Corte de Apelaciones condena a la Municipalidad de Recoleta por modificar oferta de servicio de guardias

En fallo dividido la Segunda Sala del Tribunal de Alzada condenó  a la Municipalidad de Recoleta a pagar una indemnización de $52.380.000 (cincuenta y millones trescientos ochenta mil pesos) por concepto de lucro cesante  al modificar la oferta presentada por la empresa demandante en licitación de servicio de guardias de seguridad de dependencias municipales.

En cuanto al recurso de apelación, la demandante sostuvo que participó de una licitación convocada por  la Municipalidad a objeto de proveer la prestación de servicios de seguridad a dicha entidad pública,  proponiéndose por la comisión evaluadora del certamen la  adjudicación a la demandante, pero a un valor inferior al ofertado, un monto de $29.060.000, cuando su oferta en la licitación ascendía a $43.587.390 mensuales,  por un período de 36 meses y modificando así unilateralmente la oferta presentada por ésta.  Agrega que el Concejo de la Municipalidad demandada aprobó la adjudicación a favor de la actora, con el error antes indicado, motivando la presentación de una acción ante el Tribunal de Contratación Pública, la que fue acogida por estimarse que el  Municipio efectivamente alteró  en forma ilegal y arbitraria la oferta  de la demandante. Afirma que esto le provocó un daño emergente avaluado en la suma de $9.511.968. Respecto del lucro cesante, señala que al adjudicarse la licitación en comento adquirió un derecho cuya conculcación fue reclamada y que la suma que por este concepto dejó de percibir la calcula en $346.786.168.

El fallo estableció que la comisión de evaluación de la I. Municipalidad de Recoleta en su informe de adjudicación de  modificó la oferta presentada por la demandante, constituyéndose en un acto ilegal y arbitrario y en tal sentido debe entenderse que existe una falta de servicio dado el incumplimiento manifiesto de sus funciones por parte del órgano público que se ha apartado con ello del marco jurídico que lo regula.

Agrega que   la actuación ilegal de la demandada  establecida por sentencia ejecutoriada  dictada por el Tribunal de Contratación Pública, impidió que la actora  pudiera entrar a la ejecución del contrato para la provisión de guardias de seguridad en recintos municipales, lo que en sí mismo aparece como la afectación de un derecho adquirido, desde que, a la demandante  se le adjudicó este contrato y por un error atribuible exclusivamente a la actuación ilegal y arbitraria de la demandada no pudo entrar plenamente a la ejecución de aquel contrato y con ello al goce de las legítimas ganancias que obtendría del mismo.

Por todo lo anterior se revocó la sentencia apelada  y se decidió en su lugar que se acogía la demanda interpuesta por la sociedad sólo en cuanto se condena a la I. Municipalidad de Recoleta a pagar a la demandante una indemnización de perjuicios ascendente a la suma de $52.380.000 por concepto de lucro cesante, cantidad que deberá ser reajustada desde la fecha de notificación de la demanda, más los intereses corrientes para operaciones reajustables contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo. Se confirmó el fallo apelado en todo lo demás.

Fuente: PJUD

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