El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se declaró incompetente para conocer y tramitar la causa en contra de los carabineros imputados por presunta manipulación de las pruebas, rechazando la la solicitud presentada por la defensa de los carabineros imputados en el marco de la denominada Operación Huracán II. La audiencia se realizó a puertas cerradas por petición de la Fiscalía.
De la misma manera, el tribunal rechazó la petición que presentó la abogada Marisa Navarrete, referente a alzar el secreto de la investigación.
Cabe recordar que el Juzgado de Garantía de Mariquina decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal en contra del funcionario de la unidad de Inteligencia de Carabineros de Temuco Manuel Antonio Riquelme Mardones, y del funcionario civil de la Dipolcar de La Araucanía Álex Guillermo Smith Leay, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de obstrucción a la investigación, en concurso con el delito de falsificación de instrumento público.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 122-2018) llevada a cabo el día lunes 19 de febrero, la magistrada Paula Fernández Bernal fijó, además, en 5 meses el plazo de investigación.
“Esta magistrado considera que existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito (…) sin perjuicio del devenir de la investigación, a lo menos existen los elementos típicos para poder identificar el delito de obstrucción a la justicia, toda vez que nos encontramos frente a funcionarios públicos que habrían aportado información que -por lo menos en este estado procesal- no ha podido ser cotejada, de acuerdo a las diligencias realizadas por la Fiscalía”, consigna la resolución.
Respecto de la participación de Riquelme Mardones y Smith Leay, la jueza Fernández Bernal consideró “que existen antecedentes para presumir fundadamente la participación que les ha cabido a los coimputados, toda vez que de las diligencias que ha señalado la Fiscalía en la presente audiencia, existe individualización respecto de ambos, en cuanto a la creación de una aplicación web, la cual habían entregado información respeto de la ubicación de teléfonos que generaron -en primer lugar- la concesión de ciertas diligencias en orden a seguir la línea investigativa que fue trazada, a propósito de este informe policial, entregado en enero de 2018, por lo tanto es posible identificar de manera univoca a los imputados en la entrega de esta información”.
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