolitana de Santiago, de forma tal de permitir que la vida económica, cultural y política no se centralice de manera excesiva en la capital del país.  Se requiere de acciones que permitan fortalecer aún más la autonomía de las regiones, lo cual comprende un aumento en las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, lo que les permitirá fortalecer aún más su capacidad de gestión. Se busca alcanzar   una efectiva y real descentralización, dotando a las regiones de órganos representativos y con suficientes atribuciones para ser factores principales en el desarrollo y planificación de sus territorios, respondiendo a las realidades y aspiraciones de los habitantes de las distintas regiones del país.

De acuerdo al contenido de la ley resaltamos los siguientes puntos

Coordinación entre órganos de la Administración del Estado

Introduce en la Ley Nº 19.175 un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado. Esto en búsqueda de materializar el mandato legal de asegurar la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.

Nuevas funciones generales de los Gobiernos Regionales

El proyecto de ley incorpora nuevas funciones generales de los gobiernos regionales. Así, aquéllos podrán diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Del mismo modo, los gobiernos regionales podrán efectuar los estudios, análisis y proposiciones referidas al desarrollo regional, a la vez que se les faculta para orientar el desarrollo territorial de la región, y coordinar la acción de los servicios públicos. Junto a lo anterior, podrán administrar fondos y programas de financiamiento de aplicación regional.

Nuevas funciones en el ámbito del Ordenamiento Territorial

La presente iniciativa legal incorpora un nuevo instrumento de desarrollo regional que orientará la gestión del territorio urbano y rural. Se trata del Plan Regional de Ordenamiento Territorial  el cual es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio. También establecerá, con carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva.

Nuevas funciones en materia de Desarrollo Social y Cultural

Se incorpora como función de los Gobiernos regionales la tarea de proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento. Del mismo modo, se incorpora la tarea de promoción de programas y proyectos que fomenten la práctica deportiva, así como su financiamiento. En lo propiamente cultural, se añade la función de financiar y difundir actividades y programas de esta naturaleza, promoviendo el fortalecimiento de la identidad regional. Por último, se agrega la competencia de mantener información actualizada acerca de la realidad socio económica de la región, identificando al efecto las áreas y sectores de pobreza extrema, lo cual deberá acompañarse de la propuesta de programas en la materia.

Nuevas atribuciones de los Gobiernos Regionales

Se contemplan el diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y, además, ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende. Lo anterior constituye una ampliación considerable de las atribuciones de los gobiernos regionales, dándoles un rol de planificación del desarrollo de la región del cual carecían

Transferencia de Competencias.

En este ámbito, el proyecto de ley  incorpora un nuevo Párrafo 2° al Capítulo II del Título Segundo de la Ley señalada, estableciendo la forma y el contenido para la transferencia de las funciones y atribuciones a las que podrán acceder uno o más gobiernos regionales, mediante un procedimiento ágil. De esta manera El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente   con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. En virtud de dicha colaboración, el Presidente de la República transferirá, a uno o más
gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, y ordenará las adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieran. Tales transferencias podrán realizarse de oficio o a solicitud de un gobierno regional

Estructura Organizacional y Servicio Administrativo de los Gobiernos Regionales.

Divisiones: El proyecto de ley propone modificar la estructura administrativa de los gobiernos regionales. Así, y con el objeto de solucionar un vacío originado al aprobarse la Ley N° 20.035, a consecuencia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en cuanto a que la organización interna de los gobiernos regionales sólo puede ser fijada por la ley, se propone hacer la adecuación pertinente en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, estableciendo expresamente en su texto la estructura administrativa de estas entidades. Es por ello que El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará con la siguiente estructura organizacional:

a. División de Planificación y Desarrollo Regional.

b. División de Presupuesto e Inversión Regional.

c. División de Administración y Finanzas.

d. División de Fomento e Industria.

e. División de Infraestructura y Transportes.

f. División de Desarrollo Social y Humano.

Administrador Regional: El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del gobernador regional, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68. El administrador regional será un funcionario de la exclusiva confianza del gobernador regional y para su nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia
profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.

 Unidad de Control:  El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución financiera y presupuestaria.

Administración de las Áreas Metropolitanas

En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por el gobierno regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano. Para efectos de la presente ley se entenderá por “área metropolitana” la extensión territorial formada por dos o más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta mil habitantes. Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de
infraestructura, servicios y equipamiento.

Modificaciones

La ley modifica los siguientes cuerpos legales:

1. Ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional: Modifica sus artículos 20 bis, 22, 24, 25, ,27, 36, 39, 41, 43 bis, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 78, 81 y 100. Agrega los artículos 20 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies, 21 sexies, 21 septies, 21 octies, 36 bis, 36 ter, 68 bis, 68 ter, 68 quáter, 68 quinquies, 81 bis, 81 ter, 104 bis bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies. Deroga los artículos del 48 al 60, 67, 107, 107, 110

2. Ley General de Urbanismo y Construcciones: Modifica los artículos 3, 28, 37, 47 y 55. Deroga los artículos 30, 31, 32 y 33.

3. Código Procesal Penal: Modifica el párrafo 2º del Título IV del libro cuarto y el artículo 423.

4. Ley  orgánica  constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: Modifica el artículo 75.

5. Ley  orgánica constitucional de Municipalidades: Modifica el artículo 3 y agrega nuevos los artículos 8 bis y 8 ter.

6. Ley  orgánica del Ministerio de Obras Públicas: Modifica el artículo 18.

7. Deroga el decreto ley Nº 2.339, del Ministerio del Interior, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.

Finalmente la ley establece en su  artículo 9°: “Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
Región del Maule
Región de Ñuble
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Consulte Ley Nº 21.075 aquí

 

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