Corte Suprema revocó sentencia que dio lugar a recurso de protección presentado por vecinos de la población la legua emergencia

En fallo dividido (causa rol 45.561-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ricardo Blanco, Carlos Aránguiz, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había acogido la acción cautelar y ordenó a Carabineros y al Ministerio del Interior la adopción de una serie de medidas tendientes a mejorar la seguridad de los pobladores.
El voto de mayoría observa que “el fenómeno criminal es multicausal, de modo que no es posible atribuirlo sólo a un actuar ineficiente de la policía, por más que su contribución a estas manifestaciones de disrupción social sea relevante y se encuentre bien estudiada por las ciencias sociales. Tanto es así que, a pesar de la serie de intervenciones coordinadas de Carabineros y la Policía de Investigaciones, dispuesta por el Ministerio del Interior de consuno con la Intendencia Metropolitana, que ha sido aplicada durante largos años, dicha política ha carecido de la virtud de hacer desaparecer este tipo de eventos. Mal podría entonces, pretenderse, que con la sola intensificación de la intervención policial se lograría evitar la comisión de delitos en ese sector, o en cualquier otro. en el mismo orden de ideas, se advierte que lo que se reprocha a los recurridos es la inactividad en su actuar frente a los actos lesivos de los derechos de los actores, cometidos por parte de bandas organizadas que, según sus dichos, operan en la zona. Sin embargo, de la multiplicidad de informes allegados a la causa se aprecia que se han tomado diversas medidas, tales como recoger las denuncias, ponerlas en conocimiento del Ministerio Público, cumplir las órdenes emanadas de esta última institución y de los tribunales de justicia, y organizar diversas modalidades de servicio en la población orientadas a la prevención y a la disuasión, todas las cuales demuestran que los recurridos están lejos de ser los responsables, civil, penal o administrativamente, de los atentados que los recurrentes han sufrido como consecuencia de los hechos que describen en su presentación inicial”
Continúa afirmando que “no se divisa qué otros actos podrían realizar las policías, el Ministerio del Interior o la Intendencia Metropolitana en el ámbito de la indagación de los delitos que se cometen en el sector de La Legua, habida cuenta que la política de persecución penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público, tal como se desprende de lo preceptuado por el artículo 83 de la Constitución Política de la República y por los artículos 1º, 2º y 17 de su Ley Orgánica Nº 19.640”.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte nota sobre sentencia de primera Instancia

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