Corte Suprema anuló de oficio sentencia y acogió demanda en caso de término unilateral de contrato de mantención de áreas verdes con Municipalidad de Quilicura

En fallo unánime, la Corte Suprema anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, que había confirmado la sentencia de primer grado, que a su vez desestimó la demanda de regulación de perjuicios a cuya satisfacción fue condenada la Municipalidad de Quilicura demandada en un proceso anterior debido al término unilateral de un contrato de mantención de áreas verdes con la demandante.

La actora solicitó la regulación de la indemnización de perjuicios a cuyo pago fue condenada la demandada en un proceso previo y distinto. Al respecto adujo que la demandada llamó a propuesta pública para la mantención de áreas verdes en distintos sectores de la comuna, estipulándose que el período de duración sería de 4 años a contar de la fecha del contrato, renovable por iguales períodos si no se diere aviso de término con, a lo meno, sesenta días de anticipación. Agrega que por Decreto N° 903 la demandada adjudicó a P.C S.A. la ejecución de la obra por un monto de 414,9454 Unidades de Fomento mensuales y que con fecha 1 de febrero de 2001 se suscribió el contrato respectivo. Sostiene que el vínculo contractual estaría vigente hasta el 1 de febrero de 2005 y como ninguna de las partes hizo uso de la cláusula de no renovación aludida, la relación jurídica se prorrogó en la forma indicada, motivo por el que su parte siguió trabajando hasta que la Municipalidad puso término a la convención de manera  unilateral.

Explica que en esas circunstancias P.C S.A demandó el cumplimiento forzado del contrato, así como la indemnización de los perjuicios sufridos ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, tribunal que acogió la acción de cumplimiento de contrato y rechazó la de resarcimiento de los daños, decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones, tribunal de alzada que declaró que la demandada debía indemnizar los perjuicios causados a su parte, reservando la determinación de su especie y monto para la etapa de ejecución del fallo.

 

El fallo de la Corte indicó que para acreditar los fundamentos de su pretensión la demandante rindió, entre otros medios probatorios, prueba testimonial. De los cinco deponentes que prestaron declaración, tres fueron tachados y tales objeciones acogidas en el fallo de primera instancia, decisión que si bien fue criticada por la parte demandante al apelar en contra de dicha sentencia, no fue objeto de una específica solicitud en su parte petitoria. “En esas condiciones, la prueba testimonial rendida por la demandante, si bien reducida por la exclusión de tres de los deponentes, está plenamente vigente y, por ende, ha debido ser considerada por los falladores al examinar los fundamentos de la demanda y la plausibilidad de sus pretensiones. Sin embargo, los magistrados del fondo no plasmaron reflexión alguna en torno a esta particular probanza, limitándose a reseñar los puntos esenciales de la deposición de los testigos. Por tanto, es posible aseverar que los jueces del fondo pasaron en completo silencio la existencia y mérito de esta probanza, puesto que no la examinaron de manera alguna, omisión que impide entender si la misma goza de algún mérito de convicción o, en caso de que no sea así, cuál es la razón en cuya virtud lo desconocen”.

Concluye el máximo tribunal que no es fácilmente admisible que la sentencia de segunda instancia haya decidido confirmar la de primer grado sin abordar de manera alguna tales antecedentes y elementos de juicio, considerando que el análisis juicioso en torno a los señalados puntos se hace indispensable para comprender lo apropiado de una determinación como la adoptada. Sin embargo, nada de eso aconteció, puesto que los falladores de segundo grado omitieron analizar estas circunstancias. Así, pese a que los sentenciadores desechan la demanda basados en que la prueba rendida es insuficiente para acreditar los hechos alegados por la actora, no elaboran razonamiento alguno en torno a la prueba testimonial en cuestión, omisión en la que incurrieron pese a que las mismas constituyen un aspecto esencial del núcleo de la cuestión debatida en autos. Estas reflexiones no podían ser omitidas por los falladores, de manera que en un proceso como el de la especie, en el que el núcleo de la cuestión debatida incide precisamente en la especie y monto de los perjuicios a cuyo pago fue condenada previamente la demandada, resulta del todo insuficiente la sentencia pronunciada por el tribunal de segundo grado. Lo anterior configura el vicio de casación formal contemplado en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 Nº 4 del mismo texto legal.

Por todo lo anterior la Corte Suprema, haciendo uso de su facultad de invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, anuló la sentencia impugnada y a dictó sentencia de reemplazo, en la cual acogió la demanda y procedió a regular la indemnización por el lucro cesante sufrido por la demandante.

Fuente: Diario Constitucional.

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