Corte de Apelaciones de Santiago confirma resolución que declaró que los Tribunales Laborales son incompetentes para conocer reclamaciones por servicios mínimos

En fallo dividido (rol 2.040-2017) la Séptima Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que declaró que los tribunales laborales son incompetentes para conocer las reclamaciones por servicios mínimos en el caso de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).

De conformidad con lo dispuesto en la letra e del artículo 420 del Código del Trabajo, serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social. Según este precepto la Corte señala que el legislador ha entregado  al conocimiento de los Juzgados de Letras del Trabajo los reclamos contra actos administrativos emanados de los órganos que  forman parte de la Administración del Estado en materias den aturaleza laboral, en tanto estos procedan, de manera tal  que existen actos dictados por esas autoridades que sin perjuicio de resultar eventualmente reclamables, esa reclamación no es de competencia de los Juzgados Laborales.

En concordancia el artículo 360 del Código del Trabajo señala que la resolución emitida por la Dirección Regional del Trabajo calificando los servicios mínimos y los equipos de emergencia de la empresa sólo serán reclamables ante el Director Nacional del Trabajo, es decir que el legislador establece que para la resolución que califica los servicios mínimos, únicamente se contempla una reclamación en sede administrativa  especificamente ante el Director Nacional del Trabajo.  Es por ello que no todas las decisiones de las  Direcciones Regionales del Trabajo ni de la Dirección Nacional del  Trabajo son reclamables ante los Juzgados de Letras del Trabajo, sino que únicamente lo serán cuando la ley expresamente lo haya contemplado. En los demás, como acontece en el caso de la especie
según se ha demostrado, sólo podría deducirse el reclamo por la vía de la acción de nulidad de derecho público ante el tribunal ordinario respectivo.

El fallo señala “que no resulta contravenido en el caso de la especie, por tanto, el principio de inexcusabilidad, puesto que conforme lo prevén el inciso segundo del artículo 76 de la Constitución Política de la República y el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, su observancia supone que la intervención de los tribunales de justicia se requiera de manera legal “y en negocios de su competencia”. Según se concluyó más arriba, la actuación del Juzgado de Letras del Trabajo ha sido requerida en un negocio que no es de su competencia, de modo tal que éste no sólo puede, sino que en rigor debe excusarse de abocarse a su conocimiento. No hay tampoco, por último, desconocimiento de la universalidad y la efectividad de la tutela jurisdiccional garantizada en el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Fundamental, en tanto lo que en esta sentencia se afirma es únicamente que la decisión de la Dirección Nacional del Trabajo que se pronuncia contra el reclamo que se deduzca respecto de la resolución de la Dirección Regional que califica los servicios mínimos y los equipos de emergencia de la empresa, no es a su vez reclamable ante los Juzgados de Letras del Trabajo (tribunales especiales), pero nada impide que se la reclame ante los tribunales ordinarios”.
 “No existe duda en orden a que las decisiones de los órganos de la Administración del Estado están sujetas al control de la jurisdicción, pero ese control puede alcanzar el mérito de la decisión administrativa únicamente cuando el legislador lo ha previsto así. En los demás casos, la revisión jurisdiccional debe limitarse a los aspectos que la Constitución Política de la República exige como indispensables de cumplimiento para la validez de los actos de los órganos del Estado: la investidura previa regular de sus integrantes, la actuación dentro de la esfera de competencia y la observancia de las formas”, agrega la Corte.
Finalmente concluye: “En efecto, diariamente los órganos administrativos adoptan infinidad de determinaciones que afectan a los particulares y en rigor la legalidad de todas ellas es revisable por los tribunales de justicia si se les atribuye algún defecto de nulidad, precisamente  a través de la acción de nulidad de derecho público que se tramita ante los tribunales ordinarios; mas el control judicial del mérito de la decisión, esto es, de la sustancia de lo que se ha decidido, sólo queda reservado para aquellos casos en que la ley lo ha previsto. En materia del Derecho del Trabajo el legislador contempló la reclamación contra decisiones administrativas de multa, permitiendo a juzgados especializados revisar el mérito de la determinación, y entregó también a estos órganos jurisdiccionales el conocimiento de otros reclamos en materias específicas distintas de la multa contra decisiones administrativas, pero no de todas ellas. Dicho en términos simples: no todas las decisiones de las Direcciones Regionales del Trabajo ni de la Dirección Nacional del Trabajo son reclamables ante los Juzgados de Letras del Trabajo, sino que únicamente lo serán cuando la ley expresamente lo haya contemplado. En los demás, como acontece en el caso de la especie según se ha demostrado, sólo podrá deducirse el reclamo por la vía de la acción de nulidad de derecho público ante el tribunal ordinario respectivo”. Por todo lo expresado la Corte mantiene la  decisión del tribunal de primer grado
Fuente: PJUD

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