Corte Suprema acoge recurso de protección contra Municipalidad por poner término anticipado a contrata

La Corte Suprema acogió el recurso  de protección deducido por un ex trabajador a contrata contra la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, por poner término anticipado a su contrata.

El recurrente interpuso recurso de protección en contra de la Municipalidad, fundado en que prestó servicios para
dicho municipio desde el día 6 al 31 de diciembre de 2016 en virtud de nombramiento que fue renovado por el año 2017 mediante Decreto N° 556 de 18 de enero de ese año, y en que no obstante ello la autoridad recurrida dictó el Decreto Alcaldicio N° 8861 (sic) mediante el cual puso término anticipado a su contrata a contar del día 30 de junio de 2017.  Por lo anterior adujo  que se vulneró  la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica, pues ha sido sometido a un trato desigual, y que se basa en diferencias arbitrarias y en la ausencia de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines a alcanzar. Asimismo estimó afectado el derecho a la honra, puesto que se le ha vinculado con supuestos actos de espionaje, situación que redunda en una mortificación de carácter psíquico y menoscabo del afectado en el ámbito moral y de su dignidad como trabajador. Por último, consideró conculcado el derecho de propiedad, ya que se le ha privado del derecho de permanecer en sus funciones, en cuanto debe entenderse que la desvinculación laboral es una sanción máxima, existiendo toda una serie de ellas a las cuales el empleador podía recurrir previamente, por lo que estima que se ha efectuado un uso antojadizo de las facultades otorgadas al órgano municipal.

El Decreto Alcaldicio que dispuso el término anticipado de la contrata del recurrente se fundó en que los decretos que contrataron al personal establecen que se contrataban hasta el 31 de diciembre de 2017, o mientras fuesen necesarios sus servicios, también señala que el gasto en personal municipal se ha incrementado  por el aumento de asignaciones PMGM y profesional y por aumento de contrataciones de personal a contrata, existiendo un déficit presupuestario que obliga a la Municipalidad a realizar rebajas en gastos municipales.

La Corte explicó en su fallo que  “mientras sean necesarios sus servicios” hace referencia a las condiciones que
permitirían anticipar el término de la contrata de manera excepcional, antes de la expiración normal el 31 de
diciembre de 2017. “Tal circunstancia se relaciona con el motivo que deberá tenerse en consideración y ser el
fundamento preciso del acto administrativo, aspecto que se vincula con el hecho que el cargo, las funciones o el
servicio que presta el empleado a contrata no son necesarios, en ningún caso alude al hecho que el municipio
no cuente con los fondos presupuestarios para pagar su remuneración, al ser un antecedente que la autoridad debe
considerar al hacer la planificación presupuestaria anual y antes de definir el nombramiento de los funcionarios a
contrata”.

Por lo anterior se estableció que el motivo del acto impugnado no se corresponde con aquel que se esgrime  en la resolución del nombramiento del recurrente, puesto que sus servicios son necesarios, dado que la autoridad no ha acreditado un presupuesto que diga relación con ellos, sino que ha señalado uno diverso, sustentado en que carece de presupuesto para pagar su remuneración. Motivo que es diverso al autorizado por la resolución de nombramiento, vicio de legalidad que afecta a dicho pronunciamiento y que afecta las garantías constitucionales denunciadas como infringidas y autoriza a acoger el recurso.

Concluye el máximo tribunal que la existencia de los motivos esgrimidos en el acto es un requisito exigido por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de particulares,  se ha incurrido en una ilegalidad y se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al disponer el término anticipado de su cargo, vulnerándose la garantía fundamental de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución).

De conformidad con  el artículo 20 de la Carta fundamental  y el Auto Acordado de la Corte sobre la materia, se revocó la sentencia apelada de 07 de noviembre de 2017 y se acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad, dejándose   efecto el Decreto Alcaldicio N° 8862 de fecha 30 de junio de 2017, debiendo la entidad recurrida pagar al actor las remuneraciones devengadas desde la fecha de su separación y hasta el día 31 de diciembre de 2017.

Fuente: Diario Constitucional

 

 

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