Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena a la SVS reincorporar a funcionario a contrata despedido ilegalmente

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por funcionario a contrata de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), despedido injustificadamente y ordenó su reincorporación inmediata, estableció el actuar arbitrario de la SVS que puso fin a la contrata del funcionario, quien estuvo prestando funciones por más de dos años en dicha calidad.

El funcionario interpuso recurso de protección en contra de la SVS por el acto que estima ilegal o arbitrario contenido en la carta  por la autoridad recurrida que rechazó el requerimiento de la Asociación de Funcionarios a la que pertenece en orden a ejecutar el procedimiento administrativo de consulta previa al de término de su contrata contenido en la Circular N°26, de 21 de diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda, que en su caso se fundó en una supuesta reestructuración en la que ya no serían necesarios sus servicios sino los de un funcionario más capacitado en normas de contabilidad para el sector público que serían implementadas, estimando que se debió acoger tal petición que constituye un requisito previo a su desvinculación, razón por la que estima vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 Nºs 2, 3 inciso 5°, 16, 19 y 24 de la Constitución.

La Corte señaló que en la actualidad si una relación a contrata excede de los dos  dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite  se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar  con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.884.

Respecto a la actuación de  la SVS y la argumentación entregada para poner fin a la contrata, se tuvo  en consideración que la Ley que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se encargó de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. “En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880” agrega el fallo.

Esta ley prevé los principios de transparencia y publicidad , en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.  También se consigna  la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas.

Se considera como un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento de la decisión, condición vinculada a una exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad, ya que como ocurre en la especie, fueron afectados derechos esenciales del actor, establece el fallo.

Concluyen que la resolución que puso término a la contrata es ilegal porque contravino lo dispuesto en el artículo 11 de la ley mencionada, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes,  afectando la garantía de igualdad ante la ley al haber sido discriminado arbitrariamente, puesto que el supuesto base en que se sostiene la resolución, es decir, la necesidad de contar con un funcionario que tenga conocimientos en el área de la contabilidad referida, es un requisito que por medio de aquellas capacitaciones cumpliría el recurrente, siendo inconcurrente la exigencia que se hace de contar con un funcionario que tenga aquellos conocimientos. También se consideró que los conceptos de “profesional experto” son vagos y descalifican al actor como inepto o carente de experiencia en el área, lo que provoca la arbitrariedad de la resolución impugnada,  ya que carece de fundamentos que la sostengan, pues el afectado pudo acreditar su preparación y capacitación sobre la exigencia contable que ahora estaba siendo requerida como obligación para contratar a un experto, cualidad que de acuerdo al acto impugnado, aquél no tendría.

Por lo anterior se revocó la sentencia en alzada que rechazó el recurso de protección  en contra de la SVS  y en su lugar se acogió el recurso ordenándose la inmediata reintegración por la recurrida del funcionario desvinculado con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, reintegro que se realizará en las mismas condiciones en las que aquél se desempeñaba al momento de ser desvinculado.

Fuente PJUD.

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