Corte Suprema acoge recurso de amparo de 62 haitianos que se les impidió ingresar al país

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en representación de 62 ciudadanos haitianos, a quienes se les impidió ingresar al país el 2 de marzo pasado, y que fueron expulsados tras permanecer varios días en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, se acogió la acción cautelar, tras declarar ilegal la actuación de la PDI que impidió injustificadamente el ingreso de los amparados.

El Secretario Ejecutivo del  Movimiento de Acción inmigrante interpuso la acción de amparo en favor de quince ciudadanos haitianos que menciona, y otras 47 nacionales de ese país que no individualiza en contra de la Policía de Investigaciones, por cuanto el día dos de marzo pasado los amparados arribaron al país en un vuelo proveniente de Haití y fueron retenidos por los funcionarios de la recurrida, reteniendo sus documentos sin título alguno, manteniéndoles en zonas no habilitadas del Aeropuerto Internacional, esperando ser deportados sin recibir asesoría. Ello fundado en que no habrían informado una residencia en el país, requisito que no contempla el Decreto Ley 1094. Pide se acoja el recurso y se ordene a instituciones correspondientes informar la situación de los recurridos y adopte providencias necesarias, poniendo fin a toda acción u omisión ilegal o arbitraria que importe privación, perturbación o amenaza a derechos fundamentales especialmente la libertad personal y seguridad individual.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso considerando que no existió un acto ilegal o arbitrario  en el actuar de Policía de Investigaciones de Chile y la permanencia de los recurrentes en el Aeropuerto donde según no permanecieron en calidad de detenidos, recibiendo alimentación por parte la empresa de transporte
aéreo, habiendo sido reembarcados a su lugar de origen el 6 de marzo.

Según lo informado por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional del Aeropuerto, de la Policía de Investigaciones de Chile las razones aducidas para impedir el ingreso al país de los ciudadanos haitianos  que arribaron al territorio nacional el día 2 de marzo pasado , consisten en que al momento del control migratorio, los amparados portaban dinero insuficiente para su permanencia en Chile, al no acreditar fehacientemente una estadía definida en el país; y no exhibir pasajes de regreso para confirmar su salida del territorio chileno y no acreditar vínculos familiares en Chile. se señaló que los extranjeros declararon hechos falsos ante la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de su calidad de turistas, al presentar reservas de hoteles inexistentes. Las normas invocadas por el recurrido para amparar su conducta son las contenidas en los artículos 44 inciso 2° y 64 N°2 del Decreto ley N° 1094 y el artículo 138 N°2 del Decreto Supremo N° 597.

Por su parte la Corte Suprema indicó que el Derecho Internacional prohíbe las expulsiones colectivas, es decir, la
salida obligatoria de grupos de extranjeros sin que exista un examen individual, respecto de cada miembro del grupo, como aconteció en la especie, que si bien refiere que los amparados no portaban dinero suficiente para su permanencia en Chile; que no exhibieron pasajes de regreso para confirmar su salida del territorio chileno; que no acreditaron vínculos familiares en Chile y que declararon hechos falsos ante la Policía de Investigaciones de Chile, carece de una descripción fáctica de la conducta que se le atribuye a cada uno de ellos, consistente en hechos positivos y objetivos concretos, que permitan sustentar que se encuentran en la hipótesis del artículo 15 N° 7 del Decreto Ley 1094, que prohíbe el ingreso al país de los extranjeros: “que no cumplan con los requisitos de ingreso, establecidos en este decreto ley y su reglamento…”.

Agrega que no se precisó por la autoridad recurrida, lo que se entiende po “dinero insuficiente para su permanencia en Chile”, tema que al no estar definido en la ley, requiere del empleo de un criterio racional, comprensible por individuos extranjeros que no dominan el idioma español, ademas esgrimir como causal para impedir el ingreso de los amparados al territorio nacional, no acreditar vínculos familiares en Chile,  es contradictorio con la calidad de turista que se invocó, no está considerado como presupuesto legal para ello.

Finalmente el máximo tribunal concluye que los antecedentes invocados por la PDI para impedir el ingreso al territorio nacional de los 62 amparados, sin especificar la concreta situación migratoria de cada uno “no se
ajustan plenamente a las normas fundantes de dicha negativa, lo que permite concluir que dicha medida fue ilegal y arbitraria y vulneró su libertad de desplazamiento, puesto que no existe justificación alguna que fundamente en
derecho la actuación desplegada por la autoridad policial recurrida”, razones por las cuales el recurso interpuesto fué acogido, revocóndose la resolución apelada de nueve de marzo en curso, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Fuente PJUD.

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