Presidenta envía al Congreso proyecto de Ley de Reforma Constitucional que establece una Carta Fundamental para Chile

Esta mañana la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, firmó y envió al Congreso el proyecto de Ley de Reforma Constitucional que establece una Nueva Carta Fundamental para Chile, y que es resultado del Proceso Constituyente que se inició en octubre de 2015.

Entre abril y agosto de 2016 participaron 204 mil personas que dialogaron en Encuentros y Cabildos Ciudadanos. Y otras 17 mil personas que participaron en la Consulta Indígena Constituyente.

La Mandataria señaló:  “El resultado de ese diálogo fue procesado sistemática y respetuosamente por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, dando lugar a la entrega de las bases ciudadanas del Proceso Constituyente, aquí en La Moneda, en enero del 2017. Las bases dieron cuenta de los grandes anhelos y acuerdos que los chilenos aspiran a que sean los pilares de la Carta Magna que rijan nuestra vida común. A partir de esas bases, apoyados en la tradición constitucional chilena y en el juicio de connotados expertos, elaboramos, con la detención y madurez que exige una tarea de esta envergadura, el proyecto de Nueva Constitución que hoy día enviamos al Congreso Nacional”, señaló la máxima autoridad del país.

Respecto  al contenido del proyecto que ingresará hoy al Congreso, la Presidenta anunció  que: “… este proyecto se hace cargo de la desprotección de sus derechos en que vive la enorme mayoría de los chilenos. Esta nueva Constitución establece que Chile es un Estado de derecho democrático y social. En consecuencia, establece nuevos derechos y amplía, aclara, perfecciona y garantiza los derechos y garantías ya establecidos en el texto vigente.
Establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos. Así de claro, corrigiendo una tremenda omisión del texto actual.
Establece los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes; el derecho a la personalidad, a la participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o a la gratuidad en la educación. Amplía el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, al ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho a la protección de los datos privados o a la calidad en la salud pública y a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial. Perfecciona el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada.
Pero, por sobre todo, esta Constitución garantiza una protección eficaz de los derechos que establece. En el futuro, toda persona podrá recurrir a los tribunales cuando estime haber sido lesionado en cualquiera de los derechos establecidos constitucionalmente.
En segundo lugar, esta Constitución se hace cargo de una deuda histórica: el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional.
En tercer lugar, esta nueva Constitución enfrenta los severos defectos y carencias que presenta el texto vigente respecto de la definición del rol de los órganos y las instituciones del Estado y respecto de las relaciones entre ellos.
Establece un equilibrio entre los poderes del Estado, en especial entre el Gobierno y el Congreso, para permitir el verdadero juego democrático. Se eliminan los quorum supramayoritarios en las leyes, y se elimina el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional.
También se establece explícitamente que los órganos públicos, independientemente de su autonomía, son órganos del Estado, y que sus controversias en materia de competencias están sujetas a un procedimiento establecido en la propia Constitución.
Finalmente, se profundiza nuestra democracia y se fortalece la soberanía popular a través de mecanismos de innovación como lo es la Iniciativa Ciudadana de Ley, que podrá ser puesta en marcha por el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio.”.

 

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