Corte Suprema ordena a municipalidad pagar remuneraciones adeudadas a funcionarios a contrata despedidos anticipadamente

La Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por funcionarios en contra de la resolución de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda que puso fin a sus contratas en forma anticipada, en junio de 2017, sin explicitar los motivos.

En fallos divididos (causas roles 43.394-2017 y 43.400-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal del país –integrada por los Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Arturo Prado y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Jaime Rodríguez– acogió las acciones judiciales deducidas, tras establecer el actuar arbitrario del municipio recurrido.

“Que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” hace referencia a las condiciones que permitirían anticipar el término de la contrata de manera excepcional, antes de la expiración normal el 31 de diciembre de 2017. Tal circunstancia se relaciona con el motivo que deberá tenerse en consideración y ser el fundamento preciso del acto administrativo, aspecto que se vincula con el hecho que el cargo, las funciones o el servicio que presta el empleado a contrata no son necesarios, en ningún caso alude al hecho que el municipio no cuente con los fondos presupuestarios para pagar su remuneración, al ser un antecedente que la autoridad debe considerar al hacer la planificación presupuestaria anual y antes de definir el nombramiento de los funcionarios a contrata”, sostiene uno del os fallos.

Resolución que agrega: “Se advierte entonces que el fundamento o motivo del acto impugnado no se corresponde con aquel que se esgrime y consta en la resolución del nombramiento del recurrente, puesto que sus servicios son necesarios, dado que la autoridad no ha esgrimido como tampoco acreditado un presupuesto que diga relación con ellos, todo lo contrario, ha señalado uno diverso, sustentado en que carece de presupuesto para pagar su remuneración. Motivo que es diverso al autorizado por la resolución de nombramiento, vicio de legalidad que afecta a dicho pronunciamiento y que afecta las garantías constitucionales denunciadas como infringidas y autoriza a acoger el recurso”.

“(…) de acuerdo con lo antes razonado y considerando que, conforme a lo expresado precedentemente, la existencia de los motivos esgrimidos en el acto es un requisito exigido por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de particulares, en la especie se ha incurrido en una ilegalidad y se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al disponer el término anticipado de su cargo, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental”, añade.

Por lo tanto, concluye que: “se revoca la sentencia apelada de siete de noviembre de dos mil diecisiete declarándose en su lugar que se acoge el recurso de protección (…) en contra de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y que, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 8862 de fecha 30 de junio de 2017, debiendo la entidad recurrida pagar al actor las remuneraciones devengadas desde la fecha de su separación y hasta el día 31 de diciembre de 2017″.
Decisiones adoptadas con el voto en contra de la ministra Egnem.

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